A partir de las luchas por el reconocimiento mapuche y a través de las prácticas de resistencias, los sujetos étnicos se hacen, a la vez, actores sociales. En la mentalidad comunista la explotación que los mapuche viven -asediados por los latifundistas y el capital (mercantil y también comprador de fuerza de trabajo)- los hace protagonistas […]
A partir de las luchas por el reconocimiento mapuche y a través de las prácticas de resistencias, los sujetos étnicos se hacen, a la vez, actores sociales. En la mentalidad comunista la explotación que los mapuche viven -asediados por los latifundistas y el capital (mercantil y también comprador de fuerza de trabajo)- los hace protagonistas potenciales de la deseada unidad del campesinado, seguida de la unidad obrero-campesina que consideran pieza maestra de la revolución. 1927, dos de febrero. La Cámara de Diputados abrió el debate, en sesión extraordinaria, sobre el Proyecto de Ley -presentado por el Ejecutivo- relativo a «radicación de indígenas». El acerbo ideológico y las posibles bases teórico-prácticas de las posturas políticas del Partido Comunista de Chile, generaron un punto de referencia ordenador para gran parte de aquella discusión parlamentaria. Y, más allá del ámbito discursivo en el Legislativo y el Ejecutivo, contribuyeron a delinear los campos de ideas y de acciones relativas al ‘reconocimiento’ de los fundamentos étnicos que asisten a las luchas sociales que los mapuche libran desde sus ‘comunidades’.
Para los comunistas, en el 27, los mapuche constituyen una ‘minoría nacional’; en tanto ‘tribus aborígenes’, la sociedad y el Estado de Chile debiera garantizarles territorios y el ejercicio de formas de ‘autonomía’. (Cabe recordar que pocos días después de aquella sesión de la Cámara, asumió la Presidencia de la República el Crl. Carlos Ibáñez del Campo e inició la persecución policial de los que ‘reemplazan la bandera tricolor por la roja de los disolventes’; especialmente contra los comunistas. El diputado (y posteriormente Secretario General del PCCH), Carlos Contreras Labarca, sería encarcelado y deportado.
El argumento comunista se había venido conformando, probablemente, desde no hacía mucho tiempo. Ello tiene que ver con lo que en el lenguaje de la Internacional Comunista (IC) y sus activistas -a través del Buró Sudamericano de la IC- fue el inicio de la ‘bolchevización’ de un PC chileno que estaba ya vinculado con sectores sociales ‘proletarios’ y, a la vez, tenía un cierto grado de auto-conciencia crítica acerca de la debilidad de sus influencias entre los ‘pobres del campo’, así como de las posibilidades de incrementarlas. En ese marco, el discurso estratégico internacional que derivaría hacia la llamada ‘política del tercer periodo’, necesitaba refirmarse en la acción conjunta o ‘unidad obrero-campesina’ (a fin de justificar el rechazo de la IC a la colaboración con partidos, programas o representantes de la política burguesa).
El sentido teórico (desde los clásicos del marxismo) e ideológico (reelaborado por la experiencia leninista y soviética) de la ‘unidad de proletarios y campesinos’, aún entendidos estos últimos como aliados o fuerza ‘auxiliar’ de la lucha proletaria para sobrepasar al Estado de la burguesía, se veía acicateado por la necesidad coyuntural de justificar aquella línea política universal -también formulada como de ‘clase contra clase’-y liderada por Stalin desde el poder incontrarrestado.
En este punto de la contextualización, vale la pena recordar que existen interpretaciones históricas que estiman que el pensamiento socialista durante el siglo XX concibió la necesidad de la muerte cultural del indio, la desaparición de su identidad étnica y su integración en las luchas de clases propias del capitalismo. Tal postura habría correspondido, en particular, a las corrientes marxistas. Estas, aún haciéndose cargo y solidarizando con las masas indígenas oprimidas, habrían mantenido férreamente una perspectiva del ‘progreso’ heredera del racionalismo eurocéntrico, la cual no podía suponer sino la incorporación de los sujetos sociales mapuche a una conciencia ‘universalista’ destinada a desprenderlos de identidades propias, terminando por transformarlos en proletarios.
Dicha hipótesis podría haber recibido una confirmación (al menos temporal) en la coyuntura que ahora abordamos; cuando el comunismo mundial aspiraba a ejercer una polarización política casi total de ‘las luchas de clases’. Si todo fuese sólo ideología, los marxistas (también en Chile) podrían haber limpiado su camino de ‘problemas’ étnicos, de aspiraciones identitarias parciales y nacionalitarias; haber llamado sin más a la clase obrera a esforzarse por ‘asimilar’ a los indígenas. Afirmar, así, los lazos con un conjunto simplificado de explotados del agro, para derrotar frontalmente a la burguesía, incluidos los alienados o lábiles representantes de la media o pequeña burguesía.
Pero el discurso comunista chileno en ese año inicial de la ‘bolchevización’, no expresó sólo ni simplemente ‘ideología’ (en esta caso entendida como falsa conciencia o reflejo invertido de la realidad; que opera como cimiento de una interpretación ahistórica y abstracta de los concretos procesos sociales). En el Chile de entonces, los comunistas parecen buscar pilares teóricos reales para sostener una política que responda a ‘principios’, a una ‘tradición’ del socialismo marxista, así como a la experiencia ‘liberadora’ de la URSS y la política leninista ‘sobre las nacionalidades’. La política indígena que enuncian es un resultado -además y sin duda- del impacto relativo que los movimientos sociales mapuche tenían sobre la sociedad mayoritaria. En fin, los comunistas hablaron en un sentido opuesto a la hipótesis ‘asimilacionista’:
» En el último Congreso Comunista de Santiago se aprobaron varias ideas de carácter general en defensa de los aborígenes. Esas conclusiones dicen como sigue:
«Problemas de los aborígenes:
Lucha por el reconocimiento del derecho de las tribus de aborígenes a seguir disfrutando de la posesión de tierras en que viven desde siglos atrás, y oposición a toda ley o proyecto que responda a fines capitalistas y tienda a dividir las comunidades. Reconocimiento de una amplia autonomía de las mismas tribus a administrar sus intereses. Lucha por un amplio desarrollo de la vida económica y política de los aborígenes. Formación de cooperativas agrícolas entre ellos con la ayuda económica del Estado. Instalación de escuelas primarias por el Estado en cantidad suficiente y en todas las zonas habitadas por indígenas. Derechos civiles y políticos y representación parlamentaria para los mismos. Cultivo y desarrollo de la cultura general en su idioma nativo».
«Presentamos a la consideración de los araucanos del Sur este manojo de ideas de carácter general cuya realización es lo único que puede darles la conquista de una situación más humana ( …)» (1).
La ‘cuestión nacional’, etnias y clases
Es bien probable que en aquel segundo lustro de los años 20, el flujo de informaciones haya proporcionado a los militantes chilenos una mejor valoración del impacto producido, sobre diversos sectores, por los debates marxistas (por ejemplo, desde 1912 -1914) sobre la cuestión nacional, seguidos de la política soviética que aseguraba plasmar ‘el derecho de autodeterminación de los pueblos – naciones’. Política que consagraría en la Constitución soviética el derecho de las naciones – etnias minoritarias a separarse del Estado plurinacional y de la nación mayoritaria e históricamente ‘opresora’.
Derecho -pero, por cierto, no la obligación- al divorcio, según Lenin. El desafío para los revolucionarios consistía en dotarse de capacidades para reconocer los factores identitarios que históricamente constituyen lo étnico – nacional. Desde la situación chilena, solidarizarse con la defensa de esas reivindicaciones que tienden a unificar la lucha social ante la nación mayoritaria de quienes han sufrido la imposición -desde la colonización a la República- de la condición de ‘indios’, por haber sido sometidos y expoliados.
La clave de tal racionalismo marxista supone una esencial ruptura con la noción de ‘progreso’ y su ‘universalización’, conforme a la matriz ideológica liberal. (El propio Stalin aparecía como un teórico ‘convencido’ de tal postura; lo que le valió su designación como Comisario de las Nacionalidades y también, posteriormente, duras críticas de Lenin a propósito de su autoritarismo de ‘gran ruso’ contra la nación más débil al abordar el ‘problema georgiano’. Pero nada de esto podían conocer la ‘secciones sudamericanas de la IC’ en 1927) (2).
Rasgos de un marxismo amputado y simplificado que se derivaba de la ‘ortodoxia’ soviética bajo el stalinismo en consolidación, se hacen notar en el discurso del PC: una esquematización ideal del progreso civilizatorio a través de los cinco modos de producción (ya canonizados , especialmente en los escritos de Stalin). No obstante, la perspectiva que asumen los comunistas pareciera ser de búsqueda de la unidad en la diversidad. La negación de los derechos derivados de lo singular étnico terminaría por desbaratar el camino por el cual distintas culturas, pueblos y clases o categorías sociales, podrían construir un proyecto histórico común. Al contrario, en la mentalidad comunista el ideal de la causa universalista del proletariado aparece como un constructo y el resultado de la acción de diversos sujetos oprimidos y concretos.
Contreras Labarca, improvisando ante la Cámara, decía:
«El Partido Comunista defiende el régimen de comunidades. Declara que dichas comunidades no representan la realización del comunismo que él persigue, que no es el comunismo nuestro. La realización del régimen comunista que nosotros propiciamos no será la vuelta a los sistemas primitivos que ha conocido la humanidad y de que todavía suelen quedar algunos restos, sino que llegaremos a él por la culminación del desarrollo de la propia sociedad capitalista.
Defendemos, sin embargo, el régimen de indios, porque nosotros respetamos las costumbres de esta minoría nacional y respetamos igualmente su idioma y la idiosincrasia particular de la raza, pero aspiramos, naturalmente, a perfeccionarla y la ayudaremos a superar sus propias deficiencias. En cambio, el proyecto pretende destrozar implacablemente las comunidades actuales sin reemplazarlas por un sistema superior».
Deberían pasar, es cierto, cerca de 30 años para que con rigor y fineza intelectual el criterio marxista fuese expresado por Alejandro Lipschutz, en contraposición al ‘racionalismo’ liberal y explicando la superación del (errado) ‘ideal del hombre progresista’ del siglo XIX (3). Pero, el diputado comunista enfatiza el objetivo de «…mejorar sus condiciones de vida, para llevar a esta raza heroica al máximo desarrollo, para mejorar sus costumbres. Ello no es posible «…dentro del estado capitalista actual…(sería) «una utopía». La incapacidad de la burguesía para «redimir a la raza araucana» ha hecho que «los indios constituyan al presente una minoría nacional sometida por la violencia y la astucia, triturada por los golpes de la miseria y los vicios, aislada de todos los fenómenos de la cultura».
Puede deducirse que el concepto de civilización asumido es de carácter universal y el paradigma de progreso es la marcha hacia la sociedad sin clases, el comunismo. Pero, los valores culturales de todas las etnias y pueblos pueden aportar en el proceso de superación de la humanidad. Se destaca, también, una noción de la Nación chilena inacabada, producto del interés egoísta de la burguesía; el pueblo originario tiene pleno derecho a participar de la construcción nacional justa, lo cual supone dar garantías de reproducción a su identidad. En la expresión retórica, ellos son «los fundadores de la nacionalidad chilena, sufriendo en el suelo de sus antepasados la condición de parias». Aunque no se hable de una entidad pueblo-nación distinta, sí se exige autonomía política y, por tanto, queda pendiente el proyecto para dar forma jurídica al Estado de Chile integrado por más de una nación.
La capacidad de acción unida de ‘las tribus’, o ‘comunidades’ agrarias mapuche tiene un fundamento histórico: la identidad étnica (vinculada a un pasado de existencia autónoma y permanentemente reelaborado mediante el empeño en sostener sus formas culturales); el sentirse forzados por ‘el otro’, el wingka expoliador (principalmente desde la llamada ‘pacificación de la Araucanía’) a ser indios (4) ; y distintos grados de auto-percepción en tanto grupo social -confrontado a la sociedad y el Estado de Chile- que aspira a vivir de su tierra y puede establecer alianzas de interés común con grupos sociales no mapuche.
La visión de tal realidad llevó a los comunistas a reivindicar a los mapuche, primero, como aborígenes con derecho a territorios y, luego, como indígenas a los cuales el Estado debe restituir recursos y garantizar apoyos para «un amplio desarrollo de la vida económica y política…», resguardando que contasen con «una amplia autonomía para administrar sus intereses». El PC (conforme al vocabulario de su propia tradición) reclamó para ellos el reconocimiento en tanto «minorías nacionales». Una forma (¿intuitiva?) de proponer que el Estado las reconozca como pueblo-nación.
El régimen de protección del indígena y la comunidad agraria indivisible
Lo que está muy claro es que en el plano político, lo primero era resistirse a las leyes y prácticas que se propusiesen liquidar la indivisibilidad de la propiedad comunitaria para entregarla al mercado y al despojo capitalista; oponerse al desmantelamiento de la ‘legislación protectora’ de indígenas, so pretexto de incorporarlos a la chilenidad con iguales derechos y deberes que el resto de los ciudadanos, particularmente en lo que atinge a normas para la compraventa de tierras y fuerza de trabajo. Algo muy distinto a la pretendida idea de avanzar con el progreso homogenizador o una marcha irrestricta hacia la proletarización pasando por sobre lo identitario.
El PC se oponía a «que los territorios y las riquezas… de los araucanos…queden incorporadas a la legislación común»; la propiedad comunitaria debiera permanecer «irrevocable». Desde la conquista los indios han sido «robados y masacrados» por el imperio de la fuerza, sea por «el sistema de encomiendas» (falsamente evangelizador) que sometió a los «araucanos…en el valle central», sea durante la República. «1810…no representó mejora alguna»; (sólo un) » reconocimiento formal de los derechos del hombre, para darles la ilusión de una libertad y una igualdad contradicha violentamente por los hechos». En consecuencia las leyes dictadas anteriormente…de protección a los aborígenes han sido insuficientes y, sobretodo, burladas sistemáticamente con la complicidad de agentes del Estado. Sin embargo, a veces (los indios) lograban atrincherarse detrás de alguna disposición legal para luchar contra la rapacidad de los terratenientes»
Señaló el diputado que la Comisión de la Cámara que informaba el Proyecto de Ley «cree que el régimen de comunidad milenario, tradicional en la raza araucana, no representa los intereses de la hora presente…El Partido Comunista defiende el régimen de las comunidades». Según el dirigente comunista, es necesario ver, tras los argumentos esgrimidos, el «pensamiento íntimo de los sostenedores de proyecto»; y agrega: «Ellos dicen: los indios son unos flojos y unos borrachos. No laboran la tierra…Hay, pues conveniencia en quitar las tierras a los holgazanes y dárselas a los ricos terratenientes del Sur…». Y contradice : «Si los indios venden sus tierras, naturalmente a precios irrisorios, ¿de qué vivirán después?…».
Señala después que la Comisión estima que prohibir a los indígenas efectuar actos jurídicos ya no tiene sentido, porque a la fecha «se han civilizado» y «su promedio de cultura e instrucción no difiere del resto de los habitantes de esas regiones». Contreras Labarca , estima que la cultura mapuche nada le debe al Estado y dice: «Cuántas escuelas se han destinado especialmente a educarla? ¿Se ha intentado siquiera una campaña para sacarla del analfabetismo?». Por otra parte el Proyecto de Ley socava la proclamada igualdad de derechos al señalar como requisitos para que se proceda a enajenar y vender títulos comunitarios , «haber cumplido con la ley de Instrucción Primaria Obligatoria», tener títulos profesionales, etc. ; pero los indios ‘jefes de familia’ que no sepan leer podrían enajenar propiedades si su cónyuge o algún hijo (a) de cualquier edad pudiera leer. Se pregunta el diputado : «¿Es acaso esto una garantía? ¿No es esto burlarse francamente de los araucanos?».
Critica, además, el artículo 10 que fija un plazo, posterior a la eliminación de la comunidad, para que los mapuche negocien la tierra individualmente: «Con qué antecedentes piensa la Comisión que dentro de 5 años, los indígenas adquirirán los conocimientos necesarios para manejar libremente sus negocios?»; esa falsa ‘libertad’ es «para despojarlos impunemente…» Critica a la vez la creación de un Tribunal especial que fallaría «en conciencia» y en el cual «los propios afectados…los indios.., no tienen ninguna participación». A ese respecto imputa al diputado Manuel Manquilef González, por «la osadía de votar en favor de los …malos jueces, … los perseguidores y asesinos de sus propios connacionales» (5).
Manquilef, aclara que apoya el «tribunal en conciencia» como una forma de facilitar los trámites de herencia para la ejecución de las divisiones de las comunidades cuando ellas fuesen eliminadas. (Luego, acusa al diputado Quevedo del PC (6) por no haber asistido a la Comisión de Agricultura. Quevedo responde: «Estaba en el sur, defendiendo a los indígenas…Por lo demás, estoy proscripto del Partido…aunque no de sus ideas». Por su parte, el radical Juan Antonio Ríos declaraba su interés por comenzar recién a «estudiar el proyecto» de ley).
A partir de las luchas por el reconocimiento mapuche y a través de las prácticas de resistencias, los sujetos étnicos se hacen, a la vez, actores sociales. En la mentalidad comunista la explotación que los mapuche viven -asediados por los latifundistas y el capital (mercantil y también comprador de fuerza de trabajo)- los hace protagonistas potenciales de la deseada unidad del campesinado, seguida de la unidad obrero-campesina que consideran pieza maestra de la revolución.
Como el «proletariado en general con respecto al régimen republicano democrático establecido por la burguesía», la lucha mapuche debería entender que aquella ejerce su papel de clase dirigente «en su provecho y contra la clase trabajadora». Y agrega el dirigente del PC que la división de tierras comunitarias «entrega a los indios a la lucha individualista, fratricida, perniciosa absolutamente…Mediante estas luchas, los araucanos serán cada día más débiles…se habrán dispersado y disuelto sus fuerzas y habrá terminado la unidad que entre ellos existe».
En etapas y coyunturas posteriores del siglo XX, los comunistas, así como las corrientes socialistas y social-cristianas enfrentaron los dos ‘peligros’ conducentes al desconocimiento de la identidad étnico-social mapuche. Sucumbir, por un lado, ante la concepción liberal que propugna la integración y asimilación de los indígenas a la sociedad (mayoritaria) chilena y su Estado uni-nacional. Por otro lado, pensar y actuar respecto de los mapuche considerándolos ‘reduccionistamente’ como un segmento de ‘la clase campesina’ más pobre y explotada.
Dicho reduccionismo ideológico erróneamente ‘clasista’, en pocas ocasiones se hará explícito. En otras, la no capacidad de adentrarse en la dialéctica entre la identidad étnica y otras formas de lo ‘social’, llevará a mirar y optar por caminos (sin ‘ver’si eran reales) que apresuraran la integración de los mapuche ‘más concientes’ a las organizaciones y programas reivindicativos del campesinado (especialmente en su acción pro reforma agraria) o en la acción sindical y política ‘orientada’ por la ideología proletaria.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Los errores más importantes derivados de la ‘campesinización’ de los mapuche que afectaron a las izquierdas chilenas, a nuestro juicio, se manifestaron mediante la incapacidad de prever medidas específicas en favor de las ‘comunidades’ durante la aplicación de la Ley de Reforma Agraria. Asimismo y además, en la ausencia de una propuesta política relevante sobre el reconocimiento de derechos autonómicos específicos para el pueblo mapuche. Esto es, incorporar a sus programas políticos -en acuerdo con los pueblos originarios- formas políticas, económicas, culturales de auto-gestión ( que desarrollaran y especificasen lo planteado ya en 1927).
Tales incapacidades se dieron, a pesar de la eventual influencia y relevancia que tuvo la figura intelectual de A. Lipschutz, quien desde los años 50 publicó y difundió sus argumentos que concluían en la necesidad de formas de autonomía relativa y propuso un esbozo para que fuese considerado en la elaboración de la Ley Indígena, en 1972. Pero, junto a esto, cabe insistir que el dilema más decisivo para cualquier sector progresista, a lo largo del siglo, fue resistir o sumarse a la concepción y a las concretas políticas -esta vez sí francamente liberales- que se empecinaban en levantar toda traba para que las ‘reducciones’ o tierras comunitarias mapuche quedasen entregadas a la ley del mercado capitalista y al engaño.
En ocasiones, también partidos o personeros de las izquierdas sucumbieron ante esa tentación. Y actualmente (2005) se insiste en legalizar y facilitar la división y el traspaso de la propiedad indígena en régimen de comunidades a compradores no mapuche. Creemos, en consecuencia, que los acuerdos programáticos del PC de Chile de 1927 y las opiniones de Carlos Contreras Labarca en ese debate de los diputados, dejaron planteada una política indígena de ese partido años antes de los sucesos de Ranquil (Alto Bío-Bío) y el posterior contexto del Frente Popular (7).
Notas
1. Carlos Contreras Labarca, diputado; discurso en la 86ª. Sesión Extraordinaria en 2 de Febrero de 1927, Boletín de Sesiones de la Cámara. (Citado parcialmente por Rolando Álvarez , «Viva la revolución y la patria. Partido Comunista de Chile y nacionalismo (1921 – 1926)»- a quien agradecemos la información proporcionada- en Revista de Historia Social y de las Mentalidades N°7, vol. 2, USACH, 2003.)
2. Lenin dijo en 1923 que la actuación de Stalin era prácticamente imperialista respecto de una nación más débil. Ver Moshe Lewin, «Le dernier combat de Lénin», les éditions de minuit, Francia, 1968. Para el contexto del debate comunista, ver Pierre Vilar, «Sobre los fundamentos de las estructuras nacionales», en revista Realitat, núm. 3 – 4, Barcelona (sin fecha; probablemente publicado a inicios de los ’80).
3. Ver Augusto Samaniego M., «Comunidad agraria y autonomías para el pueblo mapuche (1953 -1972). Lipschutz y el ‘hombre progresista’…», en Revista de Historia Social y de las Mentalidades N° 7, Vol. 2, Santiago, USACH, 2003]
4. Ver Guillermo Bonfil Batalla, «Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios en América», Nueva Imagen, México, 1981; también «El concepto de indio en América», rev. electrónica Azkintwe. Héctor Díaz Polanco, «La cuestión étnico-nacional», Ed. Línea, México, 1985. Alejandro Saavedra P. , «Los mapuches en la sociedad chilena actual», U. Austral de Chile/LOM, Santiago, 2002.
5. Nació en Metrenco, comarca de Maquehua, 31-7-1887. Hijo de Fermín Trecamán Manquilef Rivero-Ilabaca y de Trinidad González de Villagra, cautiva chilena. Casó con Carolina Rossat Valetta, 5 hijos. Diputado por la 21ª Agrupación Departamental de Llaima, Imperial y Temuco, al igual que Francisco Melivilu, en 1926-1930; miembro reemplazante de la Comisión de Educación, y titular de la de Agricultura y Colonización; fue reelegido para el período 1930-1934 (Congreso Termal), pero el congreso fue disuelto en 1932; miembro de la Comisión de Agricultura y Colonización. Militante Liberal Democrático hasta 1932, cuando su partido se fusionó con el P. Liberal. Murió el 12 de junio de 1950.
6. Abraham Quevedo Vega, diputado comunista por Valdivia, La Unión, Villarrica y Río Bueno entre 1926 y 1932. (es decir, fue incluido en el ‘Congreso Termal’ impuesto por la dictadura de C. Ibáñez del Campo.
7. Ver Olga Uliánova, «Levantamiento campesino de Lonquimay y la Internacional Comunista», en Estudios Públicos, 89 (verano 2003), Santiago. La autora supone allí que en 1934 el PC de Chile por vez primera enunció una política indígena, a raíz de los sucesos del Alto Bío-Bío; y que el concepto de «autodeterminación» era «claramente externo» a los comunistas chilenos. Lo planteado por el PCCH, en 1927, corrige esas ideas.
* Su autor es académico, miembro del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, USACh.