Ante el reciente anuncio del gobierno, a través de su ministro de Agricultura Alvaro Rojas, acerca de un plan conjunto con la transnacional Monsanto para extender en 20.0000 hectáreas los cultivos de soja transgénica, se conoció hoy la primera reacción sobre el tema de organizaciones campesinas del país. ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales […]
Ante el reciente anuncio del gobierno, a través de su ministro de Agricultura Alvaro Rojas, acerca de un plan conjunto con la transnacional Monsanto para extender en 20.0000 hectáreas los cultivos de soja transgénica, se conoció hoy la primera reacción sobre el tema de organizaciones campesinas del país. ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y la Confederación Ranquil -miembros a nivel internacional de Vía Campesina y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas – manifestaron su rechazo a esta iniciativa, en conjunto con las organizaciones ambientales de la Alianza por la Calidad de Vida (RAPAL, OLCA y CIAL). Sus dirigentes anunciaron que se movilizarán «para impedir que Chile se convierta en un peón más de la Monsanto» y para que el gobierno cumpla con el deber de proteger la salud, la producción de alimentos, el medioambiente y el bienestar de los chilenos, especialmente de sus sectores sociales más pobres y agredidos. Llamaron asimismo al parlamento a fiscalizar la actividad gubernamental e impedir que el Ministerio de Agricultura se asocie con una transnacional.
Los dirigentes máximos de estas organizaciones hicieron un llamado a los campesinos y campesinas y ciudadanos en general, a sumarse a estas demandas «para que gobierno y parlamento cumplan con su deber, y la presión social impida que Monsanto sume a Chile a su larga lista de abusos». El comunicado surge a pocos días de la primera audiencia pública que sostuvo la Comisión de Agricultura del Senado, que preside Juan Antonio Coloma, sobre los cultivos transgénicos. Allí la comisión escuchó al director de Monsanto Chile, Jerry Hjelle, pero no ha convocado a las organizaciones aquí citadas a entregar su visión sobre el tema. Asimismo, en un reciente seminario sobre Agricultura Orgánica en América Latina realizado en la FAO, la subsecretaria de Agricultura, Cecilia Leiva sostuvo que en Chile deben coexistir la agricultura orgánica, la convencional y la transgénica. La intervención de la subsecretaria causó estupor en buena parte de la audiencia, integrada por agricultores orgánicos, que están informados de los resultados nefastos de esta coexistencia en diversos países, donde se ha producido contaminación de maíz transgénico -entre otros- a pesar de las supuestas medidas de seguridad establecidas. Cecilia Leiva agregó que el Ministerio de Agricultura recién iniciará una discusión sobre el tema de los transgénicos, no existiendo hasta ahora una política definida acerca de estos cultivos impulsados por la Monsanto. El SAG, la institución que da las autorizaciones para estos cultivos se ha negado a informar a la sociedad civil sobre la ubicación de los cultivos transgénicos en Chile, se desconoce quién o quiénes son los funcionarios que los autorizan.
Cultivos clandestinos
ANAMURI y las organizaciones que firman el comunicado afirman que la falta de transparencia puede dar pie para que Monsanto, en cooperación con el Ministerio de Agricultura cree programas «reservados» (secretos) para enrolar agricultores en la producción de transgénicos, ya sea a través del ofrecimiento de créditos o alguna otra forma de presión.
Monsanto es la mayor productora global de semillas transgénicas y una de las más grandes productoras de plaguicidas. Creó y comercializa semillas estériles «Terminador», que obligan a los agricultores a comprar semilla año tras año. En Brasil y Paraguay ha introducido los cultivos transgénicos de contrabando, para forzar la promulgación de una legislación favorable. En el Cono Sur, la producción de soya transgénica ha significado la desaparición de miles de familias campesinas, el abandono del campo, la pérdida de la tierra y la intoxicación de miles de personas, hasta la muerte de niños y adultos.
Las organizaciones cuestionaron la capacidad del Estado chileno para resguardar la salud de la población, ya que aunque aquí la ley prohíbe los alimentos transgénicos, las grandes empresas alimenticias han introducido alimentos y materias primas transgénicas, por lo cual los chilenos consumimos estos alimentos modificados genéticamente sin saberlo y sin poder optar por otras alternativas. Recordaron que una decisión judicial del 2002 aplicó la ley y ordenó retirar del comercio todo alimento con contenido transgénico, sin embargo la SOFOFA indicó que eso era imposible, ya que habría que retirar cerca del 75% de los alimentos envasados y el gobierno por su parte, emitió un decreto, permitiendo oficialmente la contaminación transgénica de nuestra alimentación. Incluso en el 2003, denuncian, se levantó la prohibición de incluir materiales transgénicos en los alimentos para niños.
Riesgos para la exportación de semillas
Afirmaron que Chile ya fue sindicado como fuente de contaminación algunos años atrás, al descubrirse contaminación en bancos de germoplasma de Estados Unidos que habían reproducido su semilla en nuestro país. El caso demostró que no se cumple con mínimas normas de seguridad y fiscalización. Las 20.000 nuevas hectáreas anunciadas por Monsanto y la posible introducción de maíz y raps multiplican de manera dramática las posibilidades de contaminación. Los cultivos de semillas transgénicas producirán además una gran cantidad de granos de desecho, los que debido a la falta de fiscalización probablemente irán a parar a la alimentación animal o a la producción de aceite para consumo humano, agravando así la contaminación transgénica de alimentos en el país. Si Chile adquiere fama de país contaminado genéticamente, corren riesgo inmediato las exportaciones de semillas, miel, alimentos envasados, productos pecuarios y el conjunto de la producción agropecuaria orgánica.
El Ministerio de Agricultura y el representante de Monsanto intentan presentar la producción de semillas transgénicas como una gran oportunidad para los agricultores, especialmente los pequeños. Los dirigentes sociales y ambientales sostienen que ello es falso pues Monsanto se caracteriza por imponer contratos abusivos que obligan al consumo de glifosato y otros plaguicidas fabricados por la transnacional y le dan poder para inspeccionar cada detalle de esta actividad agrícola y comercial. Ésta corporación ha demandado judicialmente a cientos de agricultores canadienses, estadounidenses y argentinos que no han podido cumplir con las cláusulas abusivas, llevando a la ruina y a la pérdida de la tierra a muchos de ellos.
«La introducción de transgénicos en Chile significará la presencia de cultivos tóxicos, no aptos para el consumo humano, como el maíz para la producción de biocombustibles o de fármacos de distinto tipo» agrega la declaración.
Presiones por patentar la vida
Finalmente, las organizaciones destacan que los acuerdos con Monsanto se producen en momentos que Chile elabora las llamadas normas de bioseguridad que reglamentarán los organismos transgénicos y prepara los cambios a la ley de propiedad industrial, para incorporar el patentamiento de semillas y animales. A su juicio, las declaraciones del representante de Monsanto son parte de la presión política que esta y otras transnacionales junto al gobierno de Estados Unidos están haciendo sobre el gobierno y el parlamento chilenos a fin de obtener las máximas garantías para operar en Chile. «Entre otros, buscan la absoluta libertad para el cultivo y consumo de transgénicos, junto a leyes que convertirán en delito la praćtica milenaria de reproducir libremente animales y semillas», concluye el comunicado suscrito por la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) -Vía Campesina Chile) representada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Confederación Nacional Ranquil y Plataforma Rural por la Tierra, junto a la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, representada por la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (RAP-AL Cono Sur), el Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL).