Así como Al Capone terminó condenado por evasión tributaria, en este bizarro país de la modernidad el Presidente Ricardo Lagos tiene más posibilidades de pasar a la historia salpicado por los escándalos de corrupción que por haber encabezado el gobierno más obsecuentemente neoliberal del período de la Concertación. En el anverso de la ecuación, la […]
Así como Al Capone terminó condenado por evasión tributaria, en este bizarro país de la modernidad el Presidente Ricardo Lagos tiene más posibilidades de pasar a la historia salpicado por los escándalos de corrupción que por haber encabezado el gobierno más obsecuentemente neoliberal del período de la Concertación.
En el anverso de la ecuación, la derecha, instigadora y beneficiaria del régimen más corrupto que registre la historia del país, no ha trepidado en aprovechar la oportunidad, caída del cielo, de obtener ventaja en un año electoral, de forma que, investida del falso ropaje de Catón de la moralidad pública, ha sabido dosificar de manera ascendente las denuncias de corrupción a través de su poder comunicacional, hasta exasperar a un gobierno que luce atónito y arrinconado.
Sin embargo, la coronación de la paradoja consiste en el hecho de que los dos bloques predominantes del sistema binominal enarbolan el libreto de la corrupción en el entusiasta ejercicio del recíproco descrédito, en circunstancias de que ésta es el rasgo distintivo, el sello por antonomasia, del capitalismo salvaje y desregulado, conocido como modelo neoliberal, cuya fase de laboratorio se implementó precisamente en el Chile de Pinochet, de la cuál el mismo supo sacar una suculenta tajada, como ha quedado asaz demostrado.
Aunque al cierre del presente informe, las encuestas aún no registraban el efecto de la nueva oleada de escándalos de corrupción, es probable que su impacto castigue más al sistema en su conjunto, antes que aumentar la intención de voto para los candidatos de la derecha.
Gobierno contra las cuerdas
Si bien la tormenta política que le borró el tono de suficiencia al Presidente Lagos se venía incubando desde junio de 2003, cobró la fuerza de un huracán a principios de junio pasado, cuando la periodista Irene Rojas, ex asesora de comunicaciones del entonces Ministerio de Obras Públicas, Javier Etcheberry, hizo público que éste le habría ordenado destruir información relativa a irregularidades en un contrato entre el MOP y las consultoras Víctor Faraggi y Gescam, ésta última propiedad de Hernán Durán, cuñado del Presidente, y de Hernán Sandoval, amigo personal del mismo. No es menor consignar que los hechos denunciados ocurrieron mientras aún no se acallaban los ecos del escándalo MOP-Gate, que puso a Etcheberry al frente del Ministerio.
El parentezco de Durán con el Presidente de la República era un bocado demasiado tentador como para que la derecha lo desaprovechara.
Es así como desde entonces, los diarios El Mercurio y La Tercera no han dejado pasar un solo día sin publicar profusos antecedentes sobre los contratos de Gescam con diversas instituciones del sector público.
En una derrota inesperada, el gobierno no consiguió bloquear una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, como ya lo había hecho en ocho ocasiones anteriores, sobre cuestionadas actuaciones del Ministerio de Obras Públicas.
El gobierno no lograba articular una defensa coherente, cuando le sobrevino una segunda andanada, esta vez operada por la senadora de la UDI, Evelyn Matthei, relativa a contratos de asesoría asignados por Codelco a la consultora Asyan, del Ministro Secretarario General de Gobierno, Osvaldo Puccio y el subdirector de Correos, Alvaro Briones, ambos ex-embajadores del régimen.
En posesión de información clasificada, que indujo al vicepresidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú, a imputar «robo» de la misma, la senadora Matthei desgranó sucesivas revelaciones sobre contratos de asesorías que favorecieron a conspicuos personajes de la elite concertacionista, tales como Jorge Navarrete, director de Codelco, Rafael Estévez, hermano del actual Ministro de Obras Públicas, Jaime Solari, hermano del ex-ministro del Trabajo, Pedro Urzúa, jefe de gabinete del Ministerio de Minería, y los mismos Hernán Durán y Hernán Sandoval.
Rubricó la descarga con el antecedente de que los gastos de Codelco por asesorías se habían triplicado en los últimos tres años, alcanzando en 2004 la friolera de 97 millones de dólares.
Los diarios El Mercurio y La Tercera, que no dan puntada sin hilo, han aprovechado el envión para deslizar de contrabando sutiles argumentos en dirección a la conveniencia de «modernizar» la gestión de Codelco, eufemismo que apenas encubre la nunca abandonada apetencia privatizadora de la derecha.
Todavía durante este año electoral, que se le debe estar antojando interminable, al gobierno le puede caer encima el fallo de primera instancia del proceso Mop-Gate y sus numerosas aristas, que sustancia la ministra Gloria Ana Chevesich, el que tiene más de cuarenta encausados, entre ellos el ex-ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz y otros connotados militantes de partidos oficialistas, por los delitos de estafa, fraude al fisco y negociación incompatible.
Caben pocas dudas de que el fallo dará por establecidas las operaciones de triangulación de dineros para el pago de sobresueldos y desvío de fondos hacia la caja electoral de la Concertación. Pero la incógnita radica en si dará pábulo a eventuales responsabilidades políticas del titular de la cartera a la fecha de al menos algunos de esos ilícitos, el actual Presidente de la República.
Perfil de la corrupción concertacionista
El conjunto de estos casos, sumados a otros como el cobro de coimas en plantas de revisión técnica de Rancagua, a consecuencia del cual fueron desaforados tres diputados de la coalición gobernante (2003), o las millonarias indemnizaciones cobradas por altos funcionarios del gobierno de Frei (2000), el sobreprecio pagado por las aulas tecnológicas cuando Lagos era Ministro de Educación (1996), el sobreprecio por el desmalezado de RPC (1993), las irregularidades en Esval por el colector de Valparaíso (1994), malversación de recursos en Indap (1999) y sospechosas operaciones de compraventa de terrenos por Conadi (2001), entre otros, permiten configurar una suerte de matriz o perfil de las conductas típicas de corrupción atribuidas a la Concertación, orientadas a financiar a su elite profesional. Aunque algunas son de responsabilidad personal, otras presentan la sofisticación de complejos mecanismo montados para el efecto.
En el enfoque marxista, en todos esos casos se trata de la apropiación individual de una fracción de la renta generada por la administración del aparato del Estado.
Dichas conductas tampoco se alejan de definiciones de corrupción acuñadas por pensadores liberales: «mal uso de la autoridad derivado de consideraciones de beneficio personal» (Bayley); «desvío de fondos públicos hacia propósitos privados» (Werlin); «utilización de cargo público como una plataforma para obtener ingresos ilegales» (van Klaveren) y «servidor público al que la sociedad le ha dado atribuciones para cumplir un determinado deber, que realiza actividades en beneficio personal que reducen el bienestar social o dañan el interés público» (Friedrich). (1)
Estas concepciones del liberalismo académico, que parten de lo público pero desembocan en el lucro privado, contrastan con la grosera mistificación del neoliberalismo ideológico, que ha instalado, existosamente, la noción de que la corrupción es un fenómeno privativo de la administración del Estado.
Para el sociólogo argentino Atilio Borón, esa es una paradoja insoluble:
«Para que un Estado sea corrupto, es condición necesaria que primero haya alguien que lo corrompa. Aunque quisieran, los pobres no pueden corromper a nadie, porque no tienen con qué. Luego, al Estado sólo lo pueden corromper aquellos que tienen dinero». (2)
El caso chileno es un ejemplo arquetípico de esa definición.
La corrupción de la Concertación, aún cuando no tiene justificación, es apenas la consecuencia de un sistema socioeconómico, político y cultural inaugurado por uno de los mayores actos de corrupción que registre la historia del país, como los multimillonarios sobornos pagados por diversas agencias del imperialismo norteamericano a la derecha y la democraciacristiana, así como a sus medios de comunicación, para desestabilizar y derrocar a un gobierno constitucional, democrático y legítimamente constituido.
El terrorismo de Estado prevaleciente en los siguientes 17 años desborda cualquier definición de corrupción para caer, derechamente, en la criminalidad.
Los políticos y medios de comunicación que hoy vociferan contra la corrupción, callaron. A Pinochet le censuran menos sus crímenes que sus latrocinios.
El «exitoso» régimen que instauraron se fundamenta en la apropiación privada del excedente de la economía; en otras palabras, la sobreexplotación del trabajo por el capital, la extracción ampliada de plusvalía relativa, o si se prefiere, la acumulación fundada en el capital variable, distintas maneras de designar la fuente de toda corrupción: la exacción del trabajo y la lógica de la rentabilidad como fin último de la actividad económica, sustentada en la propiedad privada de los factores y medios de producción.
La Constitución Política que le otorgó base legal a ese retroceso en la línea de la historia, fue producto de uno de los fraudes más desvergonzados que registre la historia del país, como el Plebiscito de 1980. Si la actual coalición gobernante optó por reconocerla como un «hecho», a partir de 1986, ello debe imputarse más a la corrupción sistémica y a un acuerdo global de repartición del poder, que a su legitimidad vinculante.
Corrupción de clase
Aún cuando hoy aparecen pagando los platos rotos porque los sorprendieron con las manos en el cajón, los operadores de la Concertación han carecido de fuerza, si es que no de voluntad, para colocar en el mismo contexto los actos de corrupción superlativa perpetrados por sus hoy acusadores, tales como la escandalosa privatización de las empresas públicas, el millonario rescate de la banca endeudada, la desnacionalización encubierta de la gran minería del cobre y el fraudulento plebiscito de 1980, sólo por mencionar los principales.
La tramposa privatización de empresas públicas, en que las autoridades que la dispusieron aparecieron inmediatamente después como compradores privados, le costó al país la friolera de tres mil millones de dólares. El rescate de la banca quebrada en la crisis de los años 82-83, le costó al país alrededor de siete mil millones de dólares. Un reciente fallo de la Corte Suprema confirmó la multa de alrededor de 150 millones de dólares, la mayor en la historia del país, que deben pagar José Yuraszeck, miembro de la comisión pólítica de la UDI, y sus secuaces, por la irregular venta del holding Enersis a Endesa España, operación que les reportó 600 millones de dólares de beneficio personal.
Es decir corrupción en serio, corrupción con clase o más bien corrupción de clase, frente a la cual palidecen las trapisondas de la Concertación.
«Acá no ha habido ningún robo, salvo los robos de las empresas públicas que ahora son privadas», dijo el Presidente Lagos en uno de los episodios de la escalada en la guerrilla verbal que tiene enfrentados a los dos bloques del binominalismo.
Si lo sabe con esa certeza, como lo saben todos los chilenos, no se explica por qué los sucesivos gobiernos de la Concertación han incumplido con su promesa programática de revisar las privatizaciones, restituir el patrimonio público y sancionar a los responsables. Esa manifiesta lenidad en el resguardo del interés público también es un acto de corrupción.
Los propios candidatos derechistas y la senadora acusadora no han estado libres de acusaciones de corrupción. Codelco aparece comprando veinte mil ejemplares del libro La Revolución Silenciosa, de Joaquín Lavín, en 1989. La dictadura le aseguró un mercado libre de competencia al sistema de tarjetas de crédito importado por Sebastián Piñera a principios de los 80. La senadora Matthei fue sorprendida en una tortuosa maniobra de inteligencia dirigida a torpedear la primera candidatura presidencial de Piñera, en 1992.
Corrupción estructural
Aunque los antecedentes reseñados tornen tentadora esa conclusión, no se postula aquí, necesariamente, que el país está en manos de una manga de políticos corruptos. Centrar el problema en la ética y la conducta individual es un enfoque reduccionista. Un reciente trabajo de la socióloga Andrea Fernández, integrante del capítulo chileno de Transparencia Internacional, publicado en la revista Pluma y Pincel, entrega interesantes claves para el análisis:
«Una perspectiva critica debería ubicar el hecho social de la corrupción de una forma tal que permita leer la sociedad como un todo. Se trata de una perspectiva más amplia, que ubique dialécticamente dos niveles, el del individuo y el de la estructura social; que vincule la distinción de conceptos –corrupción y acto corrupto– y que a su vez los relacione, sin perder su diferencia. Entonces deberíamos buscar las causas estructurales en el actual desarrollo del sistema capitalista, encontrar su relación con el tipo de valores que dentro de éste se promueven, se admiten y se persigue lograr Y aceptar que la corrupción aparece en las sociedades como una institución; es decir, como un emergente del sistema social. En las sociedades contemporáneas emerge fuertemente ligada a las relaciones de interdependencia global de las economías, asumiendo formas complejas donde las relaciones asimétricas de poder son más fuertes y los intereses económicos en juego más importantes». (2)
En el caso chileno, la rígida estratificación de clases y el sistema socioeconómico y político impuesto a sangre y fuego por la dictadura, y perfeccionado por la Concertación, son el origen y la causa de la corrupción.
Las conductas corruptas de los políticos son sólo efecto, consecuencia y resultado de la convergencia de factores tales como el desmantelamiento del aparato del Estado y la desregulación de las relaciones de producción; la inhibición de la participación popular, el debilitamiento de la democracia y los forzados equilibrios de poder; el desplazamiento de los valores de la solidaridad social y su reemplazo por la exaltación del éxito, la ostentación y la competencia; la cada vez más sutil linea divisoria que separa el interés público y los negocios privados, y la desigualdad estructural derivada de un atávico clasismo: en Chile el estrato profesional no excede el 5,2% de la población, mientras que la elite preparada para la alta gerencia y la gestión de gobierno, no llega al 0,04%.
En suma, la derecha y la Concertación no son sino dos facciones de la clase dominante, en áspera disputa por apropiarse del excedente social de la economía y de la renta que produce la administración del Estado.
Sus recíprocas acusaciones de corrupción equivalen a denuncias por exceso de velocidad contra pilotos que compiten en una carrera de fórmula uno.
Notas:
(1) La Corrupción desde una Perspectiva Económica. Raimundo Soto. Centro de Estudios Públicos. 2003.
(2) Conferencia en Universidad Arcis. 15 de junio de 2005.
(3) Corrupción: Los Arboles no Dejan Ver el Bosque. Andrea Fernández. Revista Pluma y Pincel N° 183, enero-febrero 2005.