La clase política colombiana esperaba con ansiedad la difusión de una lista de 2.000 personas vinculadas a los paramilitares en Antioquia. El senador Gustavo Petro amenazó con hacerla pública durante el debate en el Senado sobre la «parapolítica», que comenzó el martes y en el marco del cual Petro citó, entre otros, al presidente Álvaro […]
La clase política colombiana esperaba con ansiedad la difusión de una lista de 2.000 personas vinculadas a los paramilitares en Antioquia. El senador Gustavo Petro amenazó con hacerla pública durante el debate en el Senado sobre la «parapolítica», que comenzó el martes y en el marco del cual Petro citó, entre otros, al presidente Álvaro Uribe, en cuya finca se albergó a paramilitares, y a su hermano.
El senador Gustavo Petro arrancó el debate con un homenaje a las víctimas de los paramilitares. Recordó a los senadores que el 60% de las 4.000 muertes de miembros del partido de izquierda Unión Patriótica ocurrieron en el departamento de Antioquia y que la mitad de las 42.000 personas que han realizado reclamaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz son de Antioquia. Tras el recuerdo, centró el debate en la realidad de las Convivir y en la responsabilidad del presidente Álvaro Uribe en su constitución y actuación en el citado departamento.
Los principales blancos de sus acusaciones fueron el presidente Uribe y su hermano Santiago. Según el senador, cuando Uribe era gobernador legalizó varias Convivir que fueron dirigidas por reconocidos narcotraficantes y paramilitares. Entre ellos nombró a Salvatore Mancuso actual capo máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien siendo jefe paramilitar no tuvo dificultad alguna en fundar legalmente la Convivir Horizonte Ltda y recibió el visto bueno de las autoridades después, según su propio testimonio, de haber cometido una decena de masacres. Además, nombró a Francisco Javier Piedrahita, alias Mocho Cabezas, a Chepe Barrero y a Luis Alberto Villegas, mandos paramilitares e integrantes de las Convivir.
Pero los paramilitares, según denunció Petro, no sólo fundaron Convivir, sino que también se reunieron en las fincas de Uribe, como en el caso de Villegas, quien se mantuvo en contacto permanente con el jefe de finanzas de la AUC, Jacinto Soto. Se celebraron reuniones paramilitares en las fincas Las Guacharacas y La Carolina, ambas propiedad de la familia Uribe. En esta última, permanecía el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles con Santiago Uribe Vélez. Según Petro, el hermano del presidente, se encargaba de las comunicaciones y la coordinación del grupo. Como muestra, el senador del Polo Democrático mostró a la Cámara una fotografía de Santiago Uribe en compañía del narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez (hoy preso en EEUU) un año después de la ejecución del ministro del Interior Lara Bonilla por narcotraficantes. La imagen data de una época en que Ochoa ya era reconocido como narcotraficante.
Resurección de las Convivir
En referencia a las Convivir, el senador Petro preguntó si eran la manera de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los datos son claros y dicen lo contrario, ya que entre 1995 y 1997 el departamento de Antioquia registró la tasa más alta de homicidios en su historia. Y no se trata de una cuestión menor, puesto que Uribe ha resucitado las Convivir bajo la modalidad de los Soldados Campesinos y la Red de Informantes y su actual «Política de Seguridad Democrática» toma como base la época de las Convivir.
El ministro de Justicia e Interior, Carlos Holguín Sardí, respondió a las acusaciones explicando que, a su juicio, los paramilitares surgieron como una respuesta a la violencia guerrillera, particularmente la del M-19, organización ya desmovilizada a la cual perteneció Petro. Evitó responder directamente a las acusaciones contra las Convivir y contra la familia Uribe alegando que, como ministro, no tenía acceso a los mismos expedientes judiciales que el senador y aludió a una supuesta estrategia de las guerrillas de combinar todas las formas de lucha, incluyendo la critica al Estado, acusando de nuevo a los críticos del Gobierno de ser guerrilleros.
Precisamente uno de las acusaciones dirigidas contra las Convivir por las organizaciones de derechos humanos es que perseguían a todo aquello que olía a opositor o crítico con el Gobierno so pretexto de su supuesta vinculación a organizaciones insurgentes.
La Corte Suprema de Colombia ha abierto una investigación contra el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Cuello Baute, y dos congresistas por su posible vinculación con los paramilitares.
El senador Petro propuso la búsqueda de un «gran acuerdo nacional por la verdad y la reconciliación» y planteó la celebración de constituyentes regionales para recuperar la soberanía y seguridad perdidas por la acción paramilitar.
En 1994, el Gobierno colombiano decretó la formación de cooperativas de seguridad rural, Convivir, para contrarrestar la influencia del ELN y de las FARC. Eran grupos de civiles armados con pistolas, fusiles e, incluso, armamento pesado como morteros. Se expandieron rápidamente por Antioquia cuando Álvaro Uribe era gobernador de este departamento y su desarrollo fue paralelo al crecimiento de los grupos paramilitares.
Estas organizaciones fueron duramente criticados por las organizaciones de derechos humanos, que les acusaron de ser una fachada legal de los paramilitares y les responsabilizaron de múltiples crímenes y masacres. La empresa Chiquita Brands, quien recientemente pagó una multa por haber financiado a las AUC canalizó el dinero a través de la Convivir de Papagayo en Urabá, en Antioquia.
Posteriormente fueron declaradas ilegales por la Corte Constitucional, bajo la acusación de atentar contra el monopolio del uso de la fuerza por parte de las instituciones estatales, pero no por sus crímenes.