El vicepresidente de Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) y uno de los integrantes de la instancia creada por la Presidenta Bachelet, es claro respecto a los planteamientos que expondrá en el Consejo. A su juicio, es necesario reconstruir el sistema educacional público y cree que «es una locura pensar que el mercado […]
El vicepresidente de Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) y uno de los integrantes de la instancia creada por la Presidenta Bachelet, es claro respecto a los planteamientos que expondrá en el Consejo. A su juicio, es necesario reconstruir el sistema educacional público y cree que «es una locura pensar que el mercado puede resolver todos los problemas».
Su intención de unirse a la denominada «mesa paralela» que formarán los estudiantes secundarios y las organizaciones sociales dentro del Consejo Asesor Presidencial para la Educación manifestó el vicepresidente de Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), Manuel Riesco, uno de los 66 integrantes que nombró la Presidenta Michelle Bachelet.
Pese a ello, Riesco indicó que «su mirada será amplia» ya que en esta materia «el 90 de la población concuerda en que se deben realizar transformaciones».
En su opinión, esta instancia oficial «es una oportunidad de diálogo para resolver el problema del fondo, que es derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y liberar al Estado de las amarras dejadas por la dictadura y que se han mantenido durante estos 16 años».
-¿Los problemas de la educación son sectoriales o son consecuencia de problemas que existen en diferentes ámbitos?
-Es un problema sectorial en el sentido de que efectivamente el legado de la dictadura hasta ahora no se ha tocado, y esa es la causa principal de la crisis educacional. Lo que ocurre es que existe un correlato en otras esferas de la vida nacional, donde hay amarres similares, donde se está llegando a un punto que es necesario enfrentarlos. El caso más importante es el del cobre, porque no es posible que cinco empresas mineras privadas se lleven el equivalente al presupuesto del Estado en un año. Es una locura.
Otra área es el sistema previsional, que en lo fundamental no es otra cosa que un mecanismo de traspaso de inmensos recursos desde los bolsillos de los trabajadores y del fisco a un puñado de grupos empresariales y una industria parasitaria de administración y seguros previsionales.
-A su juicio, ¿cuál es el principal problema del sistema educacional en nuestro país?
-Todo Chile sabe que los problemas de educación son muy complejos, pero que en realidad se pueden reducir a unos cuantos temas centrales. El principal de ellos es derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Es la traba principal que hasta ahora impide al Estado asumir como corresponde la reconstrucción del sistema público, que constituye la principal herramienta con que cuenta el país para dotarse de un sistema educacional de calidad
-¿Por qué la LOCE es una traba a una educación pública de calidad?
-El sistema de financiamiento, consustancial a la LOCE, impide al Estado transferir recursos a los colegios públicos, si al mismo tiempo no entrega montos equivalentes a los colegios particulares subvencionados. Para qué decir de la posibilidad que el Estado plantee un plan nacional de reconstrucción del sistema público de educación, aportando para ello los recursos que sean necesarios. Esto queda descartado de plano por la LOCE. El Estado simplemente no puede hacerlo. Incurriría, según esta ley, en competencia desleal con la industria privada de educación.
Rol del Estado
-¿Desde qué punto debe comenzar la discusión dentro del Consejo Asesor Presidencial?
-Lo principal es dejar de lado la ideología extremista que ha prevalecido hasta el momento, donde lo prioritario es garantizar la educación privada. Terminar definitivamente con la locura de que el mercado puede resolver todos los problemas y que la educación es un negocio. Desde luego, terminar con el absurdo criterio que asume que la educación es un capital que genera ganancias, por lo cual hay que someterlo a las reglas de los créditos bancarios.
Al educarse, la fuerza de trabajo no adquiere un capital, sino simplemente mayor calificación. De esta mayor capacitación obtienen ganancias comerciales no las personas que se educan, sino los capitales que luego los contratan. Los mayores salarios simplemente retribuyen exactamente el mayor costo de la fuerza de trabajo calificada. El capital no les paga ni un peso de más y, generalmente, harto menos.
-Desde su perspectiva, ¿qué rol debe jugar el Estado en el tema de la educación?
-Volver a la idea que lo central es garantizar a todos educación de calidad. Para ello, evidentemente, el Estado debe priorizar lo que es más importante, que es la urgente mejoría del sistema público en todos los niveles. Lo primero es asumir sencillamente que el sistema público existe. Actualmente, bajo la ordinaria denominación de sostenedores se pretende la ficción que todos los colegios y universidades son iguales
La clave es iniciar un gran programa de reconstrucción del sistema educacional público y destinar a ello todos los recursos materiales y humanos que sean necesarios.
Desde el punto de vista del presupuesto, se trata de volver, al cabo de algunos años, a los niveles de gasto público previos a la dictadura, o sea, a niveles del 7% del PIB. Desde el punto de vista de la distribución del financiamiento, terminar con la tontería de los ‘vouchers’ (subvención) de (Milton) Friedman, y volver a la asignación presupuestaria de los recursos.
-¿Y qué pasa con la educación privada y los colegios subvencionados?, ¿en qué lugar quedan?
-Nada de lo anteriormente expresado implica el desmantelamiento de la educación particular. Solamente, implica que el Estado prioriza la educación pública. Además, se debe terminar con la idea que los recursos públicos sólo son para los más pobres. Esto es propio de mentalidades que parten de la base que los recursos públicos deben ser muy escasos y que el Estado no debe preocuparse del desarrollo, puesto que eso es asunto de los mercados.
El Estado debe continuar promoviendo y subsidiando los colegios particulares subvencionados que se dediquen por entero a la educación, sin fines de lucro y que posean probada calificación académica.