Los paramilitares que no sean procesados por delitos o que sean exonerados por la ley de Justicia y Paz creada para los diálogos con las AUC, podrán ser candidatos políticos en Colombia, dijo hoy el ministro de Interior, Carlos Holguín. El funcionario señaló que aunque la participación de ex combatientes de las Autodefensas Unidas de […]
Los paramilitares que no sean procesados por delitos o que sean exonerados por la ley de Justicia y Paz creada para los diálogos con las AUC, podrán ser candidatos políticos en Colombia, dijo hoy el ministro de Interior, Carlos Holguín.
El funcionario señaló que aunque la participación de ex combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no sea deseable para sectores, la ley actual no permite que a una persona libre de delitos se le prohíba ejercer sus derechos políticos.
‘Puede que sea inconveniente pero mientras un ciudadano no esté condenado por la justicia no hay nadie en este país que pueda quitarle a alguien su derecho a elegir y ser elegido’, aclaró el ministro.
Los paramilitares desarmados e indultados Oscar Mira, Alexander Pérez y Moisés Racines, anunciaron su aspiración a la alcaldía del municipio de Yalí (noroeste) así como al Concejo y Asamblea del departamento de Valledupar (norte), respectivamente.
Holguín agregó que no obstante el perdón de Justicia y Paz para quienes no reciban condenas por no encontrárseles delitos o demandas en su contra, serán los colombianos quienes decidan si los ultraderechistas deben o no llegar al poder.
Si fueron exonerados en el proceso de desmovilización tienen un pasado oscuro, pero será el electorado el que decida si no son dignos de confianza, indicó el jefe de la cartera de Interior.
Gustavo Petro, congresista del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) afirmó a medios locales que esas candidaturas son ilegítimas y armadas sin una desarticulación real del paramilitarismo en Colombia y las señaló imposibles de aceptar en una democracia.
El presidente Alvaro Uribe y las AUC firmaron un proceso de paz que «desarmó» en abril de 2006 a unos 31.000 combatientes, pero la OEA y ongs aseguraron que al menos 5.000 ex combatientes se dedican al narcotráfico y a presionar al electorado.
La procuraduría colombiana pidió alas autoridades garantizar la seguridad de los políticos y del electorado que elegirá alcaldes y gobernadores en octubre próximo, y tras las declaraciones de la OEA (Organización de Estados Americanos).