Este 2 de abril del presente año, el Tribunal Permanente de Los Pueblos, Capitulo Colombia, asumió el compromiso de revisar y juzgar a las transnacionales que han violentado los derechos humanos y se han beneficiado de crímenes de lesa humanidad. En esta ocasión se adelantaron investigaciones a las transnacionales Coca Cola, Nestlé y Chiquita Brands […]
Este 2 de abril del presente año, el Tribunal Permanente de Los Pueblos, Capitulo Colombia, asumió el compromiso de revisar y juzgar a las transnacionales que han violentado los derechos humanos y se han beneficiado de crímenes de lesa humanidad.
En esta ocasión se adelantaron investigaciones a las transnacionales Coca Cola, Nestlé y Chiquita Brands Banadex.
Se miró detenidamente la naturaleza de dichas empresas, sus trayectorias internacionales, magnitud económica, solvencia financiera, sus patrones de gastos en el contexto de la economía nacional discriminada en los campos de capital y trabajo.
El Tribunal constató que las grandes ganancias de estas empresas han el sido producto de violaciones a la estabilidad laboral de los trabajadores, valiéndose además de participaciones en crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, resolvió acusarlas y hallarlas responsables.
En el 2005, Coca-Cola tuvo una solvencia económica de 628 millones de dólares, sin que hubiera inversión extranjera de su casa matriz.
Nestlé, entre 1990 y el 2005, pasó de producir 109 mil dólares por trabajador, a 427 mil dólares.
Y claro, los planes de inversión y utilidades han estado aventajados por las reformas laborales de los gobiernos tradicionales, expresados en cierres de fábricas y plantas subsidiadas, fraccionamiento de razones sociales, empleo temporales y tercereados. Así la suerte de miles de trabajadores del sector alimenticio fue quedando a la deriva.
A partir de 1990, Coca Cola redujo 3.5% veces el número de trabajadores con estabilidad laboral y tres veces el número de sindicalizados, mientras que en la Nestlé, solo el 3% de los trabajadores alcanzó hoy los diez años de estabilidad en la empresa.
Estado y transnacionales comiendo del mismo plato, aunque con bocados diferentes en tamaño. Colombia se convirtió en una nación, en donde los representantes de los intereses del capital comercial, de la noche a la mañana, pasaron a ser ministros, como el caso de Sabas Pretel (2.003).
O como Luz Stella Arango y Ludmyla Flores, que de abogada y Jefe de Relaciones Laborales en la Nestlé, se convirtieron en Viceministra y jefa de Asuntos Laborales respectivamente, en el ministerio de Protección Social.
De cómplices comerciales, los pasan luego a que legalicen a través de la norma el robo a nuestra soberanía, el desconocimiento total de los derechos de los trabajadores, la desnutrición y el hambre.
De la misma manera, el Tribunal obtuvo testimonios y pruebas contundentes de cómo estas transnacionales están involucradas en el apoyo directo e indirecto a la guerra sucia que el Estado ha venido desarrollando contra de líderes y trabajadores sindicalizados. En estos momentos, SINTRAlNAL (Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Alimenticia) se encuentra al borde de la extinción.
A Coca- Cola y a la Nestlé hasta el momento se les ha hallado culpables de 9 y 10 asesinatos respectivamente.
En el caso de la Chiquita Brands, se evidenció su relación con el paramilitarismo. Se comprobó que en el 2001, no solo aportó financieramente, sino que transportó 3.000 fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles con destino a Urabá y al departamento de Córdoba, regiones altamente agredidas por los escuadrones de la muerte con total impunidad.
El Tribunal también resolvió acusar al gobierno colombiano por el incumplimiento al derecho al trabajo reconocido en la Constitución Nacional, así como de los derechos laborales contemplados en los Convenios Internacionales de la OIT.
El gobierno fue acusado además por promover la guerra sucia y la impunidad en los delitos de Lesa Humanidad, acciones violentas que también vienen afectando a comunidades indígenas y afro colombianas.
Por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de persecución del terrorismo.
De igual manera, se responsabiliza a Estados Unidos y a Suiza, como Estados cuya nacionalidad tienen las empresas transnacionales analizadas, por permitirles violar los derechos humanos, participando directamente en los delitos de Lesa Humanidad.
Podemos afirmar que a Colombia aún en los albores del siglo XXI, se le sigue considerando como un enclave al estilo de la década de los años 20, cuando nuestros territorios ya eran manoseados por la United Fruit y la Tropical Oil Company.
Hace muchos años que se viene repitiendo la historia de los saqueos, la corrupción, los atentados a la vida, la impunidad y la imposición de reformas laborales en detrimento del derecho al trabajo y al nivel de vida de los trabajadores.
A pesar de que poseemos un territorio rico en recursos naturales, capaz de satisfacer las necesidades básicas de la vida, tenemos que decir que en Colombia no se vive dignamente y que esta realidad está ligada a la manera como actúan y se hacen millonarias las transnacionales.
El robo de todos nuestros recursos, la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad, la privatización generalizada de todo servicio de carácter público y los altos niveles de indigencia, pobreza y hambre, han venido agudizando las violaciones de los derechos humanos en Colombia.
Hemos tenido que sortear innumerables batallas contra una clase política que por su obsesión enfermiza de concentrar y acumular riquezas, se arrodilla al capital foráneo y adopta frente al país posiciones excluyentes e intolerantes, valiéndose del terrorismo de Estado, de las más crueles violaciones a los derechos humanos en el continente.
El estudio, los testimonios recogidos, las investigaciones y los trabajos arduos desarrollados en los dos últimos años en Colombia por parte del Tribunal Permanente de los Pueblos, evidencian una vez más la gravedad de la situación y nos instan a tomar medidas más contundentes que neutralicen los planes y acciones demenciales por parte del Estado colombiano y las transnacionales.
Apoyar y asumir las decisiones de este Tribunal son tareas prioritarias para el presente año. La batalla contra la impunidad, las realizaciones de protestas en los países a que pertenecen las transnacionales, la obtención de nuevas pruebas y documentos que permitan formular acusaciones ante las respectivas instancias internacionales y nacionales, harán parte de estas tareas.
Los medios de comunicación deben que jugar un papel muy importante al respecto. El silencio los convierte en cómplices de lo que viene sucediendo hace muchos años en nuestro país.
Es tarea de todos los colombianos parar de una vez por todas la triste subasta de la vida a que hemos sido sometidos.
Recuperar el derecho a la dignidad de los trabajadores presupone fundamentalmente la lucha contra el imperialismo y el gobierno colombiano, contra el terrorismo de Estado y la entrega de nuestra soberanía.
La solución política al conflicto social y armado es una gestión colectiva a adelantar, para que las violaciones a los derechos humanos y los delitos de Lesa Humanidad sean entre otras, una más de las victorias ganadas, gracias a la unidad, la organización y la movilización del pueblo colombiano.