El domingo 13 de mayo, Semana transcribió unas grabaciones en las que aparecen presos en la cárcel de Itagüí participando en delitos tan graves que amenazan el proceso de Justicia y Paz. Al otro día, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía les dictaron orden de detención a varios de los firmantes del pacto […]
El domingo 13 de mayo, Semana transcribió unas grabaciones en las que aparecen presos en la cárcel de Itagüí participando en delitos tan graves que amenazan el proceso de Justicia y Paz. Al otro día, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía les dictaron orden de detención a varios de los firmantes del pacto de Santa Fe de Ralito, casi todos ellos partidarios de Alvaro Uribe: cinco congresistas, quince ex congresistas, ex gobernadores y ex alcaldes, dos amigos cercanos del Presidente, tres aliados del jefe de uno de los partidos uribistas y cuatro familiares de una ministra de Estado. Tiempos de pasión se le venían a Uribe y al uribismo. No se sabe de qué hablaron ese mismo lunes en Itagüí el ministro del Interior y el Comisionado de Paz, pero sí dieron declaraciones restándoles importancia a las denuncias de la revista. Y más decisivo aún, en la tarde rodaron -sin miramientos por su descrédito- las cabezas de once generales de la Policía. Así se salió el gobierno del rincón en que se hallaba.
Como los casos del contenido de las grabaciones y de los nuevos parapolíticos encanados fueron excluidos del escrutinio público, el gobierno, con el ministro Juan Manuel Santos a la cabeza, pudo presentarse como el adalid de la lucha contra las interceptaciones telefónicas ilegales. Después, se despejó una duda que surgió desde el primer momento: lo que molestó a los voceros del régimen no fue que se chuzaran los teléfonos sin orden judicial, sino que esas grabaciones llegaran, sin su permiso, a Semana. Si algo quedó claro en el discurso de Santos frente a la moción de censura es que este gobierno seguirá interceptando teléfonos sin autorización judicial, con lo que reconoció la comisión de un delito, porque ello viola la Constitución y la ley. Y así se comprendió también por qué el propio Presidente se ufanó de espiar a los congresistas de la oposición, por qué mantuvo durante año y medio como jefe de seguridad de la Casa de Nariño al coronel Mauricio Santoyo, después de que la Procuraduría lo destituyera por ordenar 1.400 interceptaciones ilegales en Antioquia, y por qué la ley de inteligencia y contrainteligencia en trámite busca volver legal que se intercepten llamadas sin orden de autoridad judicial. Manes de Estado policiaco.
En una irresponsabilidad terminó la cortina de humo con la que Alvaro Uribe intentó camuflar su proyecto de ley para liberar a los parapolíticos -o parauribistas- presos. Porque liberó unilateralmente -y por tanto, según los juristas, sin tener facultades para ello- a varias decenas de guerrilleros presos y a un dirigente de las FARC que no renunció a su condición de tal, luego de que el Presidente cayera en la indignidad (así la califica Semana) de recibirle orientaciones, y sin explicación alguna, a un jefe de Estado extranjero. Y con el agravante de que seguramente así alejó como nunca la posibilidad de que regresen a sus hogares los secuestrados en las selvas de Colombia.
Como a los perros en misa le fue al Presidente Uribe en Estados Unidos. Tanto que uno de los amigos que lo acompañó en la gira calificó de «humillación» la cita con los congresistas Rangel y Levin, porque -dijo- «no era una entrevista. Eso era como una indagatoria, como un interrogatorio de un juez con un reo». Para poco le sirvió al Presidente el acto de indignidad -y de racismo, aunque algunos no lo perciban- de nombrar a una ministra por el color de su piel y para halagar a un extranjero. Además, Barack Obama (aspirante presidencial), Patrick Leahy, Edward Kennedy y otros cinco congresistas notables del Partido Demócrata recibieron a Uribe con una carta en la que «se fueron lanza en ristre» contra muchas de sus decisiones sobre los paramilitares.
En Washington le reiteraron a Uribe que no tramitarán el TLC con Colombia, hasta tanto no cumpla con la tarea que le pusieron en derechos humanos, sindicalistas y paramilitarismo. Hasta años pueden pasar. Además se supo que el gobierno colombiano se ha gastado más de mil millones de dólares (cien mil mensuales) pagando intrigantes en Washington, algunos de ellos muy cercanos a Bill Clinton. ¡Y aquí nos dicen que los arrumacos del ex presidente gringo con Alvaro Uribe son por lo mucho que lo quiere!
Entretanto, el uribismo en el Congreso colombiano está por concluir la indignidad y la burla de aprobar un texto de TLC que se sabe nunca se tramitará en Estados Unidos.