«¿Nos vende, o prefiere que le compremos después a su viuda?», le preguntaron los paramilitares colombianos al campesino Antonio Montoya para obligarle a malvender su tierra. A Antonio Lozoya, pequeño propietario bananero que huyó a Medellín para evitar que le quitaran su parcela, aún le fue peor; tras localizarle en casa de su madre le […]
«¿Nos vende, o prefiere que le compremos después a su viuda?», le preguntaron los paramilitares colombianos al campesino Antonio Montoya para obligarle a malvender su tierra. A Antonio Lozoya, pequeño propietario bananero que huyó a Medellín para evitar que le quitaran su parcela, aún le fue peor; tras localizarle en casa de su madre le cortaron el dedo índice para imprimir la huella en documentos de propiedad falsificados con los que hicieron el traspaso. Propietarios extorsionados explican que, en algunos casos, los paramilitares llegan en helicóptero con un mensaje perentorio: «Si no venden, se mueren».
El 18 de febrero del 2000, Óscar Antonio Meza, de 29 años, fue arrastrado hasta una mesa colocada en el centro de la pista de baloncesto del caserío de El Salado (Bolívar). Ante todo el pueblo fue degollado porque su nombre figuraba en la lista de «colaboradores de la guerrilla» que los paramilitares, que habían ocupado la aldea, llevaban consigo. Luego, mataron a otras 39 personas, la mayoría sobre la misma mesa de madera. Los que quedaron con vida huyeron despavoridos. Los jefes de los atacantes se quedaran con sus tierras.
A los campesinos desplazados de la provincia del Cesar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) les dieron dos días para abandonar sus parcelas; 961 familias tuvieron que malvender ba-jo presión las fincas de 40 hectáreas que les había asignado el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora). En Jagua de Ibirico, al sur de la provincia, 50 labriegos fueron amenazados de muerte. Asustados, no dudaron un segundo. «Nos tocó vender a precio de huevo», declaró a la revista Semana uno de los afectados.
No son casos aislados. Tan sólo en el Cesar, más de 38.000 hectáreas han cambiado de manos de forma dudosa. A sangre y fuego o con estrategias solapadas, los grupos armados de extrema derecha se han ido apoderando de las tierras más valiosas de Colombia. Los despojados son pequeños y medianos propietarios atrapados en medio del conflicto, campesinos beneficiados con la reforma agraria e, incluso, antiguos aliados de las Autodefensas. Los grandes hacendados y latifundistas, que en el pasado financiaron a las AUC para frenar a la guerrilla, también son víctimas de extorsión. En muchos casos, la expropiación armada se hace sólo por satisfacer la codicia y el capricho de algún jefecillo envalentonado. Las víctimas callan por temor. «Hay mucho miedo, por eso nadie denuncia», explica José Félix Lafaurie, superintendente de Notariado y Registro.
«Nunca, como ahora, la economía estuvo tan atravesada por dinero negro. El país asiste a la consolidación de una economía mafiosa – señala Gustavo Petro, presidente del partido Polo Democrático-. Es evidente el blanqueo de dinero de paras y narcos,eso explica la revalorización del peso frente al dólar, que tanto golpea al exportador colombiano». Petro descalifica el acuerdo del presidente Uribe con las AUC: «Queda claro que no estamos hablando de un proceso de paz entre contrarios, sino de una alianza político-militar entre el Estado y los paramilitares. Con un agravante: se trata de los paras en su versión narcotraficante».
Sólidas estructuras
La Fundación Seguridad y Democracia advierte de que aunque el Estado ha golpeado al aparato militar de las autodefensas y se han desmovilizado más de 5.000 combatientes en el proceso de paz, no se han visto afectadas sus estructupos ras políticas y económicas. «La desarticulación de las AUC es sólo parcial. Si bien el principal objetivo es mover su capital hacia la economía legal, mantienen sus fuentes tradicionales de financiación: narcotráfico, secuestro y extorsión», se señala en el estudio de la fundación.
En los últimos diez años, los paramilitares han dejado en Colombia un rastro de horror y dolor. Son autores de la mayoría de las 1.969 masacres registradas en este período, con 10.174 víctimas mortales. La transformación de los grutad dispersos iniciales en sólidas estructuras militares, con amplio control territorial, ayudó a incrementar las matanzas, las desapariciones y el desplazamiento forzado de campesinos.
Familiares de las víctimas y supervivientes de las masacres están indignados con el presidente Uribe y con el Congreso por impulsar la ley de Justicia y Paz, que prácticamente concede impunidad a los paramilitares a cambio de su desmovilización, sin plantear la devolución efectiva de su patrimonio. Aunque esta ley estipula que las AUC deben entregar los bienes obtenidos ilegalmente para reparar a las víctimas, nadie cree que el Estado tenga la volun-ni los medios para hacerlo cumplir. De hecho, hasta ahora la reacción oficial ha sido tímida.
La prensa colombiana pronostica que los jefes paramilitares, después de resolver su situación jurídica, registrarán las escrituras que tienen guardadas debajo del colchón, pagarán una simple multa y podrán legalizar a su nombre títulos de propiedades adquiridas con la fuerza de las armas. Pese al compromiso de devolver bienes ilícitos, investigadores de los organismos de seguridad han confirmado que «los paramilitares maniobran para ocultar, legalizar y aumentar sus fortunas. Lavan sus bienes a través de testaferros. Incluso se ha detectado que compran tierras en Ecuador y Costa Rica», señala el coronel Óscar Naranjo, director de la Dijín, policía judicial que investiga las propiedades de las AUC.
Contrabando de gasolina, arroz y vehículos en la frontera con Venezuela, fábricas textiles y de confección forman parte de las nuevas inversiones de las AUC. Sus negocios lícitos e ilícitos van de la trata de blancas, la prostitución, los moteles o los juegos de azar a la construcción, el comercio, la venta de coches o los servicios de vigilancia, entre otros. En Santa Marta, los puestos del mercado público, la tramitación de cualquier negocio y hasta el transporte urbano pagan peaje a las autodefensas. Empresarios extorsionados de esa ciudad caribeña explican que las AUC han montado toda una gama de impuestos.»Desde los 1.000 pesos que cobran al vendedor ambulante, hasta los 500.000 que paga cada camión que entra en el puerto. Y hay barcos que requieren 70 camiones para la descarga», declaró un empleado de seguridad al diario El Tiempo.
El presidente Uribe se enfrenta a lo más intrincado del mundo paramilitar: sus finanzas. Las AUC ejercen un profundo control político y económico en la tercera parte de Colombia, que incluye el manejo de cargos y recursos públicos. Según informes de los principales medios de prensa, en Colombia se está produciendo una paramilitarización.
Tras afianzarse militarmente, los grupos de ultraderecha penetraron en la política y la economía de las regiones: imponen sus candidatos a cargos de elección popular y controlan los presupuestos y actividades legales e ilegales.
Los paras van a jugar un papel importante en las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo. Las AUC ya confesaron de forma abierta el propósito de aumentar su poder político por medio de candidatos afines o cuyos votantes estén en zonas bajo su dominio militar. Cuando se celebraron los comicios del 2002, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso se ufanó de que las autodefensas controlaban a más del 35% de los congresistas. Vicente Castaño dijo que en el 2006 esperan incrementar el 35% de miembros del Congreso que simpatizan con los paramilitares. El ex ministro del Interior Armando Estrada explica lo que se perfila en las próximas elecciones: «En sitios de influencia paramilitar, presionan a la gente a votar por tal o cual candidato. Matan a quien se presente sin su aprobación».
Pacto con los verdugos
En una decisión que manchará por siempre su historia, el Congreso colombiano convocó a jefes paramilitares, responsables de masacres y crímenes atroces, para que explicaran ante el país la negociación con el Gobierno de Uribe. Los legisladores nunca quisieron escuchar a los familiares de las víctimas. Sin sonrojarse, dos parlamentarios confesaron su adoración por Man-cuso y Adolfo Paz (otro jefe de las AUC). Lo hicieron sin pudor, a pesar de que Mancuso tiene 15 procesos pendientes (tres por masacres) y Paz, con un largo historial en el hampa, está enjuiciado por secuestro. Gina Parody, destacada parlamentaria que apoya a Uribe, fue abucheada, vilipendiada y expulsada de manera humillante del Congreso por criticar la ley de Justicia y Paz.
Un alto funcionario no ocultó su preocupación ante la influencia de las AUC en el Congreso: «El proyecto político de los paramilitares es más peligroso que su proyecto militar. La guerrilla, tarde o temprano, negociará, porque pierde base social. Los paramilitares, por el contrario, la están ganando con un proyecto político disfrazado de participación democrática».
«Con la llegada de los nuevos dueños del poder local veo venir una contrarreforma agraria y una contrarreforma política; los paramilitares imponen un modelo económico agrario, gamonal (caciquil), con relaciones de corte feudal – explica el investigador Mauricio Romero-. En muchos casos, el paramilitarismo surgió como reacción a reformas como la elección popular de alcaldes».
Durante muchos años, los gobiernos colombianos cerraron los ojos ante el crecimiento de los paramilitares con la protección, cuando no con la colaboración, de jefes militares. Los cuarteles los ampararon, porque resultaron eficaces colaboradoras para combatir a la guerrilla. De hecho, expulsaron a las FARC y al ELN de regiones estratégicas.
Pero el monstruo creció de tal forma, se desvió tanto del objetivo inicial de contrainsurgencia para abocarse al narcotráfico, que resulta imposible controlar. Ya nadie discute que los paramilitares constituyen un Estado dentro del Estado.
Negocios ´limpios´
De manera progresiva, se han apoderado de incalculables recursos oficiales destinados a inversión social, seguridad y funcionamiento burocrático. Consolidado su proyecto militar y político a nivel nacional, los jefes paramilitares reconocen que el 80% de sus recursos proviene de la economía formal de las regiones donde han impuesto su poderío. A la cadena de intimidación a comerciantes, empresarios, ganaderos, contrabandistas y narcotraficantes se suma ahora un botín más atractivo: los contratos y presupuestos del Estado. Funcionarios de la provincia de Norte Santander han denunciando que un particular ya no se atreve a participar en un concurso público de obras que convocan las alcaldías o el Gobierno regional porque «los contratistas están controlados por el paramilitarismo».
El ex presidente colombiano y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, manifestó que «los paramilitares, en mancuerna con las mafias del narcotráfico, se están apoderando de los recursos públicos de varios departamentos, donde ya controlan la administración, los impuestos, las apuestas, la lotería».
Ningún investigador se ha atrevido a hacer un cálculo del dinero que han acumulado los jefes paramilitares. Cuando se les pregunta, responden escuetamente: «Miles de millones de dólares». Tan sólo se conoce la punta del iceberg de lo que puede significar hoy el poder de los paramilitares. El diario El Tiempo preguntó al Estado Mayor de las AUC hasta dónde se extendía su dominio. Jorge 40, segundo jefe del Bloque Norte, contestó: «Controlamos la Costa Norte en su gran mayoría; en el centro del país, el Magdalena Medio, y en el sur, los departamentos de Nariño, Putumayo… Son nuestros los corredores estratégicos de la guerrilla».