«No tengo idea, no me he enterado de eso», respondió el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ante consultas de periodistas sobre si encubrió a su hermano en una investigación penal por la creación de un grupo paramilitar, como había afirmado poco antes en el Congreso el diputado Gustavo Petro. «En los procesos judiciales del pasado […]
«No tengo idea, no me he enterado de eso», respondió el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ante consultas de periodistas sobre si encubrió a su hermano en una investigación penal por la creación de un grupo paramilitar, como había afirmado poco antes en el Congreso el diputado Gustavo Petro.
«En los procesos judiciales del pasado aparece sindicado el hermano del presidente de la república como conformador, auspiciador y erector de grupos paramilitares», sostuvo Petro, un ex guerrillero del Movimiento 19 de Abril, el grupo que se integró a la vida civil en 1990 y que conformó con otros sectores de izquierda el actual Polo Democrático Independiente.
El legislador, quien días atrás expuso el modo en que políticos del septentrional departamento de Sucre conformaron un escuadrón de la muerte en esa zona, se refirió así a Santiago Uribe, un ganadero que fue investigado en el marco de una causa judicial contra crímenes perpetrados por paramilitares derechistas.
Este hacendado fue acusado de conformar un grupo conocido como Los 12 Apóstoles, que habría tenido sede en su finca La Carolina, ubicada en límites entre Yarumal y Santa Rosa de Osos en el departamento de Antioquia, vecino a Sucre.
Los 12 Apóstoles están acusados de asesinar a 50 personas y de haber cometido en junio de 1990 la masacre de Campamento, donde fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas, caso por el cual hay una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En La Carolina «estaba el radio de comunicaciones (del grupo paramilitar), que era operado por el señor Santiago Uribe Vélez», aseguró el diputado del partido que gobierno la alcaldía de Bogotá.
El abogado Daniel Prado, querellante de las familias de tres de los muertos en ese sitio, dijo a IPS que la Comisión con sede en Washington debe aún determinar «si hay responsabilidad por parte del Estado en materia de impunidad, con el fin de lograr que se investigue» ese delito.
Petro dijo que Uribe debe «explicarle a toda Colombia qué pasó con el proceso judicial que se seguía contra su hermano, que lo vinculaba directamente al paramilitarismo y a delitos de lesa humanidad».
«Le reclamo a Uribe que, sabiendo que sus familiares directos están procesados por paramilitarismo, se atreve a llevar una ley que declara impunidad» para los paramilitares, repitió el parlamentario ante IPS.
La acusación fue lanzada el martes en la cámara de Diputados, en la última y convulsionada sesión que culminó con la aprobación de la llamada ley de Justicia y Paz, que confiere estatus político a los paramilitares ultraderechistas en negociación con el gobierno de Uribe en busca de su desmovilización.
Al momento de la votación se retiraron los representantes de todos los partidos salvo los que respaldan a Uribe, que son mayoría y por tanto pudieron, por unanimidad, igual transformar en ley el controvertido proyecto. Aunque en una de las formas de conteo apareció un voto negativo, según Radio Caracol.
En la noche del martes, el fiscal Luis Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario había sido objeto de una investigación en 1999, pero también indicó que se había declarado «un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo» ese mismo año.
Empero, Osorio indicó que su oficina averiguará «si Petro tiene datos o información nueva sobre ese tema», para que «ponga a disposición de la fiscalía las pruebas que tenga».
Tras sus lacónicas declaraciones iniciales, el presidente Uribe llamó telefónicamente al fiscal y le pidió «hacer claridad» sobre la actual situación de su hermano.
Luego de más de un año de discusiones, que de algún modo involucraron a más de 30 países, a la Unión Europea y hasta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la ley de Justicia y Paz que reglamenta la desmovilización de los paramilitares pasó este miércoles a la firma del presidente derechista, para su promulgación.
La nueva norma comenzará a aplicarse a los ejércitos paramilitares de ultraderecha agrupados desde 1994 bajo la denominación Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y responsables según estudios de agencias de la ONU de la mayoría de crímenes atroces que registra la longeva guerra interna colombiana, donde además actúan guerrillas izquierdistas hace 41 años.
A partir de la vigencia de la ley, 20 fiscales tendrán que investigar a fondo, en un plazo máximo de sólo 60 días, los crímenes de cada uno de los más de 10.000 paramilitares que podrían desmovilizarse de aquí a diciembre, según el cronograma de negociación con el gobierno.
Un marco legal para la desmovilización, acorde con la normativa internacional, ha sido puesto como condición para la cooperación al respecto por parte de la ONU y del llamado Grupos de los 24, grupo de donantes integrado por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza, México, Chile, Argentina y Brasil, además de organismos multilaterales de crédito.
A la vez que negocia formalmente desde julio de 2004 la desmovilización de las AUC, varios de cuyos jefes son también acusados de narcotraficantes, el gobierno de Uribe mantiene una ofensiva militar y verbal sin concesiones contra las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, en menor medida, contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Mientras, la sesión de aprobación de la ley en la cámara baja registró además un fuerte enfrentamiento entre dos políticos del mismo bando de Uribe, la diputada Gina Parody y el alto comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo.
Parody, quien intervino para defender al gobierno de la acusación de Petro, expresó que, «si el presidente apoyara al paramilitarismo yo me saldría del uribismo», y luego intentó una recapitulación de sus críticas al proyecto, momento en que fue abucheada por más de 100 de sus pares, que le exigieron que abandonara el recinto.
Junto con ella se retiró la bancada del opositor Partido Liberal. Ya fuera, Parody declaró que los amigos del paramilitarismo no son sólo 35 por ciento de los legisladores, como han afirmado sucesivamente dos jefes de las AUC, sino 70 por ciento de ellos.
Esta legisladora oficialista fue una de las autoras de un proyecto de verdad, justicia y reparación que, como recordó ella antes de la expulsión del recinto, fue ahogado por el propio Restrepo cuando ya estaba en negociaciones secretas con las AUC.
La iniciativa había sido consensuada entre opuestos sectores en el Congreso y, según Parody, también contaba con el visto bueno del presidente Uribe.
Allí se incluían medidas que, según la opinión de sus impulsores, hubieran llevado al desmantelamiento de los paramilitares, como la confesión completa de crímenes so pena de perder los beneficios, una falencia que los críticos le señalan a la ley aprobada ahora.
Restrepo rechazó airadamente las críticas de Parody, la acusó de aliarse con los detractores de Uribe y de «empañar la imagen del comisionado» al insinuar que él actuaba a espaldas del presidente.
En defensa de la ley aprobada expresó, por el contrario, que el beneficio se concede cuando «ha habido hechos visibles y claros que conlleven a la pacificación de la nación, cuando se hayan reparado integralmente las víctimas y se hayan confesado los delitos».
Según el alto comisionado, si un paramilitar desmovilizado esconde un delito, «podrá ser llevado a la justicia ordinaria y se le aplicará todo el rigor de la ley».
Precisamente, la falta de consenso político es la mayor debilidad que se le señala a esta ley.
«Ha debido ser una ley de unidad nacional», sostuvo el ex ministro de Defensa y senador Rafael Pardo, alejado del sector uribista, quien acusó a Restrepo de provocar la zambra parlamentaria.
Por su parte, el senador Jimmy Chamorro, de un movimiento cristiano, la norma beneficia a narcotraficantes «que se habían dedicado a ese oficio durante muchos años y de la noche a la mañana lucen como próceres paramilitares».
Los defensores sostienen que quien sólo ha sido «salpicado por el narcotráfico, se podrá acoger a los beneficios, (mientras) el que es narcotraficante y se quiere poner la careta de paramilitar no va a poder acceder» a ellos, como dijo el legislador uribista Armado Benedetti, quien trabajó juntamente con Restrepo en la elaboración del proyecto.
También para Chamorro, la ley aprobada «desafía el derecho internacional humanitario, desafía la verdad, la justicia y la reparación, es un proyecto de impunidad y de inmunidad».
Analistas locales consideran que es inviable una verdad masiva acerca de los autores intelectuales de las matanzas y el desplazamiento forzado de los hogares de miles de colombianos, que se acentuaron y se volvieron sistemáticos a partir de la aparición en escena en 1982 de los paramilitares.
Pero el director en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Frühling, fue tajante en una rueda de prensa la semana pasada: «Sin la verdad, no puede haber justicia y reparación, ni paz y reconciliación».
La Comisión Colombiana de Juristas, con estatus consultivo ante la ONU, inició el 14 de junio una serie de textos breves, de autoría colectiva por sus expertos, en los que desmenuza la flamante norma de Justicia y Paz con el título de «Ley de impunidad».