A veces es tal la ira que invade el corazón que éste se desboca por la garganta y nos angustia hasta los huesos, porque no es posible que una década después de aquella prolongada lucha contra la dictadura, aún sigamos viviendo en la dictadura de la injusticia. Es que la existencia de presos políticos mapuche […]
A veces es tal la ira que invade el corazón que éste se desboca por la garganta y nos angustia hasta los huesos, porque no es posible que una década después de aquella prolongada lucha contra la dictadura, aún sigamos viviendo en la dictadura de la injusticia. Es que la existencia de presos políticos mapuche y chilenos es eso y nada más. Aquí no caben eufemismos ni tecnicismos legales, simplemente hay que decir las cosas por su nombre: mapuche y no mapuche fueron detenidos, encarcelados y procesados por la ley anti-terrorista aplicada por los gobiernos civiles de la Concertación.
No puedo haber democracia sin justicia, y no hay justicia cuando seis hermanos mapuche deben apelar al recurso extremo de la huelga de hambre para exigir la libertad de todos los presos políticos mapuche, y cuando aún permanecen en prisión seis jóvenes chilenos sin ninguna perspectiva de ser liberados o indultados. Existe más de una similitud entre la situación de los hermanos encarcelados al norte y sur del Bio-Bio, todos son luchadores sociales, todos fueron tildados de terroristas y condenados por ello, todos perseguidos y detenidos por gobiernos supuestamente democráticos, todos enfrentados a la indiferencia del sistema y, además, a la indolencia de la sociedad que, en términos generales, prioriza el consumo por sobre las consideraciones de índole social o, en el mejor de los casos, conoce del problema, pero mantiene una actitud pasiva ante el mismo.
Sin embargo, hay un segmento minoritario de la población que de múltiples maneras expresa su solidaridad con los presos políticos; de hecho, el pasado 11 de marzo se realizó la marcha por la libertad de los presos políticos chilenos y mapuche. Bajo las consignas de «Nada ni nadie está olvidado» y «Solidaridad Ahora» centenares de personas marcharon bajo la inclemente lluvia, principalmente en las ciudades de Valparaíso y Santiago. Del mismo modo, entre otras actividades, en la cárcel de Angol se llevó a cabo un Llellipun de apoyo a los huelguistas que allí permanecen, asimismo, en Temuko se realizó una marcha para exigir su libertad.
Es que la situación de los presos amerita eso y mucho más, pues su drama constituye un atentado a la dignidad humana, un contrasentido histórico y una aberración jurídica. En un país donde asesinos y torturadores caminan libremente por la calle y donde el general Pinochet deambula por lujosos centros comerciales, sin duda disfrutando de los 15 millones de dólares que robó a todos los chilenos, es inconcebible que haya compatriotas que lleven 14 años encarcelados injustamente.
Es el caso de Fedor Sánchez, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusado y condenado por un crimen que jamás cometió. Recientemente, Fedor señaló que pronto cumplirá «14 años en cautiverio, cumpliendo una condena injusta. En el homicidio del Doctor de Sanidad mayor, Carlos Pérez Castro y su esposa, no tuve responsabilidad ni yo ni el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Si bien es cierto, yo compilé información de varios torturadores de la Sexta Región, esta información fue destruida un año antes de la muerte del doctor. Por otra parte, cuando sucedió el hecho, yo estaba congelado por el Frente. Permanecí cuatro meses inactivo en Santiago, porque mi estructura había sido golpeada y tenía cuatro militantes presos en Talca. Además, desde alrededor de enero de 1990, el Frente me había mandado a vivir en Vilches Alto, para realizar trabajo rural, creando redes de apoyo y organizando a los colaboradores».
A pesar de lo anterior, los medios de comunicación y el poder judicial lo culparon de aquel hecho y, como indica Sánchez, fue «condenado como «autor intelectual» a presidio perpetuo, después de seis años de proceso. Se me aplicó la ley más dura que existe: la Ley Antiterrorista que presume culpable a quien es procesado por ella, y desde que se le aplica». Por lo mismo, no obstante un reducido grupo de presos políticos fue indultado recientemente, Fedor está imposibilitado de acceder a dicho beneficio y debe cumplir su pena íntegramente, al igual que otros cinco presos: Julio Peña, René Salfate, Pablo Vargas, Claudio Melgarejo y Hardy Peña.
Ante la indiferencia generalizada ellos han participado en varias huelgas de hambre exigiendo justicia, al igual que se hizo durante la dictadura y como hace unos días lo hicieron en Angol Jaime Marileo, Patricio Marileo, Juan Huenulao, Jaime Huenchullan, Jorge Manquel y Patricia Troncoso. Y no solo denuncian y reclaman por las ingentes irregularidades cometidas en sus juicios donde, en algunos casos, han sido procesados más de una vez y donde se han utilizado testigos secretos que violan las más elementales normas jurídicas, también demandan «el fin al hostigamiento y represión por parte de carabineros de Chile a las comunidades mapuche. Y la expulsión de las forestales y latifundistas del Territorio Mapuche».
Porque la lucha del pueblo mapuche no es una lucha en abstracto, no es solo por la defensa de su cultura e identidad como pueblo-nación, sino que es también muy concreta y dice relación con un modelo económico que los margina y en contra de las empresas forestales que se enriquecen a costa del aniquilamiento de un pueblo originario. De hecho, mientras las comunidades son objeto del hostigamiento permanente y sistemático por parte de carabineros, la mayoría subsistiendo en condiciones de pobreza e incertidumbre, la industria forestal exhibe extraordinarios logros en términos de exportaciones, tasas de inversión y expectativas de crecimiento.
Riqueza forestal, pobreza mapuche
El valor de las exportaciones el año 2004 alcanzó la cifra de 3 mil millones de dólares, la más alta en la historia del rubro; solo en el mes de enero de este año las exportaciones forestales ascendieron a 272,6 millones de dólares, lo cual implica un alza de un 23,3% en comparación con el mismo mes del 2004. De acuerdo a José Ignacio Letamendi, presidente de la Corporación Chilena de la Madera CORMA, los principales actores del sector desarrollarán proyectos de inversión por 3 billones de dólares en los próximos cuatro años, esperándose, además, una tasa de crecimiento de alrededor de 5%. A ello hay que sumar, por cierto, la ampliación de los mercados internacionales y los proyectos de inversión en el extranjero. Es decir, el escenario no podría ser más auspicioso para las forestales y, especialmente, para las dos empresas que concentran el 80% del mercado: Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones CMPC, propietaria de Forestal Mininco y, Forestal Arauco, del grupo Angelini.. De hecho, por ejemplo, Industrias Forestales de la CMPC obtuvo utilidades netas el año pasado por 30 millones de dólares.
A pesar de las siderales ganancias obtenidas por la industria forestal, en la actualidad demandan un cambio en la institucionalidad forestal para reemplazar el decreto ley 701 implementado durante la dictadura en 1974 y que, en la práctica, significó que el Estado subsidiara la inversión inicial de las empresas forestales. En otras palabras, invirtieron lo mínimo y obtuvieron grandes utilidades. El mismo Letamendi ha declarado que «el riesgo propio de cuando se alcanza la madurez es dormirse. Si nos dormimos en el mundo de hoy, podrían pasar 5 años y desapareceríamos». Y no dormirse para ellos significa que la legislación debe adaptarse para que la industria forestal pueda seguir creciendo y obteniendo vastas ganancias. No hay, por supuesto, ni una sola palabra de las consecuencias de aquel decreto ley de hace 30 años, ni una sola palabra en términos del impacto ambiental, y menos aún, del impacto sobre el pueblo mapuche.
No cabe duda alguna que el crecimiento del sector forestal está directamente vinculado a la jibarización del pueblo mapuche; la generación de riqueza forestal está, también, directamente relacionada con la generación de pobreza en las comunidades. En la actualidad, el 36 % de la población Mapuche vive en la pobreza y el 15% en la indigencia; el 65% de los mapuche se ubica en el 40% de menores ingresos de la población del país. Pero está claro que la pobreza tiene rostro, manos y ojos, pues los mapuche no se reducen solo a estadísticas, sino que allí están, subsistiendo y bregando por sus derechos, a pesar de la perversidad del modelo económico y del sistema judicial que los asfixia.
Por lo mismo, la huelga de hambre de los presos de Angol no fue solo por ellos, sino que por la dignidad de todo un pueblo. La dignidad de los presos políticos se nutre de la historia, de innumerables sacrificios, de victorias y derrotas y no solo en Chile, por cierto. La huelga de hambre de los prisioneros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en la década de los ochenta, marcó un hito por su innegable contenido ético, su coraje y compromiso político. Diez miembros del IRA murieron en aquella huelga de 1981 en el bloque H de la prisión de Long Kesh en Belfast en su lucha por obtener el status de presos políticos. Dicho status era denegado por el imperialismo británico que ocupó Irlanda por 8 siglos y que aún continúa ocupando la parte norte del país.
Los prisioneros del IRA eran considerados simples delincuente comunes, del mismo modo que hoy lo son en Chile los presos mapuche y chilenos. Sin embargo, cuando se lucha por la defensa de su cultura y pervivencia como pueblo, se está librando una batalla política, y los detenidos deben poseer esa calidad, debiendo ser respetados todos sus derechos. Y el derecho a la libertad es el más preciado de ellos. Solo el día en que no haya ningún preso mapuche o chileno podremos hablar de justicia y democracia en nuestro país.
* Columna publicada en Periódico Azkintuwe Nº13, Abril de 2005. Pág. 21.