Cuando personeros de la UDI corren nuevamente a salvar a un presidente socialista de la Concertación, vale la pena preguntarse si la amenaza de un pacto por omisión que «castigue» a la derecha por no aprobar una reforma al sistema electoral binominal tiene alguna sustentación política en la realidad o, por el contrario, es un […]
Cuando personeros de la UDI corren nuevamente a salvar a un presidente socialista de la Concertación, vale la pena preguntarse si la amenaza de un pacto por omisión que «castigue» a la derecha por no aprobar una reforma al sistema electoral binominal tiene alguna sustentación política en la realidad o, por el contrario, es un paso preparatorio de un pacto por omisión parlamentario y una alianza de más largo aliento con sectores de la Concertación.
Lo de la UDI no es un detalle aislado. También la SOFOFA ha dado un sorpresivo giro en la última semana y ha reconocido el «liderazgo» de Bachelet. Parafraseando a Aristóteles, podríamos llegar a la conclusión de que el gran capital y sus representantes políticos más lúcidos le tienen horror al vacío político que se estaba generando en el país y que hubiera alguna posibilidad de que ese vacío fuera capitalizado por sectores populares que en los dos últimos años han protagonizado grandes luchas sociales y políticas.
En un país donde el gobierno hace como que gobierna, pero en la práctica ejecuta la política de la oposición de derecha, a ésta le corresponde en cambio hacer como que es oposición, gritona y destemplada a veces, pero que en la práctica se limita a vigilar que todos los actos del ejecutivo se adecúen a los límites del interés del gran capital. Bajo la etiqueta comercial de los «temas país» se esconde el acuerdo político profundo, de carácter estructural, entre la Concertación y la Alianza. La Constitución Pinochet-Lagos es el escenario donde unos y otros desempeñan sus papeles en esta farsa política.
Muchos comentaristas del establishment acusan a la Alianza de no tener vocación de poder. Si fueran capaces de ver más allá de lo que sus manuales de ciencias políticas, elaborados en los grandes centros ideológicos de EEUU y Europa, les muestran, verían con toda claridad que la Alianza no requiere tener «vocación de poder» porque el poder de la derecha y los sectores más reaccionarios ya está garantizado y codificado jurídicamente en la Constitución. La Alianza no necesita ser gobierno para gobernar.
El empresariado, por su parte, sabe que la Concertación ofrece las mejores condiciones políticas para la reproducción del gran capital, pues le otorga al modelo una legitimidad política ante los ojos de vastos sectores populares que la Alianza, con su pasado pinochetista a cuestas, no es capaz aún de emular.
Imaginémonos por lo tanto cuán asustados pueden estar los dirigentes de la Alianza por la amenaza por parte del PC y sus adláteres de un Pacto por omisión con la Concertación que les quite algunos municipios «emblemáticos» (hasta el lenguaje de la Concertación se le ha pegado a Teillier).
Para la Concertación el pacto por omisión significaría un muy buen negocio, al permitirle a la alianza de gobierno recuperar algunas alcaldías «emblemáticas», en un golpe propagandístico y sicológico con vistas a las presidenciales del 2009. Pero mientras la ganancia de la Concertación está clara, la del PC, la IC y su cohorte no se ve por ninguna parte. El «castigo» a la derecha es demasiado insustancial considerando el diseño institucional heredado de la dictadura: la Alianza no va a entrar en pánico porque pierda unas cuantas alcaldías.
Hay que buscar la lógica de ese pacto por omisión en otro lugar, no en aquél en que se nos dice que está. ¿Puede ser el pacto por omisión municipal un ensayo general de un pacto por omisión parlamentario? No es descabellado pensarlo. La fuerte ofensiva del PC y la IC contra la exclusión no ha rendido los frutos esperados, salvo en los siempre optimistas informes políticos de sus direcciones. Si recapitulamos la trayectoria de la demanda contra la exclusión (primero constitución democrática, luego fin al sistema binominal y más tarde en adecuaciones al binominal para permitir la elección de parlamentarios a las fuerzas con sobre el 5% de los votos), vemos que elegir parlamentarios vía un pacto por omisión con la Concertación encaja perfectamente dentro de la lógica de «realpolitik» mostrada hasta ahora. El «paso táctico» del verano del 2006 sería así llevado a sus últimas consecuencias.
Las condiciones están. Por un lado, las encuestas dicen que la Concertación necesitará hasta el último voto de la izquierda para mantenerse en La Moneda; por otro, el quiebre del Juntos Podemos no garantiza al PC alcanzar los umbrales necesarios incluso en la eventualidad de que se apruebe la modificación al binominal. Tú tienes lo que yo necesito y yo tengo lo que tú necesitas. El pacto por omisión municipal puede ser una forma de dividir en dos sorbos el trago amargo para la militancia del PC y la IC.
Por otra parte, ante la crisis de legitimidad que experimenta el modelo, que tiene a sus intelectuales orgánicos pensando en estrategias de superación que vayan más allá del bufonismo político, la incorporación del PC al parlamento sería una muy buena carta de relaciones públicas. Sería además consistente con «virajes» que se están produciendo, como los que puso de relieve el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana. La experiencia de la izquierda europea de los últimos años muestra consistentemente, además, que las fuerzas de izquierda en el parlamento no representan ninguna amenaza política real para las bases de sustentación del modelo neoliberal.
¿Por qué un partido revolucionario con la rica historia de luchas del PC puede estar metiéndose en un camino sin salida como ése? Descartemos de plano las explicaciones simplonas sobre traiciones a la clase obrera y yerbas por el estilo. Descartemos también la explicación sociológica, muy débil, de Iván Carrasco ( publicada algún tiempo atrás en el sitio de G-80) sobre la transformación del PC en un partido de clase media (explicación que su vez Carrasco tomó de Nicolás Miranda, militante de una de las fracciones de la Cuarta Internacional), que no se condice con los datos de la realidad, como por ejemplo los resultados electorales, que nos muestran más bien un PC arraigado entre los pobres urbanos.
La explicación debemos buscarla en el plano propiamente político, específicamente en el agotamiento de una serie de instrumentos político-teóricos sobre los que descansa el análisis de la dirección del PC. Tienen que ver fundamentalmente con dos cuestiones: la caracterización de la lucha contra el neoliberalimo y su asimilación a una suerte de emulación de la política de liberación nacional, por una parte, y la valuación que se hace de los espacios institucionales siguiendo una lectura descontextualizada del leninismo.
Sobre lo primero, las propias referencias históricas de la dirección comunista apuntan en esa dirección. El ejemplo del Bloque de Saneamiento Democrático o la referencia explícita al gobierno del Frente Popular que hace el PC en los últimos meses, nos muestran que se está asimilando el neoliberalismo con el bloque de la oligarquía agraria, que fue una de las columnas vertebrales de la República. Se trataría entonces de construir un bloque social y político que aísle a esta nueva «oligarquía neoliberal» y le oponga un gobierno nacional y democrático de carácter «democrático burgués» que no se plantee tareas socialistas.
Hoy no existe ninguna de las condiciones históricas que podrían hacer posible tal vuelta atrás en el tiempo. La oligarquía terrateniente desapareció con la Reforma Agraria y la extinción de su base económica semifeudal. Su herencia política conservadora fue subsumida y resignificada bajo los intereses y hegemonía del gran capital. Por otra parte, el enfrentamiento entre dicha oligarquía y una burguesía reformista que apostaba por el desarrollo capitalista, que ya entonces estaba mediatizado por el ascenso político de la clase obrera, hoy sencillamente no existe y los ecos políticos remotos de ese conflicto, hoy expresados en las «diferencias» entre la Alianza y la Concertación, se da ya como lucha entre fracciones dentro del gran capital transnacionalizado. No debemos olvidarnos que Adolfo Zaldívar, el hombre de la «corrección del modelo», es accionista de las grandes empresas pesqueras y que el fallecido Anacleto Angelini fue financista de la campaña presidencial de Bachelet.
El impacto de las transformaciones realizadas durante el período 1964-1980 ha transformado también la base social de una pequeña burguesía urbana radicalizada en la lucha contra el latifundio y su política conservadora, que se bajo el imperio del gran capital ha pasado a ocupar las filas de los intelectuales orgánicos de las grandes empresas nacionales y transnacionales. Dicha transformación social explica a su vez el cambio en el rol histórico de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, convertidos hoy en defensores del statu quo. Por ello, carece de toda base la pretensión de reconstruir la alianza PS-PC que fue la columna vertebral del movimiento popular chileno entre 1933 y 1973, salvo que se renuncie de antemano al programa revolucionario.
Respecto de los espacios institucionales, tiempo atrás Juan Andrés Lagos compiló, en El Siglo, una extensa colección de citas de Lenin sobre la necesidad de los comunistas de actuar en el parlamento, incluso «en los más reaccionarios». Lamentablemente, esa compilación no fue acompañada de un análisis crítico y contextualizado de las condiciones históricas concretas en que llevó a cabo su elaboración política el líder bolchevique. Las citas a Lenin pasaron a ser parte de la escenografía de la «lucha contra la exclusión», antes que un herramienta política de análisis contextualizado de la situación política chilena.
Ese contexto histórico ignorado por el compañero Lagos lo es todo. No es posible equiparar el rol de la Duma convocada por el ministro zarista Stolypin, en una sociedad semifeudal con una «sociedad civil» raquítica y con una burguesía indecisa entre su lucha contra el zarismo y su lucha contra la cada vez más fuerte clase obrera rusa, al de un Parlamento en las condiciones de absoluto predominio del gran capital en la vida social, política y espiritual del Chile neoliberal del siglo XXI.
Ello no quiere decir que se deba renunciar al uso de la plataforma parlamentaria como espacio de lucha. Se trata, en cambio, de entender que el espacio de maniobra es muy limitado y no se puede reutilizar como uno de los ejes de construcción de movimiento popular, como ocurrió entre 1925 y 1973. Por el contrario, los espacios de acumulación de fuerzas están hoy día fuera de la institucionalidad pinochetista, como lo mostraron con éxito las huelgas de CODELCO y Escondida.
Eso sí hace temblar a la UDI, que no por nada ha corrido una vez más a salvar a la Concertación.