El propio diario progubernamental colombiano El Tiempo ha reconocido que hace algunos días, posiblemente el lunes 28 o el martes 29 de marzo, fueron requisados 16 kilos de cocaína por valor de medio millón de dólares a unos soldados norteamericanos que llegaban a Texas procedentes de Colombia. El avión militar norteamericano despegó con soldados estadounidenses […]
El propio diario progubernamental colombiano El Tiempo ha reconocido que hace algunos días, posiblemente el lunes 28 o el martes 29 de marzo, fueron requisados 16 kilos de cocaína por valor de medio millón de dólares a unos soldados norteamericanos que llegaban a Texas procedentes de Colombia. El avión militar norteamericano despegó con soldados estadounidenses a bordo, de la base de Apiay (Meta), rumbo al norte. Unas horas después, y tras vuelo sin escalas, aterrizó en El Paso (Texas, EE.UU.), donde las autoridades, presumiblemente avisadas de antemano, esperaban el avión y sus tripulantes. Una vez en tierra, requisaron a los militares y descubrieron que cinco de ellos llevaban la cocaína. Paradójicamente, esos soldados pertenecían al cuerpo de instructores que entrenan al ejército colombiano para combatir la guerrilla y el narcotráfico.
Los ‘narcosoldiers’, como les llama el diario colombiano, se hallan detenidos y está en marcha una investigación para detectar si había más militares -estadounidenses o colombianos- vinculados al cargamento y si se trata de un caso aislado o de una banda que realizó anteriores envíos de droga. El hermetismo con que se maneja el asunto podría ser producto del desconcierto inicial en ambos gobiernos, que, según un comunicado del Ministerio de Defensa colombiano, trabajaron «en estrecha colaboración» para investigar y desmontar la insólita línea de tráfico de cocaína, afirma el rotativo.
El diario reconoce que «la experiencia nacional con funcionarios estadounidenses que sucumbieron a la tentación del narcotráfico es poco alentadora». En 1999, la esposa del coronel James Hiett, miembro de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, fue acusada de enviar droga por valija diplomática con conocimiento de su marido y con ayuda del conductor colombiano adscrito al cargo. La señora de Hiett y su cónyuge fueron juzgados en Estados Unidos. Ella fue condenada a cinco años de prisión y el coronel Hiett, a cinco meses de cárcel y otros tantos de arresto domiciliario. En cuanto al conductor, quedó en manos de la justicia colombiana, que le impuso ocho años de cárcel. Esto significa que la ciudadana norteamericana autora del delito ya está libre, que su marido militar recibió un castigo a todas luces benévolo y que el chofer criollo que colaboró con ellos de manera tangencial aún sigue o debe seguir preso.
También mercenarios de DynCorp, una empresa de soldados a sueldo que tenía -y quizás todavía tiene- contrato con el gobierno de USA para realizar misiones del Plan Colombia, fueron descubiertos con varios kilos de coca en pleno aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Parece que en Colombia, los que se llaman luchadores contra el narcotráfico son los mismos que se enriquecen con la droga. Como dice el colaborador de la agencia ANNCOL, Allende la Paz, «están implicados también jueces y magistrados que «dictaban -y dictan- sentencias» acordes con la cantidad de dólares que ingresan en sus bolsillos. Políticos que eran -y son- financiados y elegidos por los capos narcos. Instituciones financieras que lavaban -y lavan- los dineros del negocio narco».
Y también candidatos presidenciales, posteriormente elegidos presidentes, que recibían el dinero caliente del narcotráfico, como Ernesto Samper Pizano, o pertenecientes a los carteles, como el caso de presidente Uribe Vélez, miembro del Cartel de Medellín, según consta en un informe del Pentágono de 1991 desvelado por la revista Newsweek. Todo ello revelado en el libro «Biografía No Autorizada de Álvaro Uribe Vélez», de Joseph Contreras y Fernando Garavito.
Según se afirma, el secretario privado de Uribe coordina las relaciones con los minicarteles de narcotraficantes y maneja cuentas secretas en diversos bancos, dineros provenientes de las actividades ilícitas del Cartel del palacio presidencial de la Casa de Nariño, las cuales van desde narcotráfico hasta secuestros, según denuncia un periodista venezolano.
Y mientras todo eso sucede en los altos cargos del poder colombiano y norteamericano, civil y militar, se siguen fumigando cosechas de campesinos y secuestrando líderes populares en nombre de la lucha contra el narcotráfico.