Alertada por líderes de la población indígena del Cauca sobre la situación que aqueja a las comunidades paeces de Jambaló y Toribio, tras el ataque de las FARC del que fueran objeto en pasados días, la Senadora Piedad Córdoba hace un llamado para que se respete la vida de los civiles atrapados en medio del […]
Alertada por líderes de la población indígena del Cauca sobre la situación que aqueja a las comunidades paeces de Jambaló y Toribio, tras el ataque de las FARC del que fueran objeto en pasados días, la Senadora Piedad Córdoba hace un llamado para que se respete la vida de los civiles atrapados en medio del conflicto, tal y como lo señalan las normas del derecho internacional humanitario y aboga por el cese inmediato de las hostilidades en ese territorio ancestral.
La Senadora recalca la importancia que merece el respeto a estas comunidades pacíficas que fueran pioneras en proponer la resistencia civil, accionando su derecho a la no intervención en la confrontación entre la insurgencia y el establecimiento de la República. Igualmente, repudia la utilización de cilindros bomba y otro tipo de artefactos explosivos que tienen como blanco final población civil desarmada.
Por lo anterior, recuerda a los actores del conflicto que el país entero y la comunidad internacional están atentas a los acontecimientos que allí se suceden; espera el respeto por la misión médica y por la integridad de la población refugiada en la Asamblea Permanente por la Paz, el Hospital Alvaro Ulcué y en el CECIDIC.
Piedad Córdoba exige por medio de una comisión humanitaria la verificación de los daños que dejan estas acciones armadas y solicita además una pronta ayuda estatal para la reconstrucción de las poblaciones afectadas. Rechaza todos los actos de barbarie en medio del conflicto armado por el que atraviesa la República e insiste en las vías de diálogo para el logro de la paz.
Este tipo de hechos lamentables cuestionan la efectividad y eficacia de la política de seguridad democrática, sobre la cual la Senadora y Codirectora Liberal ha señalado los reparos e inconvenientes que la misma presenta al enfocarse en la represión y no en la persuasión para la convivencia pacífica entre las y los colombianos.
Por su parte, el comandante Raúl Rayes de las FARC en declaraciones a la periodista Sally Morales, de la agencia ANNCOL, afirmaba que no tenía más información sobre esos combates que la que «medios como Radio Caracol y RCN, donde dan cuenta de la incursión de las FARC allá en respuesta al Plan Patriota y la política de seguridad democrática de Uribe Vélez que no es que mayor represión al pueblo».
Según afirmó «esas acciones forman parte de la respuesta del pueblo colombiano a la guerra del estado colombiano. Justamente dos veces seguidas han atacado a Toribio, en el departamento de Cauca, donde las tropas, en el primer ataque, llegaron doce horas más tarde, según lo que registra la misma prensa. Luego estuvo allá el presidente Uribe y la alta cúpula militar del ejército diciendo que van a sacar a los guerrilleros de allá e iban a buscarlos donde quiera que estuvieran. Pero anoche mismo la prensa registraba que los guerrilleros volvieron a hacerse presentes en el municipio, dejando militares muertos y heridos».
Reyes afirmó que «con esa acción el gobierno queda muy mal parado asegurando que tiene la capacidad de forzar el repliegue de las FARC. Las FARC tienen presencia en todo el país. Se mueven en todo el país sin ninguna dificultad. Para eso tiene el apoyo de la población civil y por eso conoce el terreno y por eso tiene 41 años de experiencia en la lucha guerrillas móviles».
Raúl Reyes desmintió las afirmaciones de gobierno y prensa señalando que la guerrilla está y huye en desbandada: «Es absolutamente falso. Estas acciones están probando lo que realmente ocurre que hay una confrontación producto del conflicto interno que hay en Colombia. El pueblo no se doblega y no esta dispuesto de abandonar los objetivos de la lucha política para reivindicar a los derechos de los trabajadores y el pueblo colombiano. El gobierno de Álvaro Uribe lleva a cabo una ofensiva sin precedentes bajo el llamado «Plan Patriota», iniciado en enero del 2004 bajo el mando de centenares de oficiales norteamericanos. El gobierno de Bush otorgó más de cien millones de dólares anualmente para el mencionado plan. Pero el resultado es muy pobre, tomando en cuenta que ningún jefe guerrillero ha sido capturado y la infraestructura y organización de la guerrilla más antigua en América Latina sigue intacta, ocasionando este año duros golpes militares a las fuerzas militares.