Un permiso otorgado por el gobierno chileno a la firma española Endesa la autoriza a realizar estudios exploratorios en la zona sur del país con el fin de construir cuatro centrales hidroeléctricas, en una señal desfavorable para los ambientalistas que planifican varias movilizaciones. «Nosotros esperábamos esta resolución. El sistema está hecho para darle facilidades a […]
Un permiso otorgado por el gobierno chileno a la firma española Endesa la autoriza a realizar estudios exploratorios en la zona sur del país con el fin de construir cuatro centrales hidroeléctricas, en una señal desfavorable para los ambientalistas que planifican varias movilizaciones.
«Nosotros esperábamos esta resolución. El sistema está hecho para darle facilidades a las trasnacionales», dijo a IPS Marco Díaz, presidente de la Agrupación de Defensa del Espíritu de la Patagonia, desde la austral ciudad de Cochrane, 2.000 kilómetros al sur de la capital chilena.
En esa localidad, que pertenece a la décimoprimera región de Aysén, Endesa Chile, filial de la corporación española del mismo nombre, planea construir cuatro centrales hidroeléctricas, invirtiendo unos 3.000 millones de dólares, en sociedad con la firma nacional Colbún, propiedad de la poderosa familia Matte.
El Proyecto Hidroeléctrico Aysén se llevaría a cabo en el río Baker, el más caudaloso de Chile, y en el Pascua, inundando unas 10.000 hectáreas de territorios prístinos, destruyendo muchos humedales e impactando en el hábitat de especies en peligro de extinción, afirman los críticos.
Después de analizar la solicitud de Endesa y los 120 reclamos presentados por la comunidad contra el proyecto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) decidió otorgar a la empresa una concesión provisional (por dos años), facultándola a recurrir a los tribunales de justicia locales en caso de que los dueños de los predios aledaños a los ríos se opongan al ingreso de sus trabajadores.
Pero este permiso sólo puede ser utilizado para realizar sondeos exploratorios, informó la SEC a IPS, y no significa que esté autorizada la construcción de las represas, que en total generarían 2.400 megavatios para el Sistema Interconectado Central, que cubre el área más poblada de Chile, es decir, nueve de sus 13 regiones.
Si bien falta que la Contraloría General de la República tome razón del decreto, para lo cual no hay plazos establecidos, los ambientalistas consideran que esta es una señal potente de la futura materialización del proyecto de la trasnacional española.
Los siguientes pasos son la tramitación de la concesión definitiva ante el Ministerio del Interior y la presentación del estudio de impacto ambiental a la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la XI región, que luego debe ser analizado por la instancia nacional (Conama).
«Nosotros creemos que la única manera de impedir este proyecto es la movilización ciudadana. En Santiago y en otras regiones del país se están activando distintos grupos contrarios a las centrales de Aysén. No confiamos en el gobierno», comentó Díaz.
Similar postura tiene Juan Pablo Orrego, director de la no gubernamental Ecosistemas, quien aseguró a IPS que en la tramitación de la concesión hubo irregularidades y que la SEC «utilizó una discrecionalidad administrativa a favor de Endesa».
Las oposiciones de la ciudadanía no habrían sido consideradas «porque eran de carácter ambiental y este organismo actúa desde el punto de vista técnico», explicaron fuentes del gobierno.
«La SEC dice: ‘no nos metemos en el tema ambiental, no nos metemos en el tema social’, avalados en gran medida por la legislación que los regula, la cual fue aprobada durante la dictadura militar (1973-1990). Pero en la práctica está poniendo la primera piedra del proyecto hidroeléctrico Aysén, afectando lo ambiental y lo social «, respondió Orrego.
«Desde la dictadura, en Chile existe un jaque mate legal, institucional, político y financiero», que le da el poder a la empresa privada y se la quita a la ciudadanía, profundizó.
En la otra vereda, la SEC asegura que el espíritu que anima su accionar es tanto la protección de los intereses de las personas como el desarrollo energético del país.
Díaz advierte que hasta ahora Endesa ha ingresado a más de la mitad de los predios del sector, gracias a la autorización dada por algunos residentes, consentimientos que según los ambientalistas se habrían obtenido de forma irregular.
De hecho, en los próximos días presentarán otra denuncia ante los tribunales porque los trabajadores de la generadora ingresaron sin permiso a un fundo de 600 hectáreas e hicieron «seis perforaciones de cinco metros de diámetro cada una».
Los activistas también desconfían de las buenas intenciones de la empresa, que anunció semanas atrás el inicio de los estudios ambientales del proyecto, que examinarán la flora y fauna terrestre y marina de la zona, las condiciones en que vive población y el patrimonio cultural de Aysén.
Según informa en su sitio de Internet, Endesa ya licitó y adjudicó las investigaciones a universidades chilenas de gran prestigio, además de contratar a la reconocida empresa auditora PriceWaterHouseCoopers para que certifique la realización de dichos informes.
Orrego está seguro de que, si los estudios resultan desfavorables a los intereses hidroeléctricos, la empresa interpretará los datos a su favor y buscará resquicios para salir airosa, proponiendo «medidas de mitigación» para los posibles impactos sociales o ambientales.
Para este sábado está programada en el centro de la capital una Marcha por la Nacionalización del Agua, convocada por diversas organizaciones ecológicas, preocupadas por los conflictos ambientales generados en torno a importantes cuencas.
Debido a sus posibles consecuencias en los recursos hídricos, están en entredicho los planes de represas de Endesa en Aysén, el proyecto minero Pascua Lama (en la tercera región de Atacama) y las plantas de celulosa Nueva Aldea (en la octava región del Bío-Bío) y Arauco y Constitución (en la décima región de Los Lagos).
La Agrupación de Defensa del Espíritu de la Patagonia está organizando para el mes de noviembre una gran cabalgata de protesta entre las ciudades de Cochrane y Coyhaique, distantes entre sí 345 kilómetros, que duraría dos semanas. En esta última ciudad entregarán una carta de protesta al intendente de la región.
«Se está generando una ebullición en el país, un movimiento social espontáneo y ahí está nuestra esperanza», sostuvo Orrego.
Endesa ha programado comenzar la construcción de la primera central hidroeléctrica en 2008, para ponerla en marcha en 2012. La última está planificada para 2018.