El abogado Josep Jover Padró en representación de la Asociación Española de Hosteleros Victimas del Canon (VACHE), de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informatica y Nuevas Tecnologias (APEMIT), y de 1.370.000 consumidores adheridos a la campaña a «todos contra el canon» ha interpuesto una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial […]
El abogado Josep Jover Padró en representación de la Asociación Española de Hosteleros Victimas del Canon (VACHE), de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informatica y Nuevas Tecnologias (APEMIT), y de 1.370.000 consumidores adheridos a la campaña a «todos contra el canon» ha interpuesto una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunciando la financiación irregular que reciben Jueces, Fiscales y Secretarios de la Sociedad General de Autores ( SGAE) y otras entidades de gestión de derechos de propiedad industrial e intelectual.
En escrito presentado el día 15 de este mes ante el órgano de gobierno de los jueces se recuerda que el CGPJ tiene por costumbre conveniar o permitir conveniar con las principales Entidades de Gestión de derechos de autor (SGAE, EGEDA, AISGE, AGEDI o AIE) y asociaciones o sociedades interpuestas (PROMUSICAE, FAP, FAPAE, ASOCIACION DE DEFENSA DE LA MARCA, ETC.) la formación de jueces, formación que conlleva la concesión de premios, permisos y honorarios.
Las entidades de gestión no dudan en reconocer que forman «a su conformidad a jueces, magistrados, secretarios judiciales y fiscales» . En la denuncia se cita e l boletín informativo nº 6 de Egeda, que dice textualmente «y también, por supuesto a la Administración de Justicia, cuyos magistrados y Jueces -atendiendo a las continuas llamadas de Egeda- han dictado las debidas sentencias condenatorias».
Los denunciantes aportan pruebas al CGPJ que la asociaciones «Jueces para la Demoracia», «Asociación Profesional de la Magistratura» así como otras de Fiscales y Secretarios han recibido fondos de la SGAE.
Para el abogado actuante «estamos ante una realidad en la que unos particulares pagan directa o indirectamente a funcionarios públicos para obtener, al final, resoluciones judiciales a su favor». Pregunta, asimismo al CGPJ «¿Se imaginan a los «Beodos Asociados» montando jornadas y dando documentación a los jueces sobre cómo deben interpretarse las alcoholemias?»
Termina el escrito por pedir la personación de los denunciantes en todos y cada uno de los expedientes de contratación de la formación conveniados con las entidades de gestión de derechos de autor.