Cincuenta dirigentes sociales y de ONGs recordaron al Presidente Lagos que la carga corporal tóxica la llevan mujeres, niños y trabajadores. En virtud del Convenio de Estocolmo, ratificado por Chile en enero de 2005, solicitaron al primer mandatario poner fin a esa situación a través de la aplicación del principio precautorio, el monitoreo de organoclorados […]
Cincuenta dirigentes sociales y de ONGs recordaron al Presidente Lagos que la carga corporal tóxica la llevan mujeres, niños y trabajadores. En virtud del Convenio de Estocolmo, ratificado por Chile en enero de 2005, solicitaron al primer mandatario poner fin a esa situación a través de la aplicación del principio precautorio, el monitoreo de organoclorados en seres humanos, y el cese de las emisiones de dioxina en la planta Celulosa Valdivia, entre otras medidas incluidas en una carta abierta entregada el 22 de abril. Entre los firmantes están dirigentes de organizaciones que agrupan a mujeres temporeras de las regiones III, VII, VIII y IX, integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI.
Informar qué está haciendo Chile para detener el uso de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), los químicos más tóxicos del planeta, y para exigir tecnologías limpias en las fuentes industriales con emisiones elevadas de dioxinas y furanos (como la planta de celulosa Valdivia y las cementeras) están entre las interrogantes formuladas al Presidente Lagos por más de 50 ONGs y organizaciones sociales. La carta abierta fue entregada en La Moneda, en el marco de la campaña global ciudadana «Cumplan la Promesa», referida al Convenio de Estocolmo suscrito en enero de 2005 por Chile. En la primera semana de mayo de 2005, Chile deberá referirse a estos puntos en Uruguay, durante la primera reunión de las partes firmantes del Convenio. Allí miembros de la sociedad civil, gobiernos y partes interesadas de los 98 países que lo han ratificado, revisarán su implementación.
Los graves efectos derivados del uso de estas sustancias químicas, en la salud de las mujeres campesinas y trabajadores rurales chilenos han sido denunciados persistentemente por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (RAP-AL), y la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile), impulsores de esta campaña en nuestro país. María Elena Rozas ( (RAP-AL), Alicia Muñoz ( Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) Lucio Cuenca (Observatorio de Conflictos Ambientales), Ximena Valdés (Centro de Estudios de la Mujer), Adriana Hoffmann (Defensores del Bosque), Gonzalo Villarino ( Greenpeace), Juan Carlos Cárdenas (Ecoceanos) y Marcel Claude (Oceana) están entre los firmantes de la misiva, también suscrita por el asesor nacional de la Pastoral de Temporeras, padre Eduardo Morin. Ellos demandan a Lagos respetar el denominado «enfoque precautorio» que forma parte del Convenio, por el cual el gobierno está obligado a ordenar el cese de las actividades que representan una amenaza para la salud humana o para el medio ambiente, incluso si en los daños, la relación causa/efecto no está absolutamente determinada de manera científica.
En la carta abierta, se citan las conclusiones de un informe reciente, realizado en el marco del proyecto GEF/UNEP (Fondo para el Medio Ambiente Mundial), sobre «Posibles efectos en la salud por contaminantes orgánicos persistentes en el medio ambiente», en el que se advierte acerca de la posible vinculación entre el aumento de la morbilidad por cáncer de vesícula y la presencia de plaguicidas organoclorados, dioxinas y furanos en las regiones VIII, IX y X. Por ello se urge al gobierno a reanudar los monitoreos de plaguicidas organoclorados en seres humanos, discontinuados desde hace 10 años, y a fiscalizar el tráfico ilegal de estas sustancias. El cáncer, disrupciones hormonales y alteraciones en el desarrollo reproductivo e inmunológico están entre los efectos de estos contaminantes, capaces de traspasar la placenta, y de afectar al feto y la leche materna.
El objetivo principal es evitar mayores daños a la población, especialmente a las mujeres, niños y trabajadores, que soportan una carga corporal tóxica a heredar por las generaciones futuras. Estos grupos son el foco de atención del Convenio de Estocolmo.
A continuación, el texto completo de la carta, seguido del listado de todas las organizaciones firmantes.
Sr.
Ricardo Lagos
Presidente de la República
Como ciudadanos y ciudadanas chilenas, nos alienta que Chile haya ratificado el Convenio de Estocolmo en enero de 2005 luego de haberla suscrito el año 2001, incorporándose ahora a las 97 naciones más conscientes del planeta, al comprometerse globalmente a tomar medidas para eliminar ciertas sustancias químicas venenosas denominadas Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs).
Este convenio ambiental es el primer instrumento mundial que posibilita legalmente proteger la salud humana y el ambiente, incorporando el enfoque precautorio y demandando la eliminación de 9 plaguicidas clorados (aldrin, clordano, dieldrin, endrin, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, toxafeno, DDT) y de los PCBs, químicos industriales utilizados en transformadores y partes de la industria eléctrica.
El convenio también demanda la adopción de medidas para reducir al mínimo o eliminar las liberaciones derivadas de la producción no intencional de las sustancias más tóxicas que existen en el planeta, las cuales se forman como subproductos no deliberados durante la combustión y manufactura de compuestos químicos que contienen cloro. Nos referimos a las dioxinas y los furanos.
El cáncer, disrupciones hormonales y alteraciones en el desarrollo reproductivo e inmunológico están entre los efectos de estos contaminantes, capaces de traspasar la placenta, afectar al feto y la leche materna. Los COPs se han encontrado en el semen del hombre y de los animales. Por su gran persistencia ambiental, su capacidad para bioacumularse en las cadenas alimenticias y trasladarse a grandes distancias, son un problema mundial. •En Chile, un informe realizado en el marco del proyecto GEF/UNEP sobre «Posibles efectos en la salud por contaminantes orgánicos persistentes en el medio ambiente» insinúa una correlación ecológica temporal y espacial entre regiones con antecedentes de altos niveles de contaminación con COPs y mayor tasa de mortalidad a causa de tres tipos de cáncer. En él se señala una posible vinculación entre cáncer de vesícula y plaguicidas organoclorados, dioxinas y furanos en las regiones VIII, IX y X. También se vincula cáncer de hígado y riñón con PCBs en la II Región.
En ese marco, damos a conocer a Ud. nuestras demandas que serán presentadas ante la Primera Conferencia de las Partes a realizarse entre el 2 y el 6 de mayo de 2005 en Uruguay.
1.- La promesa de eliminar los COP fue acordada por representantes de la comunidad internacional: gobiernos, partes interesadas y representantes de la sociedad civil. La Red Internacional para la
Eliminación de COPs (IPEN por su sigla en inglés), así como la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (RAP-AL), Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP- Chile) y las organizaciones abajo firmantes, estimamos que en Chile es tiempo de empezar a cumplir esta promesa, a través del Plan Nacional de Implementación (PNI) y de políticas públicas coherentes con los compromisos adquiridos, que faciliten y aseguren su puesta en práctica.
Este plan debe recoger el espíritu del Convenio, el cual llama a aplicar el enfoque precautorio, consagrado en el principio 15 de la declaración de Río sobre medio Ambiente y Desarrollo, cuando una actividad representa una amenaza para la salud humana o para el medio ambiente, aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no hayan sido totalmente determinadas de manera científica. El objetivo principal es evitar mayores daños a la población, especialmente a las mujeres, niños y trabajadores, que soportan una carga corporal tóxica a heredar por las generaciones futuras. Hay que tener presente que los estudios de COPs en humanos realizados en Chile reflejan exposición crónica de la población en general a estas sustancias químicas.
2.- En la Primera Conferencia de las Partes firmantes del Convenio, esperamos que su gobierno informe de los pasos adoptados para detener el uso de la mayoría los productos tóxicos incluidos y promover y/o exigir tecnologías limpias en aquellas fuentes industriales que tienen un potencial de formación y liberación relativamente elevadas de estos productos químicos al medio ambiente, y cuyos efectos en la salud de las mujeres campesinas y trabajadores rurales hemos denunciado persistentemente. Asimismo solicitamos poner énfasis en la fiscalización del uso y del tráfico ilegal de COPs.
Otro problema que deberá abordar el país, con un decidido respaldo del Presidente de la República y de los Ministerios de Economía y Hacienda, es programar con urgencia monitoreos de plaguicidas organoclorados (POCs) en seres humanos, debido a que estos estudios se encuentran discontinuados desde hace 10 años. Debemos recordar que tampoco se han realizado mediciones de dioxinas y furanos en seres humanos, aunque se ha permitido el funcionamiento de actividades que son fuente de liberación de estos contaminantes. También, es urgente desarrollar un monitoreo nacional de dioxinas y furanos en el ambiente, en lugares de riesgo, y desplegar acciones
encaminadas a detener las emisiones de dioxinas en las plantas de celulosa en funcionamiento, (Celulosa Valdivia , entre otras), en los proyectos industriales y mineros en evaluación y en todas las fuentes emisoras incluidas en el anexo C del Convenio. ( incineradores, desechos peligrosos procedentes de la combustión en hornos de cemento, etc.).
Al mismo tiempo, es imperioso consolidar programas de vigilancia del ambiente, de exposición y efectos de los COPs. Estos programas deben incluir plaguicidas potenciales COPs, aire, productos agrícolas, alimentos de importación (en especial leche y productos cárneos), suelos y animales silvestres eventualmente contaminados a través de la cadena trófica alimentaria.
3.- En el ámbito global, estimamos que en la Conferencia de las Partes, Chile debe apoyar el establecimiento de un grupo internacional de expertos que evalúe los medios para detener y revertir el desarrollo del tráfico ilegal e internacional de COPs.
4.- Esperamos también que el gobierno chileno apoye la inclusión del lindano y el endosulfán entre las nuevas sustancias tóxicas a considerar por el Comité de Revisión de COP.
En cuanto a la eliminación y reducción de los COP de producción no intencional (dioxinas y furanos), demandamos que el Grupo de Expertos sobre Mejores Técnicas Disponibles y Mejores Prácticas Ambientales que nombre esta Conferencia de las Partes, continúe elaborando directrices sobre sustitución de materiales, productos y procesos que eviten la formación y liberación de COP de producción no intencional, como indica el artículo 5, párrafo C, del Convenio de Estocolmo.
Hacemos presente las deficiencias del actual Instrumental sobre Dioxinas (Toolkit) anexo al Convenio, que, entre otras carencias, no incluye datos de países en desarrollo y adolece de precisión y transparencia, por lo que debería ser sometido a una revisión y verificación independiente por parte de expertos no ligados a intereses personales.
5.- Finalmente, consideramos que la Conferencia de las Partes no debería adoptar las directrices sobre residuos con COP del Convenio de Basilea , porque éstas permiten liberaciones significativas de COP al medio ambiente, estableciendo una definición de «bajo contenido de COP» en niveles que son inapropiadamente altos. Esto haría difícil la movilización de recursos para descontaminar en forma adecuada los residuos con COP. El Convenio de Estocolmo llama a realizar el trabajo de definir las implicancias de «bajo contenido» para distinguir entre aquellos residuos de COP que deben ser destruidos o transformados irreversiblemente y aquellos con un bajo contenido de COP que pueden ser dispuestos de manera ambientalmente adecuada.
Al acercarse la fecha de la Primera Conferencia de las Partes, como organizaciones de la sociedad civil chilena nos comprometemos a continuar estimulando una conciencia crítica ciudadana, acompañada de propuestas como las formuladas en este documento, para contribuir a gestar una política pública ambiental preventiva y democrática. Para conseguir nuestros objetivos de protección del derecho a la salud y a un medio ambiente limpio continuaremos trabajando en red a nivel global, instando a nuestro gobierno y a todos los gobiernos firmantes a honrar los compromisos suscritos en el Convenio de Estocolmo.
Saludan a Ud. atte.
María Elena Rozas
Coordinadora Regional
RAP-AL
Alicia Muñoz
Secretaria General
ANAMURI
Elizabeth Maturana
CIAL
Lucio Cuenca
Director Nacional
OLCA
Organizaciones sociales y sindicales nacionales:
Francisca Rodríguez, encargada de Relaciones Internacionales de ANAMURI, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas,
Padre Eduardo Morin, Asesor Nacional de la Pastoral de Temporeros (as) de la Fruta
Cosme Caracciolo de CONAPACH, Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile
ONGS:
Ximena Valdés, CEDEM, por el Centro de Estudios de la Mujer
Gonzalo Villarino por Greenpeace
Adriana Hoffman por Defensores del Bosque
Juan Carlos Cárdenas por Ecoceanos
Marcel Claude por Oceana
Mario Ahumada, MAELA, Movimiento Agroecológico de Latinoamérica
Adriana Gómez, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericas y del Caribe
Margarita Iglesias, por el Observatorio de Equidad de Género en Salud
Rosa Espinola, Foro Red de Salud y Derrechos Sexuales y Reproductivos
José Antonio Benavente por AAOCH Agrupación de Agricultores Orgánicos de Chile
Francisco Estévez, por Fundación Ideas
Ximena Abogabir por Casa de la Paz
Juan Carlos Cárdenas por Ecoceanos
Susana Conejeros, por el Movimiento Feministas Autónomas
Rolando Jiménez, por el MOVILH, Movimiento por la Liberación Homosexual
Oscar Torres por Agrogea
Stefan Larenas, por ODECU Organización de Consumidores y Usuarios de Chile
Roberto Quinteros, por Desarrollo Rural Colchagua
Osvaldo Torres, por ACHNU, Asociación Chilena Pro Naciones Unidas
Luis Astorga, por el Coordinador de DDHH de los Colegios Profesionales
Carlos Soto, por Planeta Luchín
David Ordenes, por La Caleta
III Región
Dominga Suárez, y María I. Cartagena, de la Red de Mujeres de Atacama RADMURI, de Copiapó; María Castillo Cruz, de la Agrupación «La Botica del Pedregal» de Alto del Carmen; Ana Alvarez, de «Esperanza Lorina» de Los Loros de Copiapó;
María Rivera O., de la organización de Temporeras «Añañuca», de Vallenar
Natanael Vivanco L. PROFO Huasco Alto
Mirna Inostroza Asociación Gremial de Turismo, Alto del Carmen
Santiago Faura, Concejal Alto del Carmen
IV Región:
Lady Benavides, Rosa Palleres A, Mary González, Vilma Castillo, Carmen Alfaro, Nelly González, y María Castillo, de ATA, Asociación de Trabajadoras Temporeras de Andacollo; Nelly Lazo, Edith Tapia, y Erika Flores, del Sindicato de Temporeras de Vicuña.
V Región
Iván Zamora, de Paicabi, Centro de Promoción y Apoyo a la Infancia, Viña del Mar;
Hugo Rozas Flores, por el Comité de Defensa del Valle de Ocoa, de Rabuco.
Región Metropolitana
Pamela Caro y Karina Santana de ? (confirmar)
Luz Catalán, de la Agrupación de Mujeres por un Mañana Mejor, Melipilla
Constanza Cerda, de «Rodrigo Ayuda», de Melipilla
Verónica Pinto, de MARTRALIPO, Movimiento de Artesanos, Trabajadores Agrícolas y Temporeros por la Libertad en Pomaire
Pedro Marambio, Consejo Ecológico de Melipilla
Ana Orrego, Sindicato de Trabajadoras de la Universidad Diego Portales
Juana González, de la Asociación Gremial de la JUNJI, Junta Nacional de Jardines Infantiles
VI Región
Aída González, y Valentina Valladares, de ACOMUL, Asociación Comunal de Mujeres Lololinas, de Lolol.
VII Región
María Jacqueline Hernández E. del Sindicato de Trabajadoras Asalariadas de San Clemente; Verónica Concha Tapia, de la Federación Construyendo Futuro, Talca; Silvia Carrasco Sepúlveda, del Sindicato 8 de marzo, de Talca.
VIII Región
Verónica Muñoz H, y Dina Cruces, de la Asociación de Mujeres de Esfuerzo, de Nacimiento.
IX Región
Pilar Ramírez, Koyam Newen, de Temuco
X Región
Berta Oyarzún, de Yadmuri, organización de temporeras de Carelmapu