Según la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, unas 260 familias de las zonas rurales de los municipios de Policarpa y Cumbitara, en el norte del departamento de Nariño, suroccidente colombiano, se han desplazado como producto de la incursión de un grupo paramilitar desarrollada desde el pasado 23 de noviembre. Desde esta fecha, la […]
Según la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, unas 260 familias de las zonas rurales de los municipios de Policarpa y Cumbitara, en el norte del departamento de Nariño, suroccidente colombiano, se han desplazado como producto de la incursión de un grupo paramilitar desarrollada desde el pasado 23 de noviembre. Desde esta fecha, la comunidad fue convertida por los paramilitares en escudo humano, siendo sometida al fuego cruzado y a la falta de alimento.
La incursión paramilitar se llevó a cabo pese a la presencia que hacen en la zona tropas del Batallón Boyacá del Ejército Nacional, quienes en ningún momento intercedieron para evitar la acción, poniendo en evidencia las denuncias hechas sobre la connivencia entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares.
La población de Policarpa y Cumbitara que se encuentra desplazada en la ciudad de Pasto se ha visto obligada a sufrir las consecuencias de la falta de una política clara y eficiente de prevención y atención al desplazamiento forzado, pues las instituciones municipales y departamentales no han logrado cubrir las necesidades más urgentes de estas familias.
Esta grave situación viene precedida de la incursión paramilitar hecha en la zona del Bajo Patía desde el pasado mes de agosto, cuando la población campesina fue víctima de asesinatos, atropellos, violaciones y desplazamiento.
Mediante comunicado público, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano ha hecho un llamado a «solidarizase con la población desplazada de los municipios de Policarpa y Cumbitara y a exigir a las instituciones pertinentes a responsabilizarse de la vida e integridad de estas personas». Así mismo, ha exigido a los funcionarios del gobierno que integran la Comisión de verificación y seguimiento de derechos humanos del departamento de Nariño un pronunciamiento sobre las denuncias hechas.