Hace una semana, los estudiantes secundarios retornaron a clases poniendo fin a las tomas y paros que por más de un mes ocupó la agenda política y las pautas de los medios de comunicación. Con suspicacias y dudas, se integraron a la comisión asesora que nombró la Presidenta Bachelet para terminar con el primer gran […]
Hace una semana, los estudiantes secundarios retornaron a clases poniendo fin a las tomas y paros que por más de un mes ocupó la agenda política y las pautas de los medios de comunicación. Con suspicacias y dudas, se integraron a la comisión asesora que nombró la Presidenta Bachelet para terminar con el primer gran conflicto social de su gobierno.
La protesta estudiantil hay que entenderla no sólo por las carencias del sistema educacional chileno, sino también, por las condiciones de extrema desigualdad a las que se ven sometidos los estudiantes de los colegios municipalizados y particular subvencionado. El 91% de los jóvenes en Chile apenas reciben 30 mil pesos mensuales para su educación. Por eso, su movilización se convirtió en una demanda social, porque la desigualdad, la exclusión y la desesperanza son transversales en nuestro país. La «revolución de los pingüinos», como fue llamado el movimiento estudiantil, es simplemente una primera manifestación del malestar que se incuba en la sociedad chilena.
Ahora bien, no hay que perder de vista que los estudiantes pudieron manifestarse porque tenían mucho que ganar y poco que perder. Por ejemplo, no serían despedidos de sus trabajaos si protestaban, como si lo serán los trabajadores que se levanten contra las pésimas condiciones laborales. Recuérdese que en Chile no existe verdaderamente un derecho a huelga y que un trabajador cualquiera puede ser despedido simplemente por «necesidades de la empresa». En consecuencia, es difícil que se materialicen brotes de insatisfacción social que logren romper con la actual estructura política y económica del país, pero no es descabellado pensar que existen razones de sobra para que una gran mayoría de chilenos mastiquen una sorda amargura ante la precaria situación en la que viven.
Según la revista Capital, se podría estimar que 9 de cada 10 santiaguinos vive con menos de 220 mil pesos mensuales. Esta cifra está en perfecta sintonía con otras que también muestran signos preocupantes de la situación social por la que hoy atraviesa el país. La consecuencia del modelo implantado en Chile ha provocado que nuestro país sea una de las sociedades más desiguales del planeta. Como lo informa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -en comparación con el resto del mundo- la clase media chilena recibe una de las más bajas porciones del ingreso: un poco más del 30%. Esto nos llevan a dudar seriamente acerca de la existencia hoy en día de este grupo social, por lo menos de la manera como lo conocimos hace 30 años.
Las extensas jornadas laborales de más de 10 horas diarias, el millón de chilenos que recibe 130 mil pesos al mes con 13 y 15 horas de trabajo, y los elevados porcentajes de pobreza e indigencia, pueden ser la causa suficiente de un gran estallido social. Es una realidad que simplemente las autoridades no quieren mirar.
Marcel Claude es economista