El gobierno de Colombia espera la visita del presidente George W. Bush con la pretensión de que Washington restablezca su ayuda militar, pero un legislador opositor de Estados Unidos rechaza esa posibilidad proponiendo un radical cambio de prioridades. «Quiero un Plan Colombia para las víctimas», dijo el representante James McGovern, del Partido Demócrata, quien visitó […]
El gobierno de Colombia espera la visita del presidente George W. Bush con la pretensión de que Washington restablezca su ayuda militar, pero un legislador opositor de Estados Unidos rechaza esa posibilidad proponiendo un radical cambio de prioridades.
«Quiero un Plan Colombia para las víctimas», dijo el representante James McGovern, del Partido Demócrata, quien visitó este país durante de 60 horas para atender el clamor de quienes padecen las consecuencias de la guerra, que Washington financia a través de esa operación antidrogas y contrainsurgente.
El miembro de la Cámara de Representantes sostuvo que Bush, quien estará en Colombia cinco horas, no sólo deberá hablar entonces «de su admiración hacia el presidente (Álvaro) Uribe».
Bush también deberá aplaudir, según McGovern, a «quienes aquí en Colombia están tratando de hablar de los derechos humanos, de los derechos de las víctimas y sus familias y de la necesidad de saber la verdad» sobre los crímenes en la longeva guerra, afirmó McGovern.
«Este no es el momento para certificar en derechos humanos» a Colombia, agregó, debido a «las preocupaciones por las revelaciones sobre la infiltración paramilitar», las bandas de ultraderecha al servicio del narcotráfico, en el Estado y en la bancada oficialista.
El 25 por ciento la ayuda militar estadounidense se mantiene congelada debido a violaciones de derechos humanos.
Apenas llegó al aeropuerto el viernes, McGovern se dirigió al lanzamiento en la capital colombiana de la Comisión Ética Internacional, que se propone acompañar durante 10 años al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MNVCE) en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
El activista argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, integra la Comisión, pero no asistió al lanzamiento por razones de salud.
En la agenda de McGovern figuraron prácticamente todas las principales organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Colombia, así como familiares de soldados y policías en manos de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que pretende canjearlos por guerrilleros presos.
También se entrevistó con el senador Gustavo Petro y otros líderes del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), segunda fuerza en las elecciones presidenciales de mayo de 2006 en las que Uribe fue reelegido por amplio margen.
Uribe realizó fuertes ataques verbales contra sus opositores en las últimas semanas, atribuidos por ellos a un intento por desviar la atención del creciente escándalo por el «paragate».
«Mi corazón se rompió» al visitar el domingo en la mañana a las comunidades desplazadas en Cazucá, al sur de Bogotá, expresó McGovern, «porque ya estuve ahí hace cuatro años» y «esencialmente la situación sigue igual».
Allí «la gente sigue viviendo en la pobreza absoluta, huyendo de los peores tipos de violencia. Paga arriendo, impuestos, altas tarifas de agua y de otros servicios. No hay ni siquiera escuelas para los niños, y las pocas escuelas que hay cobran para que los niños puedan asistir. Eso es ridículo», advirtió.
Así, postuló «un Plan Colombia para las víctimas», que incluya aumentar «bastante la inversión para los desplazados y además condicionar esa ayuda a que realmente vaya hacia lo necesario», argumentó.
Los desplazados en este país suman 3,8 millones de personas, según la no gubernamental Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes. Unos 4,8 millones de hectáreas de lo que eran sus parcelas están en manos de narcotraficantes y sus testaferros, según la Conferencia Episcopal de Colombia.
El gobierno de Uribe no reconoce como desplazados a quienes abandonan sus hogares tras las fumigaciones de cultivos de droga con el herbicida glifosato, uno de los principales programas del Plan Colombia.
Cerca de 45 por ciento de desplazados no reciben ayuda oficial. Sesenta por ciento carecen de todo acceso a los servicios de salud y 70 por ciento de los niños y niñas desplazadas abandonan la escuela, dijo a IPS el director de Codhes, Jorge Rojas.
«En vez de invertir tanto en guerra, en fumigaciones, tal vez sería mejor invertir en el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo comunitario, desarrollo económico y empleo, alimentación básica, salud, educación y en la defensa de las víctimas y los defensores de los derechos humanos», dijo el legislador estadounidense.
McGovern también dedicó tiempo a exponer a las autoridades nacionales sus preocupaciones en materia de derechos humanos.
De hecho, su segunda cita del viernes fue con el presidente Uribe. Y cuando llegó el domingo a las 14:15 hora local a una reunión con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MNVCE), venía del Ministerio de Defensa, de entrevistarse con el titular de esa cartera, Juan Manuel Santos.
La reunión con el MNVCE parecía salida de alguna novela del Nóbel colombiano Gabriel García Márquez, que este martes cumple 80 años y cuyo mundo literario, que transcurre en el polvoriento y aislado poblado de Macondo, es descrito como «real maravilloso».
La imaginación desbordante que se atribuye a García Márquez, originalmente periodista, es para muchos en Colombia apenas el relato talentoso de la desmesura de la realidad de su país.
El escenario fue la sede de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) estatales, que contabilizó en los últimos cuatro años el asesinato de 29 catedráticos, 51 estudiantes y cinco empleados, a lo que se suman personas que abandonaron sus hogares por las amenazas de paramilitares de ultraderecha.
El vocero de ASPU le entregó a McGovern el más reciente comunicado de amenazas de muerte de las paramilitares «Águilas Negras» contra estudiantes y profesores de las universidades del Valle y Cauca, dos departamentos al occidente y suroccidente.
Los activistas colombianos con que se entrevistó McGovern reclamaron una audiencia en el Congreso legislativo de su país con participación de víctimas.
Uno de los integrantes de la comitiva de McGovern, Adam Isacson, investigador del Center for International Policy considerado el principal analista estadounidense sobre el Plan Colombia, aprovechó un alto en las entrevistas para comer una hamburguesa con Coca Cola sentado en el suelo.
Lo observaba un líder indígena kankuamo que maceraba en su boca hojas de coca, planta sagrada para todas las culturas aborígenes y cuya presencia en la receta de la Coca Cola se mantiene en secreto.
Ochenta por ciento de los 352 asesinatos de kankuamos en la guerra fueron cometidos por paramilitares, dijo el líder indígena, quien atribuyó el resto a la fuerza pública y a la guerrilla.
Cerca del kankuamo se sentó el representante de una cooperativa del pueblo nasa que elabora y comercializa productos a partir de la coca, como té y gaseosa, y a los cuales el gobierno acaba de retirar el permiso de venta fuera del territorio indígena.
«Esta es una reunión muy importante para mí», dijo McGovern con representantes del MNVCE, que atribuye al Estado la responsabilidad por las violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de, como suele decirse en Colombia, «algunos miembros» de la fuerza pública o sus aliados paramilitares.
El MNVCE está conformado por más de 200 instituciones, muchas de vieja data, como la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (Fensuagro), creada hace 30 años, y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), surgida en 1982.
La organización más nueva del MNVCE es Hijas e Hijos por la Memoria y contra la Impunidad, formada hace un año e integrada por huérfanos de activistas de defensores de derechos humanos, sindicalistas o políticos izquierdistas asesinados.
Acudieron a la reunión con McGovern activistas de derechos humanos, maestros sindicalizados, trabajadores judiciales y dirigentes de la comunidad negra, de campesinos desplazados y de organizaciones femeninas.
«Ustedes representan una realidad en este país que debe discutirse en el Congreso estadounidense», dijo McGovern.
La primera etapa del Plan Colombia, iniciado en 2000, concluyó este año y ahora el Congreso en Washington revisa sus resultados. Bush pidió asignarle unos 751,3 millones de dólares en 2008, entre ellos 611,8 millones para la guerra, sumas similares a las de los últimos años.
«Los demócratas que ya manejan el Congreso van a tener que cambiar eso. De hecho, todos los congresistas que presiden de las comisiones que redactan el proyecto de ley ya llevan muchos años criticando el Plan Colombia», dijo Isacson a IPS.
McGovern e Isacson no buscan un recorte general de la ayuda a Colombia, un escenario probable. «Queremos que haya más ayuda para las víctimas y más ayuda para el desarrollo aquí», agregó.