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Los directivos de Delphi cobran hasta 3'3 millones de euros por cerrar fábricas

Delphi, teníamos razón los que votamos NO

Fuentes: Rebelión

El pasado domingo el diario El País publicó un artículo sobre el grupo estadounidense Delphi, en el que detallaba la gestión fraudulenta por parte de sus altos ejecutivos y en la que se incentivaba con grandes primas de dinero a estos mientras se realizaban drásticas reducciones de plantilla o cierres de plantas como en el […]

El pasado domingo el diario El País publicó un artículo sobre el grupo estadounidense Delphi, en el que detallaba la gestión fraudulenta por parte de sus altos ejecutivos y en la que se incentivaba con grandes primas de dinero a estos mientras se realizaban drásticas reducciones de plantilla o cierres de plantas como en el caso de Puerto Real.
Según un informe del propio grupo Delphi, entregado a la Comisión del Mercado de Valores de EE UU, «las operaciones de fuera de Estados Unidos son por lo general rentables y generadoras de caja. Sin embargo, buscamos optimizar nuestras instalaciones productivas».
El siguiente es un artículo de Antonio J. Torres sobre la multinacional, analizado desde la óptica andaluza.

Delphi, teníamos razón los que votamos NO

El pasado 18 de febrero los andaluces y andaluzas estábamos convocados a referéndum para ratificar con nuestro voto la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, propuesta por el PSOE, el PP e IU, y apoyada por la oficialidad sindical de CCOO y UGT. Esa reforma del Estatuto fue aprobada formalmente con un triste 36,28% de participación; a los apenas cuatro días, el 22 de febrero, la empresa Delphi España anunciaba el cierre de su planta en Puerto Real (Cádiz) debido a una supuesta acumulación de pérdidas de 150 millones de euros en los últimos cinco años. Esta secuencia temporal, es decir, el poco tiempo transcurrido entre la dudosa aprobación del Estatuto y el anuncio de cierre de Delphi, es una de esas ironías crueles y sorprendentes tan propias en Andalucía.

Muchos de los que votamos NO a esa reforma del Estatuto argumentábamos que se trataba del Estatuto de la estafa, que esa reforma no suponía un avance para Andalucía en general y para la clase obrera en particular. Hablábamos del Estatuto de la dependencia, del Estatuto neoliberal, o directamente del Estatuto de la oligarquía, a pesar de que dos presuntas fuerzas de izquierdas, PSOE e IU, y los sindicatos CCOO y UGT, lo apoyaban. En nuestras argumentaciones citábamos muchísimos ejemplos que daban fuerza a nuestras posiciones: desde la reforma agraria y la situación del campo andaluz hasta las bases militares norteamericanas de Rota y Morón, pasando por la inevitable cuestión de la soberanía nacional andaluza como uno de los ejes centrales de nuestro discurso, y terminando en la precariedad laboral en el sector servicios o por el difícil, por no decir imposible, acceso a una vivienda digna. Ejemplos no nos faltaron, y por lo que se ve, ejemplos no nos van a faltar en el calculado plan de desindustrialización de Andalucía, no nos olvidemos de lo sucedido hace apenas un año en Málaga con Cortefiel, y de lo que está sucediendo ahora con Vitelcom, empresa donde la Junta de Andalucía colabora con Telefónica, y por tanto es responsable de la nefasta gestión que denuncian los trabajadores, o como pretenden eliminar los polígonos industriales más importantes de Málaga para dejar paso a la especulación inmobiliaria; pero, sin lugar a dudas, en Andalucía es la Bahía de Cádiz el objetivo preferente a destruir, o como ellos dicen a «reconvertir», ya que no se trata solo de Delphi, con 1600 trabajadores, sino también de Airbus, con 400 trabajadores, y Eastman, con un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectaría a unos 147, cuyo fin no es otro que el cierre en cubierto, sincronizado en el tiempo. Estamos hablando en todo caso de empleos directos y no de los llamados empleos indirectos.

Es en estas situaciones donde se pone de manifiesto más crudamente, en primer lugar, la fase imperialista del capitalismo que Lenin caracterizó como capitalismo en descomposición, donde lo financiero-especulativo se impone a lo productivo, y, en segundo lugar, y relacionado inevitablemente con el aspecto anterior, el sometimiento nacional de Andalucía, ejemplificado en la falta de un poder político andaluz soberano, no olvidemos que el mismo Lenin señaló la «intensificación del yugo nacional» como particularidad política del imperialismo.

Delphi, antigua General Motors, es el primer fabricante de componentes para automóviles de los Estados Unidos. Según informó la propia Junta de Andalucía recientemente, Delphi recibió del Ejecutivo andaluz desde 1986 unos 62 millones de euros, destinados, sobre todo a mejora tecnológica. La subvención más importante fue de 29 millones en 1986 para la instalación de la factoría, la segunda fue de 21,6 millones, que se pagó en tres plazos entre 1995 y 1997, y estuvo presupuestada con cargo al programa de incentivos económicos regionales, financiado al 75% con fondos europeos. La última fue a solicitud de la empresa, que se encontraba en tramitación, para lograr una subvención de 8,3 millones, que la Junta anunció el año pasado como respaldo a los planes de Delphi para garantizar la viabilidad y el empleo en Puerto Real, garantía, como hemos visto, rota por el cambio de planes de Delphi. Sin embargo, en un reciente trabajo elaborado por el periódico Diagonal («El monocultivo de la industria del automóvil», Diagonal nº 48) se llega a la conclusión de que «la mayor productividad en las líneas de montaje de las plantas españolas se debe al aumento de la tasa de explotación» y no a la mejora tecnológica, ya que el Estado español «sigue siendo un productor especializado en lo que Ibáñez y López Calle llaman monocultivo del automóvil de gama baja, aquel donde menos intervienen los departamentos de investigación y desarrollo y más las tareas simples fácilmente sustituibles por una mano de obra barata y menos cualificada». Este informe también es aplicable a Delphi, que ni siquiera realiza automóviles de gama baja, sino componentes, con lo cual, todo esto quiere decir, nada más y nada menos, que Delphi, como otras tantas empresas multinacionales que se han instalado en Andalucía, recibió cuantiosas subvenciones supuestamente para mejorar la productividad a través de la investigación tecnológica, pero resulta que esos millones de euros no han ido a tal fin, en realidad, no se saben dónde han ido a parar, pero no sólo eso sino que el aumento de la productividad y sus beneficios han salido, fundamentalmente, de aumentar lo que en términos marxistas se llama la tasa de plusvalía relativa, es decir, de la intensificación de la explotación de los obreros, dicho más claramente, de sacarle la sangre a los trabajadores en los turnos de trabajo.

Es posible que Delphi se haya visto afectada por lo que los economistas burgueses llaman «deseconomías de escalas», situación en la que un aumento de la cantidad producida eleva el coste medio de producción a largo plazo, producido, fundamentalmente por problemas de coordinación en la gestión o por un aumento de los costes de producción. La solución propuesta en la mayoría de los casos por las empresas es la división de la producción, algo en lo que General Motors tiene bastante experiencia, o el cierre, sin olvidar que la división de la producción sirve de excusa, en unos casos, para el desplazamiento/deslocalización hacia lugares donde se pueda disfrutar de subvenciones institucionales, ventajas fiscales, y sobre todo, mano de obra abundante y barata, y en otros casos, para renegociar siempre a la baja las condiciones de trabajo. El caso es que las empresas tratan de evitar lo inevitable: que la tasa de beneficio no caiga.

Delphi ha realizado en la Bahía de Cádiz una clara operación especulativa y no una inversión productiva, con sus riesgos lógicos: recibiendo subvenciones públicas y sacando el beneficio de la explotación obrera, hasta que ha llegado el momento de acudir allí donde la especulación pueda dar mayores beneficios, según dicen, ese lugar es Polonia. Han cogido la pasta y han salido corriendo a la primera de cambio, así de claro, como vulgares chorizos.

Es la lucha de clases, pero en el contexto de una nación dependiente y marginada, Andalucía, donde no existe un poder político soberano, ya que no se puede llamar así a una simple institución descentralizada de gestión administrativa que es la Junta de Andalucía, al servicio del gran capital español y las multinacionales. Ha resultado patética la actuación de la Junta con esa pantomima de entregar a la empresa un requerimiento notarial en la que se le advierte de que lo que ha hecho es constitutivo de delito, sin embargo, en Delphi, para más burla, nadie ha dado la cara, nadie es responsable, es más, la Junta ha confesado sentirse «sorprendida» por la decisión de Delphi, ya que ni siquiera tuvieron la consideración de comunicar su decisión a las instituciones andaluzas, ¿cómo harán las instituciones andaluzas para hacer pagar su delito a los responsables de Delphi, qué poder tienen?

A pesar de que la Junta se opone al cierre, el Vicepresidente económico español, Pedro Solbes, el rostro más rabiosamente neoliberal del Gobierno de Zapatero, en declaraciones públicas daba por hecho el cierre y proclamaba, como no, la sagrada libertad de las empresas para instalarse en un lugar u otro según su conveniencia.

¿Para esto necesitamos una Junta de Andalucía y una reforma del Estatuto, para que siga ocurriendo lo mismo de siempre? ¡Qué humillación para Andalucía!

La falta de soberanía y la necesidad de la misma es evidente para evitar estas fugas, para evitar estos robos al pueblo andaluz en su conjunto, a su economía nacional, y a los trabajadores en particular, para evitar la dependencia de decisiones externas sobre qué debemos producir y cómo producirlo, disponiendo de nuestro territorio y de nuestras vidas en general a su entera conveniencia, y para procurar algo tan elemental como el trabajo y el bienestar, sin que tengamos que emigrar. No estamos hablando de una soberanía nacional en abstracto, sino de una soberanía nacional antiimperialista, del necesario poder decisión para que el pueblo y los trabajadores de Andalucía sean dueños de su futuro en paz y libertad, haciendo frente al imperialismo y sus multinacionales.

El objetivo es la transformación de la Bahía de Cádiz en otro lugar más de recreo turístico y especulación inmobiliaria, con un abundante ejército de parados dispuestos a trabajar en las peores condiciones, mientras la industria se desplaza hacia otros lugares «más ventajosos». No olvidemos, por ejemplo, que en el barrio gaditano del Cerro prácticamente todas las familias del barrio tienen a algún miembro en el paro y la renta per capita no supera los 120 euros, según cuenta el mismo Ayuntamiento de Cádiz, o los terribles datos de paro y escasa actividad económica de la Isla de San Fernando. Por supuesto, quienes no vean futuro en su tierra, a emigrar. Ese es el negro futuro «post-industrial» que le espera a la Bahía, ya de por si golpeada y castigada por años de reconversiones y ajustes, como bien saben los trabajadores de Astilleros y las empresas auxiliares.

Frente a este objetivo del imperialismo, no queda otra que la lucha obrera y popular por la autodeterminación y el socialismo. Por eso votamos NO a ese Estatuto el pasado 18 de febrero, para que, justamente, casos como los de Delphi y otros muchos más no sucedieran. Frente a la destrucción y la marginación planificadas, la Bahía y Andalucía entera tienen futuro: ¡luchando!

No podemos finalizar sin referirnos al valioso ejemplo de internacionalismo proletario demostrado por los trabajadores de Delphi de la planta de San Cugat (Barcelona), que se desplazaron desde Catalunya para manifestarse junto a sus hermanos de clase en Puerto Real, demostrando que la fuerza de la clase obrera está en su unidad en la lucha.