La popularidad del presidente colombiano, Álvaro Uribe, está en duda después que este martes se entregara Eric Morris, uno de los tres congresistas aliados del gobierno cuya captura fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia por supuestos nexos con paramilitares derechistas. Muchos especulan si este escándalo podría afectar la buena imagen del presidente, que […]
La popularidad del presidente colombiano, Álvaro Uribe, está en duda después que este martes se entregara Eric Morris, uno de los tres congresistas aliados del gobierno cuya captura fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia por supuestos nexos con paramilitares derechistas.
Muchos especulan si este escándalo podría afectar la buena imagen del presidente, que goza todavía de niveles de aprobación del 70%, según las encuestas.
La pregunta tiene sentido si se considera que, además, los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte ordenaron investigar a otros cinco políticos por los mismos motivos y que la Fiscalía General ya abrió un proceso penal contra una ex congresista que también apoyó al presidente Uribe.
La decisión de la Corte recuerda la investigación que se llevó a cabo diez años atrás contra decenas de políticos colombianos que fueron financiados por el cartel de la droga de Cali y que se conoció como el Proceso 8.000.
Todo esto ocurre mientras el gobierno desarrolla un tenso proceso de paz con los paramilitares. En el mismo se han desmovilizado cerca de 40.000 personas, se ha aprobado una ley que rebaja a ocho años las penas a los autores de crímenes de lesa humanidad y se ha suspendido la extradición de algunos de sus jefes, acusados de narcotráfico por Estados Unidos.
Vínculos paramilitares
Uno de los congresistas investigados es el senador Jairo Enrique Merlano, perteneciente al Partido de la U, que fue fundado en 2005 por el actual ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y que en las pasadas elecciones de marzo se convirtió en la principal fuerza «uribista» en el Congreso colombiano. Merlano ha sido suspendido del partido mientras dura la investigación.
Los otros dos procesados -el senador Álvaro García y el representante Eric Morris- forman parte del partido Colombia Democrática, dirigido por el senador Mario Uribe Escobar, primo hermano del presidente Álvaro Uribe. Aunque la orden de captura se produjo el jueves pasado, sólo Morris se ha entregado.
Las investigaciones a los políticos partieron de declaraciones de testigos y del hallazgo de un computador portátil donde había gran cantidad de información de los contactos de uno de los más importantes jefes paramilitares del país, Rodrigo Escobar Pupo, alias Jorge 40, actualmente en un centro de reclusión.
García es el presunto autor intelectual de una masacre donde murieron 15 campesinos mientras se sospecha que Merlano y Morris organizaron y promovieron grupos paramilitares que operaron en el Departamento de Sucre, en la costa norte del país.
Sin embargo, se sabe que la influencia de Jorge 40 se extendía por los siete departamentos de la Costa Atlántica colombiana.
Aumenta la tensión
La orden de la Corte ha subido la tensión política en Colombia
El ministro de Defensa Santos negó en una emisora de Bogotá que albergara sospechas de Merlano cuando lo avaló en las pasadas elecciones y dijo que nadie le avisó de los eventuales nexos con los paramilitares. Pero otra senadora del Partido de la U, Gina Parody, lo desmintió y recordó que las reservas que existían sobre Merlano y otros hicieron que dudase de ingresar a la colectividad.
BBC Mundo preguntó a José Obdulio Gaviria, uno de los principales asesores del presidente, si cree que las decisiones judiciales afectarán al Presidente.
«¿Por qué? ¿Es que la criminalidad se contamina simplemente por cercanía política? Los hechos criminales son individuales. A nosotros que no nos vengan con esas interpretaciones fascistas de extender los efectos de la criminalidad a los parientes, a los miembros de una misma religión, a los miembros de una misma raza», afirmó Gaviria.
«Los comportamientos de ellos (los tres congresistas) no comprometen a los demás miembros de sus partidos», precisó el asesor presidencial, quien afirmó que el gobierno apoya las decisiones de los jueces y respeta la separación de poderes.
El asesor apoyó la decisión del Partido de la U de suspender a Merlano de sus filas y dijo que lo mismo debería hacer el partido Colombia Democrática con el senador Álvaro García y el representante Eric Morris.
Sin embargo, la columnista hispano-colombiana Salud Hernández Mora cree que las capturas le pueden causar problemas a Uribe, sobre todo en el exterior.
«De alguna forma se va a ver deteriorada su imagen (la del Presidente), sobre todo porque la reacción no ha sido la que la gente esperaría, de dureza y de exigencia de aclarar los temas, sino que ha sido una reacción más bien tímida», dijo.
Hernández Mora cree que los paramilitares tienen mucho poder en las esferas estatales en 10 ó 12 de los 32 departamentos colombianos, donde ha elegido autoridades, legisladores locales y nacionales, y también ha infiltrado organismos de control.
Por ahora, el presidente Uribe ha sido muy prudente en sus declaraciones públicas sobre las capturas y se ha limitado a decir que Colombia es un país de derecho.
Además, aún es muy temprano para saber hasta dónde llegarán los procesos judiciales que se están iniciando y si afectarán o no la aprobación y popularidad de Uribe, que comenzó su segundo mandato de cuatro años en agosto pasado.