El nuevo Gobierno de Chile ha presentado el día martes 4 de abril de 2006 su agenda de prioridades legislativas para ser aprobadas antes del 21 de mayo de este año. Se trata de un listado de 23 proyectos de Ley a los cuales se les asignó «urgencia». El objetivo declarado de esas «urgencias» es […]
El nuevo Gobierno de Chile ha presentado el día martes 4 de abril de 2006 su agenda de prioridades legislativas para ser aprobadas antes del 21 de mayo de este año. Se trata de un listado de 23 proyectos de Ley a los cuales se les asignó «urgencia». El objetivo declarado de esas «urgencias» es que la Presidenta Michelle Bachelet pueda presentarse ante el Congreso Pleno el 21 de mayo, y en su primer discurso presidencial anuncie que ha cumplido sus compromisos electorales. Es el caso, por ejemplo, de temas como el de las pensiones asistenciales.
Para entender esto de las «urgencias» legislativas, cabe recordar que la Presidencia de la República está facultada para otorgar preferencia al despacho de proyectos de ley por el Congreso Nacional, para lo cual puede declarar su urgencia en uno o todos sus trámites. La urgencia puede ser simple, suma o discusión inmediata. Los plazos constitucionales para la tramitación de los proyectos con urgencia simple son de 30 días para la discusión y votación de la Cámara requerida, los con suma urgencia admiten un plazo de 10 días y los calificados con discusión inmediata tienen un plazo de 3 días.
¿Y cómo van los asuntos indígenas en esa agenda urgente a despachar antes del 4 de mayo? Es aconsejable que las organizaciones de los pueblos indígenas examinen con atención la agenda, puesto que entre las urgencias a ser despachadas antes del 4 de mayo, en materia indígena, viene una de cal y varias de arena. Por una parte, se pone suma urgencia al proyecto de espacios costeros de los «pueblos originarios». Bien los lafkenches. Y por otra parte se insiste con urgencia en el proyecto de «reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas». Mal por los pueblos indígenas. Ambos proyectos deben estar discutidos y aprobados por el Senado, repetimos, antes del 4 de mayo de 2006.
Otras iniciativas legales incluidas en esa agenda de urgencias también son de interés indígena. Uno de esos proyectos es el que crea el Instituto de Derechos Humanos, versión criolla y disminuida de un Ombusman, y donde constatamos que no se ha considerado a los derechos indígenas en su ámbito de competencias, en circunstancias de que hay una recomendación expresa del Relator Stavenhagen en esa materia.
Sin duda la situación más alarmante e insólita de esta agenda legislativa de Abril y Mayo de 2006, es la urgencia asignada a despachar cuanto antes, sin diálogo, sin consentimiento, sin consenso, y sin aviso explícito a los interesados, un pseudo reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Se le ha puesto urgencia al mismo proyecto improvisado e irresponsable, votado en la Cámara de Diputados el 10 de enero de 2006.
Se trata de aquel proyecto que parte por incluir la frase de «La Nación chilena es una e indivisible». Debe recordarse que esa fue la única frase aprobada por unanimidad por los diputados el 10 de enero de 2006, ocasión en que los honorables diputados rechazaron aprobar una frase sobre los indígenas pese a todo lo deslavada y vacía de contenido de derechos. Por tanto, hoy el texto que tienen en sus manos los senadores, a cuento de reconocimiento de los pueblos indígenas, consiste en esa sola frase nacionalista. Insólito.
Al insistir en ese proyecto el Gobierno no solo incumple el compromiso de Bachelet de realizar un proceso previo de diálogo y consenso con los pueblos indígenas, sino que pretende que sea en ese espacio senatorial donde se defina el contenido de la frase relativa a los pueblos indígenas. Es decir, el peor escenario para alcanzar un consenso razonable.
Es sencillamente una insensatez del Gobierno el insistir en un proyecto errado y carente de legitimidad indígena. Y de ser aprobado su consecuencias van más allá de los asuntos indígenas, puesto que se afecta la arquitectura constitucional de la democracia del siglo XXI en su conjunto. Hasta el diario El Mercurio, en su editorial del 14 de enero de 2006 se había percatado del error de aprobar una frase de nacionalismo fundamentalista, en sus propias palabras, «Es lamentable, con todo, la aprobación del inciso referido a la «nación chilena», por innecesario y por arriesgar el peligro de una lógica esencialista en materias políticas».
En efecto, lo que está en juego, con frases como la aprobada, es la arquitectura constitucional de la República. Insistir en ese tipo de incisos esencialistas es miopía histórica, y una irresponsabilidad de estado, a inicios de un siglo que estará marcado por las tensiones etnopolíticas globales.
¿Cuáles 100 días de diálogo?
Y en lo específico indígena, volver a insistir en ese tipo de proyecto de «reconocimiento» es pretender introducir un volador de luces en el debate de los «100 días» de diálogo y evaluación de la política indígena. Cien días que a estas alturas, con el paso del calendario y tras la actuación del Gobierno en el reciente juicio de Angol a comuneros mapuches, y con estas urgencias legislativas, ya no son ni cien días, ni tampoco diálogo. Bachelet aspira llegar el 21 de Mayo con ese proyecto aprobado. Mal por su Gobierno y sus compromisos, pues tirará por la borda el diálogo y las escasas confianzas. Y mal por los derechos de los pueblos indígenas. ¿Vamos a un nuevo período de desencuentros, por obcecación y miopía gubernamental?
Un mes ha pasado ya de gobierno y diversas señales dadas en materia de política indígena indican no solo que hay postergación del diálogo comprometido, sino gala de ignorancia, con declaraciones y decisiones cada vez más desatinadas, desde ministras que hablan de «etnias» y se congratulan de la homogenidad cultural del país, hasta decir desde La Moneda que lo único que falta es reconocer en la Constitución la «identidad de los pueblos indígenas» ¿No era acaso los derechos lo que había que reconocer? Reponer el repudiado y equivocado proyecto no es sino un síntoma de que la agenda viene peor.
Es aconsejable enmendar rumbos. Si efectivamente se trata éste del «gobierno de los ciudadanos», y si esa encomiable definición incluye a los ciudadanos indígenas. En materia penal, el Gobierno debe dar una señal clara de que se quiere dar vuelta la página de un período vergonzoso para el Estado, y no solicitar la anulación de la reciente sentencia absolutoria del Tribunal de Angol, que favoreció a comuneros mapuches.
Y en materia constitucional, lo único sensato es retirar la urgencia del proyecto de reforma Boletín 4069, y archivarlo. Dar vuelta también esta página. El Gobierno sabe muy bien que no cuenta con los votos suficientes para aprobar ninguna reforma constitucional en materia indígena, que cumpla con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, por muy consensuado que haya sido su texto con las organizaciones indígenas. No es un juego, ni un asunto a dejar a la libre inventiva de los parlamentarios.
La reforma constitucional no depende del Gobierno sino de los votos de la derecha. Para aprobar un «reconocimiento» se necesitan 2/3 (dos tercios) de diputados y senadores. Es decir, a las bancadas oficialistas le faltan los votos de 15 diputados y 5 senadores de derecha. Seguir ofreciendo reconocimientos, a sabiendas de esta situación, es demagogia. O, sencillamente, ¿la elite política oficial está buscando, en colusión con la derecha, poner un candado constitucional a los pueblos indígenas?
Primero el Convenio 169
El que hoy día en Chile no existan condiciones para una reforma constitucional que reconozca la preexistencia de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, no implica que todos los caminos de cambio legal estén cerrados. Hay otras vías más serias para que el Gobierno pueda cumplir con sus compromisos y responder responsablemente a la exigencia de los pueblos indígenas de que sus derechos colectivos sean reconocidos en el ordenamiento jurídico. Partiendo por la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y la reforma de las leyes sectoriales, como recomendó el Relator de Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen.
El Convenio 169 de la OIT ofrece un piso básico de reconocimiento de los derechos indígenas, y por la vía del artículo 5 de la Constitución integrará el bloque constitucional. Dicho Convenio internacional, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados en abril de 2000, y ya fue aprobado por el Tribunal Constitucional, que dictaminó que se ajusta a la Carta Fundamental chilena. Lo único que falta es su ratificación en el Senado, para lo cual a los votos de la bancada oficialista solo falta sumar los votos de apoyo de DOS senadores de derecha. No hay excusas ni objeciones constitucionales que esgrimir.
La ruta lógica de los derechos indígenas hoy en Chile es: «primero el Convenio, después el reconocimiento». Y en paralelo avanzar en las reformas a las leyes sectoriales. No hay excusa para seguir postergando la ratificación del Convenio. Y no es de buena fe seguir jugando con las expectativas y los derechos de los pueblos indígenas. Solo faltan dos votos para ratificar el Convenio 169 de la OIT. Y solo falta la claridad y voluntad política del Gobierno de Michelle Bachelet en la materia. Nada más, nada menos. El anuncio digno para el 21 de Mayo de 2006, en materia indígena, es la ratificación del Convenio 169.
El autor es miembro del Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas. Universidad ARCIS.