Es quizás el principal proyecto del gobierno de Michelle Bachelet en la región de La Araucanía de cara al Bicentenario. Respaldado de manera absoluta por el Intendente Eduardo Klein y la cúpula empresarial sureña, el Nuevo Aeropuerto Regional enfrenta la oposición de numerosas comunidades aledañas a su lugar de emplazamiento, en la comuna de Freire. […]
Es quizás el principal proyecto del gobierno de Michelle Bachelet en la región de La Araucanía de cara al Bicentenario. Respaldado de manera absoluta por el Intendente Eduardo Klein y la cúpula empresarial sureña, el Nuevo Aeropuerto Regional enfrenta la oposición de numerosas comunidades aledañas a su lugar de emplazamiento, en la comuna de Freire. Entrevistamos a uno de sus voceros. |
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Richard Caifal es dirigente de la Comunidad Ricardo Rayin, sector de Catripulli en Quepe. Recientemente egresado de derecho, es además miembro activo de la Asociación Ayun Mapu, opositora al megaproyecto estrella del gobierno de Michelle Bachelet en la región. Nos referimos al Nuevo Aeropuerto de La Araucanía, que con un costo superior a los 40 millones de dólares pretende dotar a la zona sur del país de un terminal aéreo de categoría internacional, el cual estaría emplazado en una superficie de 496 hectáreas en el sector Los Pelales de la comuna de Freire, a unos 14 kilómetros al sur de la capital regional.
Para las autoridades, encabezadas por el Intendente Regional Eduardo Klein (PPD), hablar del aeropuerto -que reemplazará al actual emplazado en Maquehue-, es hablar de progreso, desarrollo, nuevas oportunidades de negocios y mayor conectividad de la región con los mercados nacionales y extranjeros. Las comunidades mapuches del sector piensan lo mismo, solo que en este caso particular todo ello sería a costa de sus condiciones de vida, producto de los impactos «sociales, culturales, ambientales y económicos» que caracterizan este tipo de megaproyectos y que sus promotores habrían pasado simplemente por alto, según denuncia Caifal.
«En el proyecto no se establecen ni se determinan los efectos negativos sobre la zona que rodea al aeropuerto y que es el territorio donde vivimos los mapuches del sector», subraya el dirigente. Las comunidades afectadas son entre 19 y 22, sin embargo las que están directamente afectadas son las que colindarían directamente con el nuevo aeropuerto, por lo menos en el cabezal norte. Estas son las comunidades Juan Huenchual, Federico Alcaman, Ricardo Rayín, Dollinco, Fermín Manquilef, José Catrín, Juan Antipán y otras, las cuales se encuentran agrupadas en Ayun Mapu.
Azkintuwe entrevistó al dirigente, con el objetivo de profundizar en un conflicto que pone nuevamente en tela de juicio las políticas indígenas de «nuevo trato» promovidas por la Concertación y que -desde los bullados casos de las represas hidroeléctricas Pangue y Ralko en los noventa- no parecieran ser sino más de lo mismo.
– ¿Cuál es el fundamento principal que tienen ustedes como comunidades y como Asociación Ayun Mapu para oponerse a este megaproyecto?
– Primero, hay un tema que dice relación con el proyecto mismo y otro de carácter más global y que tiene que ver con los megaproyectos y las políticas del estado hacia nuestro pueblo. En relación al proyecto mismo, nosotros estudiamos, revisamos los antecedentes y vimos que faltaban numerosos estudios técnicos que avalaran este ante-proyecto referencial. Por lo tanto, desde el punto de vista ya más técnico, era un proyecto al cual le faltaban y aun le faltan muchos antecedentes, estudios socioculturales, acústicos, medioambientales, hidrogeológicos, de dinámica de agua, comportamiento del subsuelo, etc. Y por otro lado, esta este tema más político y de fondo, respecto de cómo el estado implementa sus políticas de desarrollo y este tipo de megaproyectos en comunidades y en territorio mapuche.
Hoy en día no hay una normativa que impida esta política de intervención. Tenemos la Ley 19.300, una ley bastante vaga en sus normas, por lo tanto no protege de manera adecuada el derecho constitucional de vivir en un medioambiente libre de contaminación. Y por otro lado, la Ley 19.253, la cual todos los mapuches conocemos y sabemos que presenta graves deficiencias, especialmente en su artículo 34, que dice relación con la participación de las comunidades. En este caso, dicho artículo no se aplicó, solo las comunidades del cabezal norte tuvieron algún grado de participación, entre comillas, pero las comunidades que están al sur de Freire no han sido considerados en la planeación de este megaproyecto.
– El gobierno ha señalado de manera insistente que las comunidades que hoy aparecen como opositoras no estarían siendo afectados directamente por el megaproyecto…
– Eso no es efectivo. Es el argumento que se ha utilizado en todos los megaproyectos, siempre se señala que quienes reclaman no son afectados, pero eso es parte de la desinformación que se impulsa desde el gobierno. Incluso, muchas veces se señala que no son las comunidades los afectados, sino el lugar físico, pero esa es una apreciación muy mezquina a la hora de ver los efectos de este tipo de iniciativas al interior de un pueblo indígena. Especialmente, cuando se trata de un aeropuerto hay que tomar en cuenta muchas consideraciones, hay afectados directos, indirectos, hay un efecto sobre el medioambiente, sobre la calidad de vida de las personas, sobre el entorno cultural, etc. Este megaproyecto ni siquiera esta respaldado por normas internacionales, hay una ausencia en Chile de normas jurídicas sobre el tema acústico, por ejemplo, entonces no se puede señalar que no seremos afectados. Hoy existe una solicitud formal en CONADI para que se declare el territorio donde se emplazará el aeropuerto como «tierras en conflicto», de acuerdo al artículo 20 B de la Ley Indígena. Y eso está en trámite.
– ¿En qué año comienzan ustedes a tener conocimiento de este megaproyecto?
– Como Comunidad Ricardo Rayin fue el año 2005, porque se estaba haciendo un levantamiento de las necesidades de la comunidad, esto por parte del Ministerio de Obras Públicas, quienes luego condicionaron la entrega de los recursos para diversos proyectos o mejoras sociales, a que la comunidad aprobara el megaproyecto. Luego, en enero, cuando sale el Estudio de Impacto Ambiental, vimos que la opinión de la comunidad no salía en ninguna parte del estudio, ahí supimos que esto no tendría ningún buen futuro y decidimos con mayor razón analizar el proyecto para ver lo que se nos venía.
– ¿Qué relación han mantenido con otros sectores sociales de la comuna, autoridades, sociedad civil? Sabemos que el proyecto no solo afecta a comunidades, sino también a productores lecheros, agricultores…
– Se intentó en su momento abordar la problemática de manera mucho más global, involucrando a diversos actores sociales del pueblo de Quepe y otras zonas, pero vimos escasa participación. Y los reclamos que existieron de parte de los productores en un comienzo, se diluyeron más tarde una vez que el gobierno se comprometió con algunas medidas compensatorias, como indemnizaciones económicas, etc. Entonces, nosotros decidimos llevar la bandera de esta lucha por nosotros mismos, eso fue asumido así por la propia gente del sector, los propios miembros de las comunidades, no fue algo que una ONG o que un grupo ambientalista haya levantado u organizado, fueron las propias familias las que asumieron un rol más protagónico y eso marca una diferencia con otro tipo de movimientos. Es algo que no se había visto mucho en la región.
– Imaginamos que fue un desafío el poder adquirir la capacidad de discutir técnicamente con las autoridades de gobierno sobre los efectos del proyecto. Esto es algo que se ha notado mucho, la propiedad que han demostrado los voceros mapuches a la hora de plantear sus posiciones y darlas incluso a conocer por los medios regionales de prensa.
– Es un desafío que se ha ido abordando con mucho trabajo y estudio. Tenemos la suerte de que en el sector de Quepe viven muchos profesionales, jóvenes mapuches que forman parte de las comunidades y que han estudiado en la ciudad, muchos con carreras universitarias y que pueden discutir de igual a igual con las autoridades. De lo contrario no habríamos tenido la capacidad de hacer frente a un estudio que es bastante técnico y a una contraparte que te lleva a ese terreno esperando que no tengas la capacidad de refutar lo que dice. Ese es un valor agregado que tenemos y que el movimiento mapuche debiera valorar. Nosotros no lo habíamos vislumbrado en un comienzo, pero a poco andar debimos tomar en cuenta la necesidad de contar con cuadros técnicos para poder contra argumentar de mejor manera nuestra oposición al proyecto.
– La opinión pública mapuche y no mapuche ha podido evidenciar una doble estrategia por parte de ustedes. Por un lado, el participar de las mesas de trabajo, donde este componente técnico tiene quizás primacía por sobre otros, y a su vez, utilizar la presión social, las movilizaciones, como marchas, cortes de ruta, etc. Eso no es algo muy común en el movimiento mapuche, donde por lo general se termina cayendo en uno de los dos extremos.
– Eso viene de observar lo que ha sucedido con nuestro pueblo y el movimiento mapuche en general. No olvidemos que en los últimos años se ha criminalizado de manera lamentable la lucha de diversas organizaciones y comunidades, especialmente en Malleco, eso nos hace reflexionar respecto de nuestras formas de lucha y de la forma en que podamos avanzar sin ser desarticulados vía represión y judicialización. Cualquier acción la hemos abordado con seriedad, tratando de que no se cayera en el estigma comunicacional de ser violentistas, extremistas, terroristas, aun cuando igual algunos medios nos han mostrado de tal forma, especialmente El Mercurio. Creo que tenemos la capacidad de combinar estas formas de lucha, que no se contraponen, sino más bien se complementan en un movimiento de carácter social y amplio como el nuestro.
– Hace un par de semanas la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) aprobó finalmente el denominado «Anteproyecto Referencial Nuevo Aeropuerto de la Región de La Araucanía». ¿Qué expectativas tenían ustedes de dicha votación?
– Muy pocas. Se impuso finalmente la opinión de las autoridades, una opinión política y no técnica. Nosotros sabemos que la COREMA es un ente político, donde están todos los seremis alineados con lo que dice u ordena el Intendente Regional y, sobre todos ellos, el gobierno central con su ceguera hacia nuestro pueblo. Los consejeros regionales, que votaron en contra del proyecto, tomaron conocimiento por parte nuestra de las falencias del estudio, ellos consideraron nuestra opinión y votaron en contra del proyecto, pero lamentablemente no fue suficiente para detener esto. Debemos entender que este tipo de proyectos vienen con la orden de ser aprobados desde el ejecutivo y por lo tanto las autoridades regionales solo obedecen una orden, no importando los aspectos técnicos.
– ¿Cuáles son las acciones que han pensado desarrollar a partir del resultado de esta votación?
– Vamos a recurrir todas las instancias que nos permitan mantener nuestra oposición. La vía judicial es una de ellas, interponer los recursos de protección que ya estamos trabajando. No hay mucho más por ese lado, por la vía judicial, ya que existe un recurso de reclamación en la CONAMA (Corporación Nacional del Medio Ambiente), pero es un recurso administrativo que no nos garantiza nada, porque la CONAMA también es un ente político, por tanto hay muy poco que hacer con ellos. La CONAMA ya votó a favor del aeropuerto, todas las instituciones del gobierno lo hicieron, inclusive la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) votó a favor del proyecto, plantearon algunas observaciones menores, pero lo aprobaron finalmente. Ya sabemos que CONADI es un organismo que no refleja el interés del movimiento mapuche, son funcionales al gobierno de turno.
Eso nos deja el otro ámbito, aquel de la lucha social y en ese campo estamos planificando algunas cosas. Hemos hecho una alianza con los sectores de Mahuidache, Trapihue, más Catripulli, por lo que las acciones que vamos a emprender tendrán un carácter territorial. Eso es positivo, porque vamos sumando fuerzas. También estamos concordando algunas alianzas con otras organizaciones mapuches, tal como lo demostró el pasado Trawun que se realizó en Quepe y del cual fuimos anfitriones como comunidad. La idea de ese encuentro era demostrar fuerza, un respaldo del movimiento a las comunidades del sector y mas internamente realizar alianzas, coordinar acciones. Todos allí concordaron en que el proyecto del Aeropuerto es un reflejo de la política del gobierno hacia los mapuches, de la prepotencia de las autoridades, y en ese marco se dieron algunas posibilidades de trabajar en conjunto. En todo caso, las alianzas no son solo declaraciones de intenciones, se deben trabajar en el tiempo para que sean serias y tengan proyección, y queda un camino largo todavía que recorrer en conjunto.
– ¿Qué opinión les merece que este megaproyecto no solo sea uno más de una larga lista que se han implementado en el territorio mapuche, sino que además sea elegido por la administración Bachelet como emblema, como proyecto estrella en la región, para celebrar el Bicentenario del Estado?
– Es una muestra más que el Estado y las autoridades de turno no son capaces de reconocer nuestros derechos ni nuestras demandas por mayor reconocimiento. Es como la guinda de la torta que para celebrar su Bicentenario nos impongan un megaproyecto. Hasta se podría homenajear su consecuencia en materia de atropellos, pero es lamentable para quienes pensamos que es posible construir relaciones entre ambos pueblos mas respetuosas el uno del otro. Ellos señalan que la nación chilena es «única e indivisible» y actúan claramente de esa forma, por tanto, no culpemos a la derecha de no reconocer a nuestro pueblo, porque las políticas de inversión y este tipo de megaproyectos los esta impulsando el gobierno y quienes en el gobiernan. Se desconoce nuestro carácter de pueblo, se desconocen nuestros derechos territoriales, se parte básicamente de la negación de nosotros los mapuches, de nuestros derechos colectivos, y eso también esta presente en todos esos programas de asistencia social que implementan de vez en cuando. Es una vergüenza ver como el país aborda su carácter multicultural, su diversidad, su carácter plurinacional.
– ¿El conflicto del aeropuerto es negociable, es posible de transar por mayores medidas compensatorias?…
– El no al aeropuerto es un no rotundo. Nosotros no estamos pidiendo recursos, no estamos pidiendo mejores compensaciones, sino diciendo no a un proyecto que viola de manera gravísima nuestros derechos como comunidades y como pueblo en general. Sabemos que no es posible que se construya este tipo de proyectos, de esa forma tan atropelladora, si en Chile existieran mínimas normas que resguarden nuestros derechos y los de la ciudadanía en general. Por tanto, nosotros no vamos a avalar una situación que rechazamos y que demandamos que cambie a futuro. Decimos no al aeropuerto además porque se han vulnerado las pocas disposiciones legales que existen en la materia, es decir, no solo es una situación injusta la que nos afecta, sino que además es ilegal en varios aspectos. Y nosotros no queremos amparar ninguna de estas ilegalidades con un proyecto que además hipoteca el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, por 30 años o más.
– La oposición al megaproyecto apuntaría entonces a la forma en que fue concebido, planificado, a las irregularidades que han caracterizado el proceso de análisis de su impacto ambiental, no al aeropuerto como terminal aéreo. ¿Es así?
– Claramente y eso es algo que quisiéramos se pudiera entender. Nosotros no estamos en contra del aeropuerto como edificación, estructura o como una instalación necesaria para el desarrollo de la región. Eso hasta lo podemos compartir. Lo que estamos diciendo es que para este caso se han violado normas legales, se han desconocido nuestros derechos y la consulta previa a nuestras comunidades, persistiendo el estado en una política de inversiones que es históricamente atentatoria contra los mapuches. Desde que la democracia, supuesta democracia, llegó al país, se han propuesto una serie de megaproyectos en la región que nos han afectado directamente, que han sido emplazados en tierras de comunidades mapuches. Y si uno saca la cuenta, podrá notar que la mayor cantidad de tierras, el mayor propietario de tierras en la región, no somos los mapuches, pero siempre terminamos siendo casi los únicos afectados. Hay casi dos millones de hectáreas forestales en la región y menos de 500 mil en manos de nuestro pueblo. Yo me pregunto, ¿por qué no se construyen estos megaproyectos, como el propio aeropuerto, en tierras forestales? Nadie dice nada.