Las protestas populares por el transporte público son parte de la historia nacional. La primera acción contra la locomoción colectiva en Santiago ocurrió el 29 de abril de 1888. Gobernaba el presidente José Manuel Balmaceda. Corrían por las calles de la capital tranvías sobre rieles arrastrados por caballos. Eran los «carros de sangre», que habían […]
Las protestas populares por el transporte público son parte de la historia nacional. La primera acción contra la locomoción colectiva en Santiago ocurrió el 29 de abril de 1888. Gobernaba el presidente José Manuel Balmaceda. Corrían por las calles de la capital tranvías sobre rieles arrastrados por caballos. Eran los «carros de sangre», que habían comenzado a circular en junio de 1858; treinta años después, los usuarios estaban descontentos porque la empresa propietaria no cumplía sus obligaciones. La protesta del 29 de abril de 1888 fue convocada por el Partido Demócrata, fundado el 20 de noviembre de 1887. El mismo día de la acción compareció ante el juez del Crimen de Santiago el reo Antonio Poupin Negrete, sastre y presidente del Partido Demócrata. Su declaración -citada por el historiador Sergio Grez- resulta interesante: «El domingo pasado, reunidos en asamblea general en el lugar de nuestras sesiones situado en la calle Huérfanos Nº 1140 A, se acordó tener hoy un meeting público (…) a fin de que se obligase a la Empresa del Ferrocarril Urbano a cumplir sus contratos sobre construcciones de líneas, o, en transacción con ella, a reducir a dos centavos y medio el pasaje de los carritos (…) Durante el tiempo de los discursos nos apercibimos que una parte del pueblo se dirigía en actitud hostil a la línea de los carritos que pasa por la Alameda; y que volcaron uno de éstos, desenganchando otro y lanzándolo a su propio impulso hacia la estación de los ferrocarriles. Por nuestra parte tratamos de contenerlos, y suspendimos el meeting (…) Contardo dirigió la palabra al pueblo para que se retirase en buen orden…». Pero no le hicieron caso. El «bajo pueblo» santiaguino, transformó un mitin pacífico en un estallido de violencia.
Elementos venidos de los barrios pobres irrumpieron en el centro de la ciudad. Emilia Morales, joven conductora de tranvías, manifestó haber visto en la Alameda un carro que «descendía sin caballos, pero ardiendo en el techo y sus costados. Sin embargo, tanto en ‘la imperial’ como en el exterior iban cuatro o cinco hombres (…) Ese carro fue detenido frente a la casucha que hay a la entrada de la Estación Central de los ferrocarriles y en el acto empezó a arder dicha casucha. No vi si se bajaron los hombres que iban en el carro porque arranqué a consecuencia que empezaron a tirar peñascazos (…) No he conocido a ninguno de esos individuos y la única seña que puedo dar de ellos es que algunos andaban en trajes como de artesanos y otros eran muy rotos». La policía reprimió a los revoltosos. Detuvo a 41 de ellos, apenas la mitad sabía leer y escribir; alrededor de un tercio tenía condenas anteriores por pendencia, lesiones a terceros o por ebriedad. También fueron apresados catorce dirigentes del Partido Demócrata.
HUELGA DE LA «CHAUCHA»
La compañía dueña de los tranvías (perteneciente al consorcio estadounidense Electric Bond & Share), fue expropiada por el gobierno el 15 de septiembre de 1945. Se formó la Empresa Nacional de Transportes (ENT). Esta reemplazó paulatinamente los 488 antiguos tranvías por modernos autobuses. También, en 1947, llegaron los primeros 17 trolebuses. En esa época gobernaba Gabriel González Videla, quien reprimía al pueblo con la Ley de Defensa de la Democracia y con facultades extraordinarias que le otorgaba el Congreso. En agosto de 1949 se produjo un alza de 20 centavos en el precio de los pasajes de la movilización colectiva (la moneda de ese valor era llamada «chaucha»). A mediodía del sábado 13 de agosto los estudiantes universitarios ocuparon las calles del centro de Santiago. La protesta adquirió violencia, en la medida que aumentaba la represión policial. En la tarde del martes 16 se suspendieron los servicios de autobuses. Sólo quedaron funcionando los tranvías. Por la noche, unas 500 personas apedrearon la sede del Sindicato de Dueños de Autobuses. Ese día hubo tres muertos: dos jóvenes de 17 y 20 años, y un cadete de la Escuela de Aviación, acribillado en el café Il Bosco. A la Posta Central llegaron 19 heridos a bala. El ministro del Interior, almirante Imanuel Holger, responsabilizó al Partido Comunista de subvertir el orden público. La mayoría de los establecimientos educacionales dejaron de funcionar. La locomoción colectiva particular seguía paralizada. Intentando salir del paso, González Videla pidió, el 17 de agosto, facultades extraordinarias al Congreso y declaró zonas de emergencia en las provincias de Arauco, Concepción, O’Higgins, Atacama, Antofagasta y Tarapacá. En Santiago, militares y carabineros patrullaban las calles. Fueron apostados tanques en puntos estratégicos. Pese a ello, cerca de 800 personas apedrearon La Moneda. La agitación se extendió a la zona del carbón. El 20 de agosto hubo protestas en Lota y Lirquén. Los mineros de Lota fueron reprimidos por el regimiento Chacabuco; en Lirquén actuaron los efectivos del regimiento Silva Renard. La Escuadra recibió instrucciones de dirigirse a la región. El mismo sábado 20, en la oficina salitrera Prosperidad, en Antofagasta, estalló un movimiento de protesta. «En la ‘huelga de la chaucha’ hubo mucha participación obrera y estudiantil. Fue una rebelión popular que cambió las cosas en el país. No hubo un cambio en 180º, pero hubo un cambio», sostiene Volodia Teitelboim. Los gremios de empleados, los sindicatos obreros y los estudiantes aparecieron como los grandes vencedores. El gobierno salió debilitado. Seis meses después, un paro de diversos gremios de empleados dobló la mano al Ejecutivo. Cayó el gabinete y se impuso uno menos duro. Los relegados en diferentes puntos del territorio, fueron liberados. El 2 de mayo de 1953 se reorganizó la ENT y surgió la Empresa de Transportes Colectivos del Estado (ETCE).
VIOLENTO OTOÑO
En febrero y marzo de 1957 arreciaron las alzas. Gobernaba el general (r) Carlos Ibáñez del Campo. El aumento de las tarifas de la locomoción colectiva, de 10 a 15 pesos, excedió la paciencia ciudadana. En Valparaíso se constituyó un Comando contra las Alzas, constituido por la CUT, las federaciones de estudiantes, el FRAP (socialistas y comunistas), el Partido Radical, la Falange Nacional (antecesora de la Democracia Cristiana) y la municipalidad porteña. El 27 de marzo comenzaron mítines relámpagos de obreros y estudiantes. El 30, marchas de protesta recorrieron las calles del puerto. En la plaza O’Higgins la policía disparó: hubo un muerto y numerosos heridos. Los paros continuaron los dos primeros días de abril. En Santiago la situación fue muy distinta, marcada por la improvisación y el espontaneísmo. Tanto la CUT como los partidos de Izquierda y las organizaciones de estudiantes fueron sobrepasados. El 1º de abril hubo grandes manifestaciones. Al caer la noche, la policía disparó contra los manifestantes. Cayó muerta la estudiante Alicia Ramírez y un liceano fue herido en el pecho. Al día siguiente hubo grandes manifestaciones de estudiantes, obreros y pobladores que llegaban al centro desde los barrios de la periferia. Ante la impotencia de la policía, el gobierno sacó soldados a las calles. Dispararon con balas de guerra contra la gente desarmada que se defendía con piedras. Lo que ocurrió es bien conocido (véase el relato de José Miguel Varas en PF 636). Hubo muchos muertos.
FULGOR Y MUERTE DEL TRANSPORTE ESTATAL
Hacia 1970 la ETCE brindaba un buen servicio de transporte. El Estado jugaba un rol gravitante: era dueño de la ETCE y regulaba tarifas, trazados y frecuencias de los recorridos.Todo cambió durante la dictadura. Pinochet cortó el financiamiento a la empresa y el sistema se deterioró rápidamente. Los buses quedaron abandonados en los depósitos, convirtiéndose en chatarra. Entre 1979 y 1990 las tarifas de la locomoción se elevaron cerca de 200 por ciento. No hubo protestas. Imperaba el terrorismo de Estado. Las licitaciones del transporte público comenzaron con los gobiernos de la Concertación, entre 1991 y 2003. En 1994 las micros fueron pintadas de color amarillo. El Transantiago no sólo eliminó o hizo cambiar de color a las micros amarillas, sino que ha creado los «operadores» -diez empresas concesionarias, constituidas por tres mil empresarios- y metió en el negocio a varios bancos. Los perdedores hasta ahora han sido los usuarios, muchos de los cuales añoran las pésimas micros amarillas. La manipulada pérdida de la memoria, impide recordar los buenos tiempos del transporte colectivo estatal.