En el desconocido cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en la comuna de La Reina, operaba la brigada Lautaro, unidad especial dedicada a asesinar militantes comunistas y preparar sus cuerpos para lanzarlos al mar, además de encargarse de la seguridad del general Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la Dina. La investigación del juez Víctor Montiglio […]
En el desconocido cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en la comuna de La Reina, operaba la brigada Lautaro, unidad especial dedicada a asesinar militantes comunistas y preparar sus cuerpos para lanzarlos al mar, además de encargarse de la seguridad del general Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la Dina. La investigación del juez Víctor Montiglio ha comenzado a develar detalles desconocidos de los asesinatos, en 1976, de las direcciones clandestinas del Partido Comunista. A mediados de febrero confirmó el procesamiento y prisión preventiva de infantes de Marina y militares que participaron en el secuestro y homicidio del dirigente Víctor Díaz López (ver PF 634). Entre los ex agentes de la brigada Lautaro se encontraban mujeres civiles adscritas a la Armada con el grado de suboficiales: Celinda Aspé Rojas, Teresa del Carmen Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González. Varias otras agentes mujeres operaron en el cuartel de La Reina, donde habrían sido asesinadas las direcciones clandestinas del PC secuestradas en mayo y diciembre de 1976. Ex agentes han confesado que dirigentes y militantes del PC fueron llevados al cuartel de Simón Bolívar 8630 para ser aniquilados. Ningún detenido que pasó por ese recinto salvó con vida. Estuvieron presos, interrogados y torturados durante meses, antes de ser asesinados.
Fue el caso de Víctor Díaz y de los dirigentes Jorge Muñoz, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro y Reinalda Pereira, entre otros. La investigación del juez Montiglio ha dado un valioso giro aportando datos para esclarecer la verdad de lo ocurrido. La brigada Lautaro estaba integrada por infantes de Marina, agentes civiles y oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, incluyendo mujeres. Ejercía el mando el jefe de la seguridad de Contreras, el mayor de ejército Juan Morales Salgado. Hasta ahora, treinta y seis ex agentes han sido procesados por Montiglio. Al parecer, se trataría de la brigada más numerosa y desconocida de la Dina. Se sabe que ex agentes de la brigada Lautaro pertenecientes a la Armada se mantuvieron en funciones después de 1975, año en que la institución sostiene que retiró todo su personal de la Dina. Víctor Díaz fue secuestrado en calle Bello Horizonte 979, Las Condes. Fue trasladado a Villa Grimaldi y a varios centros de tortura, entre éstos Casa de Piedra, del Cajón del Maipo. Los agentes Sergio Escalona y Bernardo Daza le amarraron una bolsa plástica en la cabeza asfixiándolo, mientras la teniente de ejército Gladys Calderón le administró cianuro. Se ha establecido que otros detenidos fueron asesinados aplicándoles gas sarín. Michael Townley, responsable del laboratorio químico de la Dina que operaba en Lo Curro, asistía al cuartel de calle Simón Bolívar para experimentar con el gas fabricado por el químico Eugenio Berríos.
Otras confesiones relatan el asesinato de prisioneros con brutales torturas. Hay antecedentes de que Augusto Pinochet supo de los crímenes y el propio dictador decidió la suerte de los detenidos. Pinochet visitó a Víctor Díaz cuando éste permanecía en la Casa de Piedra, antes de ser trasladado a Simón Bolívar. Los cadáveres de prisioneros en calle Simón Bolívar eran trasladados en helicópteros Puma, del Comando de Aviación del Ejército (CAE) que operaba en Peldehue. Eran envueltos en sacos, amarrados con alambre a un trozo de riel y transportados hasta el lugar donde esperaban los helicópteros que se dirigían a la costa de la V Región, dejándolos caer mar adentro. Familiares de Víctor Díaz y el abogado Eduardo Contreras emplazaron a la Armada y a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, a que entreguen la nómina de oficiales, suboficiales y cuadros permanentes adscritos a la Dina: «Ya es hora de que la Armada entregue los antecedentes sobre sus funcionarios en la Dina, especialmente de la Infantería de Marina, porque es muy probable que hayan participado en la eliminación de otros comunistas. Emplazamos a la ministra de Defensa para que entregue la información, porque hasta ahora nos han mentido», dijo el abogado Contreras.
IMPORTANTES AVANCES
Por su parte, el abogado de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), Alberto Espinoza Pino, que recientemente fue obligado a renunciar a la Universidad Arcis donde era académico, considera que el año 2006 fue bueno para las causas de derechos humanos. «2006 marca una jurisprudencia notable en materia de violaciones a los derechos humanos, pues se reconoce el derecho internacional. Esto abre un escenario en que estas violaciones deben ser investigadas. Las causas de exoneración de responsabilidad penal, como la prescripción, la cosa juzgada y, en particular, el decreto ley de amnistía, no son aplicables. Por consiguiente, los tribunales se inclinan hacia la verdad y justicia», dice Espinoza. «Los tribunales tienen una cuota importante de responsabilidad por todos los años de impunidad. Y este cambio se ha verificado gracias a la perseverancia de familiares, abogados y organismos de derechos humanos. Se ha dictado jurisprudencia al aplicar los tratados y convenios internacionales. No es algo generalizado, pero hay un rumbo, un golpe de timón, que reconoce por fin el derecho internacional en materia de derechos humanos. Hay que avanzar más, porque quedan muchas causas pendientes. Bajo ningún punto de vista puede ser visto como un triunfo. Falta mucho por hacer», agrega el abogado Alberto Espinoza. ¿Qué opina de la investigación del caso de calle Conferencia? «También señala un vuelco importante. Las investigaciones abren nuevos escenarios, se descubren centros de detención y agentes responsables de crímenes. Se trabajó por años sobre la base de que los centros de detención estaban circunscritos a Villa Grimaldi, Londres 38, clínica Santa Lucía, etc. Toda una suerte de loca geografía de la tortura. Sin embargo, hoy se ha determinado la existencia de otros centros desconocidos de detención donde se violaba y torturaba. Además, la existencia de otras brigadas de la Dina donde participaban funcionarios de la Armada. Eso también pone el acento en que el trabajo de los jueces como investigadores puede arribar a buen fin, determinando de manera eficaz la verdad negada a los familiares todos estos años. Cuando se piden informes a las Fuerzas Armadas, dicen que no saben más. Sin embargo, hay más.
Todavía es posible investigar, encontrar restos humanos, develar otras formas que adquirió la represión. Eso es lo que demuestra la investigación por la desaparición de Víctor Díaz y la dirección del PC». ¿Podría haber otros centro de exterminio? «Se encontró un recinto de detención y tortura del que no se sabía nada, en Simón Bolívar 8630. Aparecen otras brigadas de la Dina de las que tampoco se tenía conocimiento. Se sabe que Pinochet se entrevistó con detenidos y fue a un lugar de detención en el Cajón del Maipo. Detalles inéditos. Un escenario nuevo gracias a una investigación acuciosa y responsable. No descarto la posibilidad que el juez Víctor Montiglio cambie su criterio en torno a la aplicación de la amnistía».
GOBIERNO DEBE DAR UNA SEÑAL
¿Qué ha ocurrido con la aplicación de la ley de amnistía? «Todavía existe poca claridad para desestimar la aplicación del decreto ley de amnistía. Desde el ámbito internacio- nal, gracias a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han motivado pronunciamientos del Ejecutivo, siempre vacilante en torno a esta materia. Gracias a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Almonacid, se ha provocado una reacción del gobierno de Bachelet. Hasta hoy no se expresa en nada concreto, ni siquiera en una discusión en torno a si el decreto ley de amnistía deba anularse, interpretarse o derogarse. Pero cualquiera sea el mecanismo, es indiferente. Es una discusión bizantina. Sí sería importante un planteamiento del gobierno a través de un proyecto de ley que estableciera la interpretación y sentido que el gobierno da a ese decreto ley. No me cabe duda que considera la amnistía a lo menos como ilegítima. Sería un buen mensaje, incluso para los tribunales. Gracias a la interpretación de la amnistía que hoy hacen los tribunales, es indiferente cualquier decisión. Pero no me cabe duda que un pronunciamiento del gobierno reafirmaría la tesis que han adoptado algunos jueces. Se ha desechado la prescripción y el decreto de amnistía por la naturaleza de los crímenes contra la humanidad, delitos que ofenden el linaje humano como decía Bartolomé de Las Casas. Sería interesante que por lo menos el gobierno diga que no se debe aplicar la amnistía».
GRAVES DEFICIENCIAS
El Consejo de Defensa del Estado ha cumplido un papel desastroso en los juicios por reparación, y la justicia militar aún no es reformada… «De parte del CDE debiera haber una actitud de conciliación. Se justificaría que por razones de Estado la presidenta Bachelet instruyera al CDE -no obstante la autonomía que el organismo tiene-, en orden a que las víctimas sean reparadas conforme a las sentencias dictadas por los tribunales. El Fisco no se verá afectado por pagar reparaciones a las víctimas, más aún si consideramos los altos ingresos por el precio del cobre. La reforma de la justicia militar sigue ausente. La Corte Suprema rechazó un proyecto que intentaba reformarla, por insuficiente y poco claro. Los parlamentarios o no hacen bien su trabajo o no tienen voluntad de cambiar la justicia militar. El Ejecutivo tampoco respondió claramente a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Palamara, que ordena a Chile introducir modificaciones a la judicatura militar». Uno de los casos que el abogado Alberto Espinoza Pino patrocina es el de los catorce ejecutados de Puente Alto, fusilados por Carabineros en el puente Bulnes y arrojados al río Mapocho el 14 de octubre de 1973, entre ellos varios menores de edad. El día anterior habían sido detenidos en la quinta de recreo Los Sauces y llevados a la 20ª Comisaría de Puente Alto. El año 2003 el ministro Daniel Calvo sobreseyó el caso. Luis González Plaza, de 19 años al momento de los hechos, fue el único sobreviviente. La Corte de Apelaciones revocó el fallo y condenó a los culpables, además de ordenar el pago de una indemnización a las familias. Sin embargo, el CDE interpuso un recurso de casación. «Por un lado, a través de la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior, el Estado se hace parte en las causas de violación a los derechos humanos. Por otro, a través del CDE se opone al pago de indemnizaciones. Es algo esquizofrénico que produce gran desconcierto en las víctimas. Hay dinero para investigar, pero no para responder a las indemnizaciones que dictan los tribunales», dice Alberto Espinoza