El programa neoliberal, cual eficaz apisonadora, continúa su programa de destrucción de todo lo público, con el afán de que los derechos que protegen los servicios públicos (acceso a la educación, a la sanidad, a la cultura, a la información) desaparezcan y así convertir a la sociedad en ese hipermercado con el que sueñan los […]
El programa neoliberal, cual eficaz apisonadora, continúa su programa de destrucción de todo lo público, con el afán de que los derechos que protegen los servicios públicos (acceso a la educación, a la sanidad, a la cultura, a la información) desaparezcan y así convertir a la sociedad en ese hipermercado con el que sueñan los mercaderes. Al grito de ¡abajo la ciudadanía, viva el consumo!, ahora han puesto la vista en las bibliotecas. De momento, hay que transponer ¡urgentemente! La directiva 92/100, que habla de derechos de préstamo y alquiler (la biblioteca dentro de poco, no prestará, sino que alquilará, como se puede ir adivinando). ¿Cómo se va a hacer esto? A través de la Ley del Libro, la Lectura y las Bibliotecas, que bien podría llamarse Ley de la Gestión de los Derechos de Autor, ya que es una auténtica camisa a la medida de los intereses de las entidades que dicen defender los derechos de autor. No parece que hayan convencido a todos. Por eso, autores de la talla de José Luis Sampedro, Andrés Aberasturi, Gustavo Martín Garzo, Carlo Frabetti, Rosa Regás, Lolo Rico, Enrique Miret Magdalena, Emilio Lledó, Miguel Delibes, Andrés Trapiello, Maruja Torres, Darío Fo, Luis Landero, Moncho Alpuente, Santiago Alba, Luis García Montero, Belén Gopegui, José Antonio Millán… y un largo etcétera que no es cuestión de reproducir para no cansar al lector, además de una larga nómina de profesores universitarios, se manifestaron en contra de este canon hace un par de años y lo siguen haciendo ahora cuando parece que se va a consumar esta tropelía dejando el modelo atado y bien atado en la susodicha ley.
¿Y por qué hay que transponer urgentemente la directiva? Pues porque así lo dictamina el Tribunal Europeo de Justicia. Justicia… neoliberal, habría que añadir, porque si no, se puede hacer uno un lío. Igual que existe una lejana relación entre música y música militar, también entre los términos «justicia» y «neoliberal» descubre uno un abismo lógico con un problema más difícil de resolver que el maldito cubo de Rubik.
Total, y para ir al grano, de lo que se trata es de disparar a la línea de flotación de un servicio público como es la biblioteca. ¿Y cómo hacerlo? Muy fácil: gravando la actividad principal de una institución cuya misión es precisamente el préstamo de libros y otros materiales. Préstamo sin ningún ánimo de lucro, ya que el servicio es gratuito. Pues bien, en una vuelta de tuerca más en la lógica mercantilista que nos anega, ahora las entidades de gestión de derechos de autor, que representan fielmente los intereses de los grandes poderes editoriales, quieren cobrarnos por tomar prestado un libro de la biblioteca. En concepto de derechos de autor, se nos dice. Si no fuera tan serio el asunto, sería para una buena carcajada, porque el argumento no tiene ni la categoría de coartada. Se trata de una burda mentira que no sirve ni para tapar las vergüenzas de los intereses obscenos que persigue la operación. En realidad, el paisaje de fondo es la creación de un mercado que no existía. La inmensísima mayoría de los autores no van a percibir un euro de lo que van a recaudar estas entidades, y además las bibliotecas los promociona sin cobrarles por ello. Pero, bueno, no hay que preocuparse, según el Ministerio de Cultura, que nos tranquiliza con el argumento de que «no paga el usuario». ¡Caramba!, ¿y quién paga?, ¿o es que el Ministerio tiene fondos reservados que no salen de los impuestos ciudadanos?
Por otro lado, el problema de la recaudación del nuevo impuesto (y en esto, han sido originales, hay que reconocerlo, porque los derechos de autor están contemplados en el precio del libro, pero creativamente ahora se grava el préstamo) se resuelve fácilmente: ¡no se va a poner el Ministerio a contar los préstamos que realizan las bibliotecas! Qué va, qué va, para esa están las sociedades de gestión, que se ofrecen desinteresadamente a hacerlo! No sé por qué extraña asociación de ideas, se me viene a las mientes el simpático caso del zorro y el gallinero.
Y ahora viene, la traca final: la exposición de motivos del anteproyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas declara «como uno de sus principales objetivos el de reconocer e impulsar la lectura». ¡Que me aspen si lo entiendo!