La Suprema Corte de Justicia mexicana ha autorizado la extradición de los seis presos vascos, que se podrá ejecutar en el plazo de 60 días. La decisión se adoptó tras un intenso debate en el que el ex presidente del máximo tribunal alegó que «corren riesgo de ser maltratados» y apoyó el amparo. Asier Arronategi, […]
La Suprema Corte de Justicia mexicana ha autorizado la extradición de los seis presos vascos, que se podrá ejecutar en el plazo de 60 días. La decisión se adoptó tras un intenso debate en el que el ex presidente del máximo tribunal alegó que «corren riesgo de ser maltratados» y apoyó el amparo.
Asier Arronategi, Jon Artola, Axun Gorrotxategi, Félix García, Ernesto Alberdi y Joseba Urkijo serán extraditados en el plazo de 60 después de que el jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara el amparo presentado por los abogados de la defensa.
Tras un debate largo e intenso que se prolongó durante casi diez horas, ocho de los ministros jueces votaron en contra del amparo mientras que otros tres se posicionaron a favor. El ex presidente del máximo tribunal, Genaro Góngora Pimentel, alertó del «riesgo» que corren de sufrir «maltratos» en caso de ser extraditados.
«Hay un informe de la ONU que documenta que la Guardia Civil y la Policía autónoma vasca cometen actos de tortura, malos tratos e incomunican a los sospechosos de pertenecer a ETA, todo ello con base en la ley antiterrorista vigente. Si hay esa tendencia de maltrato en España, sería un error no conceder el amparo solicitado», remarcó en su alegato. Insistió en que son «perseguidos políticos que serán juzgados de esa forma y no con criterios jurídicos». Ese es, precisamente, uno de los temores de Mónica Basurto, esposa de Asier Arronategi y abogada de profesión. El jueves, estuvo presente en el pleno de la Suprema Corte de Justicia mexicana. «Fue una sesión horrenda. Es increíble cómo maquillaron y deformaron las cosas. Aunque teníamos todo a nuestro favor, al final, rechazaron el amparo. El máximo órgano judicial de mi país, que debería de velar por el cumplimiento de las leyes, ha vulnerado todas las garantías y derechos. Pueden extraditar a una persona sin tan siquiera poder demostrar su inocencia. Eso es muy triste», remarcó ayer en declaraciones a GARA. Basurto se mostró «decepcionadísima».
«Pese a todos los obstáculos y problemas a los que hemos tenido frente, tenía una última esperanza. Pero, la máxima autoridad judicial ha preferido plegarse a intereses económicos», destacó.
En esa línea, incidió en que «todo ha estado manipulado desde un principio. Góngora Pimentel no hizo más que defender la justicia. Los demás se limitaron a levantar la mano, sin tan siquiera explicar y justificar el sentido de su voto».
En opinión de Basurto, el que la sesión judicial tuviera lugar el jueves y acabara ese mismo día no es casual. «Han querido que el asunto pasara desapercibido; por eso, lo han tratado antes de las vacaciones. La Suprema Corte de Justicia nunca li- quida un caso como éste en un solo día», remarcó al tiempo que quiso agradecer a la abogada Bárbara Zamora «el espléndido trabajo que ha realizado».
Aunque no cabe la posibilidad de interponer recurso alguno ya que todas las vías jurídicas están agotadas, la letrada no descarta acudir a instancias internacionales para denunciar el caso. Explicó que el Gobierno español cuenta con 60 días para tramitar el traslado a Madrid de los seis presos vascos.
Ante esta resolución judicial, Askatasuna exigió al Ejecutivo mexicano que «deje de colaborar con la vía represiva abierta por los diferentes gobiernos españoles» y denunció «este nuevo intento de criminalizar» al Colectivo de Exiliados Políticos Vascos. Resaltó que «durante este largo proceso, el juez instructor del caso, Baltasar Garzón, ha viajado a menudo a México». «No podemos olvidar la reunión que Garzón y Vicente Fox mantuvieron en Los Pinos residencia oficial del presidente mexicano dos días antes de que se realizara el operativo policial en 2003», denunció.
El organismo antirrepresivo recordó que «desde 1995, 26 exiliados políticos vascos han sido expulsados de México y, en muchos casos, han denunciado salvajes torturas».
Para Batasuna, la Suprema Corte y el Gobierno de Fox «han primado la vía represiva y la conculcación de derechos». «Han acatado la petición española pese a que ello supone un obstáculo al proceso y vulnera los derechos humanos».
En el otro lado de la balanza, resaltó la implicación de numerosos agentes mexicanos en contra de estas extradiciones.
De la Vega ve «normales» este tipo de medidas
Para la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, es «normal» y no tiene «nada de particular» que se produzcan extradiciones de presos políticos, incluso en la situación actual. Dijo que «el funcionamiento de las extradiciones es judicial», y recordó que las de México «estaban pendientes de algunos requisitos, y cuando se han cumplido las autoridades mexicanas han dado luz verde a esas extradiciones. Es el funcionamiento normal de lo que es la cooperación internacional», indicó. –
Casi tres años de calvario
Un calvario. Eso es lo que comenzó hace casi tres años para Asier Arronategi, Axun Gorrotxategi, Jon Artola, Félix García, Ernesto Alberdi y Joseba Urkijo. Tras su arresto, han permanecido encarcelados en el Reclusorio Norte de México D.F y en Santa Marta Acatitlán.
18 de julio de 2003 – Los seis ciudadanos vascos son detenidos en México en un gran operativo, junto a los mexicanos Noé Caramillo, Pedro Ulises Castro y María Pilar Sosa. En un auto del 9 de julio, Baltasar Garzón les acusaba de «pertenencia a banda armada», «recaudación de fondos con fines terroristas», «blanqueo de dinero» y «tenencia de documentación ilegal». En Euskal Herria, en Forua, es detenido Mikel Arronategi, padre de Asier.
21 de julio – Mikel Arronategi queda libre bajo fianza de 70.000 euros. Garzón le imputa «integración en organización terrorista», «allegamiento de fondos» y «blanqueo de capitales».
7 de setiembre – En una entrevista a GARA, los seis vascos presos en México afirman que la operación de Garzón contra ellos es «un gran show mediático carente de sentido». Entre otras cosas, indican que «aunque toda la acusación está repleta de falsedades, el Gobierno de Fox la avalará».
29 de enero de 2004 – La Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal y la Dirección de Prisiones deniega la entrada al interior del Reclusorio Norte a Garzón y al fiscal Enrique Molina, que pretendían presenciar las comparecencias de los seis vascos. La negativa se debió a que «no habían cumplido los requisitos». La defensa anunció que interpondría una queja ante la Comisión de Derechos Humanos porque «Garzón violenta los derechos de mis defendidos».
10 de febrero – El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, Cuauthémoc Cárdenas, dice en Madrid que el arresto de los seis vascos fue arbitrario y que se formularon «acusaciones sin fundamento».
8 de julio – Artola, Gorrotxategi, Alberdi, García, Arronategi y Urkijo inician una huelga de hambre en protesta por su situación. Las muestras de solidaridad y las peticiones de libertad se multiplican en México.
20 de julio – «La Jornada» da a conocer que el arresto se produjo cuando las autoridades españolas aún no habían pedido su extradición oficialmente. Samuel de Villar, ex fiscal general de México D.F., indica en un artículo que «a efectos jurídicos, la conclusión es que el único fundamento para las solicitudes de detención y extradición es ‘perseguir y castigar’ a los prisioneros y sus familias ‘por su raza, nacionalidad y opiniones políticas'».
30 de julio – La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno mexicano concede la extradición. La defensa anuncia un recurso de amparo y los presos dicen que «ha sido como conocer una muerte anunciada». Mónica Basurto, esposa de Arronategi, señala a GARA que «desde el principio se han saltado todas las leyes y eso produce miedo».
31 de julio – Los seis dan por finalizado el ayuno, pero indican que «seguimos luchando para evitar la extradición».
2 de agosto – Los familiares, en rueda de prensa en Donostia, denuncian la «pasividad» del Ejecutivo de Lakua ante el caso, y la defensa censura «la gran presión de las autoridades españolas». Miembros del PRI, PRD y PT se posicionan contra la extradición.
5 de agosto – El PRD exige en la Comisión Permanente del Congreso que el Gabinete de Vicente Fox rectifique la decisión de extradición. Un diputado del PRD dice que «lo más grave» de la resolución de la SRE es que «con ella se violó la Constitución» y que el proceso «está plagado de irregularidades». Diáspora Vasca, por su parte, inicia una recogida de firmas por la puesta en libertad de los presos.
10 de marzo de 2006 – A la espera de que se produjera la decisión de la Suprema Corte de Justicia, Asier Arronategi, en entrevista en GARA, destaca que si «los jueces estudian en profundidad el caso, se darán cuenta de que es otra chapuza jurídica del juez Garzón» y denuncia «presiones» sobre los magistrados.