El proyecto de ley denominado «de Justicia y Paz» pretende legalizar la fortuna de los narcotráficantes y paramilitares, otorgarles la impugnidad para sus crímenes y la garantía de que no serán extradictados, sostiene el sociólogo y escritor Alfredo Molano Bravo. Molano asegura que en esta etapa, el gobierno del presidente Alvaro Uribe está colaborando con […]
El proyecto de ley denominado «de Justicia y Paz» pretende legalizar la fortuna de los narcotráficantes y paramilitares, otorgarles la impugnidad para sus crímenes y la garantía de que no serán extradictados, sostiene el sociólogo y escritor Alfredo Molano Bravo. Molano asegura que en esta etapa, el gobierno del presidente Alvaro Uribe está colaborando con el cártel de Medellín en su lucha contra el cártel de Cali, y advierte sobre los proyectos autoritarios del gobierno.
Europa debe divorciarse de la política de guerra del presidente Uribe y diferenciar la lucha por los derechos humanos de la estrategia de «seguridad democrática» del gobierno, sostuvo Molano durante su visita en Suecia. «Europa no puede tragarse el sapo de que son la misma cosa», subrayó.
Molano también fue muy crítico con el financiamiento del gobierno sueco a la misión de la OEA en Colombia, encabezada por Sergio Caramagna, que hasta ahora sólo ha respaldado las posiciones del presidente Uribe, en contraposición con la actitud adoptada por el representante de las Naciones Unidas.
En estos días el Congreso colombiano está discutiendo la llamada «Ley de Justicia y Paz», enviada por el Poder Ejecutivo, que procura garantizar el proceso de reinserción de los grupos paramilitares para que abandonen las armas. Uno de los artículos del proyecto de ley fue rechazado en la comisión parlamentaria que la discutía, y provocó la amenaza de los paramilitares de volver a las armas. El artículo rechazado en comisión, le otorgaba el status de delito político a todas las acciones desarrolladas por estos grupos, asegurando así la impunidad a sus crímenes, y lo que es más importantes para ellos, la imposibilidad de ser extraditados a Estados Unidos por sus actividades en el narcotráfico.
Consultado sobre la ley en cuestión, Molano, que ha vuelto a instalarse en Bogotá, sostuvo que «esa ley esta destinada a legalizar las grandes fortunas del narcotráfico vinculadas al paramilitarismo, olvidar los delitos atroces cometidos, e impedir en el futuro la creación de una comisión de la verdad que pondría al descubierto las responsabilidades de empresas, militares y políticos, que han mantenido, sostenido y financiado a estos grupos».
El sociólogo, investigador y periodista colombiano afirma que «está probada la extrecha vinculación de los paramilitares con el ejército», y que la creación de estas fuerzas fue el resultado de una negociación donde a cambio de permitirles actividades de narcotráfico, tenían que golpear a los grupos de izquierda y organizaciones populares.
El rechazo en comisión al artículo que les concede el status político a los crímenes de los paramilitares pone en peligro toda la ley. Legisladores que actúan como voceros de estos grupos han sostenido que intentarán hacer caer toda la ley, «porque así no le sirve a nadie».
Para Molano, esta negativa «pone al gobierno entre la espada y la pared. Por un lado están los compromisos del gobierno con el paramilitarismo y por el otro la posición de Estados Unidos de no aceptar la paralización del estatuto de la extradición. Los paramilitares y el narcotráfico se refugian en esta ley para eludir la extradición por un lado, para terminar de legalizar sus fortunas y obtener impunidad, por otro».
Según el sociólogo, conceder impunidad para estos grupos, y en especial, suspender para ellos la posibilidad de la extradición, no sería aceptado por la opinión pública colombiana y norteamericana, ni para sectores del Congreso norteamericano que cada año deben votar la millonaria ayuda al gobierno colombiano.
La OEA convalida
El proyecto de ley ha recibido severas críticas de las organizaciones de derechos humanos y del observador de las Naciones Unidas, así como por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero por otro lado, la misión de la OEA, financiada por el gobierno sueco, encabezada por Sergio Caramagna, ha respaldado todas las acciones del gobierno. «Es un imbécil que convalida todo lo que el gobierno dice y hace» sentencia Molano.
Este apoyo de la OEA a la política de Uribe puede modificarse con la elección de un nuevo Secretario General de la OEA, en disputa ahora entre el canciller de México, Luis Ernesto Derbez, y el ministro del Interior de Chile, José María Insulza.
Molano señala que por un lado está el candidato de México, apoyado por Estados Unidos, más proclive a aceptar las posiciones de Bush para la región, y por otro lado el candidato de Chile más cercano a una corriente socialdemócrata que se está afirmando en América Latina, más independiente de las posiciones del gobierno norteamericano. «Espero que si es electo el chileno, las posiciones norteamericanas reflejadas en el delegado de la OEA en Colombia, se relativicen, aunque no será a corto plazo», dice Molano que considera que «América Latina esta girando a un eje más socialdemócrata. Un cambio de posición de la OEA en el conflicto colombiano complicará la posición de Europa y su política de cooperación con el gobierno y la política de Uribe. En especial en el respaldo a la política de reeinserción de los paramilitares».
«Entiendo la posición de algunos países europeos de respaldar el proceso de negociación con los paras en la estrategia de achicar el número de actores en el conflicto, pero este proceso, en estas condiciones, tiende a establecer la impunidad para estos grupos, lo que es lo mismo que fomentar el paramilitarismo. Es una amenza para el futuro, ya que con la impunidad estarán tentados de seguir cometiendo crímenes» subraya el sociólogo.
El poder del narcotráfico
Molano que ha dedicado una buena parte de sus investigaciones al fenómeno del narcotráfico señala que la mayoría de los jefes paramilitares están metidos en el narcotráfico. «En la mesa de negociación de Railito con el gobierno, hay 17 jefes, todos ellos estan comprometidos con el narcotráfico y han amasado grandes fortunas que pretenden legalizar con la ley presentada por el gobierno».
Y, según explica, se trata enormes fortunas que inciden en la vida económica y política del país. En ese sentido recuerda un estudio de la Universidad de los Andes, que no es para nada una universidad de izquierda, en que se calcula que los paramilitares han acumulado en su poder unas 4 millones de hectáreas.
Pero no son sólo esos intereses, recuerda, también está el dinero depositado en la banca, en la industria, en los bienes inmuebles.
Algunos sectores de la sociedad colombiana están reclamando que esas fortunas sean confiscadas por el gobierno y las tierras devueltas a sus propietarios o destinadas a una reforma agraria que, en otras cosas, facilite la reinserción de los desmovilizados.
Sin embargo, Molano considera que estos reclamos son irreales. «Será muy dificil que devuelven lo obtenido. Cuando mucho podrán devolver alguna hacienda, pero será algo excepcional. En el país hubo una contrarreforma agraria de los paramilitares, por lo que será muy dificil que se realice una reforma agraria contra la contrarreforma de los paras», y añade que además existen grandes inversiones en otros sectores.
La reelección
La reforma constitucional impulsada por Uribe para lograr su reelección, pasó el trámite parlamentario, pero aún debe ser ratificada por la Corte Constitucional. Allí no existe certezas sobre lo que sucederá. De todas maneras, sostiene Molano, las próximas elecciones presidenciales serán una prueba para la democracia debido a las condiciones en que se desarrollarán ante el autoritarismo del gobierno y la enorme influencia de los paramilitares y narcotraficantes. Varias personalidades políticas, entre ellas el ex presidente Andrés Pastrana, recuerda el sociólogo, han denunciado una especie de paraestado creado desde el gobierno y con la influencia del paramilitarismo y el narcotráfico.
Estos grupos paramilitares van a trabajar para la reelección de Uribe, al considerar que ello es una garantía de respeto a los acuerdos que puedan lograr ahora.
Molano recuerda que el delegado del gobierno en las negociaciones con los paras, Luis Carlos Restrepo, les pidió que trabajaran para la reelección. En una de las reuniones con los jefes paramilitares en Railito, cuando estos le preguntaron que garantías iba a tener en el futuro, en un eventual cambio de gobierno, de que los acuerdos serían respetados, Restrepo les dijo que la garantía estaba en la reelección de Uribe.
Por otra parte, hasta la reforma constitucional aprobada en el Congreso puede caer si la Corte Constitucional determina que las leyes aprobadas con participación de legisladores electos mediante el fraude son ilegales. Hace un par de meses se concluyó que varios diputados y senadores ocupaban ilegítimamente sus bancas al ser electos mediante el fraude. Aún no se ha decidido que pasa con las leyes aprobadas con sus votos.
Todo esto contibuye al clima de inconstitucionalidad en que se maneja el gobierno. Según Molano, en los hechos, en Colombia «se está dando un proceso como el que vivió Uruguay a fines de los 60 y principios de los 70. Un gobierno electo pero que se maneja de forma autoritaria y al margen de la Constitución. El modelo peruano de Fujimori no satisface a la cúpula gobernante, y se inclinan más a un modelo similar al instaurado por Pacheco Areco y Bordaberry en Uruguay. El hermano del presidente, si bien no tiene ningún cargo en el gobierno, a veces funje como vocero extraoficial del presidente, anunció la posibilidad de gobernar de espaldas a la Constitución». «En Colombia no se respeta la división de poderes» añade.
Negociaciones difíciles
Molano tampoco es optimista sobre las escasas propuestas de negociación entre el gobierno y los grupos armados de izquierda.
«Veo dificil una negociación con la izquierda armada, inclusive con el ELN, pese a que se han iniciado algunos contactos entre el gobierno y esa organización a través de México. Más dificil aún es una negociación entre las FARC y el gobierno. Las FARC han anunciado que no aceptan ninguna negociación sin una serie de reformas y la creación de una zona de despeje.
«Al aceptar una zona de despeje, el gobierno reconocería de hecho el estatuto de beligerancia, y por lo tanto un status diferente al que el presidente Uribe pretende hoy. Además, las reformas reclamadas por las FARC no tienen espacio mientras predomine la doctrina del presidente George Bush en la región».
Para el investigador colombiano, el gobierno norteamericano utiliza a Colombia como una especie de Israel en la región y con la perspectiva de crearle problemas en el futuro al gobierno de Venezuela.
«Estados Unidos está enfrentando en América Latina una corriente socialdemócrata que le complica su política en la región. En esa perspectiva, Colombia juega un papel importante para enfrentar esa corriente. Ese es un peligro que Europa debe enfrentar», alerta.
Recuerda que actualmente, «las relaciones con Venezuela no son buenas, sino peligrosas. Estados Unidos ve con buenos ojos la agresividad colombiana con su vecino, pese a que los sectores empresariales temen por el comercio si continúa esta tensión, ya que el mayor socio comercial de Colombia es precisamente Venezuela».
Molano insiste en que Europa debe distanciarse de esta política contraria a sus propios intereses en la región. Hasta ahora, denuncia, Europa ha jugado el papel de legitimar la política de guerra de Uribe, y por lo tanto la política norteamericana para la región.
«Europa debe divorciarse de la política de guerra de Uribe. No puede identificar la lucha por los derechos humanos con la estrategia del gobierno denominada de «seguridad democrática». No se pueden tragar ese sapo sin protestar»
La venganza del cártel de Medellín
Otro de los elementos que está pesando en la situación colombiano, a juicio de varios observadores, es la guerra entre los dos grupos más poderosos del narcotráfico, el cártel de Cali y el cártel de Medellin.
Recientemente, Uribe extraditó a Estados Unidos a los hermanos Rodríguez Orijuela, jefes del cártel de Cali. Investigaciones periodísticas, y documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, de 1991, revelan contactos del entonces gobernador Alvaro Uribe, con el cártel de Medellin encabezado entonces por Pablo Escobar.
«Uribe está trabajando como apoyo en una guerra de venganza del cártel de Medellín contra el cártel de Cali» asegura Molano.
«En el pasado, cuando el gobierno respaldó al cártel de Cali contra el de Medellín, fue cuando se dió muerte a Pablo Escobar. Ahora, la mayoría de los jefes del narcotráfico que están siendo extraditados a Estados Unidos pertenecen al cártel de Cali, mientras que los jefes del cártel de Medellín, son los que están sentados en la mesa de negociaciones como jefes de los grupos paramilitares» subraya.
Alfredo Molano Bravo
(Bogotá, 1944). Sociólogo, escritor y periodista. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros, Los años del tropel: crónicas de la Violencia (1985), Selva adentro: una historia oral de la colonización del Guaviare (1987), Siguiendo el corte: relatos de guerras y de tierras (1989), Aguas arriba: entre la coca y el oro (1990), Del Llano llano: relatos y testimonios (1995) y Rebusque mayor: relatos de mulas, traquetos y embarques (1998). También es columnista del diario El Espectador de Colombia. En 1993 recibió el premio de periodismo «Simón Bolívar». Entre 2001 y 2002 vivió exiliado después de recibir amenazas de muerte de los grupos paramilitares. En ese tiempo, fue profesor invitado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y vivió en Barcelona, España. Invitado por Colombianätverket, Alfredo Molano visitó Suecia entre el 15 y 17 de abril pasado, para participar en el semanario «Otra Voz» en Estocolmo, y dictar conferencias en esa ciudad y Uppsala.