El viernes, día 20 de enero, Mª Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno español y portavoz del ejecutivo, en su comparecencia, tras el Consejo de ministros, se dirigió a Batasuna señalando la receta que debía utilizar para su legalización. Se trata de una sola frase, que concentra las incoherencias políticas de un […]
El viernes, día 20 de enero, Mª Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno español y portavoz del ejecutivo, en su comparecencia, tras el Consejo de ministros, se dirigió a Batasuna señalando la receta que debía utilizar para su legalización. Se trata de una sola frase, que concentra las incoherencias políticas de un gobierno que busca agradar al P. y a sus seguidores, utilizando frases puramente retóricas, pero que distorsionan la realidad. «Para volver a ser legal, se refiere a Batasuna para retornar a la legalidad, sólo se hace a través del camino de la legalidad; cumplir la ley». La expresión es pura tautología, repite la misma palabra de distinta manera sin añadir contenido alguno. El diccionario de la Real Academia dice que «suele tomarse en mal sentido por repetición inútil y viciosa». En cualquiera de los casos, la vicepresidenta primera ha querido manifestar un hecho absolutamente incierto. Fue el Congreso del Reino de España quien dictó una ley de partidos, con el único propósito de ilegalizar a Batasuna. En pura lógica, es al Congreso del Reino de España a quien corresponde derogar, abolir, anular, la injusta y antidemocrática ley de partidos. Poco sentido democrático puede tener todo lo que se quiera añadir o adornar. «Y, desde luego, Batasuna debe acatar las resoluciones judiciales», prosigue Mª Teresa Fernández de la Vega. Y ¿qué remedio nos queda? En Euskal Herria cualquiera que intente defender sus derechos cívicos o políticos, está viendo cómo el peso, tanto de la ley, como luego el de la judicatura, cae inexorablemente con juicios farsa sin sentido, y penas desorbitadas. Sabemos, por desgraciada experiencia, que son precisamente los jueces quienes ponen en marcha la máquina de la fuerza represiva de policías y carceleros. La última condición que la vicepresidenta del Gobierno del Reino pone a Batasuna para su legalización, es que debe «condenar el uso de la violencia». A esta condición cabría decir que es, precisamente Batasuna, quien de manera más contundente y constante ha condenado y condena la violencia. La violencia del Reino, la del poder absoluto y represivo del Estado. Pero creo que la vicepresidenta no ha querido referirse a esa violencia. ¿Por ceguera intelectual o por ofuscación antidemocrática? Las palabras de la portavoz del Gobierno español, en cuanto al tono, me trajeron a la memoria las palabras de Alexis de Tocqueville, hombre nada sospe- choso para la derecha, referidas a los americanos: «El americano, dice, no sabe conversar; discute. No discurre; diserta. Nos habla siempre como si se dirigiese a una asamblea». En cuanto al contenido de la frase de la vicepresidenta, añadiría algo que el mismo escritor cincelaba allá por el año 1833. «Considero impía y detestable la máxima de que en materia de gobierno, la mayoría de un pueblo tenga derecho a hacerlo todo… Existe una ley general, hecha o cuando menos adoptada no solo por la mayoría de tal o cual pueblo, sino por la mayoría de los hombres. Esta ley es la justicia. Así, cuando yo me niego a obedecer una ley injusta, (…) no hago sino apelar a la soberanía del género humano, que defiende la justicia». Conocemos en nuestra propia carne y en muchas familias de Euskal Herria, la suerte trágica reservada a los disidentes de los gobiernos autoritarios. Sin embargo, en las democracias llamadas liberales, y cuánto más en las monarquías, la obediencia a las leyes, incluso a las más estúpidas y contrarias al buen sentido y a las libertades individuales y colectivas, es considerada como una virtud. Se nos quiere obligar, estamos sancionados y condenados de antemano a obedecer las leyes. Leyes que, según los mismos legisladores, se las debe considerar como perfectas, hasta que haya un juez que las invalide o que sean invalidadas o modificadas por el partido en el poder. Quienes nos gobiernan, pretenden que mantengamos la cultura política de la sumisión en lugar de actuar como personas responsables y libres de pensar por nosotros mismos. A pesar de todo, mantengo que hoy la desobediencia civil y política puede y debe ser una virtud ciudadana. –