La Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Episcopal denuncia la presencia de dos militares estadounidenses en una reunióbn de campesinos en el Caquetá. ¿Qué hacían allí? ¿No es violatorio de la soberanía nacional? ¿Quién los autorizó? El ministro de Defensa y el presidente Alvaro Uribe Vélez deben responder a esta denuncia de Codhes.¿Qué hacían […]
La Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Episcopal denuncia la presencia de dos militares estadounidenses en una reunióbn de campesinos en el Caquetá. ¿Qué hacían allí? ¿No es violatorio de la soberanía nacional? ¿Quién los autorizó? El ministro de Defensa y el presidente Alvaro Uribe Vélez deben responder a esta denuncia de Codhes.
¿Qué hacían dos oficiales del Ejército de Estados Unidos en una reunión del Comité de Atención a población desplazada en Caquetá?
Dos oficiales del Ejército de los Estados Unidos, el Teniente Coronel Christian Patrick y el Mayor Richard Marzan participaron el 10 de mayo de 2007 en una reunión del Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada en el departamento del Caquetá, celebrada en la ciudad de Florencia.
La reunión fue convocada por el gobernador Juan Carlos Claros Pinzón para buscar salidas a la grave situación que enfrentan 360 familias desplazadas de La Unión Peneya que intentan garantías para retornar plenamente a sus tierras.
Los oficiales del Ejército de Estados Unidos no sólo participaron en la reunión sino que alzaron la voz para cuestionar a la población desplazada por su negativa a aceptar la instalación de un cuartel de la Policía en el caserío en el que se organiza el retorno. Según la comunidad, un cuartel en medio del pueblo sería un objetivo militar de la guerrilla de las Farc, cuyos ataques se hacen con cilindros de gas que pueden afectar a la población civil. En estas condiciones la comunidad desplazada reclama a todas las partes enfrentadas que respeten las normas del derecho internacional humanitario y manifiestan su propuesta para que el cuartel se construya en la periferia del caserío.
Los militares estadounidenses le dijeron a la población desplazada y a las autoridades locales que deben entender que ‘las Farc no tiene una guerra contra la policía sino contra la comunidad’ y que ellos ‘saben de guerras porque vienen de Irak y allí aprendieron que la estrategia de los terroristas es separar a la población de las autoridades legítimas’, lo que, consideran, no se debe aceptar en Colombia.
La población de la Unión Peneya fue obligada a huir hace tres años como consecuencia de operativos militares y enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla de las Farc, en medio de un ambiente de estigmatización por su ubicación en una zona de influencia guerrillera. El proceso de retorno es de conocimiento del Comité Departamental de Atención, organismo legal del cual hacen parte la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, las autoridades civiles locales, las autoridades militares y de policía y los organismos de control del Estado.
La presencia en este Comité de oficiales uniformados pertenecientes a tropas extranjeras constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país y en este caso, en el manejo de situaciones críticas desde el punto de vista humanitario y de derechos humanos, como el desplazamiento de población civil en medio del conflicto armado.
El departamento del Caquetá es epicentro del Plan Patriota y el Plan Consolidación que el Ministerio de Defensa Nacional realiza con apoyo del gobierno de Estados Unidos, a través del Plan Colombia. En estas circunstancias se ha producido el desplazamiento de alrededor de 76.408 personas en el período comprendido entre 1999 y 2006. Estas personas huyen de los enfrentamientos, amenazas, fumigaciones de cultivos de uso ilícito, además de infracciones al derecho internacional humanitario, atribuidas a las guerrillas y violaciones a los derechos humanos, atribuidas a la Fuerza Pública.
La presencia de tropas extrajeras en espacios humanitarios no es un buen mensaje para la soberanía nacional. El gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores le deben una explicación al país por este asunto que motiva la preocupación de las comunidades desplazadas y los organismos civiles que atienden la emergencia.