La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), miembro de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, acaba de publicar un magnífico libro sobre la llamada ‘Masacre de los 19 comerciantes’, que se refiere a la ‘detención-desaparición, tortura y posterior asesinato de 19 personas, ocurridos entre la inspección de Policía de Puerto Araujo (departamento de […]
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), miembro de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, acaba de publicar un magnífico libro sobre la llamada ‘Masacre de los 19 comerciantes’, que se refiere a la ‘detención-desaparición, tortura y posterior asesinato de 19 personas, ocurridos entre la inspección de Policía de Puerto Araujo (departamento de Santander) y el municipio de Puerto Boyacá (departamento de Boyacá), entre la noche del 6 de octubre y la madrugada del 7 de octubre de 1987’, como indica el texto de presentación del libro de dos prestantes juristas de la CCJ, Carlos Rodríguez Mejía y Luz Marina Monzón Cifuentes. Un grupo paramilitar, en complicidad con miembros de la Fuerza Pública, retuvo a las víctimas, los despojaron de sus pertenencias, incluidos los vehículos, los asesinaron y arrojaron sus restos a un caño después de descuartizarlos, con el objeto de desaparecerlos y ocultar su horrendo crimen.
Por desgracia, en Colombia continúan estos crímenes de paramilitares con la complicidad de la Fuerza Pública: en San Onofre (Sucre) han encontrado 60 restos de cadáveres de personas capturadas, asesinadas, despedazadas y enterrados por grupos paramilitares que circulaban libremente a la vista de las autoridades de esa región. En la zona rural de Cajamarca fue asesinada una familia de campesinos, incluido un niño de 6 meses, por la Fuerza Pública, que pretendió engañar al país diciendo que había sido en combate con guerrillas. Lo mismo ocurrió con las masacres de Guaitarilla en el departamento de Nariño, en que las víctimas fueron las propias Fuerzas Armadas.
El caso de la masacre de los 19 comerciantes fue llevado a los tribunales internacionales por los familiares y la CCJ, que no se dedica a predicar en abstracto la defensa de los derechos humanos sino que actúa permanente e intensamente en las situaciones concretas que se presentan en Colombia, recurriendo a los tribunales internacionales pertinentes.
El caso pasó por las instancias internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comprobados los hechos, demandó al Estado colombiano como responsable de esos crímenes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta comprobó la responsabilidad del Estado colombiano y dictó sentencia condenatoria el 5 de julio de 2004 por: violación del derecho a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida; violación de las garantías judiciales y protección judicial; violación de los derechos a la integridad personal de los familiares de la víctimas.
Como consecuencia de lo anterior, la Corte decidió que el Estado colombiano es responsable por la violación de los artículos 7 y 4 de la Convención Americana en perjuicio de los 19 comerciantes, y de los artículos 5, 8.1 y 25 de la misma en perjuicio de los 19 comerciantes y de sus familiares. Dispuso que el Estado investigara y encontrara a los parientes desaparecidos de las víctimas. Esa sentencia fue una decisión extraordinaria de inmensa repercusión en la opinión pública: que el Estado colombiano erija un monumento en memoria de las víctimas e imponga una placa con los nombres de los asesinados. Esto no lo ha cumplido el gobierno de Uribe Vélez, que tenía plazo hasta el 16 de los corrientes para hacerlo. Del mismo modo, dispuso la realización de un acto público del Estado colombiano de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso y de desagravio a la memoria de los 19 comerciantes asesinados.
El gobierno Uribe Vélez no ha cumplido ninguna de las obligaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni ha erigido el monumento, ni ha hecho el reconocimiento público del crimen. Todos los colombianos debemos movilizarnos para exigir el cumplimento de las sentencia.
Apolinar Díaz-Callejas es ex Senador de la República de Colombia, ex Ministro del Gabinete del Presidente Carlos Lleras Restrepo y Miembro actual de la Comisión Andina de Juristas.