El magistrado Hugo Dolmestch (62 años, casado con Ruth Ulloa) integra la estratégica Segunda Sala Penal de la Corte Suprema desde julio de este año. Anteriormente, como ministro de la Corte de Apelaciones le correspondió esclarecer casos como la Operación Albania, los asesinatos de José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskablit; la ejecución […]
El magistrado Hugo Dolmestch (62 años, casado con Ruth Ulloa) integra la estratégica Segunda Sala Penal de la Corte Suprema desde julio de este año. Anteriormente, como ministro de la Corte de Apelaciones le correspondió esclarecer casos como la Operación Albania, los asesinatos de José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskablit; la ejecución de Jecar Neghme y la desaparición de cuatro miembros del FPMR detenidos en 1987 y arrojados al mar desde un helicóptero del ejército. La entrevista con el con el juez tuvo lugar cuatro días antes de la muerte de Pinochet, cuando él se aprestaba a pasar el feriado largo en su casa de descanso de la precordillera chillaneja. Con cuatro hijas mujeres ya profesionales, se le ve en paz con la vida. El severo despacho de la Corte no le resta calidez a su acogida que tiene el tono campechano de un juez rural. Nacido en Parral, Dolmestch fue juez en Río Bueno y Bulnes, al inicio de su carrera en el Poder Judicial.
«La muerte de Pinochet le sacaría al poder judicial una ‘papa caliente’ pues la impunidad del ex dictador forma parte de los pactos de la Concertación. Si el año 2002 Pinochet no hubiera sido sobreseído en el caso Caravana de la Muerte por su supuesta demencia precoz, él ya estaría sentenciado al menos por esos crímenes. ¿Es verdad que en esa oportunidad hubo presiones del gobierno para que se le sobreseyera?»
«El 2002, en la Sexta Sala, yo voté a favor de que se juzgara a Pinochet, mientras que Cornelio Saavedra y la ministra Amanda Valdovinos votaron por el sobreseimiento. Me da la impresión que siempre hubo como un empate. La persona clave era la ministra, y se puede pensar cualquier cosa, sin embargo tengo entendido que ella después votó más de una vez por el desafuero de Pinochet. Por eso, si algún tipo de presiones hubo, no fue conmigo. Se daba por hecho que uno votaba por sí y otro por no. Las presiones solo son suposiciones. No hay nada que pudiera estar programado. Los juicios se demoran mucho y en el actual juicio a Pinochet por la Caravana de la Muerte, hay una enorme cantidad de situaciones nuevas.»
¿Qué le parece que se piense que el poder judicial demora los procesos para que Pinochet muera en la impunidad?
«Es que no está sólo él. También hay muchos otros que están siendo juzgados»
Pero usted ha hecho distinciones respecto de los grados de responsabilidad.
«Ah, sí. Al menos en mis causas, tengo una concepción general del problema. La sanción a las personas culpables de violaciones a los derechos humanos, supone una cuestión base: el establecimiento de la verdad. No es posible hacer justicia si no se conoce la verdad. Y no es sinónimo de justicia sancionar a las personas con penas altas sin conocer bien qué es lo que ha ocurrido. Ahora, por mi condición de juez siempre yo he tratado al máximo de no tener prejuicios. Eso no significa no tener posición. Prejuicio es querer condenar o absolver de antemano. La única arma que pueda ser útil en esto es conocer la verdad y ése es el problema clave porque de la verdad se desprende la justicia. Y la justicia es sinónimo de dar a cada cual lo suyo.»
Y respecto del decreto ley de amnistía de la dictadura, ¿cuál es su posición?
«No estoy de acuerdo con echarle tierra al asunto, con olvidar. La amnistía es taparse los ojos como país. El Estado tiene que cumplir lo que ha demandado la Corte Interamericana, y enviar al Congreso un proyecto de ley de nulidad, o derogación de esa ley. Claro que eso no es de gran importancia práctica porque en el fondo la amnistía no se ha aplicado en los últimos años.»
Pero el ministro Víctor Montiglio y otros todavía lo hacen y logran dilatar aun más los juicios.
«En ese sentido puede tener utilidad. Sin embargo, yo siempre soñé que existiera una ayuda legal, herramientas útiles para estimular la confesión. La única posibilidad es que la gente que participó cuente su propia verdad. Si hubiera sido realidad el proyecto de Ley del ex Presidente Lagos de rebaja de penas para los que confesaran, los casos de ddhh estarían aclarados.»
El abogado Caucoto me comentó que usted era maestro en el arte de la confesión, ya que en todas sus causas los criminales han hablado. ¿Cuál es su secreto?
«A todas las personas, sin distinción, les interesa que el juez actúe con la verdad. Yo no puedo decirle a una persona ‘yo estoy destinado a castigarlo’ porque eso no es así. Mi función es hacer justicia. La confesión, desde el punto de vista teológico es algo muy parecido, porque la consecuencia es la liberación. Como dice la iglesia, la verdad libera. Yo he notado que libera a los familiares de las víctimas y a los inculpados. El caso Jecar Neghme es un ejemplo de cómo libera la verdad a los hechores, puedo hablar de ello porque si el caso llega a la Suprema no me corresponde pronunciarme. Muchas personas han criticado que las penas son muy bajas. Estoy consciente de ello».
En declaración pública la familia argumentó:«Si quienes balearon a Jecar podrán estar libres por las calles haciendo una vida normal, significa que su vida no vale nada, y que en nuestro país, hay distintas clases de delincuentes, unos bajo la tutela del Estado y otros desamparados».
«Queda la duda. Fíjese que la verdad es tan maravillosa que sin ella yo diría que es casi imposible hacer justicia. La confesión no se saca de un día para otro, ni por la vía de la amenaza o la tortura sicológica. Hay que convencer a la gente que lo mejor es hablar. Yo siempre supe, porque las cosas se comentan, que en ese delito habían participado no más allá de unas cinco o seis personas. Y los cinco o seis que también pensé que podían ser los culpables, guardaban un silencio tremendo, que los dejaba con el mismo grado de responsabilidad. De a poco, empecé a convencerlos de que la verdad no era tan terrible, ni los hacía partícipes en el mismo grado.»
¿Cómo ocurrieron los hechos?
«La CNI estaba prácticamente en disolución, el plebiscito ya había ocurrido. El general Abarzúa, jefe de la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), me contó que fue llamado por Pinochet para hacerse cargo de la disolución y liquidación de la CNI, devolviendo a la gente a los cuarteles, y liquidando bienes. Quien dirigía la CNI en la práctica era el brigadier Enrique Leddy Araneda. Y este señor asistió a una concentración donde se planteaba la reinserción del MIR a la vida política. Allí habló Jecar, que era un hombre de una gran calidad humana y muy querido, pero pareciera que alguien le gritó allí «traidor» o «amarillo», una cosa de ese tipo, porque no a todos le gustaba su planteamiento. Y allí por razones que nunca supe cien por ciento, a este señor Leddy se le ocurrió esa idea de matar a este niño. Entonces él personalmente le ordena a la Brigada Azul ‘hay que seguirle la rutina a esta persona’, saber donde va, y en un momento determinado castigarlo, matarlo. Como no era clandestino, era más vulnerable, tenía una rutina, igual que yo. Si alguien me quiere matar, no le va a costar nada.»
Pero el brigadier Leddy también tuvo otro objetivo.
También tuvieron en la mira a Manuel Cabieses, el director de Punto Final. Sin embargo, parece que Jecar Neghme era más rutinario, menos precavido porque estaba convencido que Aylwin ganaría las elecciones y venía la democracia Todo el mundo habla maravillas de Jecar.
Los agentes comprobaron que él siempre tomaba la micro o un taxi colectivo a Maipú, venía por aquí a un local político en calle Moneda y luego caminaba por Bulnes hacia Alameda. Leddy empezó a presionar a la Brigada Azul, comandada por el capitán Arturo Sanhueza Ross y dos tenientes (Silvio Corsini Escárate y Pedro Guzmán Olivares, Nota de PF) sobre cuándo le iban a dar el castigo a Neghme. Ellos no querían cumplir la orden. Leddy los trató mal por desobedecerle. Y llamó al jefe de Estado Mayor (Jaime Norambuena Aguilar,) que trabajaba en el Cuartel, para que tomara el mando de la Brigada Azul y se lo comunicara al capitán Sanhueza.»
Obediencia Debida
«Debían cumplir con la orden, y avisarle en cuanto estuvieran listas las condiciones. Norambuena informó al brigadier Leddy, que seguía desconfiando por lo cual mandó a su ayudante, el teniente Manuel Allende Tello, como chofer del operativo contra Neghme. Este se juntó con Sanhueza en la mitad de la calle de Bulnes con Alameda el 4 de septiembre de 1989. Lo mandaron a esperar en Alameda por si la acción fracasaba. No estaba destinado a usar armas. Los otros dos, Norambuena y Sanhueza se quedaron en la esquina de Moneda. Atajaron a Neghme y lo balearon (18 balazos) . En el lugar, tiraron un volante diciendo que Neghme era un traidor, o algo así. Y llamaron por radio a Allende y éste fue a dejar a Norambuena al cuartel. Esa relación de hechos en el expediente evidencia que el grado de responsabilidad que puede tener ese teniente, no es el mismo que el que tiene el mayor, ni el brigadier Leddy. Desde el punto de vista judicial todos son autores, un grupo que ayudó a matar. Yo los sancioné como tales. Pero busqué las distintas atenuantes y los sancioné con penas absolutamente distintas el uno del otro. Este niño Allende que nunca le pudo contar a su mujer ni a nadie, de este tremendo drama, lo primero que hace es contarle a ellos: ‘esta es toda mi responsabilidad, júzguenme ahora, el juez ya lo hizo’ (Dolmestch lo condenó a 541 días de prisión remitida, Nota de R). Y yo no creo haber cometido ninguna falta. Hay mucha gente como este niño Allende que no ha tenido un grado de participación directa y a eso usted tiene que agregarle el sistema jerárquico militar: un teniente no le dice a un general que no. No puede».
A un mapuche lo sentencian a diez años de prisión por un supuesto incendio, y la pena mayor, para Leddy, es de cinco años y un día. Es extraño.
«Es que yo apliqué la media prescripción, no es extraño».
Pero usted desconoce así el derecho internacional en derechos humanos.
«Es que el derecho internacional rige para delitos de lesa humanidad, y estamos hablando de un crimen ocurrido el año 1989. Fue un homicidio que no reúne los requisitos de un crimen de lesa humanidad. Por eso se rebajaron las penas. Sin embargo, la Corte Suprema puede pensar lo contrario, y las penas se elevarían. Es un problema de apreciación. De otro modo, usted no llega a la verdad jamás.»
Y el caso Albania, ¿cómo lo calificó?
«Tampoco lo califiqué como de lesa humanidad. Por lo demás, los alegatos de los abogados no aducen eso. También hay que ser un poco más abierto, hay que ver qué es lo que va a privilegiar. Si usted le dice a un hombre ‘yo lo voy a condenar a veinte años’, él no habla jamás.»
En la medida de lo posible
Sanciones bajas y penas remitidas ¿no son una señal equívoca para la sociedad?
«Más negativo sería que no se supiera nada, ni siquiera la verdad.»
¿Se refiere a la teoría del mal menor?
«O a la de la ‘justicia en la medida de lo posible’, que no le gustó a nadie, pero que no deja de tener razón.»
¿Todavía considera adecuado ese planteamiento?
«No sé si es adecuado, pero no es una locura. Yo no creo que se pueda dar en un tipo de delito como estos, una justicia material equivalente al daño causado. Todo esto supone el establecimiento de la verdad. Es fácil pedir cosas después que se sabe la verdad, …A la familia de Neghme se lo he contado, pero no he sabido si lo aceptó.»
Es que uno no puede separar la verdad de la justicia.
«Y ese es el drama. Me da la impresión que sin verdad no hay nada. Y sin verdad, todo lo ocurrido puede recrudecer. Usted viera cómo sufren, cómo llora esa gente cuando confiesa. Es una cosa espeluznante».
Usted habla del llanto de los criminales. ¡Pero las familias también lloran!
Desde luego. A mí me llama siempre mi colega, la ex jueza María Yolanda Manríquez (madre de Gastón Vidaurrázaga, ejecutado el 8 de septiembre de 1986, Nota de R.). Ella llora, llora, y seguirá llorando… No sé, pero creo que lo que yo hago es mi modesta contribución a la justicia. De otra forma, no tendríamos nada. No es fácil obtener la verdad. Yo tomé el caso Albania cuando era una causa muerta y yo era miembro de la Corte Marcial. Los alegatos finales por las sentencias se vieron hace poco en la Corte Suprema. La verdad debería tener un gran valor. A nivel nacional, no sé cuánto se habrá avanzado. Pero yo creo que por lo menos esto nos podrá salvar del juicio definitivo en algunas mentes. Yo estimo que una suerte de compensación es que las indemnizaciones sean muy altas: yo las fijo en 250 millones de pesos por cada víctima, y en el caso Albania, la Corte los subió a 500 millones.
La demanda civil por reparación ¿incluye también a los culpables?
No, la demanda es contra el Estado. Si demandan a los victimarios, ¿a quién le van a cobrar las víctimas? Desde el momento que alguien sabe que va a ser investigado, se desprende de sus bienes. La indemnización tiene que ser algo real también. El que no tiene bienes no puede sufrir en materia civil.
Las indemnizaciones altas tienen un sentido simbólico. Si es el Estado el que tiene que pagar, nos cuesta a todos. Debemos tener conciencia que también nos corresponde meter la mano al bolsillo porque todos tenemos responsabilidades en lo que ocurrió.
El piloto del ejército Aquiles Navarrete confesó que Pinochet dio la orden de asesinar a cinco frentistas apresados por la CNI después del secuestro del coronel Carreño. Pero el ministro Haroldo Brito, su sucesor en ese caso, hasta ahora no encargó reo ni al piloto ni al copiloto, el coronel ® Hugo Barría Rogers, ex agregado militar en París del actual gobierno. Ellos aducen no estar enterados de qué contenían los supuestos «paquetes»¿Qué sintió en la reconstrucción de escena del lanzamiento al mar de los frentistas Gonzalo Fuenzalida, Julio Muñoz, José Peña, Alejandro Pinochet y Manuel Sepúlveda?
Fue una sensación tremenda. El testigo, que había sido el piloto de la operación, no quería subir, me decía que podía pasar cualquier cosa y que desapareceríamos todos. Yo no tenía miedo. No me han amenazado nunca, ni a mí ni a mi familia. No es que sea valiente, de ignorante no más. El vuelo lo hice en el mismo helicóptero Puma utilizado por la CNI. Bajamos lo más cerca del mar que pudimos y se abrieron las puertas, porque yo había solicitado que sacaran fotografías. Me olvidé de advertirlo a la fotógrafa de investigaciones, que se aterró. Alguien que cae no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Yo nunca pensé que fuera tan grande el mar, el mar es terrible.
¿Tiene usted conocimiento de la huelga de hambre que mantiene Waikilaf Cadin Calfunao desde el 27 de noviembre de este año procesado por desórdenes públicos y recluido en la Cárcel de Alta Seguridad? (Le muestro la carta de la lonko Juana Calfunao, presa en Temuco, y le describo la represión a toda su familia)
Esto debiera llegar a la Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado. Yo le voy a echar una mirada a esto como juez, porque si es así, no puede ser. ¿Hay algún fiscal acusado por esta situación?
¿Qué piensa de los cambios en la composición de la Corte, y particularmente del reciente ascenso del abogado Enrique Pierry?
Los cambios van a seguir, se va a renovar por completo la Corte. Yo no conozco al señor Pierry más que como abogado. Estoy al tanto de la objeción que hizo la Agrupación de Familiares de DD por la posición de Pierry contra las reparaciones. Pero pienso que él sólo representa la posición del Fisco, que siempre es igual en esa materia… El era un hombre fuerte en el Consejo de Defensa de Estado y es un gran administrativista. Es su patrón, el fisco el que es ‘apretado’…