La visita a Colombia del mandatario de Estados Unidos, George W. Bush, fue acompañada de señales de que Washington podría ampliar sus esfuerzos por recuperar a tres agentes estadounidenses en poder de la guerrilla de las FARC desde 2003.«He hablado con el presidente (colombiano Álvaro Uribe), sé que está desarrollando estrategias que esperamos puedan lograr […]
La visita a Colombia del mandatario de Estados Unidos, George W. Bush, fue acompañada de señales de que Washington podría ampliar sus esfuerzos por recuperar a tres agentes estadounidenses en poder de la guerrilla de las FARC desde 2003.
«He hablado con el presidente (colombiano Álvaro Uribe), sé que está desarrollando estrategias que esperamos puedan lograr su liberación con seguridad», dijo Bush durante su paso de siete horas por Bogotá el domingo.
Se refería a tres ciudadanos de su país, Marc Gonsalves, Tom Howes y Keith Stansell, que cayeron en manos de las izquierdistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) el 13 de febrero de 2003, aparentemente tras ser derribada la nave en la que realizaban actividades de inteligencia, según esa guerrilla.
Los tres son contratistas de la empresa estadounidense Northrop Grumman, proveedora de servicios de reconocimiento para el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos como estrategia antidrogas y contrainsurgente y cuya segunda fase está en discusión en Washington.
«Me preocupa enormemente su seguridad. Me preocupan sus familias», reiteró Bush.
Días atrás, el subsecretario de Estado (vicecanciller) para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, fue el primer funcionario estadounidense que se expresó en términos positivos sobre el intercambio humanitario que proponen las FARC para obtener la libertad de sus combatientes encarcelados a cambio de un grupo de civiles y militares que mantiene retenidos.
Si el canje se diera, Estados Unidos no se opondría y «nos pondríamos muy felices», dijo Shannon.
Pero, al mismo tiempo, su país descarta entregar a dos guerrilleros extraditados que son juzgados en tribunales estadounidenses y sin los cuales no habrá canje, en lo que a las FARC respecta.
El presidente Uribe puso en manos estadounidenses la solución del intercambio humanitario al extraditar a Estados Unidos a los guerrilleros Ricardo Palmera («Simón Trinidad») ex negociador para el canje, y «Sonia», Anayibe Rojas, declarada culpable de narcotráfico por un tribunal de ese país. A la campesina insurgente la esperan entre 20 y 30 años de prisión en Estados Unidos, si fracasa un intento de apelación.
En octubre, Uribe ordenó por enésima vez emprender el rescate violento del grupo de civiles rehenes y de uniformados que esa guerrilla mantiene cautivos, algunos desde 1997, para canjearlos por unos 500 rebeldes presos.
Se trata de 20 políticos, entre ellos la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt, 14 oficiales y suboficiales del ejército y 21 de la policía. Para las FARC, que rara vez cambian de opinión, entre los «canjeables» figuran los tres estadounidenses.
Pero el rescate violento implica enormes riesgos para la vida de los canjeables, contra los que sus custodios tienen orden de disparar en caso de que éste se intente.
Versiones de la prensa estadounidense indican que el gobierno de Bush decidió incrementar y «respaldar a fondo» «los recursos» dedicados al tema en Bogotá, con la segunda mayor embajada de ese país en el mundo después de la de Bagdad.
«De eso no sé nada», dijo el derechista Uribe cuando, al finalizar la visita de Bush, una periodista le preguntó al anochecer del domingo por la participación directa de militares estadounidenses en un operativo en el sureño Remolino del Caguán, según un reporte publicado el sábado por el diario nacional El Tiempo.
Remolino, en el departamento del Caquetá que las tropas estatales disputan a las FARC, es uno de los objetivos del Plan Colombia.
Según la información de El Tiempo, corroborada por IPS con una fuente conocedora de la región cuyo nombre se omite por seguridad, el 28 de enero militares estadounidenses llegaron por aire a Remolino, tercer poblado más importante sobre el río Caguán y otrora bullicioso centro de comercio de pasta de coca, materia prima de la cocaína, de la cual Colombia es primer productor mundial.
Los militares estadounidenses, que según los convenios sólo pueden cumplir labores de entrenamiento y asesoría técnica, «forzaron la puerta y quebraron vidrios» de un alojamiento, según cita de El Tiempo a un vecino.
Luego detuvieron a la mujer que maneja el pequeño hotel y a un campesino, quien fue esposado, bajo el supuesto de que ambos conocían el paradero de los estadounidenses retenidos por las FARC.
Los dos fueron llevados en helicóptero a la noroccidental base militar de Larandia, la más importante del país y vedada a la prensa, y liberados dos días después. En Larandia permanecen la mayor parte de varios centenares de asesores militares estadounidenses que operan en el Plan Colombia.
La guerrilla campesina FARC surgió en 1964 sobre las brasas de la guerra civil que estalló a mediados de los años 40. El sociólogo canadiense James Brittain les atribuyó en 2004 un mínimo de 46.000 combatientes, sin contar personal de apoyo. Según el ejército, no son más de 16.000 guerrilleros.
Para los Estados Unidos, son una organización «terrorista» y un «cartel del narcotráfico».
Mediante el Plan Colombia, iniciado en 2000, Estados Unidos ha destinado unos 4.000 millones de dólares a Bogotá para combatir a las FARC y cortar una de sus fuentes de abastecimiento, la industria de la cocaína, de la cual este país andino es principal productor y Estados Unidos primer consumidor.
Las exigencias de las FARC para el canje pasaron de pedir en diciembre de 2002 dos departamentos (unos 115.000 kilómetros cuadrados) libres de presencia militar, a reclamar desde diciembre de 2004 el despeje de los municipios de Florida y Pradera, en el occidental departamento del Valle, que suman 760 kilómetros cuadrados.
Uribe, después de haber aceptado desmilitarizar una franja de 180 kilómetros en la misma región, retrocedió a que no habría despeje en absoluto y a que los guerrilleros que salieran de las cárceles no podrían volver a filas insurgentes.
Este año se inició con la noticia de que el más tarde nombrado canciller Fernando Araújo había salido ileso de un rescate militar, lo que animó a seguir esa senda a Uribe, para quien 2007 es «crucial para el rescate».
Hasta ahora, Estados Unidos se ha abstenido de enviar comandos de rescate debido a que desconoce el paradero de los contratistas, según medios de prensa estadounidenses. Pero los militares que actuaron en Remolino «eran especialistas en el tema del secuestro», dijo El Tiempo.
Funcionarios de inteligencia estadounidense han contactado a personas de las que suponen tienen acceso a la cúpula guerrillera, a las que ofrecen dinero a cambio de entregar a esos jefes.
Esos agentes han propuesto incluso pagar a periodistas para que éstos emprendan reportajes en busca de la cúpula guerrillera y en los que averigüen «qué quieren las FARC», como consta a IPS.