Afrontar lo que se nos viene encima con este monólogo político disfrazado de diálogo social exige una descripción rigurosa de las concepciones que se ocultan tras la máscara de reformismo y consenso con que se presentan ANTECEDENTES Y CONTENIDOS DE LA REFORMA LABORAL El 29 de Abril de 2004, nada más llegar al gobierno, el […]
Afrontar lo que se nos viene encima con este monólogo político disfrazado de diálogo social exige una descripción rigurosa de las concepciones que se ocultan tras la máscara de reformismo y consenso con que se presentan
ANTECEDENTES Y CONTENIDOS DE LA REFORMA LABORAL
El 29 de Abril de 2004, nada más llegar al gobierno, el PSOE inició los contactos para el diálogo social. Las materias, objetivos y orientación política de dicho acuerdo fueron suscritos, el 8 de Julio de ese mismo año, por CEOE, CEPYME, CCOO, UGT y el gobierno, en un documento llamado «Declaración para el Diálogo Social». El escenario de dicha firma fue el «Salón de Columnas» del Palacio de La Moncloa, de funesto recuerdo[1].
Este acuerdo contempla como prioritaria la reforma del mercado de trabajo para conseguir aumentos de la productividad. También contiene, entre otros doce temas, la reforma de la negociación colectiva y de las pensiones. Tras la firma, Fidalgo afirmó: «como el mercado laboral es un reflejo del aparato productivo, es necesario reforzarlo mejorando la productividad y la competitividad sin menoscabar derechos».
El gobierno encargó a una comisión de expertos la elaboración de un informe técnico como base de los cambios a introducir en la relación salarial. Dicho informe fue publicado el 1 de Febrero de 2005 con el título: «Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una flexibilidad y seguridad laborales efectivas». El contenido de este informe aborda, en cinco capítulos, temas como:
1) la flexibilidad externa entendida como «la capacidad empresarial para realizar contrataciones y despidos y organizar el proceso productivo mediante la utilización de servicios de otras empresas»; 2) «la flexibilidad interna como la capacidad empresarial de modificar las condiciones de empleo y la organización del trabajo dentro de la propia empresa mediante la movilidad funcional, la movilidad geográfica y la modificación de las condiciones laborales y del tiempo de trabajo», 3) en el capítulo cuarto apunta que «la alta dosis de pacificación social de las relaciones laborales, propiciada por un proceso continuado de concertación, junto a la moderación salarial, han sido factores claves para el crecimiento del empleo», aunque reconoce que «el crecimiento del empleo basado en la moderación salarial ha supuesto un bajo crecimiento de los salarios en amplios grupos de trabajadores», 4) «valora positivamente las reformas laborales de 1994, 1997 y 2002, a pesar de reconocer» la alta tasa de temporalidad resultante, la reducción de la duración media de los contratos temporales y la excesiva dedicación de recursos públicos a bonificaciones empresariales de contratos que se hubieran realizado de todas formas, en particular, el contrato «de obra y servicio».
Este informe contiene un conjunto de propuestas entre las que destacan 1) potenciar las ETTs; 2) nueva regulación del despido reduciendo su costo y agilizando el procedimiento administrativo y judicial, 3) agilizar y modernizar la negociación colectiva, 4) considerar de forma integrada la prestación por desempleo y la indemnización por rescisión del contrato laboral.
Como era de esperar, esta guía para el «diálogo social», produjo inmediatamente los resultados previsibles. El 4 de Marzo de 2005 se firmo el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AINC) por la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT. En él se sentaban las bases para los convenios de 2005. Aunque aparcaba para el año 2006 reformas estructurales de mayor calado, ya establecía cambios de alcance: nuevas estructuras salariales vinculando el salario al IPC previsto y a mejoras en la productividad, implicación de los comités de empresa en el control del absentismo laboral identificando sus causas, analizando su evolución e implementando mecanismos correctores.
El 18 de Octubre de 2005, tras un año de tiras y aflojas en medio de una gran opacidad, el gobierno presento un documento de 18 folios titulado «Documento para la mesa de diálogo social sobre mercado de trabajo». Con el objetivo declarado de reducir la alta temporalidad de los contratos (5,1 millones de contratos son eventuales, el 34% del total), propone un conjunto de medidas entre las que cabe destacar: 1) ampliar los colectivos a los que se aplique el contrato de «fomento del empleo» que contempla una indemnización de 33 en lugar de 45 días por año, 2) rebajar el margen de intervención de los jueces para decidir si un despido por causa objetivas (económicas, organizativas o productivas) se ajusta a derecho; 3) reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en un 0,5% de aquí al 2008; 4) aumentar el ámbito de intervención del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para asumir la indemnización de empresas de menos de 50 trabajadores (actualmente de menos de 25) en caso de despidos improcedentes.
La CEOE a su vez, contestó el 25/X/05, siete días después, con un documento de 44 folios en los que propone: 1) un nuevo contrato indefinido, de carácter general, con una indemnización por despido improcedente de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades; 2) pasar a fijos los contratos eventuales sucesivos, en contratas y subcontratas, a condición de que la indemnización por despido sea de 8 días el primer año trabajado, 10 días el segundo año, 12 días para el tercer año y 13,5 días para el cuarto, a partir del cual, la indemnización sería de 33 días, como en el contrato indefinido expresado anteriormente, 4) rechazo de cualquier responsabilidad subsidiaria de la empresa principal respecto a las subcontratas; 5) reducción en tres puntos de la cotización empresarial a la Seguridad Social, 6) mejorar la contratación a tiempo parcial a cambio de una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo; 7) supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos, 8) revisar las causas de despido objetivo, 9) que el juez no intervenga en la valoración de este tipo de despidos; 10) ampliación del ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal.
Afrontar lo que se nos viene encima con este monólogo político disfrazado de diálogo social exige una descripción rigurosa de las concepciones que se ocultan tras la máscara de reformismo y consenso con que se presentan.
LA INSURRECCIÓN SILENCIOSA DE LAS PATRONALES
El poder de los empresarios se basa en la división y la inseguridad jurídica de lxs trabajadorxs. Este poder es caldo de cultivo para la ingeniería laboral y las practicas ilegales de las patronales: salarios y condiciones de trabajo inferiores a lo establecido legalmente, fraude de ley[2] generalizado en los contratos eventuales, inhibición y represión de los derechos y libertades sindicales, proliferación en cadena de contratas, subcontratas, ETTs, outsourcing, etc. Estos abusos se ven favorecidos por la descentralización, externalización y deslocalización productiva y, en el caso de las empresas privadas y en las públicas, además, los servicios públicos, con las privatizaciones. Hoy en día, la maraña de centros de trabajo, plantillas contratas y convenios a aplicar, sumados a la obstrucción empresarial, al ejercicio de derechos fundamentales, la represión y la división y el miedo de lxs trabajadorxs, hacen casi imposible la acción sindical tradicional.
La desregulación jurídica va siempre detrás de la desregulación de hecho. Los derechos y libertades fundamentales del Título I, no se eliminan de la Constitución, pero se violan a diario para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras. No se elimina del Estatuto del trabajador la precisa regulación de convenios, jornadas, condiciones laborales y derechos sociales. Pero se incumplen para la mayoría de las personas precarizadas, para todas las que trabajan en la economía sumergida y para un número creciente de personas con contrato indefinido. La desregulación «de hecho» significa el incumplimiento de las normas, garantías, leyes, convenios y reglamentos existentes. Eso es lo real. Las reformas laborales van ajustando las leyes de rango inferior a la realidad política del mercado de trabajo sin modificar – hasta ahora – la protección de esos derechos en las leyes orgánicas y en la Constitución, legalizando muchas situaciones que antes eran tan ilegales como reales aunque dicha legalización sea anticonstitucional.
Esta dinámica se realiza sin reformar la constitución en la que se consagran derechos y libertades incumplidos para la mayoría. El resultado es una incongruencia entre la formalidad de la ley y la materialidad de su aplicación. Esta dinámica deja, para quien quiera verlo, un resplandeciente espacio de fraude de ley, prevaricación y privación de derechos y libertades fundamentales para millones de trabajadores.
Esta anomalía se sostiene por la complicidad del poder judicial que consiente una lectura jerarquizada de las normas y del sindicalismo mayoritario que lo considera parte del paisaje, un daño colateral e inevitable de la globalización y competitividad que defienden con igual, o más brío, que los empresarios y el gobierno del PSOE. El resultado es una mayor seguridad jurídica para las inversiones y una creciente inseguridad jurídica para las personas en sus dimensiones de trabajadorxs, consumidorxs y ciudadadanxs sujetos de derechos y libertades.
LA ALTERGLOBALIZACION ERA ESTO: LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA CAPITALISTA CONTRA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
Aunque la legislación laboral, reforma tras reforma, va desregulando el mercado de trabajo, aún quedan muchas leyes laborales y sindicales que se incumplen masivamente por parte de los empresarios. La contradicción entre la existencia formal de las leyes y el incumplimiento real de las mismas supone la dejación de lxs trabajadorxs a la hora de exigir su cumplimiento. Este desistimiento «voluntario» de los propios derechos, no tiene su origen en la sicología de las personas trabajadoras sino en la pasividad sindical ante las dinámicas empresariales.
Cabe preguntarse: 1) cuál es la explicación de que lxs trabajadorxs acepten el incumplimiento de las leyes laborales y sindicales, por parte de los empresarios y 2) qué tipo de sindicalismo es el que necesitamos para enfrentar la creciente explotación y privación de derechos que sufre la gente trabajadora.
Cuando Fidalgo dice que «el mercado de trabajo es el reflejo del aparato productivo», clausura toda esperanza. El aparato productivo, formado por edificios, tecnología, instalaciones, energía y organización, es decir, por capital, es un conjunto de mercancías que cobran vida por la energía vital de los hombres y mujeres trabajadorxs. Si la fuerza de trabajo, que en su naturaleza no es una mercancía, es obligada a comportarse como tal, entonces, la economía y el trabajo, se convierten en un instrumento para los fines exclusivos del capital en contra de la sociedad y lxs trabajadorxs.
Solo a partir de este hecho político, que con la ayuda de Fidalgo pasa por ser algo natural, el trabajo, como actividad productiva de los recursos que las personas necesitan para la vida en sociedad, se transforma en una mercancía similar al mercado de las herramientas o las materias primas, sometido a las leyes de la oferta y la demanda. Si se obliga al trabajo a someterse a un mercado donde rigen la productividad y la competitividad, que son determinaciones del capital, cualquier solución que no respete dichas determinaciones es políticamente imposible. El paro no puede resolverse rebajando la jornada laboral, es decir repartiendo las horas de trabajo necesarias para la producción social entre el conjunto de trabajadorxs. Esta forma de resolver el paro es atentatoria para las necesidades del capital porque al rebajarse la jornada laboral, desciende la productividad y en una economía global abierta y competitiva, los beneficios se resienten. Aceptar este hecho supone aceptar que la economía no esta para resolver los problemas de la gente, sino que por el contrario, es la gente la que está para resolver los problemas de la economía.
Partiendo de la propiedad privada de los puestos de trabajo en manos de los empresarios y de la mayor fuerza legal de los derechos del capital sobre los derechos de las personas trabajadoras, la única forma de resolver el paro creado por la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso productivo y por la libertad de movimiento de los capitales, es la redistribución del tiempo de trabajo. Es decir, repartir el volumen de trabajo que la economía necesita en cada momento entre el número de personas que necesitan un empleo y adaptar constantemente ese reparto a las inestabilidades de los mercados. Esto es incompatible con la regulación política de la relación entre la persona trabajadora y su puesto de trabajo, del salario suficiente, de la jornada laboral respetuosa con las necesidades sociales y con los cuidados. Si partimos de que el beneficio, la productividad y la competitividad son la clave para el empleo estable, con derechos (para empezar con el derecho a la vida, a la integridad física y mental y a cuidar y ser cuidados), tenemos un problema. No hay más remedio que desregular la protección legal a 1) la jornada (límite de horas y garantía de espacios de vida social, de cuidados, de cultura y de participación política, al margen del tiempo productivo), 2 ) a la relación entre el tipo de contrato laboral y 3) el tipo de actividad que supone el puesto de trabajo ocupado (principio de causalidad) y a un salario suficiente para una vida digna.
Referirse a la gente trabajadora como «mercado de trabajo» y vincular su destino al de mero instrumento del capital, es apología de un sistema que explota, oprime, miente, enferma, mata, y agobia, más que ningún otro en la historia de la humanidad. Es decir, es apología del terrorismo.
La «despolitización» sindical consiste en la incorporación de la teoría y la política del capitalismo, a su propia base ideológica. La incorporación de las «razones» del enemigo es la clave de la transformación de la izquierda en izquierda capitalista. Esta politizada despolitización, bloquea la potencia negadora y transformadora de lxs perjudicadxs y construye una subjetividad que nos vuelve impotentes y cómplices.
Dialogar sin movilización contiene efectos perversos: sustituye e impide la movilización y legitima lo acordado y por lo tanto la desmovilización. Cuando la gente trabajadora ve aumentar su inseguridad y disminuir sus derechos sociales y sindicales, lo que hace falta no es diálogo sino fuerza para revertir el proceso. Cuando crece la angustia por la falta o el exceso de empleos, las mujeres ingresan en el mercado de trabajo basura sin reducir su actividad en los cuidados familiares y crece la osadía, la ilegalidad y el abuso de los empresarios, un sindicato de clase (obrera) solo puede dialogar sobre la base de la fuerza. Esa fuerza depende de la expresión, unificación y organización de la lucha por las necesidades insatisfechas y los derechos vulnerados.
El sindicalismo «oficial» hace lo contrario. Esto le conduce a tener cada vez menos fuerza propia como representante de los de abajo y al tiempo, tener cada día más fuerza otorgada, como un instrumento de los de arriba. Los enfrentamientos que surgen por doquier no son alentados y apoyados, como fundamento de su fuerza frente a los abusos empresariales sino sofocados, como una amenaza a su representación burocrática.
POR UN MOVIMIENTO OBRERO ANTIGLOBALIZACIÓN
El funcionamiento de esta lógica sindical – momentánea y puntualmente interrumpido por el Movimiento contra la Europa del Capital y la Guerra, que obligó a CCOO y UGT a plantar cara al «decretazo» del desempleo del PP, mediante una huelga general el 20-VI-2002 – conduce al decaimiento paulatino de las luchas y de la conciencia de su necesidad en las generaciones de jóvenes, inmigrantes, hombres y mujeres trabajadorxs. Sobre esta impotencia avanza la globalización capitalista y sus gestores de derecha y de izquierda, aunque estos últimos se autodenominan «alterglobalizadores».
Este avance es el aumento de la diferencia, la inseguridad y la exclusión social. Pero estos azotes sociales no generan rebelión sino sumisión porque con ellos avanza también el individualismo que desplaza la competitividad al interior de la clase trabajadora bajo la forma de lucha por los puestos de trabajo escasos y por el favor del empresario.
Necesitamos reconstruir un discurso verdadero en lo tocante al trabajo y a los trabajadores y trabajadoras para iluminar las luchas aisladas con las causas estructurales que producen los daños. Mirando solo al interior de cada empresa y de cada lucha local o sectorial, no se puede entender el origen de los daños ni identificar al enemigo común. Nuestra propuesta es: el principal problema del mercado del trabajo es precisamente esta denominación. Dicho de otra manera: EL PRINCIPAL PROBLEMA DE TODO EL TRABAJO, EL ASALARIADO Y EL DE CUIDADOS, ES EL MERCADO.
Necesitamos un FRENTE UNICO CONTRA LOS ABUSOS PATRONALES Y LA REFORMA LABORAL basado en un potente movimiento obrero, feminista, ecologista y defensor de la paz y la seguridad para todos. Necesitamos un Movimiento Obrero Contra la Europa del Capital, la Globalización y la Guerra.
* Agustín Morán es miembro del CAES
NOTAS
[1] En Octubre de 1977 se firmaron, en este mismo salón, los Pactos de La Moncloa que supusieron el principio del fin de la movilización popular que permitió la transformación del régimen franquista en la monarquía militar de mercado que hoy seguimos disfrutando.
[2] Fraude de Ley. Uso de una ley para finalidades distintas de los supuestos que regula.