La crisis histórica del país y su solución política

Es para mi un honor, estar ante tan selecto auditorio para presentar el fruto de mis reflexiones, acerca del grave conflicto social armado que padece nuestra patria y las posibilidades que existen para superarlo mediante una Salida Política que nos permita construir una nueva Colombia popular democrática, pacífica y con justicia social.

Deseo comenzar por afirmar, que la Colombia actual sufre una gran crisis política, económica y social que fundamentalmente es una crisis Histórica, la cual se remonta a 1830, cuando el proyecto anti colonialista y latinoamericanista de Simón Bolívar, de construir una Patria Grande llamada la Gran Colombia, fue derrotado y reversado por sus compañeros de lucha, el cual en la medida que no ha sido resuelto, a lo largo de los años se ha tornado en la espantosa catástrofe humanitaria que estamos viviendo.

Miremos por ejemplo algunos de los últimos datos que nos aporta la Fundación Seguridad y Democracia, una fundación de inteligencia técnica que se nutre y elabora informes para el Ministerio de Defensa de Colombia, dirigida por el señor Alfredo Rangel, destacado analista militar del conflicto social y armado de Colombia: En 8 años de conflicto (1998 a 2006) que analiza Rangel, cuatro años del gobierno del presidente Pastrana y cuatro del primer gobierno de Uribe Vélez, han muerto en la confrontación militar directa 19.262 colombianos tanto de las Fuerzas Armadas como de los llamados guerrilleros, quienes también son colombianos. Lo que quiere decir que durante los 2.920 días analizados, cada día murieron guerreando 7 colombianos, en un promedio de que se ha mantenido durante todos estos años, en el orden de 6 combates por día entre las Fuerzas militares y las guerrillas.

Estas cifras para empezar, son aterradoras. Los colombianos no morimos por causas que pudiéramos llamar naturales o accidentales, sino en una sórdida guerra impuesta al pueblo colombiano por una ley del congreso de los Estados Unidos, llamada Plan Colombia, y que se inicia precisamente en 1998 con el gobierno de Pastrana Arango.

Para tratar de entender un poco este largo conflicto social y armado que se vive en nuestro país, permítanme llevarlos unos minutos vertiginosos, por el túnel de nuestra historia: La actual Colombia se libera junto con los demás países de la Gran Colombia mediante una cruenta y larga guerra de liberación del colonialismo español, y surge como país independiente en una gran confederación de países llamada por su creador Simón Bolívar, la Gran Colombia.

Pero Bolívar, muere en 1830 víctima de la tuberculosis y del dolor moral producido por la traición de sus compañeros de lucha, especialmente José Antonio Páez en Venezuela, Francisco de Paula Santander en Colombia y Juan José Flores en el Ecuador; quienes aprovechando la calamitosa situación social producida por 15 años de guerra anticolonial y aupados por los esclavistas federados de Norteamérica, dan marcha atrás al proceso de reformas progresistas iniciado por él, como la abolición de la esclavitud, la tributación obligatoria de los indígena y la eliminación de otras trabas coloniales económicas y sociales opresoras impuestas por el caduco imperio español.

Destruyeron esta confederación de patrias dentro de la Patria Grande, que el Libertador había construido con tanto empeño, con el fin de quedarse cada uno mandando en su pequeña ‘patriecita’ provinciana.

Ese pensamiento progresista de la Patria Grande que tenía Bolívar. Ese pensamiento gigantesco que hoy después de 200 años vuelve a surgir con tanto vigor de la ‘Latinoamericanidad’ se frustra. Y la América hispana es convertida por el sistema mundial del colonialismo, en una especia de zona de los Balcanes en la que aparecen 23 ó 24 ‘republiquetas bananeras’ manejadas cada una por una oligarquía regional, que de ser una oligarquía formada y sostenida por el colonialismo español, pasa a ser manejada por el colonialismo imperial inglés y poco después absorbida por el imperialismo norteamericano.

Desde ese momento, 1830 a hoy, Colombia ha vivido en el siglo XIX nueve devastadoras guerras civiles sectarias, y en el siglo XX dos guerras más. Una la guerra civil entre liberales y conservadores ‘de los mil días’, es decir tres años, que concluyó en 1903 con cien mil muertos en un país de apenas de 4 millones de habitantes, la ruina social total que le abrió paso a la dictadura civil de Rafael Reyes, y a la amputación de Panamá realizada por los barcos de guerra norteamericanos, la que fue pagada unos años después con 25 millones de dólares entregados al gobierno colombiano como indemnización. Y otra que se continúa con la guerra actual, llamada violencia bipartidista, que se inicia en 1946 con la presidencia del refinado hombre de negocios cafeteros Mariano Ospina Pérez y se continua con las dictaduras anticomunistas del falangista criollo Laureano Gómez y del general Rojas Pinilla.

Es decir que la oligarquía de esclavistas, latifundistas, mineros y comerciantes del siglo XIX que coaligados derrotan el proyecto de la patria grande Bolivariana en Colombia, primero asociados con los gobiernos de Inglaterra y luego con el de Estados Unidos, desde hace 175 años contando con sus actuales descendientes consanguíneos directos , le han impuesto al pueblo trabajador colombiano, esta secular relación de dominación y explotación basada en violencia política oficial y la cooptación corrupta del Estado, que denominaron cínicamente guerra civil bipartidista. Un excelente estudio de esta relación, la establece el sociólogo e historiador del ‘establecimiento’ colombiano Fernando Guillén Martínez, en su libro aparecido en 1979 titulado ‘El Poder Politico en Colombia’.

La guerra de clase actual se va incubando progresivamente durante esa Hojarasca de la zona bananera y la vorágine cauchera ( para usar los títulos de dos famosas novelas colombianas), que constituyeron las primeras cuatro décadas del siglo XX, durante las cuales se fue desarrollando el capitalismo dependiente en Colombia, en un proceso sangriento y permanente bien conocido de acumulación de capital, que se inicia poco después de concluida la guerra de los mil días, a partir del entronque definitivo de los latifundistas exportadores de café, con el capital financiero internacional, en especial norteamericano, quienes imponen a sangre y fuego un proceso gigantesco y traumático de movilización social y campesina a todo lo largo y ancho del país.

En el año de 1948 como coagulación de todo este proceso, se sucede el estallido social incontrolado más importante que ha tenido el país, originado el 9 de abril con la muerte en Bogotá el gran dirigente popular y liberal de izquierdas Jorge Eliécer Gaitán, en un crimen de Estado urdido, según se ha venido a saber por denuncias de su propia hija, por los servicios secretos norteamericanos. El cual ha permanecido ignorado hasta hoy, y por lo tanto en la impunidad total.

Murió su ejecutor, quien disparó contra Gaitán, despedazado por la inmediata furia popular, pero los instigadores, planificadores y organizadores del atentado, no sufrieron ni han sufrido ninguna pena ni castigo. La certeza que se tiene dentro del pueblo colombiano, es que ese magnicidio fue planificado por los servicios secretos de inteligencia norteamericanos en connivencia con la policía política de ese entonces, en manos del conservador falangista Mariano Ospina Pérez.

A raíz de ese crimen de Estado; se inicia una insurrección en Bogotá, conocida también como el ‘Bogotazo’, que se extiende a los campos de Colombia y llega a todos los rincones del país. El poder del Estado arguyendo que la rebelión intenta destruir la hispanidad y la civilización occidental cristiana representada en el gobierno, se defiende iniciando un exterminio de los seguidores de Jorge Eliécer Gaitán agrupados en el movimiento político de izquierda liberal llamado UNIR y de todos los demás grupos de izquierda, utilizando para el exterminio grupos paramilitares de primera generación como los ‘Chulavitas, Pájaros y Contra chusma’ que mataban a los pobladores así: Volando.

Es decir que el hecho histórico incontrovertible que pretendemos resaltar hoy aquí en contra de lo que hoy se argumenta; es que el Estado utilizó la estrategia paramilitar de exterminio con Chulavitas, Pájaros y la contra-Chusma; 20 años antes de que existieran las guerrillas actuales.

Ese exterminio que dejó aproximadamente 300 mil muertos cesa momentáneamente en el año de 1957 cuando se hace un pacto político en Benidorm, entre el jefe del partido liberal Alberto Lleras y el jefe del partido conservador Laureano Gómez, con el objetivo de crear un gobierno de coalición bipartidista y repartir por mitad de los dineros oficiales y los puestos públicos en el Estado. Lo que algunos sociólogos llaman el Estado patrimonial

La coalición de terratenientes agro-exportadores y ganaderos, de industriales y financistas, que emerge triunfante tomando el pomposo y poco original nombre de Frente Nacional, encuentra un país tomado por el liberalismo económico y por un latifundismo desbordado sobre las tierras de los pobladores expulsados a las ciudades, quienes han llegado a sus suburbios a abaratar la mano de obra , y a permitir que se inicie el jugoso negocio de la construcción de vivienda urbana, favoreciendo aun más la acumulación de capitales y el surgimiento incontrolado de las gigantescas ciudades colombianas actuales.

A grandes rasgos; se puede decir que los campesinos y pobladores resistieron la violencia oficial que se les impuso desde la cúpula del Estado por todos los rincones del país, y campesinos liberales de izquierda y algunos comunistas empiezan a defenderse del ejército y las bandas paramilitares y parapoliciales que el Estado y el gobierno envía a exterminarlos.

Allí aprenden algo que surge de la realidad social. La guerra de guerrillas. Empiezan a defenderse, a hacer emboscadas, a utilizar armas rudimentarias y así logran sobrevivir, tratando de hacer lo que pueden en sus desolados territorios aislados. Pero como la práctica genera teoría, también van adquiriendo conciencia de sus intereses de clase explotada y oprimida, y se va gestando un proceso de diferenciación ideológica dentro de las guerrillas que marcará el desarrollo de los hechos siguientes.

Algunos lideres guerrilleros liberales influenciados por sus jefes de la capital, aceptan amnistías y perdones que se les ofrece desde el gobierno y pronto una vez desarmados, empiezan a caer asesinados uno a uno. El ejemplo mas citado es el del dirigente guerrillero liberal de los llanos Orientales Guadalupe Salcedo, aunque hay muchos más. En cambio los campesinos que había adquirido alguna conciencia comunista, no se desarman sino que se organizan en forma de grupos de defensa y resistencia campesina. Es entonces, cuando el Presidente Lleras Camargo, en el famoso discurso del teatro patria de Usaquén en 1958, sienta las bases del gran pacto entre el poder civil y el poder militar: Las fuerzas armadas se subordinarán al gobierno, pero seguirán manejando de manera autónoma y con suficientes protecciones llamadas fueros militares, el obsesivo asunto del Orden Publico.

En el año de 1964, después del regreso a Colombia del único contingente latinoamericano que participó en la guerra de Estados Unidos contra Corea de 1954 y que aprendió en terreno, las técnicas de la guerra contrainsurgente; pasa a implantarla en Colombia. Así en 1964, se inicia un plan cuyo nombre ha pasado a la historia: ‘Latin American Security Operation’ o Plan LASO, organizado, financiado y administrado desde la Embajada Norteamericana en Bogotá, consistente en exterminar una remota y paupérrima región campesina que según, el delirio de los dirigentes políticos liberales y conservadores, era una república comunista independiente.

Embarcan, 12 mil soldados colombianos con armas, helicópteros, y asesoría norteamericana, para inaugurar por primera vez en América del Sur, un ataque aerotransportado. Se bombardea durante varios días la pequeña región ubicada en el municipio de Marquetalia (Huila), habitada por 48 campesinos y sus familias. Esos 48 campesinos se ocultan en las montañas, logrando sobrevivir, y a partir de ese núcleo se construye un año después (1965), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.

Según los últimos datos dados por el propio gobierno colombiano, hoy son cerca de 48 mil hombres y mujeres los guerrilleros de esa organización, sin incluir a los milicianos y otros contingentes clandestinos. 48 guerrilleros que después de 43 años de lucha armada y de resistencia al extermino oficial impuesto desde la cúpula del Estado, se han multiplicado matemáticamente por mil.

En 1964 no había narcotráfico, y este es un segundo hecho histórico que deseo subrayar: El conflicto colombiano es muy anterior al narcotráfico. El narcotráfico es un agregado que llega posteriormente de la mano de la cooptación corrupta y patrimonial del Estado, que ha hecho de él la clase dominante, y como un derivado del inconcluso y siempre presente problema agrario colombiano.

En aquel entonces y como lo es hoy, la bandera con la cual se presentó la agresión para exterminar a esos campesinos fue la lucha ideológica anticomunista: Salvar la democracia occidental y cristiana de Colombia del comunismo ateo, aunque el verdadero trasfondo siempre fue económico

Así mismo en 1965, sobre la base de las guerrillas gaitanistas de la zona petrolera del magdalena medio y Barrancabermeja, que dirigidas por el jefe liberal gaitanista Rafael Rangel habían resistido con relativo éxito el exterminio Chulavita ordenado por el Estado, se constituye bajo la influencia ideológica de la naciente revolución cubana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en cuya fundación participa el sacerdote católico y profesor de la Universidad Nacional Camilo Torres Restrepo.

Y en la región del alto Sinú-bajo Cauca, también en 1965 aprovechando las experiencias guerrilleras de los liberales gaitanistas de la región, bajo las influencias ideológicas de la revolución China, surge el Ejercito Popular de Liberación (EPL), que llega unido hasta 1991.

La situación así creada demanda nuevos desarrollos militares y es cuando el ejército colombiano como lo demuestra el investigador Rigoberto Rueda Santos en su libro editado por el Icfes en el año 2000, ‘De la guardia de Fronteras a la Contrainsurgencia’; el ejército colombiano pasa a ser una pieza contrainsurgente fundamental de la guerra fría en Latinoamérica, enmarcada en la teoría del enemigo interno, la cual considera cualquier protesta social como un hecho de guerra. Es el asunto del obsesivo Orden Publico.

La masacre de 13 obreros del cemento el 13 de febrero de 1963 en Santabárbara Antioquia a manos del ejército y la saña con que violencia oficial reprimió posteriormente los movimientos populares, estudiantiles y sobre todo campesino e indígena, en 1970 que protestaban contra la venganza terrateniente, así lo dejó demostrado. En ese mismo año, la coalición de clases en el poder, es sorprendida con un resultado electoral adverso en las elecciones presidenciales, quienes para continuar con la corrupción y el usufructo patrimonial del Estado, no dudaron en recurrir al fraude electoral, e imponer por la fuerza, al presidente Pastrana Borrero. Esto origina el surgimiento de otro grupo guerrillero; el M19, que toma el nombre de la fecha en la que se realizó el fraude y reivindica su triunfo electoral, desbarajustando aun más el sistema social imperante.

Las centrales obreras y los sectores populares protestan por las leyes laborales regresivas, y las organizaciones campesinas e indígenas se movilizan en todo el país, en contra del pacto del gobierno con los terratenientes en Chicoral, que puso en marcha el fraudulento gobierno de Pastrana Borrero. De esta manera se empieza a gestar desde 1971, el paro cívico nacional que estallará 7 años después, durante el gobierno de López Michelsen, disparado por la política de liberalismo económico y financiero del la llamada ‘bonanza de la marihuana’ aunado a la represión oficial, que este impuso como mandato gubernamental.

Este paro cívico que alcanzó a constituir un riesgo para el gobierno, dada su extensión y coordinación nacionales, es reprimido con saña por los militares y son más de 2.000 los muertos y desaparecidos, que dejó su represión oficial a bala. La respuesta al resquebrajamiento paulatino de las instituciones, es la promulgación al año siguiente por el presidente Turbay Ayala, del nefasto estatuto de la Seguridad Nacional, copiado de las dictaduras fascistas del llamado cono Sur de América.

Se inaugura así un nuevo periodo de inestabilidad y brutalidad Estatal, en el manejo del Orden Público en Colombia, al legalizar y hacer oficiales las torturas, las desapariciones forzadas y los ajusticiamientos de aquellos ciudadanos arbitrariamente inculpados por parte de la brigada de inteligencia militar, de ser ‘enemigos internos’.

En 1982 sube a la presidencia de la república un presidente de extracción conservadora reformista llamado Belisario Betancur, quien después de 18 años de no poderlos exterminar militarmente, les propone a los dirigentes guerrilleros de las FARC una tregua política, con el fin de adelantar una apertura política al cerrado sistema bipartidista creado por el Frente Nacional de Benidorm. Así en 1985 se pacta una tregua con cese de fuegos bilateral, y dentro de los acuerdos se autoriza a la insurgencia guerrillera para que conforme, en alianza con otras fuerzas de izquierda y especialmente con el partido comunista, un movimiento político llamado Unión Patriótica, como una fuerza legal no armada, que logra avances sorprendentes en el plano electoral.

Este triunfo electoral y avance político legal, aterrorizan a la clase dirigente y en respuesta la oligarquía latifundista y financiera descendiente de Francisco de Paula Santander, fragua otra campaña de exterminio anticomunista y popular que liquida mediante el Terror Paramilitar del Estado a más de 5.000 cuadros dirigentes y militantes de base de esta organización.

Para este objetivo, el Estado y sus principales fuerzas represivas, venían desarrollando desde tiempo atrás y como parte de la guerra contrainsurgente, la estrategia oficial tendiente a aglutinar en la región de magdalena medio, a compañías Transnacionales como Coca Cola, Texaco, bananas Chiquita, con los capos mas sobresalientes del Narcotráfico como Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, Ariel Otero, Ramón Isasa y los hermanos Castaño Gil, con el fin de conformar un brazo político bajo la dirección del conocido gamonal político de esa región Alberto Santofimio Botero, y un brazo armado paramilitar llamado ‘Muerte a Secuestradores( MAS)’, que posteriormente sirvió de modelo para expandir a todo el país la cruzada político-militar anticomunista de exterminio, que luego se extendió a otras organizaciones populares, barriales, cívicas y sindicales. Cruzada impune que ha dejado hasta hoy más de 60.000 civiles exterminados, por el Terrorismo de Estado.

Sin embargo esta alianza Estatal perversa y criminal, cuyo objetivo estratégico explícito era el exterminio de los comunistas, también tenía un objetivo económico no confesado: Convertir la tierra rural y urbana en una alcancía para lavar sus inmensas ganancias obtenidas en el narcotráfico. Así lenta pero seguramente, Colombia ve surgir y desarrollar una capa de nuevos Latifundistas Narcotraficantes, que mediante masacres de campesinos que se les opusieron, los expropiaron de las mejores tierras para cultivo que tiene el país, trasformándolas en pastizales y praderas improductivas para el engorde de sus reses.

Al comenzar los 90, ya habían desaparecido ajusticiados por el Estado, tal y como lo comprobó posteriormente la comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la totalidad de la Unión Patriótica junto con sus dos candidatos presidenciales Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, y el exterminio oficial había cobrado la vida del comandante del M19 Pizarro y el candidato liberal reformista Galán, quienes también pasaron a engrosar la larga lista, de los magnicidios impunes.

Sin embargo, ante este agotamiento político precipitado por la irrupción violenta de los narcotraficantes, opuestos a bombazos a la extradición, el Presidente Cesar Gaviria, logra conformar un nuevo Frente Nacional favorable al bloque de clases dominante, mediante un nuevo pacto horizontal en las alturas del Poder, que se amplia con la inclusión de los desmovilizados del M19 y de otros movimientos que aceptaron el desarme. Se hace la Constitución de 1991, que firman simbólicamente Alvaro Gómez por el partido Conservador, Horacio Serpa por el partido Liberal y Navarro Wolf por los reinsertados, dejando cuidadosamente por fuera de ella, a los demás movimientos guerrilleros como al ELN, a un sector del EPL y a las FARC, cuyo campamento central fue bombardeado precisamente el día que se iban a elegir los delegados a la Constituyente.

Un nuevo ciclo de coalición bipartidista ‘ampliada’, basada en la violencia oficial y la corrupción Estatal, que ya completa 16 años, quedaba inaugurado, dando una vez más la razón al historiador Fernando Guillén Martínez.

La nueva constitución del 91, presentada demagógicamente como un supuesto ‘contrato social para la paz’, en el cual se consignaron en el papel algunos Derechos Humanos y un retórico Estado social de derecho, finalmente, después de 16 años de vigencia ha dejado al descubierto que solo ha servido para implantar definitivamente en nuestro país el neoliberalismo Transnacional llamado engañosamente por el presidente de ese entonces Cesar Gaviria, como ‘Apertura Económica’, y para legalizar el carnaval financiero producido por lavado de dólares provenientes del Narcotráfico.

Además, para que el latifundismo reforzado con los dineros del narcotráfico se haya apoderado mediante la violencia oficial de los Paramilitares , de algo más de 4 millones de hectáreas de las mejores tierras del país, que han quedado en manos de 2.500 personas, convirtiendo así la tierra de cultivo en una ‘alcancía improductiva del capital’.

También; para convertir a la policía nacional en un cruel destacamento contraguerrillero del ejército oficial. Para que los llamados fueros militares, los cuales quedaron intactos, hayan contribuido a legalizar y reforzar la impunidad de los miembros del Estado comprometidos con el Paramilitarismo. Para que el sistema judicial achicharrado en 1985 en el palacio de justicia, fuera reemplazado por una Fiscalía politiquera y politizada contra los de ruana, que le vale a la Nación un millón de dólares diarios y produce el 90, % de impunidad, lo que a su vez trae como corolario más corrupción y más dominio de instituciones Estatales. Además, para que el tan prometido ordenamiento territorial, jamás se realizara.

En palabras del ex fiscal liberal Alfonso Gómez Méndez: la tan mentada constitución del 91 que instauraba pomposamente el Estado social de derecho en Colombia ‘no dejó de ser un emocionado discurso veintejuliero puesto en forma de código’.

Los narcotraficantes ahora divididos en carteles regionales incluso rivales, consientes de su poderío económico y envalentonados, se hicieron construir cárceles de 5 estrellas, como la llamada ‘catedral’ de Medellín, dizque para someterse a la ley cuando en realidad sucedió todo lo contrario. Continuaron desarrollando desde las celdas sus negocios por todo el país, financiando políticos corruptos y campañas electorales, como la que llevó a la presidencia unos años más tarde a Ernesto Samper Pizano, para citar solo una de ellas.

El cartel de Medellín mediante su brazo político dirigido por Alberto Santofimio Botero y su brazo militar a cargo del mexicano Rodríguez Gacha, adquiere un poderío oficial incalculable y se disputa a tiros las fabulosas ganancias, ajustando cuentas con los demás carteles de la droga, entonces el cartel de Cali y la fuerza pública, coordinada por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, crean con los hermanos Castaño Gil, el grupo Paramilitar llamado los Pepes para acabar con su adversario.

El fatídico comercio de exportación de narcóticos continúa su expansión ilimitada, corrompiendo todas las esferas de la vida social, llegando a controlar sectores claves del aparato Estatal, aumentando así los efectos de la crisis y beneficiándose de ella. Algo así como la bacteria de la gangrena, que pudre los tejidos, para poder nutrirse de la necrosis.

En estas circunstancias el gobierno de los Estados Unidos, aprovecha la falta de legitimidad del presidente Samper Pizano elegido en 1994, con dineros provenientes del cartel de Cali, para manipular la situación y adelantar su llamada guerra contra las drogas que es en realidad la continuación de la una guerra contrainsurgente y mayor control el país. El ejército colombiano rearmado, es lanzado a escalar el conflicto sin ningún resultado favorable y por el contrario sufriendo múltiples y grandes reveses militares, que tornaron mas critica la situación.

Pastrana Arango, el hijo de quien fuera el Presidente impuesto fraudulentamente 28 años atrás, gana las elecciones de 1998, con la promesa de adelantar un proceso de paz con la Insurgencia armada, y recuperar la gobernabilidad. Decreta una zona desmilitarizada en el Caguán, con el fin de adelantar los diálogos y en los primeros meses de la negociación logra firmar con el jefe guerrillero Marulanda Vélez, los 12 puntos de la llamada agenda común para la construcción de una nueva Colombia.

Pero lo que parecía una risa, muy rápido se torna mueca. La embajada Norteamericana interesada en adelantar su guerra imperial en Colombia, creyendo que ya está concluido el proceso de reingeniería militar realizado en el ejército colombiano, aupa a los sectores de la coalición ampliada dominante, opuestos a los compromisos firmados en esa agenda y a los desarrollos temáticos que se realizaron en las audiencias publicas del Caguán, para que se liquide el proceso de paz.

La confrontación aumenta por fuera de la zona desmilitarizada, mediante la implementación plena por parte del gobierno de Estados Unidos del llamado Plan Colombia, que es el plan LASSO de hoy. Los diálogos del Caguán son desacreditada hasta mas no poderse, por los medios de comunicación de la oligarquía bipartidista, que son controlados por el departamento de guerra psicológica del ejército, y el presidente Pastrana termina en febrero del 2002, el proceso de diálogos que pérfidamente había iniciado con la insurgencia 4 años atrás, con la oculta finalidad de sortear la crisis a favor de su propia clase social.

En un ambiente pugnaz creado por los medios de comunicación del régimen, y aglutinando tras de sí a los sectores de la coalición dominante opuestos a cualquier entendimiento con la insurgencia, siempre contando con el total respaldo y asesoría del gobierno de George Bush, triunfa en el 2002 en unas elecciones impuestas a sangre y fuego por su brazo armado narco-paramilitar, el presidente Alvaro Uribe Vélez, ofreciendo la consolidación definitiva del Estado cooperativo fascista que ha surgido de la cooptación lenta que de él ha hecho el narco-paramilitarismo oficial, prometiendo como tarea central la derrota total de las guerrillas en un breve plazo y el imperio de la seguridad por las armas.

Empieza remplazando el gobierno civil, por uno militar en las llamadas zonas especiales de orden publico. Por extender a todo el país el Plan Colombia reforzando la monstruosa maquina de guerra oficial, la cual según el economista institucional Luis Jorge Garay le cuesta al país el 5,4% de su producto interno bruto, ampliándola con más de 300 mil soldados y 270 mil policías apoyados en una red de un millón de delatores y chivatos llamados en el lenguaje popular ‘sapos’. Además, por adelantar un proceso de legalización de los principales capos narco-paramilitares indultando sus crímenes de lesa Humanidad y lavando sus inmensas fortunas, y de inclusión de la tropa de desmovilizados, en la nomina oficial como soldados campesinos.

Y en la esfera internacional, por someter el país aún más a los dictados del gobierno de Los Estados Unidos, prometiendo la pronta firma de un tratado de libre comercio y apoyando a pesar del repudio latinoamericano, la invasión imperial de rapiña por el petróleo de Irak.

Así en lugar de iniciar el gobierno intentando solucionar el conflicto social armado histórico que despedaza a Colombia, calculadamente escala su curso creciente de destrucción, muerte y deterioro social, asignando cada vez más dinero a la financiación de la guerra, sin importarle las catastróficas repercusiones económicas y sociales futuras de sus decisiones. Aumentando con ello la deuda publica externa que se desperdicia diariamente en una guerra sin éxito y en el pago de los enormes intereses causados al capital financiero Transnacional.

Deuda Externa que para el año 2006 llegó a los 42 mil millones de dólares, algo más de la mitad del producto interno bruto colombiano, y que según los indicadores internacionales, está a punto de tornarse impagable.

Pero no es solo que tenemos 14 veces mas Deuda Externa que exportaciones efectivas, sino que además, la fuga de capitales que en los últimos 8 años sobrepasó los 25 mil millones de dólares, ha afectado seriamente la base productiva del país, que desde hace varios años continúa mostrando índices de crecimiento exiguos reflejados en el desempleo, el cual a pesar del ocultamiento y maquillaje oficiales, que confunde intencionalmente crecimiento económico con burbuja especulativa financiera causada por la incorporación masiva de los dineros del narcotráfico al sistema financiero oficial, ha llegado según las cifras aportadas por las centrales obreras, a cerca al 18% de la población laboral.

Según los datos de la CEPAL en Colombia que tiene cerca de 42 millones de habitantes, hay 22 millones de pobres y 10 millones de indigentes o miserables, lo que de hecho constituye una verdadera catástrofe socio-económica, la cual para mayor desgracia se ha pretendido solucionar descargándola sobre los hombros de los trabajadores con dos estrategias diseñadas en Washington como son, primero, un ajuste fiscal regresivo impuesto por el Fondo Monetario Internacional, el cual ya se pretendió legalizar con un plebiscito fascista que fue derrotado en octubre del 2003 por el pueblo Colombiano, y segundo generalizando y hasta Trasnacionalizando la guerra contrainsurgente colombiana a toda la región andina.

Sin embargo toda esta inversión militarista contemplada en el famoso Plan Colombia, ha chocado con la dura realidad de la resistencia del pueblo trabajador colombiano, que con la comprensión de los otros pueblos hermanos de la antigua Gran Colombia, han logrado echar por tierra la aspiración estratégica imperial de la oligarquía colombiana de arrodillarlo y aplastarlo. Ante lo cual, y sin poder ofrecer ningún triunfo político militar evidente en los 4 años largos de su primer gobierno, el presidente Uribe Vélez ha debido recurrir en el año 2006, a su reelección a sangre y fuego mediante la utilización electoral plena y descarada, de su brazo armado narco paramilitar.

Afortunadamente ya hay demasiadas evaluaciones objetivas y verídicas de los casi 5 años de gobierno del presidente Uribe Vélez. Hay innumerables datos e informaciones valiosas de organizaciones colombianas e internacionales sobre el fracaso de la guerra química y militar de 9 años del denominado Plan Colombia y la bastante lejana derrota militar de la Insurgencia. Sobre la burla que constituyó para el país y la comunidad mundial el llamado desarme y desmovilización de los narco paramilitares que eligieron al presidente. O acerca de la ‘catástrofe humanitaria’ que constituyen los más de 4 millones de desplazados internos según la oficina el alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. También sobre de las más de 4000 fosas comunes abiertas por el brazo armado oficial de los narco paramilitares que reporta en febrero 2007 ACNUR, así como de los más de 20.000 muertos políticos, que informa la asociación nacional de juristas colombianos, que fueron fusilados o desaparecidos durante el periodo comprendido entre el 2002 y el 2006. Hay ya documentación sobre las más de 4 millones de hectáreas expropiadas por 2500 Narco latifundistas, a los desplazados por el brazo armado del presidente de los colombianos, y sobre la lista de los 6.800 presos por razones políticas en diciembre del 2006, suministrada por la fundación comité de solidaridad con los presos políticos, organización que lleva 31 años funcionando en condiciones de semi clandestinidad. 37 de los cuales según lo informa Fensuagro-CUT son trabajadores agrícolas afiliados a esta federación sindical.

Todos los días hay un nuevo escándalo calculadamente dosificado por los medios de comunicación del régimen sobre el llamado narco-para-Uribismo y su cooptación del Estado. Sobre la forma como se combinan todas las formas de lucha del terror del Estado, mediante un brazo armado dirigido por la cúpula paramilitar de los Castaño, Mancuso y Jorge 40, con el otro brazo político a cargo de la familia Araujo; ambos coordinados desde la policía política llamada DAS por su ex director Jorge Noguera íntimo amigo del presidente Uribe Vélez.

Y este es el tercer hecho histórico persistente que deseo remarcar: la combinación ilegal, ilegitima e inmoral de todas las formas de lucha del terror del Estado contra el pueblo trabajador: Masacres, desapariciones forzadas, torturas, fosas comunes, montajes judiciales, cárcel o exilio para los opositores, robo descarado de las finanzas públicas, proselitismo armado y lo más grave de todo, elecciones fraudulentas forzadas con motosierra, que se pretenden hacer pasar como valederas, reemplazándolas con encuestas amañadas de opinión.

Una salmodia de muertos y heridos tanto civiles como militares a causa de la confrontación. Cambios apresurados en las cúpula de las fuerzas militares debido a sus escasos resultados positivos, y cada día además, hay una frustración para el país y la comunidad internacional, que esperan con ansia la realización del llamado intercambio humanitario de retenidos por causa del conflicto.

Es casi una petición de principio volver a citar todo esto, pero perdónenme, es imprescindible para formarse un cuadro general de lo que acontece realmente en nuestro hermoso país y para captar la dimensión de lo que yo llamo la gran crisis Histórica, social y política en la que se encuentra sumida Colombia desde hace 177 años, sin que hasta la fecha haya podido ser superada; debido fundamentalmente a la mezquindad y ruindad de una clase social oligárquica, voraz y desalmada, que ha hecho de la violencia política oficial y de la corrupción Estatal, el estandarte de su misión histórica.

Crisis que paradójicamente se pretende solucionar con una guerra de baja intensidad bajo el ropaje imperial de ser una guerra contra las drogas y contra el terrorismo. Guerras que según lo confirma la abundante experiencia mundial, no han solucionado ningún problema en ninguna parte del mundo en donde se han desarrollado, sino que muy por el contrario, han agravado aún más todos lo que pretendían resolver.

Y esta es la reflexión en la que se basa el mundo progresista, para pedir una gran Solución Política a la crisis colombiana: Los multitudinarios Foros de Sao Paulo, Porto Alegre, de Paris y Viena. También los gobiernos vecinos de Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia, afectados directamente por lo que está sucediendo, junto con gran parte de la comunidad internacional. Todos a una, claman insistentemente para que cese la violencia oficial y la corrupción narco paramilitar del Estado, el dolor y la muerte en la atormentada Colombia.

Una Salida Política al conflicto Histórico social y armado de Colombia, que no sea una negociación como las que se han intentado hasta ahora y que se halla tan desacreditada por los medios de comunicación del régimen, sino la realización mediante la participación en la acción de masas, de de un muy amplio acuerdo democrático y popular, que supere los pactos oligárquicos horizontales en las alturas del poder, para el reparto corrupto del presupuesto y del control del Estado y que genere una nueva legalidad y una nueva moral, acabando de una vez por todas con el recurrente ciclo de coalición, violencia Estatal y nueva coalición, de que nos hablaba el investigador Fernando Guillén Martínez.

Un nuevo acuerdo de toda la sociedad que incluya a todo el país y reconstruya de abajo para arriba el tejido social despedazado por la guerra contrainsurgente y narco paramilitar de quitarle el agua al pez. Forme una verdadera patria grande y reconcilie a la sociedad civil con el Estado patrimonial, vengativo e impune, superándolo con otro, en donde impere la justicia social y el derecho civil se imponga sobre el código penal militar.

Un nuevo país sin violencia oficial ni corrupción Estatal, reflejado en una nueva constitución, que tendrá que ser redactada, entre todos, en un ambiente democrático y popular de amplia participación de masas, y en una gran asamblea constituyente, que tome como punto de partida, los diversos acuerdos ya firmados y desarrollados entre el Estado y la Insurgencia, entre los cuales se encuentra primordialmente la llamada agenda común firmada en 1999 en la polvorienta aldea de la Machaca.

Será el resultado, de un amplio abanico de posibilidades, todas ellas políticas, que incluyen, movilizaciones y participación de masas, diálogos, convenciones, acuerdos, consensos, audiencias temáticas publicas, tanto en la esfera regional como nacional, y por supuesto, acuerdos de grandeza. Esto es lo que se llama la Salida Política al conflicto Histórico de Colombia, y para la cual, los convoco desde estas páginas lacerantes que he leído de nuestra Historia.

¡Muchas Gracias!