El 9 de junio de 2006 se inauguraba el Acuario de Poniente, en Gijón, edificado sobre las dársenas y gradas del antiguo astillero del Cantábrico, previa recalificación urbanística de sus terrenos. Presidían la celebración y el festejo el Presidente de Asturias Areces, la alcaldesa Fernández Felgueroso y el Delegado del gobierno Trevín rodeados de consejeros […]
El 9 de junio de 2006 se inauguraba el Acuario de Poniente, en Gijón, edificado sobre las dársenas y gradas del antiguo astillero del Cantábrico, previa recalificación urbanística de sus terrenos. Presidían la celebración y el festejo el Presidente de Asturias Areces, la alcaldesa Fernández Felgueroso y el Delegado del gobierno Trevín rodeados de consejeros del gobierno y de concejales del ayuntamiento de Gijón. El gobierno autonómico y el municipal estaban formados por la izquierda plural PSOE e IU.
A un centenar de metros de este festejo, los trabajadores del astillero público Juliana Constructora «celebraban» otra cosa bien distinta. Sencillamente una concentración pidiendo, recordando o exigiendo que la privatización del astillero reuniera una serie de garantías y que no se convirtiera en un camuflaje para dar el primer paso para el cierre del astillero.
Allí estaban todas las autoridades, autonómicas y municipales de quienes dependía el futuro del astillero y de sus trabajadores. Allí estaba toda la izquierda plural gobernante del PSOE e IU y, también, la policía a sus órdenes y a su servicio.
La concentración de los trabajadores cumplía todas las normas constitucionales: derecho a la libertad de expresión y de reunión. Les asistía además, el derecho al trabajo y a que este se concretara. En ningún momento hubo alteración del orden público -por parte de los trabajadores- ni peligro para personas o cosas. Ninguna vía estaba cortada al tráfico ni se impedía ninguna actividad, ni siquiera la relacionada con la inauguración y la fiesta de las autoridades. Sólo su presencia empañaba el acto triunfal y lúdico allí montado por las autoridades.
Y, las autoridades atendieron la petición de garantizar de carga de trabajo y de empleo de los trabajadores del astillero pero, en su lenguaje, ordenaron una carga policial sin que nada lo motivara, sin ninguna justificación, sin sentido y desproporcionada: apalear, sin más, a los allí concentrados con toda la contundencia posible, como así sucedió, sin que hubiera mediado altercado ni peligro alguno. El sentido del respeto hacia las personas, a la democracia y al diálogo del Delegado del Gobierno Trevín, del Presidente del Principado Areces y de la Alcaldesa Felgueroso se limita a la utilización de la fuerza pública para responder con violencia y palos a cualquier reivindicación y, después, llevar al juzgado por la vía penal, como delincuentes, a los trabajadores apaleados. Despotismo según el diccionario.
Media docena de policías resultaron heridos según el atestado y también una docena de trabajadores, más los muchos que ocultaron sus lesiones por simple precaución.
Uno de los policías recibió un golpe, uno sólo, al parecer con el palo de una pancarta, dice la prensa. O se dio con alguna de las vallas allí colocadas o se calló al suelo o él mismo embistió contra la pancarta fortuitamente o por el barullo o alguien pudo empujarle fortuitamente en la melé que la propia policía originó. Las fotos de la prensa muestran al policía nacional caminando con la cabeza descubierta y una estrecha brecha en el lado izquierdo de la frente, sin apenas sangre. Correctamente uniformado, aunque sin la gorra, con corbata negra y camisa blanca sin que en ella se aprecie ni una gota de sangre ni desperfecto alguno. Pero, el 1 de julio de 2006, 22 días después, es detenido el trabajador del astillero José Antonio Rodríguez Bobes acusado de ser el agresor. El fiscal pide 5 años de cárcel por un delito de atentado a la autoridad y lesiones, mientras que la acusación eleva la petición a 6 años. El juzgado pide, además, 40.000 euros de fianza. La acusación al trabajador está basada en la identificación que un policía hace de unas fotos y vídeos. En cambio, ningún policía ni autoridad política o institucional ha sido denunciada por las evidentes -presuntas- extralimitaciones, abuso de autoridad y uso de violencia innecesaria, ni tampoco por la alteración del orden público que tal actuación provocó. Tampoco parece ser han sido llamados a declarar por su participación o no en los hechos porque es razonable deducir que la orden de disolver a los concentrados partió de las autoridades allí presentes.
El agente de policía herido recibió varios puntos de sutura que le fueron retirados a los 10 días dejándole una cicatriz de 6,5 cm. El informe del forense dice que tardó 312 días en curar, pero sin embargo 18 meses después continúa dado de baja laboral aquejado, dicen, de cefaleas y vértigo. A falta de otra información cualificada, 312 días para la cicatrización de una herida poco profunda, como se aprecia en la foto, parecen excesivos salvo que se hubiera presentado algún tipo de infección que no se menciona y, además, mientras que el propio forense da de alta al paciente éste continúa de baja con lo de las cefaleas y vértigo, males que no encajan con el alta dictada por el forense después de diez meses de convalecencia por una simple brecha en la frente. No se ha acreditado que el policía hubiera perdido el conocimiento -se le ve andando después del golpe- ni recibido ningún otro golpe más, ni se sepan más detalles, ni la razón de los 312 días. Toda la versión y su secuencia no se entiende ni encaja.
La segunda parte, no menos grave, es la situación sindical en el astillero, especialmente por parte del secretario de la sección UGT Félix Magadán y su sindicato –al que está afiliado el trabajador denunciado Rodríguez Bobes– quién mantuvo, en todo momento, que toda esta situación y el enjuiciamiento no se produciría pues todo parecía estar controlado, frenando así cualquier anticipación al proceso que ahora se inicia. Ahora, UGT, con sus dirigentes a la cabeza, rehuyen cualquier contacto con el resto de los sindicatos. En una reunión de todas las centrales sindicales -salvo UGT- acordaron celebrar una manifestación Contra la Represión y por las Libertades, el martes 22 de enero en Gijón, con el lema «Contra la Criminalización de las Luchas Sindicales y Sociales» como protesta por los numerosos procesos laborales y sociales abiertos por la vía penal, pero, muy especialmente solidarizándose con Rodríguez Bobes.
La recalificación de los terrenos de los dos astilleros que aún «resisten» es la cuestión de fondo. Muchos son los miles de metros cuadrados amenazados con la recalificación y muchos más los millones de euros en juego, pero también son muchos miles los puestos de trabajo que están en el aire y con los que se está jugando.