El Gobierno impuesto por la dictadura del narcoparamilitarismo, esta de tumbe en tumbe, sale de un escándalo y se inserta en otro, él camino al despeñadero no tiene retroceso; tal es el estado de ilegitimidad de este, que los índices de popularidad tan sonados de Álvaro Uribe Vélez-AUC, ya están muy por debajo de la […]
El Gobierno impuesto por la dictadura del narcoparamilitarismo, esta de tumbe en tumbe, sale de un escándalo y se inserta en otro, él camino al despeñadero no tiene retroceso; tal es el estado de ilegitimidad de este, que los índices de popularidad tan sonados de Álvaro Uribe Vélez-AUC, ya están muy por debajo de la cota, de los difundidos por los medios de desinformación al servicio de la narcorepublica. Y para completar cada día que pasa Uribe se queda más aislado en su envolvente estado de Impunidad y cinismo gubernamental.
Para nadie es ni era un secreto de la relación del Narcogobierno de Uribe Vélez y las bandas paramilitares, y este su nuevo escándalo de la narcoparapolitica, solo apunta al palacio de Nariño, e incluso reeditando con certeza, las afirmaciones de algunos sectores de la sociedad de que la familia del presidente estaba históricamente comprometida con los narcotraficantes y paramilitares.
Este es uno de los momentos de más alta tensión, desde que la parapolitica se encuentra en la agenda política de los colombianos. Y las denuncias se hacen cada vez mas creíbles y demostrables, cuando el senador Gustavo Petro, del partido de oposición Polo Democrático Alternativo, anuncia para marzo un debate en el Senado sobre el papel de Uribe en la conformación de fuerzas paramilitares en los años noventa, cuando fue gobernador de Antioquia, uno de los departamentos más importantes del país, cuya capital es Medellín.
Así que las sospechas sobre la parapolítica no son recientes, pero sí se hicieron mayores y más tarde se demostraron cuando el ex jefe para Salvatore Mancuso entregó a la opinión pública el llamado Acuerdo de Ralito. Se trata de un documento firmado el 23 de julio de 2001 por 11 congresistas y los jefes paras Jorge 40, Diego Vecino, Don Berna y el mismo Mancuso. Los políticos y los paras se reunieron en Santa Fe de Ralito, al norte del país, para acordar y firmar un documento macabro que define los términos para «construir una nueva patria». Los legisladores firmaron, entonces, un acuerdo con los jefes en una de las épocas de terror más agudas del paramilitarismo, y con delincuentes que eran, en ese momento, buscados por la Justicia.
Y el detonante de esta crisis, se produjo el jueves 15 del presente mes cuando fueron detenidos 3 congresistas y luego tres más llamados a indagatoria, implicados en la parapolitica, entre ellos Álvaro Araújo hermano, cuyo padre también se ordeno investigar del actual canciller María Consuelo Araujo. Quien fue defendida y con principio de encubrimiento por parte del que se presume «Jefe de la Parapolitica», el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Pero ahí no termina el asunto, el destape apenas comienza, pues son más de 60, las «personalidades», de la vida política que serán investigados y llamados a rendir declaración «libre» sobre el caso, en los que se encuentran alcaldes, concejales y diputados de los departamentos de Antioquia, Bolívar y Magdalena medio Santandereano, quienes no solo asumieron el «plan Paramilitar», sino que recibieron fuertes cantidades de dinero de estas bandas para financiar sus campañas políticas.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia, de ordenar la detención de los paracongresistas, produjo distintas reacciones y hechos, que van desde, las amenazas recibidas por las «nuevas» bandas paramilitares o mejor dicho la nueva cara del paramilitarismo por ejemplo para señalar un caso. Las amenazas que ha recibido Yesid Ramí¬rez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia ente que investiga a los parlamentarios, así¬ como las amenazas recibidas contra organizaciones sociales, de derechos humanos, grupos polí¬ticos de oposición, entre los que se encuentran varias organizaciones que pertenecen al Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, son clara muestra de que los grupos paramilitares y sus estructuras militares se encuentran intactas; hasta el respaldo de movimientos y partidos de la oposición al régimen a esta decisión.
Hasta ahora, todos los legisladores encarcelados e investigados pertenecen a partidos, movimientos y agrupaciones de la coalición progubernamental que promovieron y respaldaron la reelección del presidente narcoparamilitar, Álvaro Uribe, en 2006.
Es necesario por tanto, profundizar la crisis de gobernabilidad, al calor de la lucha política y de masas, junto a la Resistencia armada del Pueblo. Ganar en la confluencia es la tarea para lograr una mayor fuerza popular frente al establecimiento y su plan macabro.
El país debe conocer toda la verdad sobre el terrorismo de Estado y su narcoparamilitarismo, se debe exigir que haya Justicia y reparación para las victimas de los crímenes de estado y que realmente se produzca el castigo para los responsables de la crisis de la patria.
El Pueblo debe exigir y ganar en la calle
– La Renuncia del narcopresidente Álvaro Uribe Vélez y su canciller María Consuelo Araujo.
– Lograr la revocatoria del congreso y se convoque a nuevas elecciones, con veeduría internacional.
– Que renuncien todos los funcionarios públicos y privados comprometidos con el narcoparamilitarismo y se enjuicien por sus actos criminales.
– Exigir la derogación de las leyes aprobadas en las administraciones de AUV-AUC.
Estamos asistiendo a un momento crucial, donde tod@s los colombianos debemos oponernos y combatir utilizando todas las formas de lucha, para romper el establecimiento, y esto nos permita construir un nuevo modelo de Nación, junto a los que hoy están floreciendo en América Latina.
Elenos, de la Resistencia al Poder Popular.