La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago procesó ayer a nueve oficiales (R) de la FACH por el delito de «asociación ilícita genocida» a causa de las detenciones ilegales y torturas perpetradas en la Academia de Guerra Aérea (AGA) de la Fuerza Aérea entre 1973 y 1975. Los encausados son el general […]
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago procesó ayer a nueve oficiales (R) de la FACH por el delito de «asociación ilícita genocida» a causa de las detenciones ilegales y torturas perpetradas en la Academia de Guerra Aérea (AGA) de la Fuerza Aérea entre 1973 y 1975.
Los encausados son el general (R) Ramón Cáceres Jorquera, el coronel (R) Sergio Contreras Mejías, el comandante Luis Campos Poblete y los oficiales Juan González Figueroa, Omar Insunza Melo, Juan Luis López López, Víctor Mattig Guzmán, Roberto Serón Cárdenas y el comandante Luis Campos Poblete.
El tribunal integrado por los ministros Carlos Cerda, Rosa María Maggi -voto disidente- y la abogada integrante Andrea Muñoz resolvió también procesar a Contreras, González y Mattig como coautores de la desaparición de José Luis Baeza Cruces.
«Se encuentra justificado que en el año 1974, un grupo de individuos se organizó para trabajar en la persecución de personas que pudieren sustentar ideología marxista o activismo de izquierda, con el objeto de exterminar a estos grupos sociales (…) se los mantuvo incomunicados por prolongados períodos y se los sometió a tratamientos crueles y degradantes y otras variadas formas de tortura física y sicológica», estipula el fallo.
En el dictamen se estipula que por estos mismos delitos ya fue procesado el general (R) Edgar Cevallos Jones, jefe de inteligencia de la FACH y cabecilla del Comando Conjunto.
Reacciones
El abogado querellante en la causa, Hiram Villagra, catalogó esta resolución como histórica, debido a que por fin se esclarece que al interior de esta unidad se estableció una estructura permanente para cometer los crímenes de lesa humanidad.
«Se solicitó en agosto pasado los procesamientos de los ex uniformados al ministro Eduardo Fuentes Belmar, pero su respuesta fue clara al rechazar nuestra petición. Esta resolución pone el proceso en el carril exacto para su buen término», dijo Villagra.
En tanto, el abogado del programa de derechos humanos del Gobierno, Cristián Cruz, declaró que este fallo «se ajusta a derecho y era evidente que la sala tenía que dictar los encausamientos, porque las pruebas son demasiado contundentes y los hechos hablan por sí solos».
Secuestro
José Luis Baeza Cruces era dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT) y del Partido Comunista, cuando fue detenido el 9 de julio de 1974 por efectivos de seguridad de la FACH. Tras su captura fue trasladado a la AGA, donde se le vio en muy mal estado físico producto de las torturas a que era sometido.
Meses más tarde su mujer, Ulda Ortiz, fue informada que su marido se encontraba recluido en un centro de detención. Sin embargo, pasaron los días y la versión fue cambiada radicalmente por el Ministerio de Defensa de la época, debido a que su investigación no dio resultado positivos y se desconoce el paradero de Baeza hasta la fecha.
Centro de detención
Este recinto de reclusión funcionó desde fines de 1973 hasta comienzos de 1975, formalmente a cargo de la Fiscalía de Aviación, la que en la práctica se coordinaba estrechamente con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).
A partir del mismo 11 de septiembre de 1973, se la utiliza para mantener presos políticos. Principalmente allí queda confinado el grupo de civiles, suboficiales y oficiales de la FACH que fueron enjuiciados junto al padre de la Presidenta de la República, Alberto Bachellet,
El local se convirtió más tarde en el principal centro de detención de personas incomunicadas por el SIFA, reemplazando así a la Base Aérea de Colina. Los detenidos en esta última son trasladados al AGA. A cargo de la SIFA se encontraba el Comandante Edgar Ceballo Jones, mejor conocido como «Inspector Cabezas».