Una vez más los pueblos indígenas hemos sido discriminados. La Presidenta Bachelet ha designado un Consejo Asesor para la Equidad Social donde no hay un solo indígena integrante. No sólo no se considera la participación de representantes indígenas en la toma de decisiones que nos involucran, sino que tampoco se aborda como objetivo de […]
Una vez más los pueblos indígenas hemos sido discriminados. La Presidenta Bachelet ha designado un Consejo Asesor para la Equidad Social donde no hay un solo indígena integrante. No sólo no se considera la participación de representantes indígenas en la toma de decisiones que nos involucran, sino que tampoco se aborda como objetivo de este consejo, enfrentar soluciones a la dimensión social de nuestra problemática.
Si la Presidenta Bachelet ha declarado que «Obviamente la idea es que sea transversal, que incluya a actores relevantes de cada una de las áreas, empresa, trabajadores, entre otros», y los indígenas no estamos, es porque se deja de lado la relevancia y la importancia de los pueblos originarios, pese a ser uno de los segmentos de la población excluidos y victimizado por políticas injustas e inmorales desde el punto de vista de la propia ética de la cultura dominante.
No se trata de estar por estar en cada comisión asesora. Como consejero ante la CONADI, me tocó participar en la comisión que estudió la reforma a la Ley de Educación, LOCE, y el resultado fue desalentador, por lo inoperante de la comisión. El problema de fondo es la idea subyacente: exclusión sistemática de los actores pertenecientes a las clases populares, a los marginales y excluidos, asumiendo otros su representación. Como dirigente indígena, elegido para defender nuestros intereses y derechos, debo manifestarlo ante la sociedad chilena.
Los problemas sociales de chilenos e indígenas no se reducen a una cuestión de salarios mínimos. Los empresarios y poderosos, que siempre han argumentado su ética cristiana, debieran responder inmediata y positivamente a los llamados de sus propias autoridades espirituales, esto es lo que mínimamente se espera de ellos.
Los indígenas estamos por que la equidad se manifieste a través de un cambio integral en las ideas que mueven a la sociedad. En lo que nos comprende como indígenas y sociedad global, lo llamamos la Nueva Relación. Esta se logrará mediante transformaciones de fondo en la educación, en las leyes laborales, en la defensa y representación de nuestros derechos frente a las iniciativas que los vulneran, y que en lugar de disminuir van aumentando a medida que la globalización con ideología neoliberal va produciendo nuevos impactos negativos a nuestro territorio, ambiente, cultura y convivencia social.
Este Consejo Asesor, de que la Presidenta se ha rodeado, deberá ser la instancia que impulse iniciativas políticas en favor de nuestros pueblos, y que están entrabadas por la derecha en el Parlamento chileno. En la medida en que está integrada en parte por dirigentes políticos y empresariales de la derecha que siempre ha negado nuestros derechos, emplazamos a este Consejo a aprobar a la mayor brevedad posible un consenso en favor de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y en favor de una reforma en la Constitución Política de este país, que reconozca la existencia de nuestros pueblos indígenas y resguarde nuestros derechos, preexistentes a la formación del Estado nacional.
Emplazamos a este Consejo Asesor a tomar medidas efectivas por la equidad entre los ciudadanos de este país, lo que significa medidas concretas y no la creación de nuevas comisiones y subcomisiones, declaraciones y discursos en la Moneda.. Que no se haga con los excluidos de la sociedad chilena, lo mismo que el Gobierno ha hecho con los pueblos indígenas: crear mesas, comisiones y postergar el cumplimiento de sus resoluciones.
Entre otras medidas concretas, este Consejo Asesor deberá crear iniciativas legales en favor de lo siguiente:
– Igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
– Leyes anti discriminación por la condición social de indígena.
– Erradicación del nepotismo y clientelismo.
– Inclusión efectiva de los pueblos indígenas en las tomas de decisiones que los afecten (Ley 19.253, Artículo 34).
– Amplia amnistía a los prisioneros y prisioneras indígenas, condenados en razón a hechos que tienen que ver con la movilización de los indígenas frente a la inequidad y conculcación de nuestros derechos, lo que constituye una motivación social de su accionar.
– Reparación a las víctimas de las políticas ecocidas y etnocidas de la dictadura respecto a campesinos chilenos e indígenas, ejercidas por los decretos leyes 208, 1.600, 2.568, 2.750, 2.756 y otros, que ejecutaron la contrarreforma agraria y la disolución de las comunidades indígenas, desencadenando un proceso de despojo que agravó las desigualdades históricas en contra de la gente que vive de la tierra.
– Nueva convocatoria a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que hasta ahora por desconocimiento, temor o desconfianza no han participado en los programas de reparación.
Estos emplazamientos no constituyen una legitimación de nuestra parte a la iniciativa presidencial. Ya no se nos consideró parte relevante en la generación de consensos sociales, pero si el Consejo ya existe, que actúe bien.
Llamamos a los pueblos indígenas a ejercer ante las autoridades el control social en favor de una digna reparación ante las inequidades, que en el proceso democrático han seguido agravándose.
Llamamos, finalmente, a la sociedad civil, a buscar mecanismos de participación y a autogenerar una ética en favor de la convivencia solidaria y equitativa entre todas las identidades y sectores sociales que la conforman.
José Llancapán Calfucura es miembro del Consejero Indígena Urbano