Este 4 de julio el ELN cumplió cuarenta y un años de estar levantado en armas contra el Estado de la oligarquía, de haberse comprometido con la propuesta de luchar sin desmayo por el nuevo país. El 4 de julio de 1964 surgió nuestra organización en acto legítimo de rebeldía y de respuesta al régimen […]
Este 4 de julio el ELN cumplió cuarenta y un años de estar levantado en armas contra el Estado de la oligarquía, de haberse comprometido con la propuesta de luchar sin desmayo por el nuevo país. El 4 de julio de 1964 surgió nuestra organización en acto legítimo de rebeldía y de respuesta al régimen político que secuestró la democracia y encarceló la justicia social, traicionó la patria y entregó la soberanía nacional.
El análisis que hicimos en ese entonces sobre la realidad del país y fundamentó la decisión de luchar junto al pueblo por la liberación nacional y social, sigue vigente. Los cambios y nuevos fenómenos surgidos en estos años, en vez de mejorar han empeorado la situación, multiplicando las desgracias del pueblo y profundizándolas.
La reforma agraria iniciada en la década del sesenta para desactivar la lucha de los campesinos por la tierra, avanzó en los primeros años por la presión de éstos. Lo poco que alcanzó a distribuir, los terratenientes lo recuperaron y aumentaron en los siguientes años, primero con el favor del gobierno en el Pacto de Chicoral, que anuló la reforma, y después con las «motosierras» y fusiles de los narcoparamilitares.
En los últimos veinticinco años impusieron una contrarreforma agraria a sangre y fuego, que ha desarraigado a más de tres millones de campesinos y ha costado la vida a decenas de miles de éstos en masacres y crímenes atroces, ha concentrado el 82% de la tierra en el 1,5% depropietarios y ha dejado en el 0.5 % de éstos, que son narcoparamilitares, cinco millones de hectáreas, del total de nueve millones cultivables que tiene el país.
La consigna de «la tierra para el que la trabaja» se frustró y sigue pendiente como bandera, junto a la política para el desarrollo agrario y la seguridad agroalimentaria.
Los derechos de los trabajadores, la contratación colectiva y las convenciones pactadas anteriormente, desaparecieron del escenario laboral.
En los años recientes los empresarios destruyeron mil doscientos sindicatos, despidieron a miles de trabajadores en masa, cerca de tres mil sindicalistas fueron asesinados y otros miles fueron obligados a emigrar o a desplazarse para proteger la vida. Los que valientemente se mantienen, viven bajo el terror de las amenazas, apostando a la vida y esquivando la muerte cada día y cada noche.
Las conquistas logradas en las luchas del siglo XX se perdieron y el neoliberalismo salvaje impuso otras condiciones de vida y de trabajo humillantes, complementadas con la «ley mafiosa» de la muerte, la amenaza y el chantaje de los narcoparamilitares emparentados con la clase empresarial.
La situación de los trabajadores de hoy es similar a la que tenían en las primeras décadas del siglo anterior, es decir, en vez de avanzar retrocedió sustancialmente.
La economía de la gran mayoría de colombianos está mal. Solo están muy bien un reducido número de capitalistas. La acumulación y la concentración de la riqueza continuó con el proceso de sobre explotación y opresión de los trabajadores, el saqueo de las rentas del Estado y la inyección de los dineros del narcotráfico, sin lapresencia de un sindicalismo que contrarreste el apetito insaciable de chupar plusvalía.
Un estudio del Banco Mundial reconocía, hace unos años, que el 90% de los colombianos trabaja para un 10% que acumulan riqueza exageradamente.
17.5 millones de personas constituyen el mercado laboral, de éstos un poco más de cinco millones tienen empleo. Los doce millones restantes subsisten de la economía del «rebusque» y el subempleo. El 70% de la población vive en la pobreza y cerca de doce millones de éstos, en la indigencia.
La educación y la salud han sido convertidas en mercancía y como tal se entregaron a comerciantes de la ignorancia y la muerte.
El analfabetismo subsiste con índices cercanos al 10% de la población. Muchas escuelas y colegios están cerrados por falta de presupuesto o de maestros que fueron desterrados o asesinados -700 muertos en los últimos diez años- La universidad, en proceso de privatización, se alejó de la investigación y de la búsqueda de las soluciones para los problemas del país, ahora su objetivo es fabricar técnicos funcionales al neoliberalismo.
Dos millones de niños no van a la escuela porque tienen que trabajar, en condiciones casi siempre infrahumanas, para subsistir y ayudar a la familia.
La salud pública pasa por la peor crisis de la historia. La ley 100, que sentó las bases de la privatización, dejó sin cobertura de salud a diecisiete millones de colombianos y asfixió financieramente los hospitales públicos para entregarlos a la voracidad de la empresa privada. El cierre de los hospitales San Juan de Dios y el Materno Infantil de Bogotá, recién autorizado, es un crimen social imperdonable.
Los dineros para la salud pública están siendo entregados a empresas que los desvían hacia las cuentas de narcoparamilitares, como se ha evidenciado en los departamentos de la costa Atlántica, principalmente.
La democracia sigue maniatada por el régimen político de esencia terrorista que destruyó el tejido social y tiene amenazada a toda la sociedad con el autoritarismo y la guerra sucia. La débil oposición política que subsiste con valentía, vive bajo amenaza permanente y en continuo riesgo para la vida.
Más de diez mil líderes sociales y políticos han sido asesinados, cerca de cinco mil están desaparecidos y otros salieron exiliados, durante los veinticinco años de esta guerra sucia.
La injerencia del imperio en los asuntos internos del país es mayor que en los años sesenta. La sumisión al gobierno de los Estados Unidos es total.
La embajada yanqui en Bogotá tiene dos mil funcionarios, 700 soldados apostados en bases militares, más de mil mercenarios de empresas contratistas del Pentágono y cientos de agentes de la DEA y la CIA operando de manera encubierta.
El Plan Colombia, dirigido por el Comando Sur de los Estados Unidos, que está en nuestro país con los nombres de Plan Patriota y Escudo, nos vincula a los planes de dominación del imperio para Suramérica y en especial contra la revolución bolivariana de Venezuela, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas y la insurgencia.
El futuro de los colombianos está amarrado por la decisión apátrida de la élite que se cree dueña del país, a los intereses políticos, los planes militares y las estrategias económicas del imperio. Poco nos falta para ser nuevamente una colonia, en contraste con la tendencia de la mayoría de los países vecinos que luchan por liberarse del vasallaje.
En estos cuarenta y un años la situación del pueblo colombiano no ha mejorado, por el contrario, se han sumado nuevas desgracias y su futuro es incierto.
Por estas razones la lucha contra la dependencia, la explotación y la opresión bajo las banderas de liberación nacional y social, están vigentes. Lo que nos propusimos hace 41 años está por hacer. El terrorismo de Estado, con su guerra sucia, y la histórica intolerancia política le dan fundamento a la lucha armada que adoptamos en ese entonces. Se han sumado nuevos factores y hechos que hacen más difícil la solución a los problemas del país, pero no imposible.
El ELN se mantiene firme en sus convicciones, enfrentando las dificultades de la lucha y las operaciones del ejército colombiano y sus aliados narcoparamilitares en las regiones donde tenemos presencia.
Siempre estaremos junto al pueblo apoyando la defensa de sus intereses. Porque las banderas y tareas enarboladas por el ELN son las mismas que sienten y defienden las mayorías nacionales oprimidas, explotadas y excluidas política y socialmente. No estamos solitarios en la búsqueda de soluciones a la crisis estructural del país, nos encontramos con todos los colombianos que aspiran a construir la Colombia donde el bienestar sea compartido por todos.
El ELN está comprometido con la paz para la nueva Colombia. Está con las mayorías que le apuestan a la solución política al conflicto social y armado, a la construcción de una sociedad con justicia social, democracia y soberanía.
No creemos en la paz que quieren los que han traicionado la Patria, saqueado históricamente el país y se enriquecieron a costa de la miseria y el atraso de los colombianos. No admitimos una supuesta paz donde el pueblo pierda su capacidad para defender, hacer respetar sus derechos e intereses y sea el convidado de piedra al banquete de sus opresores. La propuesta de paz que tiene el gobierno de Uribe Vélez es para perpetuar el país actual y dejar los privilegios intactos.
Seguimos adelante sin desmayar en el compromiso «eleno». Cumpliremos los objetivos y tareas que juramos conquistar y siguen pendientes, siempre junto al pueblo. No claudicaremos en la lucha por «otro mundo que es posible» ¡Seguro cumpliremos!