¿Cómo analizas la situación de los Derechos Humanos en Colombia en este momento, después de los contactos que hubo entre Sarkozy y Uribe y de la muerte de los diputados de El Valle? La situación de Derechos Humanos para nada cambia con la intervención que ha hecho el presidente de Francia, Sarkozy. El problema […]
¿Cómo analizas la situación de los Derechos Humanos en Colombia en este momento, después de los contactos que hubo entre Sarkozy y Uribe y de la muerte de los diputados de El Valle?
La situación de Derechos Humanos para nada cambia con la intervención que ha hecho el presidente de Francia, Sarkozy. El problema que tenemos en Colombia es un problema histórico de violación permanente de los Derechos Humanos, de desconocimiento de cualquier tipo de oposición que pueda existir en nuestro país.
Nosotros consideramos que la intervención que ha hecho Sarkozy tiene interés primero que todo de tipo electoral, algún tipo de reconocimiento ante la población francesa en su postura de buscar la liberación de una ciudadana francesa, Ingrid Betancourt. Creemos que no hay interés más allá, incluso uno puede preguntarse hasta donde tiene un verdadero interés de buscar que todas las personas que tiene cautivas las FARC logren su libertad a través de un proceso de negociación y de llegar a lo que se denomina un acuerdo humanitario, mediante el cual exista un intercambio entre los presos de la guerrilla de las FARC que tiene el gobierno colombiano, el estado, y la liberación de las personas que están en el poder de las FARC.
Lo otro es que la situación colombiana no puede ser mirada exclusivamente en relación con el problema de los secuestrados. El problema de los Derechos Humanos tiene que ver con la falta de reconocimiento de Derechos políticos para la población colombiana, para la totalidad de la población, el reconocimiento de la labor que desempeñan los grupos de oposición y especialmente el papel importante que juegan las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos. Durante el gobierno de Uribe han sido deslegitimadas, su papel ha sido totalmente desconocido y el presidente en varias oportunidades se ha pronunciado descalificando el papel de las organizaciones de Derechos Humanos, señalando que son apéndices, que sirven de soporte jurídico o político a la insurgencia. Creemos que es importante que las organizaciones tengan algún nivel de reconocimiento por parte del gobierno. Eso implicaría que los niveles de presión y de persecución que padecemos a diario en nuestro país disminuyeran.
Y otro de los aspectos fundamentales es que la política de seguridad democrática que ha venido afectando seriamente Derechos fundamentales como los Derechos a la libertad. El derecho a la vida tiene que ser modificado. No puede pensarse que los resultados de la lucha contra la insurgencia y contra la violencia que vive el país se pueden dar persiguiendo a la población civil, asesinando campesinos para mostrar resultados, deteniendo líderes de la oposición, señalándolos, deteniendo integrantes de organizaciones sociales y comunitarias con el simple propósito de mostrar resultados de esa política de seguridad. Creemos que eso es totalmente equivocado y eso ha generado durante los últimos cuatro años y medio mayores niveles de violación de los Derechos Humanos. En nuestro país, el ejército cotidianamente está desconociendo los Derechos Humanos, está agrediendo a la población, incluso tenemos registrado un gran nivel de violación del derecho a la vida mediante la práctica de ejecuciones extrajudiciales de campesino para poder mostrar resultados en su lucha contra la insurgencia.
Creemos que esta situación, con el tipo de intereses que pueden perseguir presidentes como Sarkozy, en nada van a solucionar los problemas. Necesitamos que la comunidad internacional entienda la complejidad, la gravedad del problema que vivimos en nuestro país para que se realicen las presiones suficientes para que las violaciones de los Derechos Humanos disminuyan, para que el problema de la impunidad que es crónica en nuestro país sea superado. Hay que buscar mecanismos de presión para que cesen los niveles de interrelación que existen entre los grupos paramilitares y fuerzas estatales, grupos políticos, grupos económicos. En la medida en que esto no se modifique, la situación difícilmente puede modificarse positivamente.
En esta situación que acabas de comentar, ¿cómo pueden los defensores de Derechos Humanos y las organizaciones seguir trabajando en Colombia?
Es importante entender la actividad de los defensores de los Derechos Humanos de una manera integral, no solamente desde la perspectiva de unos agentes que se encargan de realizar denuncias frente a determinadas violaciones. Yo creo que es necesario que empecemos a pensar que el papel de los defensores no es solamente de quienes estamos al frente de las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos. Creemos que una postura integral implica que se mire como tales a los integrantes de las organizaciones sociales y populares, los líderes sindicales que en su cotidianidad están buscando por el reconocimiento de sus derechos de cualquier generación, bien sea el derecho a la vida, la posibilidad de participar en el ejercicio de los derechos políticos o en las reivindicaciónes de sus necesidades más sentidas. Es necesario mirarlo desde ahí.
Y por lo tanto consideramos que el papel que pueden jugar algunas organizaciones internacionales, algunos grupos que tienen que ver con asuntos de Derechos Humanos a nivel internacional, con organizaciones populares y sindicales es dar un decidido respaldo a la labor que nosotros desempeñamos, que nos ayuden a difundir la problemática que se vive en nuestro país, que realicen misiones de acompañamiento de terreno, todo eso para nosotros es muy importante y también para la población campesina que participa de los esfuerzos organizativos. Esos son bálsamos que les ayudan a sobrellevar la difícil situación que vive nuestro país. Por lo tanto es esa invitación, entender el asunto de la solidaridad internacional como algo vital y necesario para que las organizaciones de Derechos Humanos y las organizaciones sociales y populares podamos continuar en nuestro país luchando por la reivindicación de nuestros derechos, que es en última instancia lo que nosotros estamos haciendo, no estamos pidiendo nada más.
Estamos pidiendo que se cumplan los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, muchas veces en materia de derecho internacional humanitario y que se cumpla la constitución que tenemos en Colombia. Simplemente es eso, no estamos pidiendo nada más, y es lo que nos han negado los gobernantes históricamente.
¿Cuál es el sentido profundo de la Misión, sus objetivos más importantes y lo que se espera de ella?
El propósito de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia tiene que ver con lograr difundir a nivel internacional ciertos problemas de Derechos Humanos que no conoce la opinión pública pues en Europa usualmente se conoce el problema del narcotráfico, el problema de la guerrilla, el problema de los secuestrados, ni siquiera el problema del paramilitarismo, ni la vinculación de políticos con estas organizaciones suscita algún tipo de interés. Nosotros, con la Misión, pretendemos que a nivel de la opinión pública se sepa que en Colombia a través de la aplicación de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe se están ocasionando graves violaciones de los Derechos Humanos, se están incurriendo en verdaderos crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, en el caso concreto de las ejecuciones extrajudiciales sucede eso, una falta tal vez de interés y de difusión de este tipo de problemas a nivel internacional.
Consideramos que este es uno de los problemas más graves que se tiene a nivel de violación de Derechos Humanos junto talvez con el problema de las víctimas del paramilitarismo que han venido siendo invisibilizadas a través de esa «negociación» que se da entre el gobierno y estas organizaciones.Para nosotros es grave. Tenemos unos registros que hemos venido cuestionando. El gobierno de Uribe da cuenta de un poco más de 7000 insurgentes dados de baja desde que inició su gobierno en agosto de 2002. Las cifras están ahí y son preocupantes los registros que nosotros tenemos en materia de ejecuciones extrajudiciales, es decir de asesinatos de civiles, sobre todo de campesinos a manos del ejército que luego son presentados como guerrilleros dados de baja en combate.
La CJL en una de las regiones en la que hace presencia es en el Oriente del departamento de Antioquia, es una población de 600 000 habitantes. Nosotros hacemos seguimientos en 6 de los 23 municipios que cuenta la régión. Ha sido muy golpeada por la violencia; en los últimos diez años se tienen registros oficiales de más de 100 000 desplazamientos forzados. En los seis los municipios donde estamos, tenemos documentados 110 casos de ejecuciones extrajudiciales de campesinos en los últimos cuatro años y medio. De esas 110, estamos actuando como representantes de las víctimas en los procesos civiles y disciplinarios en más de 60 casos. La información es muy confiable, bien documentada porque son registros que se obtienen a través de las denuncias ante la Fiscalía que es la que se encarga de realizar las investigaciones penales, o bien ante la Procuraduría que es Institución que se encarga de vigilar la conducta disciplinaria de los funcionarios públicos.
Así mismo, la Secretaría del Gobierno Departamental de Antioquia recientemente, en el mes de mayo, informó que durante estos últimos años se han registrado 311 casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de la fuerza pública. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas -que es una organización no gubernamental de Derechos Humanos que funciona a nivel nacional- se tiene un registro de más de 700 casos de ejecuciones extrajudiciales : es decir que por lo menos el 10% de las bajas que el gobierno presenta como producidas a la guerrilla han sido crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de campesinos. Más de 700 ejecuciones extrajudiciales se tendrían documentadas por parte de las organizaciones de Derechos Humanos y eso sin considerar los subregistros, las estadísticas negras que no alcanzamos nosotros a documentar.
Por lo tanto pensamos que el afán de mostrar resultados por parte del gobierno nacional ha conllevado que el ejército asesine a campesinos con el propósito de mostrar resultados para el gobierno nacional.
Queremos entonces con la misión que se conozca ese problema a nivel internacional, que las organizaciones de Derechos Humanos que pueden tener algún tipo de interés en el tema de Colombia se articulen a la misión, la apoyen, la respalden.
Y se tendría un segundo objetivo: que a través de los resultados que pueda mostrar la misión se logren generar niveles de impacto que conlleven a la disminución de este tipo de prácticas de crímenes de lesa humanidad. Estamos seguros que en la medida en que el tema pueda ser posicionado a nivel internacional, podríamos ejercer suficiente presión sobre el gobierno de Álvaro Uribe para que disminuya esta modalidad de prácticas.
Durante tu estadía en Burdeos te has podido entrevistar con diputados, alcaldes, presidentes de asambleas del poder descentralizado, así como con funcionarios. ¿Qué balance harías de los encuentros que has tenido? ¿Cómo has encontrado la receptividad de la gente y las intenciones que has notado en ellos?
Sin mayor dificultad me atrevería a concluir que el nivel de receptividad de estos funcionarios e integrantes de diferentes partidos políticos que tienen presencia en Burdeos ha sido totalmente positivo. Ellos han mostrado mucho interés en la problemática de Derechos Humanos que vive nuestro país, les ha impactado la denuncia concreta que se ha hecho frente al tema de ejecuciones extrajudiciales. Creemos que eso es un primer paso muy importante para todos nosotros, no solo para la CJL, para la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos como convocante de la misión, sino también para Fal Burdeos pues demuestra el grado de compromiso que tiene esta organización con la problemática a nivel de los Derechos Humanos que nosotros vivimos. Definitivamente estas personas han entendido que lo que se vive en Colombia va un poco más allá de lo que tiene que ver con la guerrilla y los secuestrados. Ellos han tenido receptividad, han mostrado interés y se han comprometido algunos de ellos, la mayoría de personas con las que nos hemos entrevistados a ofrecer un tipo de aval político a la misión y eso es supremamente importante porque es el primer paso que nosotros queremos dar con respecto al posicionamiento del problema a nivel de Europa.
El 3 de marzo de 1993, un grupo de ocho abogados y abogadas fundan la Corporación Jurídica Libertad con el objeto de trabajar en la protección, divulgación y defensa de los Derechos Humanos y desarrollo comunitario.
Gloria Verges es presidenta de la asociación France-Amérique Latine de Burdeos, Francia
http://franceameriquelatine.free.fr