La violencia nunca es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un objetivo estratégico determinado. En Chile, la violencia extrema utilizada por las fuerzas armadas en 1973, constituyó el medio a través del cual el imperialismo norteamericano y la reacción chilena consiguieron su objetivo: implantar el modelo neoliberal, con el fin de […]
La violencia nunca es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un objetivo estratégico determinado. En Chile, la violencia extrema utilizada por las fuerzas armadas en 1973, constituyó el medio a través del cual el imperialismo norteamericano y la reacción chilena consiguieron su objetivo: implantar el modelo neoliberal, con el fin de asegurar y profundizar los niveles de explotación. A través de la fuerza se instauró un nuevo orden de dominación superior a aquel que la Unidad Popular intentó enfrentar. El acto mismo del golpe militar y el terror implantado durante diecisiete años de dictadura generaron las condiciones materiales y subjetivas para llevar a cabo profundas transformaciones estructurales.
Pero Chile no fue la excepción. Las dictaduras militares del Cono Sur ejecutaron una puesta en escena concebida y digitada desde el Pentágono. La misión era clara: hacer el «trabajo sucio», con el fin de impulsar los cambios políticos y económicos que la estrategia del imperio requería. Pinochet fue un alumno aventajado, respecto de sus pares de la región. A partir de 1975, apoyado por los denominados «Chicago Boys», instaura un nuevo modelo de desarrollo: abre los mercados y liberaliza las relaciones comerciales y productivas. Es en este marco, en el cual la derecha chilena realizó el proceso de privatizaciones de empresas públicas, que sólo entre 1978 y 1990, significó una pérdida patrimonial para el Estado chileno superior a los US$ 2.550 millones. Cabe señalar, que esta cifra corresponde a unos US$ 6 mil millones, actuales, de acuerdo al reciente informe elaborado por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
La indagación permitió demostrar además, que las 725 empresas privatizadas durante el régimen militar, fueron vendidas a un valor muy inferior al real y que los funcionarios de la dictadura – muchos de los cuales hoy pertenecen a la Unión Demócrata Independiente (UDI) – se enriquecieron en forma ilícita. La fórmula empleada fue siempre la misma: primero privatizarlas y luego ocupar importantes cargos en los directorios de las mismas.
Uno de los objetivos de la comisión investigadora, es entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para determinar si es posible seguir alguna acción legal en contra de los responsables. Sin embargo, no cabe abrigar mayores expectativas. Si en dictadura, no era éticamente reprochable matar y hacer desaparecer personas, menos lo era el hecho que funcionarios de la dictadura pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas, utilizando información privilegiada. Como en los casos de violaciones a los derechos humanos, lo más probable, es que prime la impunidad.
Llegar y llevar
Con las privatizaciones, los funcionarios del régimen pudieron actuar sin restricciones. Se instauró así la política del «llegar y llevar», que dio orígen a los principales grupos económicos existentes hoy en el país.
Entre las privatizaciones más escandalosas, destacan la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), vendida en US$ 105,5 millones, en circunstancias que su valor real era de US$ 811,5 millones. La Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), adquirida por el ex yerno de Pinochet, Julio César Ponce Lerou, significó una pérdida para el Estado de US$ 261,9 millones. En el caso de la azucarera estatal, IANSA, Corfo dejó de percibir US$ 184 millones.
De acuerdo al informe, las mayores pérdidas patrimoniales se generaron con la enajenación de Endesa con US$ 895,6 millones; Chilgener (actual Gener) US$ 171,1 millones; Chilectra US$ 96,4 millones y Banco de Chile con US$ 66,9 millones.
Pero no sólo se privatizaron las empresas estatales. Luego fue el turno de la educación, la salud, el transporte, la previsión y las aguas. La aplicación de este modelo provocó una profundización de las desigualdades y un nivel de concentración de la propiedad inédito en Chile. En este proceso, la Concertación ha jugado un rol central al legitimar e incluso profundizar el modelo instaurado por la dictadura. A la privatización de las principales empresas de agua potable, le ha seguido un creciente proceso de fusiones en los sectores bancario, farmacéutico y de supermercados. En la actualidad, siete bancos concentran el 74,17 por ciento del capital y el 86,17 por ciento de la rentabilidad. La situación en el ámbito farmacéutico no es mejor: tres cadenas (Farmacias Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde) controlan el 96 por ciento del negocio. El resultado de privatizaciones y fusiones ha sido invariablemente el mismo: despidos masivos, precarización laboral, tercerización y alza de tarifas, entre otros efectos.
Lo anterior, ha provocado un nivel de concentración de la riqueza enorme: el 10 por ciento de los chilenos percibe el 48 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 90 por ciento se reparte el 52 por ciento restante. A ello se suma, una política arancelaria que privilegia el ingreso de capitales transnacionales, que prácticamente han hecho desaparecer la industria chilena del calzado y textil.
El rol del empresario
En Chile, la mayoría de los grupos económicos, que conforman el denominado mapa de la extrema riqueza, surgieron a partir del modelo impulsado por la dictadura, entre 1973 y 1990. Uno de ellos es el Grupo Luksic, favorecido por la reprivatización de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), en 1986. Con inversiones en la minería, industria y la banca – el recién fallecido Andrónico Luksic, patriarca del grupo – logró amasar una fortuna superior a los US$ 4.200 millones. Era la primera fortuna del país y la cuarta a nivel de América Latina.
Otro beneficiado con la reprivatización de las empresas y la transformación del sistema de pensiones fue el Grupo Matte. Este consorcio, se unió al Grupo Angelini para comprar la AFP SUMMA, con el fin de competir con los clanes Cruzat-Larraín y Vial. Todos pertenecientes al conspicuo grupo de «emprendedores», que hicieron fortuna en tiempos de asesinatos, tortura y desapariciones.
Sin embargo, la bonanza económica y el poder de estos empresarios no cambió con el fin de la dictadura. Si bien, su rol protagónico surgió en esa época, se potencia como nunca durante los gobiernos de la Concertación. La impunidad para los militares se extendió también a los mercaderes, que han constituido un poder político determinante en la era concertacionista. Tienen línea directa con La Moneda y juegan un papel decisivo en la denominada Agenda Pro Crecimiento, instancia donde Gobierno y empresarios definen la marcha económica del país, a partir de consensos sustanciales.
Como plantea el sociólogo Patricio Escobar, el empresario se legitimó como un actor social y político que se ve a sí mismo – y la sociedad también lo ve – como motor del desarrollo porque da trabajo. Incluso, tiene un rol social y aparece como benefactor público. Este componente ideológico en la sociedad chilena, explica en gran medida la realidad actual del país.
Por eso, es importante recordar que «la dictadura no fue un error/ tiene apellidos,/ como colas de rata o lagartija,/ y su elenco de honor para asesinos/ los regocija todavía», como dice el poeta Armando Uribe.
Argentina y Brasil
La situación de Argentina fue bastante parecida a la chilena. La dictadura militar introdujo transformaciones económicas importantes, entre 1976 y 1983, las que fueron posteriormente profundizadas en democracia. Fue durante la administración de Carlos Menem donde se realizaron la mayoría de las privatizaciones. De hecho, entre 1990 y 1999 se transfirieron a manos privadas casi todas las empresas estatales. Según un estudio de Jorge Carpio, coordinador del Foro para la Participación Ciudadana (FOCO), los sectores enajenados fueron: Telecomunicaciones (nacionales, internacionales, telefonía fija y móvil, transmisión de datos); energía eléctrica (generación -térmica e hidroeléctrica-, transporte y distribución); gas y petróleo (yacimientos; actividades de exploración y extracción; transporte por ductos; producción de derivados; distribución y comercialización); transporte fluvial, marítimo y aéreo; agua y saneamiento; hotelería; elevadores de granos; unidades portuarias; industrias químicas y petroquímicas, siderúrgica, celulosa y papel; frigoríficos; además de los bancos y servicios financieros.
Por concepto de la venta de sus empresas, el estado argentino obtuvo hasta 1999, US$ 23.849 millones. Del total de ingresos por privatizaciones, casi el 40 por ciento correspondió al sector petrolero; un 25 por ciento a energía eléctrica; el 13 por ciento a comunicaciones; y el 12 por ciento al sector gasífero. Más del 70 por ciento de los ingresos totales se registraron entre 1990 y 1995, en plena administración menemista. A mediados del año 2000, el estado sólo mantenía la propiedad de algunos bancos a nivel nacional y provincial. Además, conservaba no más del 30 por ciento de la participación en algunas refinerías, generadoras, transportadoras y distribuidoras eléctricas; distribuidoras de gas, yacimientos secundarios de hidrocarburos; y las empresas nucleares de generación eléctrica.
Durante este período, los empresarios despidieron a decenas de miles de trabajadores y aceleraron la producción. El gobierno lanzó una ofensiva contra el salario social de los trabajadores y contra los derechos sindicales. La vinculación del peso al dólar estadounidense, aumentó el costo de la vida de la mayoría de los argentinos y la deuda externa se multiplicó, pese al enorme pago de intereses a la banca internacional. Las políticas neoliberales impulsadas de manera obsecuente por Carlos Menem, dejaron en banca rota al país, que debió enfrentar la peor crisis económica y política de todos los tiempos.
Paradojalmente, al abandonar el gobierno la fortuna del ex mandatario trasandino ascendía a US$ 2 millones de dólares, según reconoció él mismo. Sin embargo, los entendidos aseguran que «Carlitos» se quedó corto en el cálculo. Su patrimonio superaría con creces los US$ 4 millones, considerando que declaró propiedades a valores menores que las reales y omitió parte de sus bienes.
La experiencia de Brasil tampoco ha sido la más alentadora. Según una investigación realizada por el economista de la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR), Claudio Lara, en la última década las privatizaciones en Brasil representaron cerca del 48 por ciento de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED). De ellos, un poco más de la mitad corresponden a empresas transnacionales norteamericanas y españolas.
Los flujos de IED hacia los servicios entre 1996 y 1997 se orientaron a los subsectores de telecomunicaciones y comercio; electricidad, gas y agua; finanzas, seguros y comercio. En 1999, casi un 30 por ciento de los flujos de IED (8.786 millones de dólares) estuvo directamente ligado a algún proceso de privatización (US$ 6.659 millones de dólares en la industria de las telecomunicaciones; US$ 1.106 millones en el gas; y US$ 1.020 millones en electricidad).
Alza de precios en electricidad
Al igual que en Chile y Argentina, en Brasil las privatizaciones y la inversión extranjera sólo han beneficiado a los grupos económicos. De acuerdo al estudio de Claudio Lara, en el año 2000, los pequeños usuarios de energía, incluidos los consumidores residenciales, pagaron 5.800 millones de reales sobre lo que pagarían si hubiese una tarifa igual para todos. Actualmente,,sólo los indigentes pueden acceder a una «tarifa social», la que ahora es definida por las empresas. Los decretos que regulan las tarifas atentan abiertamente contra los derechos de los consumidores y han sido cuestionados judicialmente, incluso por el Ministerio Público Federal.
Entre 1995 y 2001, el precio de la energía eléctrica para los consumidores residenciales se elevó en un 132 por ciento, muy por encima de la inflación alcanzada en ese mismo período que llegó a un 78 por ciento.