Uno creía que la tortura, la más aberrante de todas las violencias, es incompatible con eso que llaman estado de derecho; que la tortura, el más infame método de terror, es inconciliable con eso que llaman democracia, pero ocurre que no, que todo principio moral y jurídico tiene sus excepciones y no pocos periodistas y […]
Uno creía que la tortura, la más aberrante de todas las violencias, es incompatible con eso que llaman estado de derecho; que la tortura, el más infame método de terror, es inconciliable con eso que llaman democracia, pero ocurre que no, que todo principio moral y jurídico tiene sus excepciones y no pocos periodistas y políticos españoles se han dado a la tarea de señalar los casos en que sí se puede y, en consecuencia, se debe torturar a un detenido.
Con la misma alegría con que algunos jueces y comunicadores descargan de culpa a un violador dado que su víctima vestía, tal vez, provocativamente, también estos comunicadores eximen de cargos a un torturador dado que su víctima iba armado. De donde se deduce que la tortura es una lacra, por supuesto, condenable, siempre y cuando el torturado no estuviera en posesión de armas. Supongo que, además, otro requisito que avala la virtud de la tortura es que la víctima sea de origen vasco, ya que, casos hay, de detenidos armados pertenecientes a instituciones armadas, por ejemplo el Ejército, acusados de haber asesinado a jóvenes antifascistas como Carlos Javier Palomino, a los que no es menester golpearles, aplicarles picanas eléctricas, practicarles la «bañera», la «bolsa» o introducirles palos por el culo. Y es fama que otros destacados hampones y asesinos a sueldo del Estado, acusados de crímenes, torturas, secuestros y otros delitos, han sido eximidos del trámite de la tortura.
No es que aliente la esperanza de que también se torture, aunque sea con carácter retroactivo, a quienes desde el Estado han protagonizado levantamientos militares o han conformado bandas terroristas. Uno se conformaría con la cárcel, pero la cárcel, como la tortura, tampoco se ha hecho para ellos.
Lo que queda claro es que la tortura es condenable siempre, excepto en los casos referidos.
Queda, también, justificada la tortura, a tenor de lo expresado por tantos oráculos en los medios, de haber existido con anterioridad a los hechos, agravios entre las partes. La muerte a manos de ETA de dos guardias civiles en Francia, justificaría el «exceso de celo» del benemérito cuerpo y las posibles «lesiones» de sus detenidos.
Y la tortura es condenable, evidentemente, y me sigo guiando de lo escuchado y leído en los medios de comunicación, excepto en casos en que los detenidos hayan sido responsables de pasadas bombas o declaren libremente estar dispuestos a perpetrar nuevos atentados. De hecho, subrayaba el propio ministro del Interior, a las «declaraciones» de los «interrogados» se debe la eficacia policial desmantelando comandos y evitando masacres.
No son las únicas excepciones, sin embargo, que deben considerarse con respecto a la tortura. Luego de leer el informe publicado sobre la detención de los peligrosos terroristas, arrestados gracias a que en un paso de cebras de un pueblo del País Vasco se detuvieron a mirar con desprecio el tránsito de unos vehículos de la Guardia Civil, pareciera sensato que se legisle a la mayor brevedad un nuevo acápite sobre la tortura, autorizándola en casos de miradas despectivas. El que los cuerpos de seguridad del Estado carezcan todavía de aparatos que les permitan medir la cantidad de odio en la sangre de los ciudadanos, bien puede suplirse con los conocimientos que la Guardia Civil demuestra tener en iridología, ciencia que permite conocer el comportamiento humano a partir del iris.
Ojalá que tan sensatas iniciativas en relación a la tortura como las ofrecidas por los medios de comunicación, partidos políticos y funcionarios, lleguen cuanto antes a los mismos organismos de derechos humanos que vienen condenando al Estado español desde hace años por la práctica de la tortura, para que se corrijan las caducas definiciones que sobre semejante práctica se redactaran y se adecuen a los nuevos tiempos, agregando esas imprescindibles excepciones aportadas por el Estado español.
Y es que no se puede torturar…a no ser que el torturado estuviera armado; no se puede torturar… a no ser que el torturado fuese terrorista; no se puede torturar… a no ser que el torturado mire despectivamente. Y de confirmar que estuviera armado, fuera terrorista o mirase con desprecio, ni siquiera tiene que ocuparse la justicia. Basta con la benemérita palabra y convicción de la Guardia Civil, y la condescendencia de los medios.
Escribía recientemente Pedro López López un formidable artículo en Rebelión titulado «La delirante lucha contra el terrorismo» en el que terminaba reconociendo no saber si el terrorismo sería capaz de acabar con la democracia, pero afirmaba estar seguro de que la lucha contra el terrorismo sí.
Yo tampoco lo dudo. Especialmente ahora en que, además de registrarnos el grado de alcohol en la sangre y de amenaza en la palabra, nos van a descubrir, también, el grado de desprecio en la mirada.
Yo, por si acaso, me declaro culpable. Pongan ustedes los cargos.