Salvatore Mancuso, el principal líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmovilizado dentro del proceso de paz, afirmó ayer que ese grupo paramilitar le pagaba a la Policía 400.000 dólares al mes en la región que él controlaba. Mancuso, que el lunes reanudó su declaración ante la justicia en Medellín, dijo que ese dinero […]
Salvatore Mancuso, el principal líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmovilizado dentro del proceso de paz, afirmó ayer que ese grupo paramilitar le pagaba a la Policía 400.000 dólares al mes en la región que él controlaba.
Mancuso, que el lunes reanudó su declaración ante la justicia en Medellín, dijo que ese dinero se giraba para garantizar la »colaboración» de las autoridades en la zona petrolera del Catatumbo (nordeste), de la que él era comandante, según dijeron testigos de la comparecencia.
El presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, dijo a los periodistas que Mancuso hizo esa declaración en el Palacio de Justicia de Medellín.
Además, reveló que una vez fue detenido en un retén de carretera La Guajira (norte) y pagó $22,000 para quedar libre.
Mancuso acusó el lunes a varios militares y políticos de complicidad con crímenes de las AUC o de recibir ayuda de esta organización en las elecciones de 1998.
Entre ellos mencionó al fallecido general del Ejército Alfonso Manosalva, que comandaba la Cuarta Brigada en Antioquia (noroeste) y de quien dijo facilitó una matanza de campesinos.
Entretanto, el comandante del Ejército, general Fredy Padilla de León, dijo que «de comprobarse que un miembro de la fuerza pública participó en masacres de forma individual, deberá responder también de forma individual».
Mancuso y otros 58 cabecillas de las AUC están detenidos en la cárcel de alta seguridad de Itagüí (departamento de Antioquia).
Este ganadero de 48 años, natural del departamento caribeño de Córdoba, y descendiente de italianos, comenzó su declaración en Medellín el pasado 19 de diciembre, cuando pidió perdón y lloró ante los fiscales.
Las AUC, grupo que reunió a las cooperativas campesinas que combatieron a las guerrillas durante más de dos décadas y que se convirtieron en escuadrones de la muerte, celebraron conversaciones de paz con el Gobierno desde el 2003 hasta el 2006.
Durante ese proceso se desmovilizaron más de 31,000 combatientes.
El ex líder paramilitar tiene pendientes al menos 20 procesos y una condena a 40 años que pueden impedir el beneficio de una rebaja de penas a unos 8 años, prevista en la Ley de Justicia y Paz, promulgada el año pasado para reglamentar la desmovilización de los paramilitares.
Salvatore Mancuso dirigió el bloque paramilitar del Catatumbo, donde fueron asesinadas entre 1999 y 2004 más de 3,000 personas, según cifras de organizaciones no gubernamentales.
El abogado Eduardo Carreño, defensor de víctimas por crímenes de paramilitares, considera que las confesiones del ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han permitido confirmar la «magnitud y profundidad del compromiso del Estado» en la ejecución de sus delitos.
La confesión del ex jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso de los centenares de crímenes que perpetró durante los últimos 15 años, ha permitido confirmar en Colombia la »magnitud y profundidad del compromiso del Estado» en la ejecución de esas acciones.
Así lo consideró el abogado Eduardo Carreño, defensor de víctimas de crímenes de los paramilitares, 24 horas después de que Mancuso presentara su versión libre ante un Fiscal de Justicia y Paz en Medellín, en cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en la denominada Ley de Justicia y Paz para que pueda optar al beneficio de una condena no mayor a los ocho años por sumarse al proceso de pacificación y voluntariamente admitir sus delitos.
De acuerdo con Carreño, los colombianos, especialmente los abogados involucrados en esos casos y los familiares de las víctimas, conocían de los crímenes cometidos por los grupos de extrema derecha, pero hasta el martes no tenían certeza del apoyo que desde el »Estado se le habría brindado para perpetrar sus masacres».
»Creo que esto sorprende parcialmente al país. Nosotros conocemos la existencia de los crímenes, lo que no sabíamos era la magnitud y profundidad del compromiso del Estado en la realización de los mismos», dijo Carreño al corresponsal de TeleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo.
Para las víctimas y sus familiares, resulta una sorpresa que comience a ser pública la verdad sobre los paramilitares y las masacres que planificaron y ejecutaron.
El abogado estima, además, que las confesiones de Mancuso han permitido revelar que existe un »problema de Estado», debido a los vínculos de los paramilitares con efectivos y oficiales del Ejército y de la Policía en Colombia, a quienes inclusive le hacían aportes económicos mensuales.
»El hecho de confesar su relación pública con agentes del Estado, cuando dice que la nómina mensual que aportaba al Ejército y a la policía era de mil millones de pesos, implica un problema real de Estado», insistió.
El jurista coincidió con la posición de altos funcionarios de la Procuraduría de Colombia sobre la conveniencia de que se adelanten nuevos procesos penales contra los políticos a los que Mancuso se ha referido como parte del grupo que en 2001 se reunió con la cúpula del paramilitarismo y establecieron un acuerdo para promover un proyecto de las AUC.
»Cuando dice y ratifica que efectivamente los 40 políticos que participaron en las reuniones se comprometieron con el Estado a desarrollar un proceso político, implica una participación real de los congresista en el paramilitarismo y por eso los ha vinculado la sala penal de la Corte a estos procesos», destacó.
Carreño estimó conveniente que se continúe en la búsqueda de la verdad total de las actuaciones paramilitares, para que en un futuro no se vuelvan a repetir situaciones como las que les ha tocado enfrentar a los colombianos en las últimas dos décadas, ni se registren nuevos crímenes de grupos de extrema derecha.
Mancuso, quien fungió por varios años como uno de los jefes de las desmovilizadas AUC, admitió el martes que mientras estuvo en el grupo de extrema derecha ordenó asesinatos selectivos de 336 personas, múltiples masacres y secuestros.
También confesó que sólo estaba refiriéndose a los hechos que recordaba, los que dejaron centenares de víctimas, entre las que se cuentan alcaldes, ex alcaldes, dirigentes de grupos y partidos progresistas, profesores universitarios, fiscales públicos, campesinos y funcionarios del propio Estado.
Esas personas fueron asesinadas porque, según Mancuso, habían cometido »el pecado de ser colaboradores o simpatizar con los grupos insurgentes que existen en Colombia», como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Aunque Mancuso debía continuar este miércoles con sus declaraciones, éste proceso fue suspendido hasta el próximo jueves, cuando se espera que el ex jefe paramilitar aporte más detalles de los múltiples crímenes que cometieron los más de 30 mil miembros de las AUC y, especialmente, sus más de medio centenar de líderes.
El director de Movimientos de Víctimas y Crímenes de Colombia, Iván Cepeda aseguró este miércoles en entrevista exclusiva para TeleSUR, que el presidente Álvaro Uribe impulsó las cooperativas de seguridad privada del ex paramilitar Salvatore Mancuso, cuando el actual jefe de Estado fue gobernador del departamento de Antoquia.
El director de una de las organizaciones que lucha por el respeto a los derechos humanos en Colombia, Iván Cepeda, dijo este miércoles que »Mancuso y Uribe se conocieron antes del proceso electoral del año 2002 y esa relación data de largo tiempo. Mancuso fue conocido de Uribe antes que se convirtiera en una figura política».
La confesión de Mancuso dice que »él se convirtió en paramilitar en el año 1994, y luego recibió la autorización de crear cooperativas de seguridad privadas siendo paramilitar en ese momento», dijo Cepeda.
»Hay protección por parte de las autoridades militares y en el caso de la masacre de Antoquía, fue hecha cuando Mancuso, era jefe de varias de estas cooperativas de seguridad privada impulsadas por el hoy Presidente de la república», sentenció el director de la organización de víctimas.
El entrevistado al referirse al conflicto de la »parapolítica» mantuvo que »todos los personajes que están involucrados en los escándalos por paramilitarismo, pertenecen a grupos políticos que han respaldado al actual Presidente, y estos hechos si bien no son toda la verdad, sí van a permitir desarrollo importante en varios escenarios que se están realizando en proceso de verdad en Colombia».
Cepeda condenó la relación entre el paramilitarismo y el Ejército, »es una relación institucional, hay suficiente material probatorio que nos permite hacer esta aseveración de forma contundente e inequívoca.»
Insistió que »los militares tienen gente encargada de las relaciones con los paramilitares en cada estructura y en múltiples masacres. Encontramos que las mismas fuerzas públicas en varios hechos, han advertido a la población que van a ocurrir incidentes con paramilitares».
»Hemos comprobado que los militares se han disfrazados de paramilitares para hacer las acciones delictivas. Hay un cúmulo de relaciones sistematizadas y permanente entre los grupos de autodefensa que son unas organizaciones criminales que han causado mucho dolor al país», apuntó.
»No lo conozco»
En los señalamientos hechos por Salvatore Mancuso destaca el supuesto apoyo brindado por el paramilitarismo a Álvaro Uribe, durante la campaña electoral. En este particular el jefe de Estado colombiano negó rotundamente alguna relación directa con el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En una entrevista a RCN, difundida en la página oficial de la primera magistratura, Uribe explicó: »primera noticia que tengo de que él haya dicho que presionaron un voto en favor mío. Jamás he tenido contacto con los paramilitares. No los conozco».
Sin embargo reconoció que »lo vi tal vez, ocasionalmente, mucho antes de que fuera paramilitar, una o dos veces en Montería, sin ser amigo de él. No he hecho campañas con ellos, no he sido amigo de ellos, no he tenido reuniones con ellos, no mandé emisarios a hablar con ellos».
En las elecciones de 2002, recordó Uribe que »perdí abrumadoramente en Córdoba. En las zonas de Antioquia y de influencia de paramilitares como: Urabá y en el Bajo Cauca. Perdí ampliamente en Sucre, Cesar y en La Guajira».
»Ahora, lo que hay que decirle al mundo es que este Gobierno tiene en la cárcel a los jefes del paramilitarismo. Eso es algo muy importante. Y que este Gobierno ha dicho: no más paramilitarismo. Aquí se les dio la oportunidad de un proceso de paz», sostuvo Uribe.
»Lo que hemos visto en muchos países del mundo es lo que vimos en Colombia de antaño: que esos procesos de paz eran procesos de perdón y olvido, y pasaban del terrorismo al Congreso de la República o a aspirar a la Presidencia. Pasaban de incendiar el Palacio de Justicia con dineros del narcotráfico, a aspirar a los más altos cargos del Estado, lo que no se puede repetir», añadió.
Insistió el mandatario que »ahora hay un proceso de paz, con unas sentencias reducidas, por supuesto, pero un proceso de paz sin impunidad, un proceso de paz que busca la verdad, un proceso de paz que además exige que entreguen los bienes para poder indemnizar a las víctimas».
Sentenció además que el gobierno tiene que sentirse contento de que por fin haya empezado el proceso para aplicar la Ley de Justicia y Paz. »Digámosle al mundo: hoy los jefes paramilitares están en la cárcel, empezando a cumplir con una ley que, si bien les da unos beneficios como es la reducción de las sentencias, es una ley que no permite la impunidad y estimula la verdad», puntualizó.