Las informaciones todavía son fraccionarias, por no decir amañadas: se lee en la prensa burguesa que uno de los rotulantes comandantes de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia se «entregó» a las autoridades policiales en los límites entre Antioquia y Córdoba, donde el ahora «desmovilizado» tiene buena parte de su tropa. Finalmente, se dice, después […]
Las informaciones todavía son fraccionarias, por no decir amañadas: se lee en la prensa burguesa que uno de los rotulantes comandantes de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia se «entregó» a las autoridades policiales en los límites entre Antioquia y Córdoba, donde el ahora «desmovilizado» tiene buena parte de su tropa. Finalmente, se dice, después de buscarlo por varios departamentos del país -en clave de fábula- el jefe paramilitar «decidió», como buen samaritano, presentarse como lo que no es: un civil sin títulos. La cuestión está en que no hay tal. Ni es un simple delincuente común, ni es el gran capo que los políticos y periodistas tienen por objeto de sus más vivas opiniones a la hora de probar si lo que existe en Colombia es un sometimiento, una negociación o una reinstitucionalización del paramilitarismo.
Alias «Adolfo Paz», como le llaman, es un subalterno entre los muchos que tienen los intocables comandantes de las AUC liderados en lo público por Salvatore Mancuso; hijo éste de un inmigrante italiano que aparte de encabezar los bloques paramilitares se dedica a negocios muy particulares y fructíferos cual buen hacendado. Como que tiene un extensísimo terreno en Córdoba que colinda con El Ubérrimo, la hacienda del señor Presidente de la República de Colombia. Pero «Paz» no es lo que su absurdo apellido de delincuente refleja. Es parte de una de las estructuras armadas más criminales que las clases gobernantes hayan creado jamás en la historia de América Latina, las AUC. Ahora, luego de varios años de ser el brazo oculto del Estado contra las no menos aguerridas guerrillas, se encuentran en «negociaciones» con el Gobierno Nacional. Las cifras con las que se construyen encuestas de opinión y se ponen presidentes son optimistas: hablan de cerca de cuatro mil hombres «desmovilizados» en lo que va de «negociación». Y eso con una guerra civil que tiende a ser creciente por iniciativa de las guerrillas campesinas, del régimen y en buena medida por la criminalización de la Casa Blanca, no es nada alentador.
La entrega de «Adolfo Paz», cuando se pensaba muy alegremente que no se iba a entregar a la policía (se romperán los diálogos de paz, se insinuó en voz alta) dio un giro esperado hacia su entrega. Todo ello tuvo un condicionamiento alarmante para la sociedad que no gobierna este país: me entrego, dijo, en calidad de «desmovilizado». ¿Desmovilizado? ¿Acaso no se le buscaba por tener parte de responsabilidad intelectual en el asesinato de un concejal el 10 de abril pasado? ¿Desmovilizado? ¿Luego el prominente hecho de estar «negociando» en una zona estratégica con el Gobierno de Uribe su reinserción a la vida civil no era ya una confirmación de que se habían «desmovilizado» al menos espiritualmente? ¿Y el «cese de hostilidades» que era condition sine qua non dónde quedó? Así fue que supimos que la cosa no es como fastuosamente la estaban presentando. Detrás, muy detrás, de su publicitada entrega se escondía la verdad de la mal nombrada «negociación»: la impunidad. Porque lo cierto es que de por medio no hay ningún acto de contrición; lo que hay es la puesta en escena de un hecho criminal y criminalizable: los altos jerarcas paramilitares están para ser perdonados sólo por el hecho de querer estar políticamente con el Gobierno Nacional en su lucha final contra las insurrectas Farc.
Si sumamos el prontuario de «Adolfo Paz» encontramos un jinete del tráfico de drogas. ¿Por qué si está pedido en extradición por los Estados Unidos no se le entrega? Ha sido como comandante del bloque Cacique Nutibara un acucioso señor de la guerra con una larga serie de masacres selectivas en Antioquia. Recuérdese que en esto de la guerra sucia los paramilitares han demostrado, cuando menos en los últimos veinte años, que no tienen límites en las vejaciones y atrocidades con motosierras o sin ellas ¿Ante crímenes de lesa humanidad por qué se le premia de modo tácito con la suspensión de las medidas judiciales siendo que no han cumplido el «cese de hostilidades»?
Lo llamativo no es que no le ocurra nada en términos judiciales, el punto está en que parece que no importa su pasado y sí su futuro: el ser uno de los más reconocidos dirigentes de las Autodefensas representa la llave de ese futuro. Porque nótese lo que pasó con su «entrega»: no va a una cárcel, ni siquiera a una guarnición militar. No. Su detención será en la zona paramilitar de Ralito, en el norte del país. Se piensa, pues, hacer como si nada hubiera pasado. ¿Para qué sirvió su «persecución» por varios días si le tenían como sede de lujo Ralito? Y, sin embargo, se le presenta como un gran «triunfo» de la política de seguridad democrática. Hablamos no del sometimiento a la justicia sino el ser uno de los intocables de la zona desmilitarizada en Córdoba, que es el foco de atención de esta malhadada paz negociada.
En esto de salir airoso del empantanamiento de los «diálogos» con los esbirros del paramilitarismo el Comisionado de Paz ha demostrado una vez más su cinismo. Se sabía de su favorecimiento a las AUC cuando fueron reveladas una serie de grabaciones, hará unos meses, en las que entregaba como un favor del régimen el que los cabecillas de las fuerzas de extrema derecha no fueran llevados a la justicia. ¿Dónde -preguntaba airado Mancuso en ese entonces- pagarán los miembros de las Autodefensas sus acciones armadas? El Comisionado -para nada acorralado por tal solicitud- se limitó a decir: en la zona de Ralito. Pese a ello el Comisionado sigue porque los paramilitares lo requieren.
Pero hay un hecho sintomático de lo que representan las fuerzas paramilitares. Hace tres años se llevó a cabo una feroz persecución contra el Bloque Metro de esa facción contraguerrillera en Antioquia comandada por alias «Doble cero». Después de una persecución a su grupo disidente «Doble cero», o mejor Carlos Mauricio García Fernández fue asesinado vestido de civil en alguna calle de Santa Marta. El susodicho comandante sindicaba públicamente a los jefes de las AUC y a los bloques Cacique Nutibara y al Central Bolívar de producir y comercializar cocaína. La «negociación» era, según dijo, «una mesa de narcotráfico con el gobierno». Afirmaba que ese grupo paramilitar, junto con otros, se habían desviado de su lucha contra las guerrillas y lo que estaban buscando en ese momento era legitimar su negocio por vía de las «negociaciones de paz». Y lo mataron justamente hace un año.
Así paga la extrema derecha a sus colaboradores. «Doble cero» fue teniente del Ejército y luego entró a las Autodefensas. Tanto sus compañeros de la Autodefensa como del Ejército lo buscaban para matarlo. Dos millones de dólares tenía su cabeza. Según dijo en alguna entrevista el precio lo colocó «Adolfo Paz». El mismo cuyo nombre de pila es Diego Fernando Jaramillo Bejarano. Un don nadie.