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Se espera una nueva votación el 6 de junio

El Senado chileno vuelve a la carga contra Cuba

Fuentes: Mapocho Express

El Senado chileno votará una nueva moción contra Cuba el próximo 6 de junio, tal como viene haciéndolo todos los años como resultado del lobby de Estados Unidos. La Cámara Alta solicitará a Michelle Bachelet que condene al gobierno de Cuba por haber sometido a prisión en 2003 a un grupo de cabecillas subversivos pagados […]

El Senado chileno votará una nueva moción contra Cuba el próximo 6 de junio, tal como viene haciéndolo todos los años como resultado del lobby de Estados Unidos. La Cámara Alta solicitará a Michelle Bachelet que condene al gobierno de Cuba por haber sometido a prisión en 2003 a un grupo de cabecillas subversivos pagados por la Oficina de Intereses del país del norte en La Habana.

Los padres conscriptos chilenos se pliegan a esta campaña senatorial anual de EEUU contra Cuba justo cuando sus colegas legisladores estadounidenses, incluso representantes del Partido Republicano de George Bush, visitan la isla en un esfuerzo por aliviar el bloqueo imperial y permitir el libre comercio de alimentos. Los presos a quienes defiende el Senado chileno no son luchadores políticos, sino gente pagada por EEUU para desestabilizar la República.

En resguardo de su seguridad, Cuba juzgó y condenó en 2003 a lumpen pro-estadounidenses por actos de subversión al servicio de intereses foráneos. Los juicios y la aplicación de justicia en Cuba, obviamente, obedece a sus propias leyes, es decir, se aplica el ordenamiento jurídico cubano y no la legislación de Estados Unidos o …de Chile.

La iniciativa 2007 está calcada de la que el Senado aprobara el 7 de julio de 2006. La nueva versión de este ritual, que se parece demasiado al show anual en la antigua comisión de DDHH de la ONU, fue solicitada por senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Los socialistas -por ahora- sólo miran, pero no se descarta que se plieguen algunos que el año pasado se abstuvieron, como Camilo Escalona y Jaime Naranjo, cuyo capital es su enclenque imagen de paladín de DDHH forjada cuando todavía era un joven progresista.

Por la UDI suscribieron el proyecto de acuerdo Jorge Arancibia Reyes, Andrés Chadwick Piñera, Juan Antonio Coloma Correa, Pablo Longueira Morales, Evelyn Matthei Fornet y Jaime Orpis Bouchon, mientras por RN lo hicieron Carlos Cantero Ojeda, José García Ruminot, Antonio Horvath Kiss, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Baldo Prokuriça Prokuriça. También firmaron los senadores democratacristianos Mariano Ruiz-Esquide Jara y Hosaín Sabag Castillo, además del independiente de derecha Carlos Bianchi Chelech. El interés de los padres conscriptos es que el gobierno de la isla «deje en libertad a todas las personas apresadas por ser contrarias al régimen político de Fidel Castro».

Los senadores fundan su inquietud en «el irrestricto respeto de los derechos humanos sostenido transversalmente por los integrantes de esta Corporación», como si tal postura fuera una gracia especial de ciertos «integrantes de esta Corporación» y no una obligación para cualquier senador, quizás porque hasta hace muy poco tiempo tuvieron colegas designados según la normativa heredada de la dictadura, quienes obviamente no observaron ese «irrestricto respeto de los derechos humanos» sino que más bien arrastraban un historial desde que ocuparon altos cargos militares y civiles con Pinochet.

¡Claro que en Cuba se violan los DDHH!

Los senadores chilenos podrían tener razón, porque -en rigor- existe un lugar en Cuba donde se violan sistemáticamente los derechos humanos: la Bahía de Guantánamo, un territorio de 118 km2 ocupado por la fuerza y «a perpetuidad» por EEUU desde 1903, después que invadió a ese país, junto con Puerto Ricos y Filipinas, con el pretexto de «liberarlos» de España. Como en EEUU está expresamente prohibida la tortura, los hombres buenos que gobiernan el país del norte pueden dormir tranquilos y torturar sin cargos de conciencia en la base naval de Guantánamo porque es una prisión norteamericana «offshore». O sea, pertenece a Estados Unidos, pero esta fuera de su territorio. Es y no es.

Ninguno de los senadores chilenos manifiesta alguna inquietud por la situación de los derechos humanos en Guantánamo, de cara a la nueva votación del 6 de junio, aunque el año pasado Ruiz Esquide hizo una débil insinuación a la que nadie le hizo caso. En esta prisión ilegal de disidentes y sospechosos de ser enemigos políticos del gobierno de Washington hay casi 700 seres humanos encarcelados sin derechos, sin juicio, maniatados y engrillados a perpetuidad, por acusaciones no comprobadas de terrorismo, sin que nunca se les haya hecho un juicio. Las víctimas de Guantánamo están sometidas a las más atroces condiciones que se puedan imaginar para una prisión, con frecuentes suicidios de encarcelados sin esperanza que sufren una terrible violación de sus derechos humanos criticada por la ONU, e incluso por las cortes y la gente decente de EEUU y todo lo que aún resta del otrora llamado «mundo civilizado», al parecer cada vez más reducido.

Los senadores chilenos tampoco se han interesado, o quizás pudieran estar desinformados, sobre la suerte y los derechos humanos de cinco ciudadanos cubanos que van a cumplir 9 años de prisión sin juicio ni condena, no en Guantánamo, sino en territorio de Estados Unidos. Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González van a cumplir casi 9 años en prisión por haber penetrado los grupos terroristas de Miami y el sur de Florida para conocer sus preparativos en la Isla y en los propios Estados Unidos. Su labor permitió frustrar acciones que habrían costado muchas vidas en Cuba y en EEUU,

Después que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) conoció en junio de 1998 la información sobre los planes contra las leyes estadounidenses de grupos paramilitares aparentemente fuera de control policial, EEUU decidió silenciar y eliminar la fuente de la información, merced a la influencia del odio y la venganza de la mafia terrorista de Miami. Los cinco luchadores padecieron un grotesco juicio sin garantías en Miami, que un Grupo de Trabajo de la ONU declaró arbitrario e ilegal, al igual que el arresto, y más tarde, un tribunal del Onceno Distrito de la Corte de Apelaciones de Atlanta revocó las condenas y dispuso un nuevo juicio fuera de Miami. Sin embargo, los cinco luchadores antiterroristas siguen presos sin juicio en EEUU, mientras Luis Posada Carriles disfruta del sol de las playas de Florida gracias a la generosidad de George W. Bush con el «terrorismo bueno».

El año pasado, la moción fue impulsada por Jorge Arancibia (UDI), Alberto Espina (RN), José García (RN), Antonio Horvath (RN), Carlos Kuschel (RN), Hernán Larraín (UDI), Pablo Longueira (UDI), Jovino Novoa (UDI), Baldo Prokuriça (RN), Sergio Romero (RN) y Mariano Ruiz Esquide (PDC). Votaron a favor 14 senadores de la Alianza por Chile (UDI+RN) y 5 de la Concertación socialista-democratacristiana-radical-pepedeísta, mientras votaron en contra los senadores socialistas Carlos Ominami y Juan Pablo Letelier. En esa ocasión se abstuvieron Eduardo Frei Ruiz Tagle (PDC), Jaime Naranjo (PS), Camilo Escalona Medina (PS), José Antonio Gómez Urrutia (PR), Pedro Muñoz Aburto (PS), Ricardo Núñez Muñoz (PS) y Guillermo Vásquez Úbeda (PR).

Omisiones de los senadores

Cuba es un país sitiado, sometido a un bloqueo y a un estado de guerra no declarada, con agresiones continuas durante casi medio siglo. Los senadores omitieron que EEUU destinó un presupuesto anual de 80 millones de dólares para derrocar al gobierno de Cuba debido a que su Constitución y sus leyes simplemente no le agradan al imperio, sin tomar en cuenta los fondos secretos que la CIA dedica al mismo objetivo. Los senadores parecen ignorar que existe un llamado «Plan Bush contra Cuba», que pretende destruir la Revolución, restaurar el capitalismo salvaje y restablecer la dominación imperial de EEUU sobre esa nación. El gobierno de Bush asignó 59 millones de dólares exclusivamente para financiar actividades mercenarias contra la revolución dentro de la isla e, incluso, ya está cobrando su sueldo una suerte de «interventor» o «gobernador virtual» designado por el presidente de EEUU, un sujeto que no es cubano …sino estadounidense. Se trata del ultraderechista Caleb McCarry, quien posee fuertes vínculos con la mafia que cobija en Miami al terrorista Luis Posada Carriles.

¿Que opinarían los senadores chilenos si el gobierno de cualquier otro país destinara fondos para derrocar al «gobierno de la socialista Michelle Bachelet» y nombrara desde ahora a una presunta gobernadora o gobernador? ¿Cómo reaccionarían los senadores si Perú o Bolivia designaran a un interventor para gobernar a futuro los territorios que perdieron en la guerra de 1879?¿Qué tal si el gobierno del Perú destinará 80 millones de dólares para apoyar en Chile a quienes defienden del racismo y la discriminación a los emigrantes peruanos de este país? O ¿qué opinarían los honorables senadores si cualquier otro país destinara fondos para lograr que la Constitución chilena reconozca los legítimos derechos del pueblo mapuche, exija que a sus dirigentes no se les persiga ni aplique la llamada «ley antiterrorista» establecida por la dictadura de Pinochet -tal como lo ha reclamado reiteradamente Naciones Unidas- y apoye sus luchas por recuperar las tierras que les fueron arrebatadas a «la mala» por «los chilenos»?

¿Qué pasaría en el honorable Senado de Chile si Bolivia pusiera ilegalmente una estación de televisión a bordo de un avión que día y noche tratara de lavar el cerebro de los chilenos para convencerlos de que le den una salida al mar, tal como lo hace en el espacio aéreo cercano a Cuba el avión militar EC-130J de EEUU, en apoyo a transmisiones de radio y televisión contra el gobierno de Cuba que totalizan 2.045 horas a la semana. Del mismo modo, ¿cuál sería la reacción del Senado si cualquier otro país aprobara fondos públicos para ayudar a que los estudiantes secundarios puedan dar a conocer su verdadera concepción sobre las modificaciones que realmente desean para la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y no las que les inventan la prensa y la clase política chilena. Y ¿qué pasaría si otro país invirtiera millones de dólares en Chile para convertir el legítimo malestar popular contra el Transantiago en una asonada callejera permanente que tuviera como meta hacer caer al gobierno?

Los senadores chilenos reclaman porque Cuba aplica el Artículo 91 del Código Penal a quienes cometan «actos contra la independencia o la Integridad Territorial del Estado […] en interés de un estado extranjero…» Igualmente, los padres conscriptos se quejan de que en Cuba se aplique una «ley antiterrorista», la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, a quienes actúen «con el propósito de lograr los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica», pero no cuestionan que en Chile se aplique la llamada ley antiterrorista de la dictadura de Pinochet a los mapuches que luchan por sus derechos. También mencionan la Ley Helms-Burton, pero no explican que es una legislación estadounidense contra Cuba y los países que desafíen el bloqueo declarado ilegal y condenado por todo el mundo civilizado.

¿Y el derecho a la soberanía de las naciones?

Los senadores nunca han cuestionado la llamada Ley Antiterrorista N° 18.314, que en realidad es un decreto de 1984, dictado entre cuatro paredes cuando un almirante dipsómano «legislaba» desde una habitación de La Moneda. Más bien todo el instrumental «jurídico» de la dictadura ha sido legitimado por la democracia, con la aprobación expresa de los senadores, quienes han sometido a sucesivas «reformas» legitimadoras a la Constitución espuria, efectivamente «dictada» en 1980, 7 años después de la destrucción por la fuerza de la democracia y la abrogación de la Constitución de 1925.

Cuba es una nación soberana, como Chile, que aplica un concepto distinto de la «democracia representativa» o «democracia electoral», con libre mercado neoliberal, que EEUU pretende imponer en todo el planeta, incluso con invasiones como las de Irak y Afganistán. EEUU se propone destruir las instituciones que Cuba se ha otorgado con su propio sistema democrático. Según el Plan Bush, «el gobierno de los Estados Unidos establecerá un programa para modificar el sistema legal […] y ofrecerá asistencia para enmendar la actual Constitución o la suspenderá». También anuncia que creará un «nuevo sistema electoral», utilizando un manual que ya fue elaborado por el gobierno de Estados Unidos.

Los senadores probablemente ignoran que ya en 1805 los estadounidenses informaron que estaban dispuestos a «comprar» a España la isla de Cuba. Un siglo después entraron en guerra con España para tratar de anexarse la isla. Si EEUU lograra destruir a la Revolución, establecería un regreso al pasado, para llevar a cabo sus antiguos planes de anexión con procónsules como los designados en la etapa neocolonial, por ejemplo los tristemente célebres generales Leonardo Wood y Charles Magoon. Así como en Iraq nombraron a un gobernador estadounidense tras la conquista, para Cuba ya nombraron a Caleb McCarry.

¿Ignorancia, indiferencia, sumisión, genuflexiones…?

Se ha criticado mucho a los legisladores chilenos por sacar demasiadas ideas para legislar del Google o de la Wilkipedia de Internet, pese a que algunos han tenido contratadas como secretarias e «investigadoras» a sus propias cónyuges, pagadas con fondos del Estado, como lo hiciera Jaime Naranjo hasta que fue descubierto. Pero en esta ocasión, pareciera que los padres conscriptos recibieron de nuevo una propuesta precocida y muy poco original. Lamentablemente, en el Senado y prácticamente en toda la clase política de Chile, salvo las muy honrosas excepciones de escasos líderes políticos, senadores y diputados, impera un doble estándar de sumisión a Estados Unidos, a sus políticas económicas tipo TLCs y a sus dictados imperiales. No hay preocupación de los senadores por conocer el derecho al trabajo y demás logros democráticos de los trabajadores de países en rebeldía frente al imperio, como Cuba, donde suman 7 millones de ciudadanos organizados. Tampoco existe interés por conocer seriamente cómo es la generación democrática de las instituciones de ese país, sin «sistema binominal» ni componendas de las cúpulas partidarias, o su parlamento unicameral. Los senadores no muestran interés por conocer los derechos a la vida, educación, salud y deportes para todos, ni los gestos generosos de una nación pobre, pero solidaria, en la formación de médicos para América Latina y otros lugares del planeta.

Más bien los senadores chilenos deberían promover un acuerdo especial para saludar que 60 jóvenes becarios pobres viajarán este año desde Chile para comenzar a estudiar gratis en la Escuela Latinoamericana de Medicina a partir del próximo curso que comienza en septiembre. Treinta hombres y otras tantas mujeres fueron seleccionados equitativamente en todas las regiones del país, para integrarse a un total de 400 alumnos chilenos que cursan gratis medicina en Cuba, con una beca que incluye los estudios y los materiales, el hospedaje y la alimentación. Hasta ahora hay otros 80 jóvenes chilenos que ya se graduaron como médicos en la Isla que provoca tanta ira en los senadores.