Traducido del original por Javier Ortíz
No hay armas , no hay explosivos; nadie de los condenados ha sido acusado de participar en acciones armadas, ni siquiera de ser colaboradores de miembros de banda armada; nadie ha sido acusado de tener responsabilidades en algún ataque callejero. Han dado ruedas de prensa, han puesto carteles, han trabajado en txosnas, han organizado movilizaciones. Terrorismo. A la cárcel.
Continúa siendo sorprendente, y terrible, la capacidad que tienen algunos pocos jueces españoles -tres de cinco magistrados, ahora- para intervenir en la política vasca . Y cómo utilizan esa facultad. En casos como éste, el problema estructural del ámbito jurídico-político donde vivimos se muestra con toda su crudeza. Junto con la Policía española y la Guardia Civil, la Ertzaintza, la institución policial dependiente del Gobierno Vasco, está trabajando para detener a 23 jóvenes y dejarlos en manos de la Institución Penitenciaria española, para que los lleven a cárceles situadas fuera del ámbito competencial de las instituciones vascas, para que estén en prisiones situadas a cientos de kilómetros del País Vasco.
No resulta fácil creer en la independencia de la justicia . Cuando parecía que el proceso de paz estaba en situación delicada, el Tribunal Supremo -un medio de comunicación filtró que el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba se reunió con José Francisco Hernando , presidente del Tribunal Supremo- decidió atrasar la resolución del caso Haika-Segi. Ahora, en este ambiente notoriamente envilecido tras el atentado de ETA en Barajas, han tomado la decisión que llevará a 23 jóvenes a prisión.
Los días posteriores al atentado, el dirigente del PSOE José Blanco recordó que era el momento de la « firmeza democrática » y de los «mecanismos del Estado de Derecho», e incluso, por decir alguien, el diputado socialista Ramón Jáuregui llegó a adelantar que podría haber decisiones duras en el ámbito judicial. Ha llegado, pues, la primera decisión. Además impulsada por la fiscalía que está a las órdenes del Gobierno de España. La sentencia ha sido dada por el tribunal donde son mayoría los jueces de sensibilidad popular, pero a petición del fiscal que sigue los criterios del Gobierno socialista.
Las consecuencias más duras las sufrirán los 23 jóvenes condenados y sus familiares y amigos. Pero no terminan ahí los efectos. Aunque todavía no han publicado en su totalidad la sentencia del Supremo, a estas alturas ya sabemos que esta sentencia modifica de raíz la jurisprudencia existente : sin participar ni colaborar en un grupo armado, sin tener nada que ver con acciones armadas, será posible de aquí en adelante ser condenado por «delito de terrorismo». Esta sentencia puede tener consecuencias directas en los juicios 18/98, Batasuna, Askatasuna y Udalbiltza , incluso en el caso Egunkaria , si la Sala de lo Penal decidiera continuar con el juicio, haciendo caso omiso de la petición de archivo realizada por el fiscal.
Por lo que respecta al proceso político , si antes estaba en serios apuros ahora pasa a estar en situación notoriamente más complicada. El riesgo de la loca rueda acción-reacción queda a la vista. Pero las personas que presentaron la iniciativa Milakabilaka para impulsar una salida, lo dejaron meridianamente claro anteayer: « una dinámica de responder a cada golpe con otro golpe no nos llevará nunca a nada «.