La presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, ha anunciado que emprenderán acciones judiciales contra el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo por admitir la personación como acusación particular de sólo 10 perjudicados de los 150 que integran la organización, en la causa que investiga los atentados de Madrid. Pilar […]
La presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, ha anunciado que emprenderán acciones judiciales contra el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo por admitir la personación como acusación particular de sólo 10 perjudicados de los 150 que integran la organización, en la causa que investiga los atentados de Madrid.
Pilar Manjón asegura los más de 200 afectados por el atentado en los trenes de cercanías en Madrid han recibido una providencia de la Audiencia Nacional pidiendo que demuestren su calidad de afectados por los atentados, ya que no constan en la base de datos del juez Juan del Olmo. Con esta solicitud el juez «nos está ofendiendo en nuestra dignidad como víctimas», aseguró Manjón.
Indicó, además, no entender cómo es posible que existan dudas sobre el estatus de afectados «en más de 200 casos». «Podría existir alguna pega con algún herido leve o afectado psicológico pero no en relación a familiares de personas que fueron asesinadas», explicó.
Manjón declaró que hoy suspenderá la inauguración de un monumento en la provincia de Murcia, en memoria de las víctimas, para personarse en la Audiencia con todos los afectados y para que «alguien tome medidas». «Si no es así, pediremos amparo al Tribunal Constitucional», aseveró.
Sostuvo que sobre el magistrado pesan «calificaciones jurídicas penales», que no quiso precisar, en alusión a una supuesta actuación de mala fe con respecto a los familiares de los fallecidos, por impedir que se personen alegando que no están acreditados. «Sobre este letrado pesa una figura penal muy dolorosa, muy penosa y que como presidenta de una asociación no puedo decir», enfatizó.
La dirigente de la Asociación 11-M negó que el problema del juez sea la «ineptitud» y adujo que su postura es «absolutamente intencionada», porque parte de una actitud «partidaria, vinculada a un partido político», al que no se refirió explícitamente.
«Que dude de que los asesinados están asesinados es lo suficientemente fuerte como para que esta sociedad reaccione y como para que este país se dé la vuelta y empiece a plantearse qué tipo de justicia tenemos en España», recalcó.
Ironizó con que «el problema» de Del Olmo podía ser que «los asesinados no le constan en sus archivos o que lo mismo no sabe encender el ordenador o a qué tecla tiene que darle».
72 horas para acreditar el parentesco
Según fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 necesita que cada una de estas personas especifique el grado de parentesco que tenía con alguna de las víctimas o heridos, aunque sólo sea haciendo constar que se trata del padre, la esposa o la pareja de hecho de éstas.
Ante el plazo otorgado a los miembros de la asociación para acreditarse, de 72 horas, afirmó que no tenían «voluntad alguna» de «solventar un problema» creado «por un señor que escribe una providencia y que dice que, en su base de datos, no le constan como perjudicados» familiares directos de las víctimas, con sus mismos apellidos.
A su juicio, no tiene sentido acreditar a personas sobre las que no cabe «la menor duda» de su parentesco con las víctimas, tales como su propio ex marido o «Jesús Abril e Isabel Alegre, padres de Oscar Abril Alegre, quien fue asesinado junto a su hijo, puntualizó.
Manjón, que fue refiriéndose uno a uno de gran parte de los casos, resaltó que «a un juez que tiene una base de datos así» lo único que podía ofrecerle era «un buen curso de informática».
Recordó que Del Olmo no concedió a los perjudicados que aglutina la organización que lidera la posibilidad de personarse en el juicio como acusación popular, sino que pretendió «obligarles» a ir dentro de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), con la que tienen considerables diferencias de criterio.
Los afectados decidieron entonces buscar su propia defensa como acusación popular y, el juez, aseguró, les negó el registro de forma «absolutamente inmoral» y ofendió a sus letradas, ya que, al verlas «jovencitas», apostilló, les preguntó «si eran profesionales».
«Lo último es la providencia de hoy: si a este juez no le constan los asesinados, imagínate cuando empecemos a hablar de heridos», aventuró.
Manjón arguyó que un magistrado tiene que limitarse a recoger la instrucción del caso mientras que los perjudicados, abundó, «ya se encargarán de presentar las pruebas pertinentes en el momento de la celebración del juicio».
«A este señor no sabemos que le hemos hecho, ni a él ni a la fiscal que lleva el caso, pero si le debemos algo que nos pase la cuenta y se la saldamos, porque los ataúdes los hemos puesto nosotros», concluyó.