Asociaciones feministas, de profesionales que trabajan en el campo de la salud sexual y reproductiva y organizaciones sindicales, han dado a conocer un manifiesto conjunto, suscrito por 40 entidades, para denunciar las actuaciones que se están realizando contra las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo, así como las amenazas y agresiones que están […]
Asociaciones feministas, de profesionales que trabajan en el campo de la salud sexual y reproductiva y organizaciones sindicales, han dado a conocer un manifiesto conjunto, suscrito por 40 entidades, para denunciar las actuaciones que se están realizando contra las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo, así como las amenazas y agresiones que están sufriendo los profesionales de estos centros.
Para los colectivos firmantes esto «forma parte de una campaña política de sectores fundamentalistas» que tratan de impedir que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en los supuestos que recoge la ley.
Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid, manifestó la «condena absoluta» de las actuaciones que se están produciendo en las clínicas de la Comunidad de Madrid. «Se trata de una campaña política en la que intervienen organizaciones ultraconservadoras con el objetivo de evitar que las mujeres puedan abortar», subrayó.
Por su parte, Alexa Segura, portavoz de la plataforma de entidades que han suscrito el manifiesto, explicó que exigen respeto a los profesionales del sector y a todas las mujeres que «se van a someter, se están sometiendo o se han acogido» a su derecho a interrumpir el embarazo, y que el Gobierno regional retire las subvenciones a las asociaciones que «están acosando y agrediendo» a la profesión acreditada y a las mujeres que acuden a las clínicas.
Además, critican a la Consejería de Sanidad por no garantizar la asistencia en los hospitales públicos a las mujeres que tenían citas en las clínicas cerradas. Para Justa Montero, «se ha creado una situación de alarma social con efectos preocupantes para las mujeres» y la Consejería debería actuar para evitar que «por miedo, inseguridad, desconocimiento de la situación», dejen de acudir a los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo y acudan a otras vías,» volviendo a las prácticas semi-clandestinas del aborto».
Actitud de la Comunidad
Respecto a la actitud la Comunidad de Madrid en las investigaciones de los centros acreditados, lamentan que sea la Consejería de Sanidad la que inicie las actuaciones de suspensión cautelar de las clínicas. «Es muy preocupante que la Consejería en vez de garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo en los términos que establece la actual normativa, ponga obstáculos».
También piden al Gobierno central que garantice el cumplimiento de la ley en la red sanitaria pública para que las mujeres puedan decidir sobre la maternidad y sobre su propio cuerpo, y aborden las reformas necesarias para normalizar la práctica del aborto en España.
«Lo único necesario para abordar la reforma es voluntad política, que tiene que ser clara por parte del Gobierno», declaró Justa Montero, aunque pueda suponer un enfrentamiento con sectores conservadores y con la Iglesia católica, como ha sucedido con otras iniciativas que se han llevado adelante, como el reconocimiento del matrimonio homosexual.
Las organizaciones firmantes han pedido reuniones con el Ministro de Sanidad, la delegación del Gobierno, la consejería de Sanidad y el PSOE para estudiar soluciones al problema actual y han anunciado que el manifiesto «es el arranque de una campaña que comenzará en enero para defender el derecho al aborto».
La actualización de la norma debería ir, en su opinión, acompañada de medidas de educación sexual en los centros educativos y de una apertura del acceso a todos los métodos anticonceptivos, incluida la píldora del día después, que en su opinión, es muy difícil de conseguir en la Comunidad de Madrid, región donde apenas se fomenta ni se educa en el prácticas contraceptivas.